La trágica muerte de Lissette Villa en la noche del 11 de abril de 2016, a causa de una crisis no atendida adecuadamente, puso de manifiesto las profundas deficiencias en el sistema de protección de menores en Chile, gestionado por el Servicio Nacional de Menores (Sename). Las cuidadoras de Lissette, sin la formación ni los protocolos necesarios, aplicaron técnicas de contención que resultaron fatales. Este lamentable suceso desencadenó una investigación por parte de la comisión del Sename II de la Cámara de Diputados, cuyas conclusiones arrojaron luz sobre la respuesta del Estado y las áreas críticas que requerían atención urgente.
Problemas Estructurales Graves de Diseño y Funcionamiento
La comisión investigadora estimó que existen "problemas estructurales graves de diseño y funcionamiento de la institucionalidad, derivados de una estructura orgánica anticuada y deficiente" en el Sename. Esto se puede apreciar, entre otras materias, en la "falta de un plan maestro, de mediano y largo plazo para la institución, así como procesos y procedimientos claros de auditoría y cumplimiento de metas institucionales y especialmente en los planes de intervención de niños vulnerados".
Asimismo, se indicó la "falta de adecuación del nuevo presupuesto a las nuevas estrategias del servicio" y la "falta de trabajo intersectorial con otras instituciones públicas, así como con la sociedad civil y la academia". Otro punto crítico es la "falta de capacitación y especialización en el personal, en los denominados educadores de trato directo", junto con la necesidad de una mejor selección de personal y la urgencia de un proyecto de ley que reforme el sistema.
Faltas a la Normativa Internacional y Derechos Fundamentales
El informe señala que se encontraron situaciones de discriminación en la atención de los niños provenientes de familias de escasos recursos. Este hecho "es contrario a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y a nuestra Carta Constitucional, vulnerando así los principios, derechos, garantías de niños, niñas y adolescentes, como el debido proceso y el principio de bilateralidad de la audiencia".
La comisión también dejó constancia de las precarias condiciones encontradas en terreno: "Que las condiciones de infraestructura, capacidad, equipamiento, seguridad, higiene, salubridad en muchos de ellos (los centros) es deficitaria". De igual forma, fue posible constatar la "falta de profesionales y personal calificado para la atención de niños, niñas y adolescentes, así como la inexistencia e incumplimiento de planes de intervención". La incertidumbre por la falta de cifras oficiales también fue un tema abordado.
La "Laxitud" en la Denuncia de Delitos
La instancia quiso dejar una "constancia" sobre la "aparente laxitud con la que los funcionarios del servicio, y en particular la dirección nacional y las direcciones regionales, interpretaron su obligación de denuncia de hechos constitutivos de delitos de los cuales tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, al tenor de lo que señala tanto el Artículo 175 del Código Procesal Penal, como el literal K del Artículo 61 del Estatuto Administrativo, así como de muchos organismos colaboradores a lo largo del país".
Como ejemplo, se citaron los presuntos maltratos que sufrieron algunos residentes del Hogar Alihuén de la Red Coanil. Si bien para este organismo eran "protocolos de contención", la comisión indicó que eran "abusos, los que consistirían en amarrar boca abajo a una camilla portátil de emergencia a los internos, lo que podía extenderse por más de tres horas".
Presupuesto, Capacitación y Fiscalización: Un Déficit Crítico
Uno de los puntos más preocupantes señalados por la comisión fue la drástica reducción del presupuesto destinado a la capacitación y formación de los funcionarios del Sename. Este déficit en la formación, precisamente lo que faltó a las cuidadoras de Lissette, se reflejó en una disminución del 399% en los fondos asignados a esta área, según el borrador del informe preliminar.
Además de la falta de inversión en capacitación, se reveló que 338 proyectos privados financiados por el Estado, destinados al cuidado e intervención de menores, no habían sido revisados por la administración central en los últimos tres años. En 2017, el Sename destinó 146 mil millones de pesos a 1.204 programas de atención a menores prestados por privados, lo que subraya la magnitud de los fondos que requerían una fiscalización rigurosa.
Fallas en la Supervisión de Organismos Colaboradores
Otras de las falencias encontradas y establecidas en el informe es la falla en los controles de los organismos colaboradores del Sename. El texto indica que la directora nacional, Solange Huerta, cuando asistió a la comisión, dijo que la Ley de Subvenciones no cuenta con las herramientas para constatar que los organismos colaboradores hayan cumplido los objetivos que acordaron con el Sename. Sin embargo, los diputados advirtieron que Huerta no hizo alusión "a las mínimas pautas de fiscalización y supervigilancia establecidas en las normas generales que rigen a la administración pública".
El texto agrega que preocupa la "inactividad en cuanto a no intervenir los hogares que vulneran derechos" y para nombrar administradores provisionales directo del servicio. También se indica que a los centros cuestionados se les continúa renovando los convenios.
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Testimonios de Funcionarios y Directores
Christopher Simpson, educador de trato directo (ETD) en el Centro Metropolitano Norte del Sename, expresó su temor ante la falta de preparación para atender crisis de salud mental o agresiones, debido a la escasa capacitación recibida en sus casi cinco años de servicio. Según su experiencia, un curso recibido el año pasado fue insuficiente.
Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos en Peñaflor, afirmó que en su centro no habían recibido capacitación centralizada en al menos cinco años, lo que afectaba directamente las competencias de los educadores y obligaba a las organizaciones a realizar formaciones internas, restando tiempo de trabajo con los niños. Matías Marchant, psicólogo y director de la Corporación Centro de Salud Mental Casa del Cerro, enfatizó que el problema era aún más profundo, señalando que los bajos sueldos y los sistemas de turnos irracionales agotaban a las educadoras. Según datos del Sename, a septiembre del año anterior, había 1.275 educadores de trato directo contratados a nivel nacional.
El diputado Ramón Farías, al ser consultado, afirmó que la falta de capacitación y perfeccionamiento incidía directamente en la disminución de las fiscalizaciones, debido a la insuficiencia presupuestaria. Además, criticó la metodología de fiscalización, que se limitaba a verificar aspectos cuantitativos como el número de niños, extintores o camarotes, sin profundizar en la calidad de la atención.
Fiscalización Insuficiente y Desvío de Recursos
La fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas colaboradoras del Sename (OCAS) fue calificada como insuficiente. El dato de que 751 programas fueron examinados entre dos y ninguna vez en los últimos tres años empeoraba el panorama, especialmente tras la eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores del presupuesto de ese año.
Un funcionario del área de licitaciones del Sename explicó que los fondos destinados a la atención y protección de los niños a menudo permanecían sin ejecutar, ya que los OCAS los "guardaban" para posibles finiquitos en caso de cierre de programas, recursos que rara vez se utilizaban y se desperdiciaban. Se planteó la crítica de que el 70% de los fondos se destinaba a los colaboradores y solo el 30% a los centros administrados directamente por el Sename. Las inspecciones, según testimonios, eran someras, centrándose en registros cuantitativos y en la simple verificación de boletas en las fiscalizaciones financieras, sin un análisis detallado.
El psicólogo Matías Marchant consideró que la supervisión de recursos profundizaba las deficiencias del sistema, ayudando más a ocultar las falencias que a encontrarlas. La Ley 20.032, que establece mecanismos para subvencionar gastos, no especificaba la "glosa" (planilla de gastos presupuestarios), lo que permitía que programas licitados para cien niños, pero que atendían solo a veinte, recibieran el pago completo.
Excesiva Derivación a Centros y la Crisis del Sistema
Según la comisión, el Artículo 80 bis de la Ley N° 19.968, norma que crea los Tribunales de Familia, tiene como objetivo garantizar la oferta de atención a niños, niñas y adolescentes, para casos de particular gravedad, derivándolos a un centro que debe atenderlos o se debe generar la plaza. Añaden que esta medida debería ser excepcional, pero algunos juzgados lo han convertido en regla. Esto trae consigo que se atente "contra el interés superior de los NNA que efectivamente puedan requerirlo".
El documento añade que "lo anterior se suma a la carencia de suficientes programas especializados y los excesivos tiempos de permanencia en los existentes, lo que ha provocado un efecto de presión sobre la oferta programática disponible, la que no está en condiciones de responder a la demanda generada".
Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, defendió el rol de los OCAS, señalando que la subvención mensual por niño era insuficiente para garantizar un buen cuidado, especialmente al mantener un equipo profesional estable. A pesar de que ha pasado más de un año desde la muerte de Lissette, Ortúzar expresó su sincera creencia de que ni el hogar Galvarino ni el Sename habían implementado mejoras significativas.
Reformas y Nuevos Organismos
El Servicio Nacional de Menores (Sename) fue un organismo gubernamental chileno centralizado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya gestión se alineaba con las instrucciones de los tribunales de justicia. Desde 2021, el Sename se enfocó exclusivamente en justicia y reinserción juvenil, mientras que el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia se convirtió en su continuador legal en materia de protección de derechos. El Sename se encontraba en un proceso de cierre y traspaso gradual a dos nuevos servicios especializados: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, proceso que culminó el 12 de enero de 2026.
Casos Emblemáticos y la Urgencia de la Reforma
El caso de Lissette Villa, fallecida a los 11 años en el centro Galvarino, es uno de los tantos que evidenciaron las fallas del sistema. Otro caso trágico fue el de Guillermina, una adolescente de 16 años que, tras ser reingresada al Centro de Protección Alborada por la policía, fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después. A pesar de su historial de intentos de suicidio, no fue llevada a un hospital para una evaluación médica completa. La querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
Estos casos, junto con otros, revelaron un sistema en "estado terminal", según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. La falta de claridad en las cifras de menores fallecidos bajo tutela estatal era alarmante. Informes del Ministerio de Justicia y reportes de Unicef presentaban discrepancias significativas, y análisis de anuarios oficiales del Sename arrojaban cifras aún mayores de fallecimientos. El diputado René Saffirio denunció que el Estado chileno no cumplía con sus compromisos internacionales en materia de infancia y ni siquiera sabía cuántos niños había en sus establecimientos ni cuántos habían fallecido. A pesar de las 200 medidas urgentes presentadas por una comisión investigadora anterior, ninguna se había cumplido.
Sobremedicación y Falta de Atención Especializada
La sobremedicación de los menores fue otro grave problema evidenciado. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, señaló que la niña estaba siendo medicada con benzodiazepinas en dosis que actuaban como antipsicóticos, además de antidepresivos cuyo efecto en niños no estaba demostrado. La sertralina, otro fármaco que tomaba Lissette, podía generar efectos adversos como agresividad e impulsividad.
La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros era generalizada, con stock almacenado en cualquier lugar y problemas de dosificación. Esto era especialmente preocupante considerando que el 63% de los niños bajo el sistema requerían tratamiento farmacológico, y más de 3.000 estaban sin la debida atención médica especializada. La falta de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil en Chile, sumada a la escasez de psiquiatras infantojuveniles en el sector público, exacerbaba la situación. El caso de Guillermina, quien a pesar de su historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, no fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave, ilustra esta carencia.
Hacia una Solución Integral
Según el análisis de Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, una solución definitiva requería tres pilares fundamentales:
- Unidades polivalentes con personal dedicado y adecuado seguimiento psiquiátrico, que trabajaran también con las familias.
- El retorno de los niños a sus familias de origen, brindando herramientas y acompañamiento para romper el círculo de maltrato y pobreza.
- Una defensa jurídica adecuada para los menores, que velara por el cumplimiento de sus derechos.
Se cuestionó la "estigmatización de la pobreza" en el sistema, dado que ningún niño del 50% de mayor nivel económico se encontraba en el Sename, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son transversales. La defensa jurídica de los menores vulnerados, a diferencia de los infractores de ley, a menudo recaía en abogados jóvenes que los veían más como un trámite burocrático que como sujetos de derecho.
El Consejo para la Infancia, creado por la presidenta Michelle Bachelet, tenía como objetivo a mediano plazo cerrar el Sename y transitar hacia un nuevo servicio. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, manifestó la esperanza de que la creación de una comisión permitiera reparar la situación de graves vulneraciones sufridas por los niños bajo custodia estatal. La Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres, destacó la importancia de la defensa de los Derechos Humanos, incluyendo la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, reconociendo las responsabilidades del Estado en las vulneraciones ocurridas, especialmente hacia niños, niñas y adolescentes.
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