El Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido escenario de graves falencias y vulneraciones de derechos, evidenciadas en informes y testimonios que pintan un panorama desolador para los niños y adolescentes bajo su cuidado. Tras la publicación de varios boletines, el informe "estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile" se transformó en un libro que buscaba alertar sobre la crítica situación de los centros del Sename.
Radiografía de la Vulnerabilidad: Riesgo Alto y Discapacidad
Las cifras reveladas por el informe estadístico mostraron un alto porcentaje de niños institucionalizados en riesgo alto en diversas regiones del país. En Arica y Parinacota, el 25% de los menores se encontraban en esta situación, siendo Aldeas SOS Arica el centro con la mayoría de ellos. Tarapacá (24.5%), Antofagasta (24.3%), Atacama (22%), Coquimbo (20%), O’Higgins (24%), Maule (26.1%), Los Lagos (21.7%), Magallanes (22%) y Los Ríos (31.9%) también registraron porcentajes preocupantes. En Arica, de los 17 niños y niñas con algún tipo de discapacidad, un alarmante 53% no recibía tratamiento, lo que se traducía en 9 niños que requerían atención específica. De estos, 7 presentaban discapacidad intelectual (3 leve y 4 moderada), 1 discapacidad visual moderada y otro auditiva.
Abuso Intrarresidencial y Problemas Educativos
Una de las situaciones más graves registradas fue el abuso intrarresidencial. En Iquique, se documentaron 9 casos (6%) de abuso sexual, donde los agresores eran otros niños. El informe señaló que en la región de Tarapacá, más del 55.2% de los menores tenían más de un RIT (Registro Individual de Identificación). En el Maule, el 26.1% de los niños estaban en riesgo alto, y la mayoría presentaba un precario nivel escolar. El 31% (327 casos) mostraba algún grado de retraso escolar, es decir, se encontraban dos cursos por debajo de lo que les correspondía por edad.
Atención Inadecuada a la Discapacidad y Enfermedades Crónicas
En la Región del Maule, a pesar de que 34 casos recibían tratamiento, principalmente para discapacidad intelectual leve y moderada, visual y del aparato motor, un significativo 87% (102 casos) de niños con discapacidad intelectual permanecía sin tratamiento. Además, 5 niños con discapacidad severa tampoco recibían atención médica. En cuanto a las enfermedades crónicas, el 7% de los niños y niñas (78 casos) las padecían, 38 de ellos con algún tipo de discapacidad. Las enfermedades neurológicas, epilepsia y síndrome bronquial obstructivo eran las más comunes.
A pesar de que la higiene, el estado de la ropa y la comida eran evaluados positivamente por los niños y adolescentes en esta zona, la realidad de la violencia era sombría. Entre el 25% y 30% de los menores respondió afirmativamente a la pregunta de si habían sido agredidos por algún adulto dentro de la residencia, cifra que se elevaba al 67% cuando la pregunta se refería a agresiones por parte de pares.
La Lucha por la Visibilización: De "Niños Invisibles" a la Crisis Actual
La situación de los niños y adolescentes en el sistema de protección ha sido una lucha constante. Hasta hace pocos años, no se sabía cuántos niños estaban separados de sus familias en centros del Sename, de sus colaboradores o en residencias privadas; eran los llamados "niños invisibles". Un grupo de juezas, en 2010, se propuso visibilizar a estos menores para poder visitarlos directamente, tal como lo ordena el artículo 78 de la Ley 19.968. La falta de un registro claro y la ausencia de mecanismos para exigir el respeto de sus derechos perpetuaron la vulneración.
El "Informe Jeldres", elaborado por una comisión de juezas con el apoyo de Unicef, se convirtió en un diagnóstico objetivo de la vida en los hogares dependientes del Sename. Detallaba los riesgos para la vida, integridad y salud de los niños, problemas de salud sin atención, consumo de fármacos sin prescripción y casos de niñas con cáncer cérvicouterino sin tratamiento. Lamentablemente, este informe fue "invisibilizado y desechado por espurios intereses", impidiendo que las observaciones se abordaran a nivel regional.
Actualidad Central: Sename en crisis
El Abogado del Niño: Una Defensa Necesaria
A pesar de los esfuerzos y cambios legislativos, Chile enfrenta la crisis más grave del sistema de protección en su historia. La falta de un actor que garantice el cumplimiento y ejercicio de los derechos de los niños es crucial. El Abogado del Niño se presenta como una figura indispensable para enfrentar la vulneración secundaria (la causada por el propio sistema) y para ejercer un contrapeso al poder de los organismos de protección. La futura ley de garantías del sistema de protección, al proponer un traspaso de la protección judicial a una administrativa sin fortalecer la exigibilidad de los derechos, podría empeorar la situación.
La defensa jurídica autónoma es esencial para el debido proceso. Sin ella, las garantías se vuelven meras declaraciones de buenas intenciones. La ausencia de un Abogado del Niño constituye una discriminación arbitraria, especialmente en decisiones tan cruciales como la permanencia o no con la familia. Los actuales curadores ad litem solo ofrecen una defensa formal.
Casos Emblemáticos: Lissette Villa y el Incendio de "Tiempo de Crecer"
La muerte de Lissette Villa en abril de 2016 en el centro Cread Galvarino evidenció las graves vulneraciones físicas y emocionales sufridas por niños en el sistema. Castigos, sobremedicación, golpes, contenciones desmedidas y abuso sexual eran prácticas habituales. El caso de Lissette, quien falleció tras una contención excesiva por parte de educadoras de trato directo, puso de manifiesto la normalización de la violencia y la falta de rendición de cuentas.
El trágico incendio de 2007 en el centro "Tiempo de Crecer", que cobró la vida de diez adolescentes, y la posterior sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2024, subrayaron la responsabilidad del Estado chileno en la vulneración de derechos fundamentales de jóvenes privados de libertad. Estos hechos, sumados a problemas estructurales como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones y la falta de atención médica adecuada, evidenciaron la sistematicidad de las violaciones.
Transformación y Desafíos Pendientes
En octubre de 2021, el Sename dejó de existir oficialmente, siendo reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Sin embargo, las denuncias de maltrato y vulneración continúan. Un video viralizado en marzo de 2024 de un niño llorando en la "Residencia Familiar Carlos Antúnez" reavivó el debate sobre las contenciones y la efectividad de los cambios implementados.
El Observatorio de Fundación para la Confianza reportó 1.182 niños fallecidos en residencias y programas ambulatorios del Sename hasta agosto de 2020, con datos disponibles desde 2005. Muchas de estas muertes son violentas y ocurren fuera de las residencias, pero la responsabilidad del Estado sobre el cuidado y protección persiste. La Comisión de Verdad y Niñez, creada tras la resolución de la CIDH, busca investigar violaciones a los derechos humanos y casos de abuso eclesiástico, aunque su continuidad se ve amenazada por recortes fiscales.
La precariedad de los recursos, la falta de personal idóneo y comprometido, y la tercerización de las políticas públicas son factores que perpetúan la crisis. La ausencia de un sistema de protección que garantice derechos, sanciones efectivas y un financiamiento adecuado dificulta la fiscalización y la rendición de cuentas de los operadores. La sociedad, por su parte, enfrenta el desafío de priorizar la protección de la infancia y adolescencia, asumiendo su responsabilidad colectiva.