La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de exhaustivos análisis y fuertes cuestionamientos, que culminaron en un informe de la comisión investigadora II de la Cámara de Diputados. Este documento, que fue rechazado por el hemiciclo, contenía un fuerte reproche a la gestión de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, críticas a los proyectos del gobierno y 64 propuestas para la mejora del sistema.
El Informe de la Comisión Investigadora II del Sename y Sus Conclusiones
El documento de 535 páginas expuso las conclusiones de los parlamentarios tras indagar la forma en que las autoridades atendieron las propuestas planteadas por la primera comisión investigadora sobre la materia en 2014, y la situación de los menores carentes de cuidado parental. Entre las definiciones de los legisladores, se acusan "deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, tanto en el diseño como en la ejecución de planes y programas destinados a la infancia vulnerada".
Además, se expone que tanto el Ministerio de Justicia como las autoridades del Sename fueron advertidos y tenían conocimiento de los graves incumplimientos por parte de instituciones relacionadas. El texto señalaba que "quienes se encontraban a la cabeza de las distintas carteras de Justicia contaban con las herramientas para impedir muchas de las desgracias que hemos tenido que lamentar en la última década, y no parecen suficientes las excusas de deficiencias estructurales históricas".
"La misión específica de cautelar y dar protección a niños, niñas y adolescentes que le corresponde al Ministerio de Justicia y al Sename, es algo en lo que se fracasó, y en la que ambos servicios comparten responsabilidades", añade el informe.
Críticas a la Gestión de Javiera Blanco
En este sentido, el informe sostiene que "la gestión de la ex Ministra Javiera Blanco no puede evaluarse desvinculada de sus acciones y reacciones respecto de los trágicos hechos que ocurrieron bajo su dirección ministerial, frente a los cuales era exigible un estándar más elevado de diligencia, conforme a la gravedad de lo acontecido". Por lo mismo, la adopción de las medidas y las propuestas evacuadas por la Comisión Sename I resultaban más urgentes de implementar, porque representaban y siguen representando una hoja de ruta para todo el aparato del Estado en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
"De tal modo -añade el texto- la reconstitución de los hechos contribuye a esta Comisión para reprochar seriamente la gestión ministerial negligente e inexcusable de la señora Javiera Blanco ex Ministra. En efecto, las fallas institucionales acaecidas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del Sename".
En este contexto, el documento señala que entre los aspectos que develó el caso de Lissette Villa, estuvo el continuo ingreso y egreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) de los diversos programas del Sename, así como problemas estructurales y fallas graves de coordinación y trabajo intersectorial entre organismos públicos y entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, los diputados critican el actuar de la ex titular de Justicia cuando evitó dar a conocer la cifra total de menores fallecidos en los centros del Sename.
"Según señaló a esta comisión investigadora la ex Ministra de Justicia Javiera Blanco en realidad no podía entregar una cifra definitiva de los niños fallecidos, generándose así una espiral de incertidumbre sobre esta situación. En este orden de ideas, la otrora funcionaria de gobierno declaró '(…) yo no puedo dar una cifra que después tenga que entrar a corregir, quiero decir que nosotros hoy día con responsabilidad estamos trabajando para dar esa información', declaración que realizó posterior a la entrega de una cifra incorrecta de niños fallecidos, lo que evidentemente constituyó un actuar negligente e inexcusable de su parte".
Cultura de Desprotección y Foco en Problemas Accesorios
La comisión también dijo constatar la existencia de una "cultura de desprotección de derechos" al interior del Sename y de los organismos colaboradores y de los órganos públicos que tienen dentro de sus competencias la atención de NNA vulnerados en sus derechos; y discriminación en las modalidades de atención de NNA provenientes de familias de escasos recursos. Finalmente, la instancia critica la actitud de las autoridades frente a los hechos. "Como comisión hemos llegado al convencimiento, que, durante el trabajo de la misma, las autoridades han querido dejar instalada la idea de que los casos de vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes ocurridos en programas al amparo del Servicio Nacional de Menores, 'son hechos aislados'".
El documento acota que "se ha desviado constantemente la atención a cuestiones que, siendo importantes, son accesorias ('se repararon las llaves de los baños, se repusieron los vidrios, se arregló la gotera del techo, etc.'), y no esenciales (...) Es decir, se establece con certeza y sin ambigüedad, que el Estado ha sido incapaz de crear condiciones mínimas para los niños que tiene a su cargo".
Propuestas de la Comisión para la Reforma del Sename
Al término del texto, la comisión investigadora presenta un marco de 64 propuestas para mejorar el sistema. Según detalla la Cámara de Diputados, la primera de ellas apuntaba a solicitar al Estado de Chile el reconocimiento oficial por las graves vulneraciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y el perdón hacia las víctimas y sus familiares.
Luego, se propone la creación de una instancia amplia, transversal y diversa que se constituyera en la "Comisión Nacional de Verdad en materia de Infancia", a fin de contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en contra de NNA cometidas por el Estado.
El Escenario Legal de Javiera Blanco y José Antonio Gómez
"He pedido a mis abogados que presenten un requerimiento a la fiscalía para el cambio de fiscal del caso Sename". Esta fue la medida que comunicó la consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Javiera Blanco, luego de que se diera a conocer que está en calidad de imputada en la causa en que se investiga la orden que dio en enero de 2016 -cuando era ministra de Justicia- para contratar a cuatro personas con cargo a Gendarmería.
Este antecedente quedó al descubierto en un oficio del 28 de agosto enviado por la fiscal Centro Norte Tania Sironvalle, quien indaga las irregularidades en la entidad penitenciaria, a uno de los fiscales del caso Sename, Marcelo Sambuceti. El documento indica que la causa está vigente, por los delitos de fraude al Fisco, nombramiento ilegal y tráfico de influencias, y que los imputados son, además de Blanco, Tulio Arce, el exdirector nacional de Gendarmería.
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Acusaciones de Persecución y Reparos al Fiscal
Blanco, quien envió un comunicado público, también acusó una persecución en su contra: "Es evidente el uso político que se ha hecho de las filtraciones de información en mi contra". Añadió que presentará una denuncia por violación de secreto, ya que "son públicas y sabidas las innumerables filtraciones de información de la causa Sename. Ahora, cuando solicitan antecedentes, los mismos persecutores la hacen pública".
Ante esto, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork -quien lidera el equipo que investiga la muerte de niños al interior de residencias de la red Sename-, ordenó la apertura de una causa por violación de secreto. Desde la Fiscalía Nacional informaron que hasta la tarde aún no recibían una solicitud de Blanco ni de su abogada, Paula Vial. Esta no es la primera vez que Blanco presenta sus reparos a Emilfork. El 8 de agosto envió una carta al fiscal nacional, Jorge Abbott, reclamando por las declaraciones del persecutor a La Tercera, quien dijo que existe la posibilidad de que José Antonio Gómez y Blanco sean citados en calidad de imputados en caso Sename. Esto, ya que ambos ocuparon el cargo de ministro de Justicia, cartera de la cual depende este organismo.
El CDE también se refirió a la causa que implica a una de sus consejeras. La institución, a través de un comunicado, señaló que en el caso donde Blanco está como imputada no son querellantes, "pues no cuenta con antecedentes suficientes que le permitan, por ahora, fundamentar un libelo de esa naturaleza". Este caso es una arista de otra causa, en que Sironvalle investiga pensiones abultadas en la institución penitenciaria, donde el CDE presentó una querella por fraude al Fisco. Trascendió que el 5 de junio estuvo contemplado que Blanco declarara en este caso de las contrataciones.
En tanto, el director ejecutivo Chile Transparente, Alberto Precht, indicó que "la situación de Javiera Blanco se hace cada vez más insostenible, por la continua seguidilla de problemas que se han ido detectando".
La Realidad Crítica del Sename: Revelaciones del Informe PDI
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Esto motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal a cargo del fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
El objetivo de esa fuerza de tarea fue que, el 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas), negándose solo una a recibirlos.
Violencia Sistemática y Abusos
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores y fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno pero no se hizo público, concluyó que "el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela". El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018 la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
Lugares de Ocurrencia de Maltratos y Abusos Sexuales
- Buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia.
- En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores.
- En los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
- En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizándose 310 en total con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros).
- También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Incumplimiento de Protocolos y Deficiencias en Fiscalización
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, que son nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
Los resultados son preocupantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es especialmente grave dado que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. El informe de la policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud y Atención Médica de los Residentes
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. El 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esa afirmación es sorprendente:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario.
- En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación”.
Demandas de Rendición de Cuentas y Reparación
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
El precio de la corrupción institucional que rodea globalmente al Sename es la desolación a nivel transgeneracional de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Los candidatos a la Convención Constitucional tienen un deber natural y básico con los sobrevivientes del Sename: reconocer, en la nueva Carta Magna, el carácter “supraconstitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; reconocer igualmente, la Nulidad de Orden Público Internacional (insaneable, imprescriptible, inexcusable e indivisible) de las normas y fallos nacionales que hayan desahuciado de facto las sentencias de la Corte IDH (y establecer el derecho social a la verdad como una garantía expresamente protegida por el recurso de protección).
Una sociedad cruel con las niñas, niños y adolescentes, ciertamente no logrará pasar impunemente en los tiempos que corren. El Estado no ha tenido la altura para protegerlos ni para investigar los delitos que se han cometido respecto de ellos. El holocausto verificado en el Sename no tiene amigos, porque las niñas, niños y adolescentes no votan. Y no se va a solucionar motu proprio, ni por arte de magia. Corina exigió al Presidente Sebastián Piñera -conforme a la Garantía Interamericana del Derecho Social a la Verdad: Corte IDH, Caso Bámaca vs. Naciones Unidas ya había requerido al actual Gobierno de Sebastián Piñera para la creación de una Comisión de Verdad sobre el Sename. Así se manejan las urgencias y prioridades en Chile y claramente en ellas no están los niños.
La buena noticia es que, si la Convención Constitucional no lo hace, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA (vía Activación de la Carta Democrática respecto de Chile) sí lo harán. La prueba de la moral de una sociedad es lo que se hace por los niños. El Estado no ha tenido la altura para proteger a los niños, para investigar los delitos que se han cometido respecto de ellos, ni para hacer verdad y reparación.