El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, el organismo estatal encargado de los niños, niñas y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha sido objeto de una profunda crisis y constantes cuestionamientos debido a las sistemáticas vulneraciones de derechos y muertes ocurridas bajo su tutela. Esta situación ha impulsado diversas investigaciones, cambios institucionales y una búsqueda de soluciones para una problemática de gran complejidad.
Una Tragedia Recurrente: Los Casos de Guillermina y Lissette
El caso de Guillermina (2012)
La tragedia de Guillermina, de 16 años, ilustra la precariedad del sistema. En agosto de 2012, Guillermina llegó al Centro de Protección Alborada a las 04:19 de la mañana, traída por un policía, "a medio vestir" y con dinero. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur del país, Guillermina se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal.
Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, ni tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó y la muerte de Guillermina quedó registrada como un número más en la larga lista de lo que el Sename denomina "egresos" de su sistema. De esta forma, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia. Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, cuyo bebé fue dado en adopción. Según el abogado, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave.
El "Factor Lissette" (2016)
El caso de Guillermina no es una excepción en un sistema descrito como "en estado terminal", según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. Por primera vez, a partir de una seguidilla de muertes bastante cuestionadas, estos niños comenzaron a tener rostro. El fallecimiento de Lissette Villa en abril de 2016 detonó la crisis y conmovió al país, movilizando a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos en los hogares del Sename.
De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia determinó que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, con una evaluación del Sename que incluía maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia y "pataletas".
El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, las cuidadoras pensaron que la crisis de Lissette era otra de sus "pataletas". Según el testimonio de una de ellas, la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Cuando trató de levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. La cuidadora admitió que "ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar". Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, comunicó a la prensa el fallecimiento de Lissette, atribuyéndolo a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar. Esta explicación fue considerada insatisfactoria y poco ética, costándole el puesto.
Caos Estadístico y Ausencia de Protocolos
Cifras Confusas
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe con certeza. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por dicho informe. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", dejando fuera a niños infractores de la ley. Un análisis de BBC Mundo a los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395.
"Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explicó María Estela Ortiz, quien aseguró que "no hay claridad respecto de información cuantitativa". El diputado Saffirio criticó que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, afirmó: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Problemas Sistémicos
Más allá de los números exactos, las investigaciones han evidenciado un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios. Este personal ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. Ortiz enfatizó que "este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen".
Actualmente, existen más de 8.000 niños separados de sus familias e internados en centros del Sename, considerados los casos más "críticos" por Ortiz, sin incluir otros programas. Según información del Servicio Médico Legal, las causas de muerte determinadas por autopsias son variadas y sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), menores muertos por golpes en la cabeza al caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
La Sobremedicación de Menores
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que su "impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada". Detalló que se le suministraba benzodiazepina en una cantidad que actuaba como antipsicótico, y que estuvo "expuesta a antidepresivos por años" a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Otro fármaco, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan estos medicamentos en los centros es "generalizada". "El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación. Los adolescentes ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua y si no hay personal especializado que se los suministre, no sabemos si se están tomando efectivamente las dosis". El senador Alejandro Navarro destacó la gravedad del problema: "El 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado".
Esta situación se agrava con el contexto nacional: "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", afirma Estrada. Además, hay escasez de psiquiatras infantojuveniles, que prefieren el sector privado, dejando regiones sin especialistas, como explica Ortiz.
La Mirada Crítica y Propuestas de Solución
Diagnóstico de la Crisis
Estela Ortiz también coincide en que la pobreza es un factor determinante: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Según el análisis de Francisco Estrada, una solución definitiva se basa en tres pilares:
- Necesidad de unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias, no que las aísle.
- El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de pobreza y maltrato, en lugar de internarlos.
- Los niños deben contar con una defensa jurídica adecuada, a diferencia de los menores infractores que tienen "muy buenos defensores", los niños vulnerados son vistos por abogados jóvenes que consideran el caso un "trámite burocrático".
El Informe PDI (2017/2018) y Violaciones Sistemáticas
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que "el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela". En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público hasta que el diputado René Saffirio lo reveló en julio de 2019, pidiendo la renuncia del ministro de Justicia Hernán Larraín.
Este reporte de 257 páginas, al que CIPER tuvo acceso, es un resumen de una extensa investigación realizada a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indaga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. La gravedad del informe radica en que constata una violencia sistemática, mucho más completo que un documento de la ONU del año anterior que visitó solo cuatro residencias. El de la PDI abarcó 240 de 241 existentes, cubriendo a cerca de 6.500 niños.
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial. Los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año; sin embargo, el informe pone en entredicho si estas vulneraciones sistemáticas fueron detectadas o si se ordenó su cese e investigación. Este documento policial es el último eslabón de una cadena de reportes elaborados por media docena de instituciones en los últimos siete años, destacando el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef), que dio pie a dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría.
Fallas en Protocolos y Fiscalización
El equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". Los resultados son alarmantes: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no tiene protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto es particularmente grave, considerando que la muerte de Lissette Villa fue por errores en la contención de una crisis. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, los tribunales de familia deben fiscalizar los centros cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
El reporte de la PDI indica que el 37,3% de los residentes del Sename padece alguna enfermedad psiquiátrica, un 14,2% alguna patología médica, el 13,9% una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En 42 centros no hay encargado de salud, y en 55 centros, la función la realiza un técnico de área distinta. En 159 centros (66,3%), la administración de fármacos la realiza un educador sin formación profesional ni técnica en salud, a quien solo se le exige cuarto medio. El 93,8% de los centros "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)
Alcance del Problema
Más de un centenar de menores bajo tutela del Estado han sido víctimas de explotación sexual comercial. El Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) ha presentado 98 querellas por Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), involucrando a 115 víctimas en hogares del ex Sename o residencias de la actual entidad Mejor Niñez. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció un nuevo caso ocurrido en una residencia de su comuna administrada por Mejor Niñez, lo que vuelve a poner en debate la eficacia de la nueva institución. Desde 2012 hasta 2021, la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI contabiliza 77 víctimas de ESCNNA bajo el cuidado del Estado, cifra que se eleva a 545 si se consideran delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil.
Casos Intra y Extra-residenciales
Si bien los abandonos de las residencias son una de las causas más comunes de ESCNNA, también existen casos intra-residenciales. En 2020, en Antofagasta, se detectó que ocho adolescentes abandonaban con frecuencia una residencia del Sename y eran forzadas a actos sexuales a cambio de dinero y drogas por terceros que rondaban el hogar. En 2021, una situación similar se repitió para dos jóvenes en el sur del país. En 2014-2019, dos menores fueron víctimas de abuso sexual, producción de material pornográfico y explotación sexual comercial en una Residencia para Lactantes y Preescolares (RLP) de Hualpén, repitiéndose para otros dos niños en otra RLP de la misma comuna entre junio de 2018 y febrero de 2020.
El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema", cifra que crece al 76,2% al excluir residencias para lactantes y discapacitados.
Desafíos en la Prevención y Persecución
Verónica Pincheira, coordinadora nacional del Programa Mi Abogado, considera clave la capacitación de los funcionarios para prevenir abandonos y la consecuente vulneración de derechos. La directora de Mejor Niñez, María José Castro, afirma que el nuevo servicio hará énfasis en la capacitación y especialización de los profesionales. Sin embargo, la magistrada Jeldres, crítica, señala que "en materia de salud mental la oferta es inexistente", y las Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva (UCRI) prometidas aún no se han creado. Denisse Araya, directora de ONG Raíces, destaca la importancia del trabajo en salud mental, ya que las menores han normalizado estas situaciones y no se perciben como víctimas.
Patricia Muñoz es tajante: "El Estado no ha sido capaz de priorizar y atenderles en el ámbito de la salud". Los abandonos suelen estar asociados al consumo de drogas o problemas de salud mental. De las 98 querellas presentadas por el Programa Mi Abogado, solo una registra formalizados, lo que, a juicio de Patricia Muñoz y la magistrada María Pilar Villarroel, se debe a deficiencias en el trabajo de la Fiscalía y las policías, además de la insuficiente capacitación. Los NNA a menudo prefieren no denunciar ni participar en los procesos investigativos porque "no se sienten víctimas" o por vergüenza, pensando que es su culpa. El comisario Castro explica que los abusadores les hacen creer que fue su opción.
Otra dificultad es que la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes no está tipificada como tal en el Código Penal, sino como "promoción o facilitación de prostitución infantil", con una pena más baja y más difícil de probar. El Ministerio Público no cuenta con cifras que permitan dimensionar el problema, lo que representa un "desafío país" para indagar con mayor profundidad y prevenir estos delitos.
La Nueva Institucionalidad: "Mejor Niñez" y el Rol del Sename
El Cierre del Sename y el Nacimiento de Mejor Niñez
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de NNA bajo cuidado estatal, recomendando mecanismos de reparación. La Defensoría de la Niñez, en 2020, recomendó la "creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación" que no recibió respuesta. El Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021, tras la seguidilla de cuestionamientos. Fue reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Mejor Niñez asumió el sistema de residencias del antiguo Sename con modificaciones, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social. El Sename, en tanto, sigue funcionando, pero bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo solo de los infractores juveniles en centros de internación provisoria o régimen cerrado.
Cambios y Desafíos del Nuevo Servicio
María José Castro, directora de Mejor Niñez, señaló que "estamos trabajando en un cambio de paradigma, en un nuevo modelo donde los niños y sus familias son el centro de nuestro actuar". La nueva institucionalidad exige que el 75% del personal que trabaja directamente con niños sean profesionales o técnicos, realiza evaluaciones periódicas de salud mental y física a los cuidadores, fiscaliza constantemente las residencias y proyecta que los organismos colaboradores deberán pasar por rigurosos procesos de acreditación.
Mejor Niñez busca terminar con el modelo masivo de residencias (los Cread) "para dar paso a espacios más acogedores, donde no vivan más de 17 niños, donde estén acompañados por personas capacitadas y comprometidas con su trabajo". Sin embargo, ya se reportan problemas: "En estos momentos, las residencias están con la misma problemática que tenían los CREAD masivos, pero ahora en escala reducida. Los funcionarios están sobrepasados, están teniendo los mismos problemas de maltrato y hay denuncias de abuso sexual y violación". La jueza María Pilar Villarroel asegura que el Estado tiene el deber de contratar personal especializado, no de capacitar al personal antiguo.
Rosario Martínez, directora nacional del Sename (la institución actual para infractores), indicó que se están revisando constantemente los protocolos de prevención del suicidio y conductas violentas entre pares.
La Comisión de Verdad y Niñez (2024-2026/2027)
La Comisión de Verdad y Niñez, instancia estatal de asesoría presidencial, fue creada en diciembre de 2024, iniciando operaciones en 2025, tras la categórica resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo es investigar violaciones a los derechos humanos cometidas contra NNA en recintos del Sename entre 1979 y 2021, incluyendo casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron por estos centros. Sin embargo, la comisión podría paralizar sus labores en abril de 2026 debido a recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast, a pesar de que su plazo se extendió hasta abril de 2027.
La Comisión nace de la sentencia de la CIDH de 2024, que evidenció la muerte de diez adolescentes en el centro "Tiempo de Crecer" en 2007, y violaciones de derechos humanos de 271 jóvenes en cuatro recintos. El fallo internacional no solo abordó el incendio, sino un problema estructural, concluyendo que el Estado chileno vulneró derechos fundamentales (vida, integridad, salud, educación, agua, saneamiento) en perjuicio de jóvenes privados de libertad, por falta de seguridad, atención médica y segregación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados ya habían advertido sobre el hacinamiento, precariedad, falta de servicios básicos y riesgo constante en estos centros.
Consecuencias Legales y Juicios en Curso
Avances de la Fiscalía de Los Lagos
En julio de 2016, tres meses después del fallecimiento de Lissette Villa, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó al exfiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, investigar las presuntas responsabilidades penales en la muerte de NNA residentes en establecimientos del ex Sename y sus organismos colaboradores. A más de cinco años del inicio de la indagatoria, la Fiscalía Regional de Los Lagos mantiene abiertas 25 de las 347 causas instruidas para esclarecer la causa, contexto y responsables del fallecimiento del mismo número de menores bajo custodia. De las 322 causas terminadas, 78 finalizaron con sobreseimiento definitivo "por no ser los hechos constitutivos de delito". A la fecha, se ha logrado condenar a cinco personas, en su mayoría exfuncionarias del Sename o de organismos colaboradores.
Casos Emblemáticos y Condenas
Una de las causas próximas a terminar y que incluye condenas es precisamente la de Lissette Villa. El 19 de noviembre (del año no especificado en el texto, se entiende que es 2021 por el contexto de sentencia de 7 de enero de 2022), Conne Fritz y Thiare Oyarce, exfuncionarias del Sename, fueron declaradas culpables de apremios ilegítimos en el ex Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino. La fiscalía pide siete años de cárcel para cada una, con la lectura de sentencia el 7 de enero de 2022. Jessica Figueroa (coordinadora de turno) y Mónica Monje (exdirectora del centro) fueron absueltas. Solo una causa, la de Lissette Villa, fue investigada por el delito de torturas y apremios ilegítimos; la mayoría (339) fueron calificadas jurídicamente por cuasidelito de homicidio.
Otras exfuncionarias ya cumplieron penas:
- La educadora Virginia Ferreira, por la muerte de un lactante en un hogar de Puerto Varas, fue sentenciada en 2017 por cuasidelito de homicidio a 300 días de reclusión menor.
- En 2018, la enfermera Karina Muñoz Arenas fue declarada culpable por el mismo delito y sentenciada a 60 días de prisión por no proporcionar los cuidados adecuados a una adolescente en un centro de Rancagua.
- La directora de un centro colaborador fue condenada a 41 días de prisión por presentar documentos falsos ante un tribunal en la investigación por la muerte de una niña con lupus.