Desde que se hizo público el caso de Lissette Villa en 2016, el país ha tomado una mayor conciencia sobre la crítica situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo el cuidado de la Red del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile. La prevalencia de muerte en este grupo es significativamente más alta que entre los NNA en general, con un promedio anual de 0,94 por cada 1000 NNA atendidos en la Red del Sename entre 2006 y 2014, en comparación con 0,68 por cada mil en la población general de NNA en Chile.
Aunque es lógico que el Estado asuma el cuidado de NNA con mayor riesgo de muerte no natural, la gravedad de estas cifras es innegable. La incertidumbre sobre cuántas muertes se deben a negligencia, descuido o falta de diligencia adecuada, así como la falta de conocimiento sobre la protección de NNA vulnerables no atendidos por el Sename, resaltan una inaceptable falta de interés social en su destino. La sociedad chilena ha comenzado a exigir al Estado la rendición de cuentas, un proceso que apenas empieza.
Responsabilidad del Estado y Fallas Estructurales
La responsabilidad del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de los NNA bajo su cuidado implica abordar preguntas estructurales en las investigaciones de las muertes, como las de los 856 niños fallecidos en la red del Sename. Es crucial indagar si el Estado cumplió con su deber de cuidado, haciendo todo lo posible para evitar estas muertes, lo cual va más allá de investigar la posible negligencia de funcionarios. Esto incluye evaluar la existencia de mecanismos eficaces de denuncia, la derivación a especialistas y la suficiencia y diligencia en el uso de los recursos del sistema.
Considerando que los NNA atendidos por el Sename son más vulnerables, sufriendo frecuentemente adicciones, enfermedades crónicas o discapacidades que aumentan la mortalidad, es aún más imperativo proveer los recursos y mecanismos necesarios para garantizarles una vida digna. La responsabilidad del Estado en este ámbito es mayor y transversal. La responsabilidad del Estado se mantiene, incluso si delega sus funciones a proveedores privados, lo que exige una fiscalización estricta por parte del Estado.
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El Papel del CREAD Galvarino y la Tragedia de Lissette Villa
La tragedia de Lissette Villa, quien falleció a días de cumplir 12 años en el CREAD Galvarino el 11 de abril de 2016, es un testimonio contundente de las fallas del sistema. Como psicóloga y directora del CREAD Galvarino, la profesional que conoció a Lissette y su historia, asumió la responsabilidad y decidió relatar los hechos para dar voz a los niños. Ella intentó comunicar a la entonces directora del Sename la precariedad del centro antes del deceso de Lissette, y todos los documentos que respaldan estas gestiones fueron entregados a la Fiscalía.
Sin embargo, la esperanza de que la justicia apuntara a todos los responsables -penal, técnica y políticamente- no se concretó, ya que el "mal" del Sename se centró en un pequeño grupo de funcionarios, dejando sin interpelar a otros responsables clave como encargados de departamentos técnicos, supervisores, jueces de familia y parlamentarios que deciden los presupuestos sin conocer la realidad de los centros. El horror de Lissette no se limita a los minutos previos a su muerte; su vida estuvo marcada por profundas heridas familiares, agravadas por omisiones y decisiones erráticas del sistema de protección social.
Lissette ingresó por primera vez a una residencia a los 5 años, y ni sus padres lograron recuperar su cuidado. La ausencia de visitas regulares le provocaba una doble sensación de abandono. A pesar del trabajo psicosocial, su adaptación a nuevas residencias fue difícil. Su historial de ingresos y reingresos a centros del Sename y residencias colaboradoras, sus problemas de salud mental y la ingesta de medicamentos, muestran un ciclo de vulneración que culminó en su muerte. La causa de su muerte sigue siendo una incógnita, con versiones contradictorias y una falta de investigación profunda en las responsabilidades estructurales. La encargada de turno relató su versión de los hechos, la que fue derrumbada por la declaración de otra niña, quien habría sido testigo ocular de los hechos, involucrando a funcionarias del centro.
Deficiencias en el Funcionamiento de los CREAD
El funcionamiento de los CREAD, como el Galvarino, se caracteriza por la precariedad y el trabajo solitario. Toda orientación técnica proviene de la dirección nacional del Sename, específicamente del Departamento de Protección y Restitución de Derechos (Deprode). Este departamento, sin embargo, es a menudo cerrado e impermeable a las sugerencias de los equipos técnicos de los centros.
En 2010, por decisiones administrativas y económicas, los Centros de Tránsito y Diagnóstico (CTD) pasaron a ser CREAD. Esto conllevó un aumento de plazas de NNA, lo que generó hacinamiento y atentó contra el trabajo reparatorio que se les debía ofrecer, a pesar de mantener el mismo personal. Las capacitaciones para el nuevo modelo fueron insuficientes y no abarcaron a la totalidad de los funcionarios.
Los CREAD, incluyendo el Galvarino, atienden a NNA con trastornos complejos como autismo Asperger, dificultades motoras y enfermedades crónicas, además de haber sufrido abandono y vulneraciones. Estos niños requieren tratamientos altamente especializados, pero carecen de las condiciones mínimas de atención de salud. Por ejemplo, en el CREAD Galvarino no se contaba con un pediatra, y la atención psiquiátrica era limitada. Las enfermeras contratadas a honorarios no tienen responsabilidad administrativa ante una eventual mala praxis. Para que se asigne presupuesto o se visualice una necesidad, es el Deprode quien debe estipularlo, y la experiencia indica que, para este departamento, basta con la atención psicosocial.
Informe PDI y la Violación Sistemática de Derechos
Un lapidario informe de la PDI de 2017, al que CIPER tuvo acceso en 2019, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. La investigación, que abarcó 240 hogares de menores, reveló 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. Este informe, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público. La muerte de Lissette Villa impulsó esta investigación, liderada por el fiscal Marcos Emilfork, quien indagó las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016.
El diputado René Saffirio, quien denunció la existencia del informe, criticó la gravedad de que ni la Fiscalía ni el gobierno lo hicieran público. El reporte de la PDI es más completo que el informe de la ONU del año anterior, que solo visitó cuatro residencias, y constata la violencia sistemática en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Este desastre exige la respuesta pública de varias instituciones, incluyendo el Sename y el Poder Judicial, cuestionando por qué los jueces de familia no detectaron estas vulneraciones sistemáticas en sus visitas periódicas.
Cadena Siniestra de Reportes
El informe de la PDI es el último eslabón de una serie de reportes elaborados por diversas instituciones en los últimos siete años. Destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que reveló hallazgos brutales, dando pie a múltiples investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU. Tras cada informe, las autoridades anunciaron medidas y reformas, pero la situación de los niños vulnerables sigue siendo crítica.
La dificultad del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar cifras precisas de los niños fallecidos motivó la investigación penal de la Fiscalía. La fuerza de tarea Sename de la PDI visitó 240 de las 241 residencias existentes. Los 2.071 casos de vulneraciones graves se desglosan en maltratos de adultos (432), entre pares (1.265), de familiares (53), abusos sexuales de adultos (123) y entre menores (187). En junio de 2018, la Fiscalía ordenó un informe resumen, identificando casos urgentes como 40 menores con "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital", información que se comunicó al Ministerio de Justicia, Sename y Ministerio de Salud para salvaguardar su integridad.
La PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente ocurrieron, y la mayoría de los directores no tenían información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves. Los maltratos por adultos se concentraron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), mientras que en los CREAD (área de protección) hubo 105 casos. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310, de los cuales 123 fueron por adultos y 187 entre menores. El informe policial es categórico al afirmar que estas acciones de vulneración de derechos se han instalado en la dinámica de funcionamiento de los centros.
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Incumplimiento de Protocolos y Fiscalización Deficiente
Un 62,9% de los hogares (151) presentaron casos de "deserciones del sistema", cifra que sube al 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados. Lo más alarmante es que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. El 72,9% de los centros no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% carece de protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue precisamente por errores en la contención de una crisis. La gran mayoría tampoco tenía protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, la PDI determinó que estas supervisiones suelen ser coordinadas previamente. Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud Mental y Física de los NNA en Sename
La cifra de menores a cargo del Sename con alguna enfermedad psiquiátrica es alarmante: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, un 13,9% sufre una enfermedad crónica y un 0,4% está en estado terminal. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El informe revela que 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros donde sí lo hay, la función es ejercida por personal sin el perfil necesario. En 159 centros (66,3%), la administración de fármacos en jornada diurna está a cargo de un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud, un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido.
Sobremedicación y Ausencia de Especialistas
Investigaciones anteriores, como la de CIPER en 2016, ya habían constatado la falta de control en el suministro de fármacos a los NNA del Sename, a menudo usados como paliativos. Esta situación se agrava considerando que el 93,8% de los centros del Sename carecen de las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfiles clínicos y/o casos complejos. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugirió que la niña estaba sobremedicada con benzodiazepinas en dosis elevadas y antidepresivos sin evidencia de efectividad en niños. La sertralina, por ejemplo, puede aumentar la agresividad. La manipulación de medicamentos en los centros es “poco prolija”, con problemas graves de dosificación y falta de personal especializado. Esto es crítico, ya que el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico, y más de 3.000 carecen de la debida atención médica especializada.
Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Además, hay pocos psiquiatras infantojuveniles, y la mayoría prefiere el sector privado, dejando regiones sin este tipo de especialistas.
Casos Emblemáticos de Vulneración
La realidad de los jóvenes en las instalaciones del Sename se agrava con casos como el de cuatro jóvenes en Antofagasta, investigados por delitos cometidos durante las protestas del estallido social. Tres de ellos tenían un historial previo en programas del Sename. Durante su internación provisoria, sufrieron golpizas, vejámenes sexuales, lesiones cortopunzantes, sobremedicación psiquiátrica, ideación suicida y autolesiones.
La Historia de "J": Un Ciclo de Abandono y Violencia
La vida de "J" es un reflejo del abandono estatal. Desde los 11 años, vivió en las calles, consumiendo drogas y participando en robos. Su detención a los 17 años por saqueo y lanzamiento de molotov lo llevó al Centro de Internación Provisoria (CIP) de Antofagasta. Durante sus 286 días allí, consumió alcohol gel, robó medicamentos psiquiátricos, fue víctima de agresiones físicas y sexuales, vejaciones, intentó suicidarse y se autolesionó. A pesar de advertencias internas sobre sus ideas suicidas, estas no fueron tomadas en serio. Los especialistas señalan que la sociedad se centra en el castigo individual de los adolescentes infractores, sin abordar las causas estructurales y la falta de una política integral de infancia.
Adolescentes Imputados por Protestas: Un Conteo Inexistente
No existe una cifra exacta de adolescentes imputados por las protestas que pasaron por centros del Sename. Solo en Antofagasta, al menos seis adolescentes imputados por delitos en las protestas estuvieron varios meses en internación provisoria en el CIP del Sename. Los funcionarios del centro recibieron órdenes de no responder a preguntas de la prensa. El Sename afirma que las denuncias de agresiones entre internos se investigan, pero no hay sumarios contra funcionarios, salvo casos excepcionales. El fin del Sename fue una de las demandas del estallido social, con 602 denuncias de vulneraciones de menores por agentes del Estado entre octubre de 2019 y enero de 2020.
Los registros internos del CIP de Antofagasta detallan los constantes intentos de suicidio y autolesiones de "J", así como las golpizas y hostigamientos que sufrió. La violencia era sistemática, con "J" siendo golpeado, amenazado, orinado y víctima de agresiones sexuales. A pesar de la evidencia, las medidas fueron insuficientes. Los informes internos advertían de ideas suicidas en "J" desde su llegada, pero no se tomaron en serio. El sistema pide castigos sin comprender la complejidad del problema, obviando la falta de una política integral de infancia.
Otros Casos y la Problemática de la Medicación Psiquiátrica
El caso de "R", otro adolescente imputado por delitos en las protestas, revela disparos de Carabineros con perdigones en su cuerpo, incluyendo el ojo. "A" desarrolló una depresión profunda durante su internación provisoria en el CIP, a pesar de no tener antecedentes. "C", de 16 años, consumía múltiples psicofármacos diariamente y fue encontrado esposado y encadenado a su cama. Abogados y funcionarios confirman que los intentos de suicidio son habituales en el CIP de Antofagasta. Se critica el criterio de los jueces que establecen prisión preventiva sin considerar la recalificación de delitos y el tiempo de internación preventiva. En el CIP, las recetas de psicofármacos son suministradas por médicos cirujanos, no especialistas, práctica que el Sename considera sin irregularidades.
El Egreso del Sistema: Un Salto al Vacío
Catalina, quien pasó gran parte de su niñez y adolescencia bajo la protección del Estado, relata su experiencia al egresar del sistema a los 18 años sin apoyo. No fue informada de su derecho a protección hasta los 24 años si estaba estudiando, y fue dejada en una casa de acogida sin acompañamiento post-egreso ni ayuda para sus estudios o manutención. Catalina, ahora activista, critica la falta de priorización de la infancia y la carencia de acompañamiento profesional. Considera que el enfoque del nuevo servicio "Mejor Niñez" en residencias familiares no es suficiente, sino que se necesita atención dedicada a cada niño. El egreso de los jóvenes es un "salto al vacío", sin preparación para la vida independiente. A pesar de que muchos tienen problemas de aprendizaje, psiquiátricos graves o traumas, el Estado los deja a la deriva a los 18 años. Red Egresa, una fundación creada por jóvenes ex-Sename, apoya a otros en su egreso, brindando información y basándose en sus propias experiencias.
Explotación Sexual Comercial y la Persistencia de la Crisis
El 5º Informe de Política Pública del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez analiza denuncias de delitos contra NNA bajo protección estatal, evidenciando una alta tasa de victimización en centros residenciales, especialmente en la explotación sexual infantil. En 2023, se identificaron 619 víctimas de explotación sexual infantil, con una tasa significativamente alta en la región de Magallanes. La dificultad para probar este delito en el Código Penal y la falta de un catastro consolidado de casos son obstáculos significativos.
La muerte de Guillermina, de 16 años, quien se suicidó en el Centro de Protección Alborada del Sename en 2012, ilustra la gravedad de la situación. A pesar de no ser una excepción, su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema. El sistema de protección de menores en Chile es descrito como "en estado terminal", con un caos estadístico respecto al número de menores vulnerables fallecidos. La falta de claridad en las cifras y la complejidad del servicio son reconocidas, y el Estado chileno no cumple sus compromisos internacionales en materia de infancia.
Dra. Luna: El Estado ha fallado a los padres y urge un sistema fuerte de protección infantil
El Organismo de Capacitación y Evaluación del Personal del Sename (OCEP-Sename) fue establecido para desarrollar programas de formación y perfeccionamiento para los trabajadores, financiado con recursos del propio Sename. Sin embargo, persisten las críticas por la falta de un catastro consolidado de casos de explotación sexual comercial y la dificultad para probar este delito en el Código Penal. El Sename implementó circulares para el registro de denuncias por presuntos maltratos, contabilizando miles de casos a nivel nacional, con la mayoría concentrada en la Región Metropolitana.
Propuestas de Solución y Avances
Las propuestas de solución incluyen un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado, unidades polivalentes con personal dedicado que trabaje con las familias, y la reinserción familiar como objetivo principal. Se critica la decisión de internar niños por pobreza sin abordar las causas subyacentes. Además, la necesidad de una defensa jurídica adecuada para los niños vulnerados es fundamental. El Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio antes de 2019, aunque los niños no pueden esperar. La exposición “Inocente Silencio” de la artista Mónica Súnico, acogida por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, visibiliza esta realidad, ofreciendo una exploración sobre la injusticia y el sufrimiento de los niños víctimas de la crueldad adulta en las instituciones de protección, y es un llamado a la sociedad para reconocer, reparar y no repetir este problema endémico.
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