La red del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha estado en el centro de un intenso debate público debido a las graves denuncias sobre la atención y el fallecimiento de niños, niñas y adolescentes bajo tutela estatal. Tras un arduo trabajo de revisión caso a caso, el Sename entregó cifras oficiales sobre los menores fallecidos entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016. Durante este periodo, se registraron 210 fallecimientos en el sistema de protección residencial y 33 decesos en centros de justicia juvenil.
Análisis de la Defensoría de la Niñez y organismos internacionales
La Defensoría de la Niñez analizó un total de 878 muertes ocurridas en la red Sename entre 2005 y 2016, determinando que solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y únicamente 200 de ellos fueron investigados. En 2018, el Comité de los Derechos del Niño afirmó que el Estado de Chile es responsable de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos de los menores bajo su cuidado, recomendando establecer mecanismos de reparación prioritarios.
Asimismo, en 2020, la Defensoría de la Niñez recomendó al gobierno la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para esclarecer los hechos ocurridos al interior de las residencias. Esta petición no recibió respuesta por parte del Poder Ejecutivo de aquel entonces.
¿Qué es la Ley de Garantías y Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes?
El caso de Lissette Villa Poblete
La muerte de Lissette Villa Poblete (11 años) el 11 de abril de 2016 en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino marcó un punto de inflexión. Lissette, quien residía en el recinto desde 2014, falleció tras un episodio de crisis emocional.
Críticas al manejo del caso
La entonces directora nacional del Sename atribuyó el deceso a un cuadro agudo de angustia derivado de una visita familiar frustrada y estrés postraumático. Sin embargo, esta versión fue duramente cuestionada por funcionarios, médicos y familiares. El abogado de la madre de la menor sostuvo que Lissette estaba sobremedicada y careció de la protección adecuada. Investigaciones posteriores revelaron que el hogar Galvarino operaba con sobrecupo y deficiencias graves en infraestructura y protocolos de seguridad.
Inconsistencias estadísticas y falta de control
El sistema enfrenta un "caos estadístico" que impide conocer con exactitud cuántos menores han muerto bajo la tutela del Estado. Informes contradictorios del Ministerio de Justicia, Unicef y los registros del Sename han arrojado cifras divergentes, lo que dificulta la fiscalización. Casos como los de Yancarla Muñoz Díaz y Benjamín Morales, que no figuraban inicialmente en las nóminas oficiales de fallecimientos, pusieron de manifiesto que muchos menores egresados del sistema mueren debido a secuelas, falta de atención psiquiátrica adecuada o negligencias en las decisiones de revinculación familiar.
Desafíos y negligencias estructurales
- Falta de capacitación: Personal sin formación técnica o en primeros auxilios a cargo de menores con alta vulnerabilidad.
- Sobremedicación: Uso excesivo o inadecuado de fármacos como estabilizadores del ánimo o antipsicóticos.
- Crisis psiquiátrica: Escasez de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil en el sistema público.
- Falta de protocolos: Ausencia de normas de primer nivel y sistemas de acreditación rigurosos para las residencias privadas y estatales.
Hacia una reforma del sistema
Expertos y parlamentarios han señalado la necesidad urgente de transformar el modelo de cuidado, moviéndose hacia unidades polivalentes que trabajen con las familias para romper los ciclos de pobreza y maltrato. Se requiere, además, una defensa jurídica especializada que entienda a los menores como sujetos de derecho y no como un trámite burocrático. A pesar de diversas comisiones investigadoras y recomendaciones internacionales, las condiciones de vida en el sistema siguen presentando retos significativos que requieren voluntad política y medidas concretas de protección.