El proceso de envejecimiento poblacional es una realidad global que Chile ha experimentado de manera acelerada en las últimas décadas. Este fenómeno plantea diversos desafíos y oportunidades, afectando desde la estructura demográfica hasta las necesidades de salud, sociales y laborales de una parte creciente de la ciudadanía. La atención a la población mayor, incluyendo la que se encuentra en situación de postración, se ha convertido en un eje fundamental de las políticas públicas y del bienestar social.
Radiografía Demográfica del Adulto Mayor en Chile
Crecimiento y Proyecciones de la Población Mayor
En Chile, las proyecciones realizadas sobre la base del Censo 2017 indican que el número de personas de 65 años y más en 2019 alcanzó los 2.260.222, lo que representaba el 11,9% del total de la población del país. La mayoría de esta población se distribuye en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío.
Para 2035, se prevé un importante aumento de este grupo etario, proyectándose 3.993.821 adultos, cifra que equivaldrá al 18,9% del total de la población. Las proyecciones indican que ese año todas las regiones evidenciarán un proceso creciente de envejecimiento poblacional. Además, todas, a excepción de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, tendrían una mayor proporción de población mayor de 65 años respecto de la población menor de 15 años. El envejecimiento sería más acentuado en las regiones de Ñuble, Valparaíso y Los Ríos, presentando un 24,6%, 22,2% y 22,0% de población mayor al final del período de proyección, respectivamente. Por comunas, 284 contarán con una mayor cantidad de población de 65 años o más respecto a la menor de 15 años.
Chile no ha sido la excepción en cuanto al progresivo aumento de personas mayores. En las últimas dos décadas, la población de 60 años y más aumentó de 1,3 a 3,6 millones, con un crecimiento anual del 5,8%. En 1992, la población de 60 años o más era de 1.311.699, representando un 9,5% del total. Treinta años después, en 2022, las personas mayores eran 3.598.554, lo que representa un 18,1% de la población. Es decir, las personas mayores aumentaron en un 174,3% en los últimos 30 años, significando un crecimiento anual del 5,8%.
Un estudio de 2015, "An Aging World", realizado por la Oficina del Censo de Estados Unidos, indicó que Chile está dentro de los países en los que la población ha envejecido más rápido: desde 1999 a 2041, el país triplicaría la cantidad de adultos mayores.
Adultos Mayores Extranjeros Residentes
Según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), a diciembre de 2019 se estimaba que había en el país un total de 42.308 adultos mayores extranjeros residentes habituales. Los extranjeros provenientes de Argentina son el colectivo más envejecido, es decir, son quienes tienen una mayor proporción de adultos mayores: un 5,7% de ellos tiene 65 años y más. De la población peruana que reside en el país, en cambio, un 3,0% son adultos mayores, porcentaje que llega al 2,9% entre los bolivianos, 1,7% entre los venezolanos, 1,4% entre los colombianos y 0,2% en el colectivo haitiano.
La Realidad de la Postración en Adultos Mayores
Cifras y Estimaciones de Personas Postradas
Al referirse al envejecimiento de la población en Chile, el entonces presidente Sebastián Piñera precisó que había más de 500 mil habitantes mayores de 80 años. Tras sumar la cantidad de adultos mayores que tienen más de esa edad, se descubrió que el total era de 470.756. En el mismo contexto, el presidente Piñera también dijo que existían 75 mil adultos postrados en el país.
La Encuesta Casen de 2013, por su parte, presentó que un 6% de la población de la cuarta edad o mayores de 80 años se encontraba bajo “dependencia severa”. En ese entonces, el número de personas de dicho rango etario era de 484 mil. Entrecruzando ambas cifras, da un total de 77 mil adultos mayores postrados. Ambas cifras, las de postración y la cantidad de adultos mayores de 80, “crecieron con rapidez y lo seguirán haciendo”, indicó el mandatario.
Un informe del Ministerio de Salud (Minsal) de 2009 arrojó que un 0,9% de los adultos mayores se encontraba postrado, cifra que equivalía a 14.732 personas.
Contexto Social y Laboral de la Tercera Edad
Participación Laboral y Condiciones de Empleo
Los adultos mayores son uno de los grupos de más riesgo frente al virus COVID-19 y, por ende, los que más deben cuidarse y a quienes más hay que proteger. Sin embargo, muchos de ellos permanecen activos laboralmente. Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE, en el trimestre octubre-diciembre de 2010 había 7.572.318 ocupados, de los cuales 332.687 (4,39% del total) tenían 65 años o más. De ese total, 321.015 tenían entre 65 y 69 años y una parte importante, 128.625, trabajaba en la Región Metropolitana. La mayoría de los ocupados de esas edades laboran como asalariados del sector privado (124.235 personas) o son trabajadores por cuenta propia (117.499 adultos).
Para el trimestre octubre-diciembre de 2019, el 6,28% del total de ocupados en el país pertenecía a ese tramo etario. De los 570.305 adultos mayores ocupados, 249.290 tenían 70 años y más. De ellos, 107.055 trabajaban en la Región Metropolitana, 130.235 eran trabajadores por cuenta propia y 61.802 asalariados del sector privado.
Para el mismo trimestre (octubre-diciembre 2019), la tasa de ocupación de adultos mayores fue del 24,8% (la del total a nivel país fue 58,6%), mientras que la tasa de desocupación para este grupo etario se situó en 2,7% (la del total nacional fue 7,1%).
Las condiciones laborales de este grupo etario no son del todo alentadoras, ya que la tasa de ocupación informal más alta se evidencia constantemente en el tramo de 65 años y más. En el trimestre octubre-diciembre 2019, la tasa se situó en 55,1% para los adultos mayores, con un incremento de 1,4 puntos porcentuales en doce meses.
Soledad y Aislamiento Social
De acuerdo con un reporte del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, en Chile, la soledad afecta al 49,2% de los adultos mayores y el 56% presenta un alto riesgo de aislamiento social. El estudio precisa que la soledad no deseada afecta al 49,2% de los adultos mayores, y el 55,5% presenta un alto riesgo de aislamiento social, mientras que un 30,7% experimenta ambos problemas simultáneamente.
El reporte recalca la importancia de distinguir entre la sensación de soledad -que es una percepción subjetiva de falta de compañía- y el aislamiento social, que implica una pérdida o ineficacia de las redes para brindar apoyo práctico. Los resultados de la Encuesta de Bienestar Social 2023 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia muestran que un 9,3% de la población mayor de 18 años se siente sola “siempre o casi siempre”, y un 25,4% lo experimenta “a veces”.
El aislamiento tiende a aumentar con la edad, alcanzando su punto más alto en el grupo de 80 años y más, con una prevalencia 14 puntos porcentuales mayor que en el grupo de 60 a 69 años. Tanto la experiencia de la soledad como el aislamiento social en las personas mayores están influenciadas por factores como el sexo, el estado civil, el nivel educativo, la convivencia y la percepción de salud.
En cuanto a la soledad, las mujeres reportan una mayor prevalencia; sin embargo, esto también depende de si viven acompañadas, tienen pareja o cómo evalúan su salud. Un 65,5% de los hombres sin pareja se siente solo, frente al 33% con pareja. Respecto de la cohabitación, un 65,1% de los hombres que viven solos experimenta soledad, frente a un 38,4% de quienes viven acompañados. Entre las mujeres, la tendencia es similar, aunque con una brecha menor: 60,7% de quienes viven solas reportan soledad, frente al 50,4% de las que viven acompañadas.
La salud también influye significativamente. En hombres, solo un 34,5% de quienes evalúan su salud como buena se siente solo, frente a más del 59% entre quienes la consideran regular o mala. Para las mujeres, estas cifras ascienden al 43,5% y 62,3%, respectivamente. El aislamiento también muestra tendencias similares: entre los hombres, la prevalencia de aislamiento es 9 puntos porcentuales mayor en quienes no tienen pareja (58,8%) en comparación con aquellos que sí la tienen (49,7%). Entre las mujeres que reportan buena salud, el riesgo de aislamiento es considerablemente menor que entre aquellas que perciben su salud como mala, con una diferencia de 14,8 puntos porcentuales.
En 1992, en Chile había 3.180.536 hogares, de los cuales 219.861 eran hogares unipersonales, representando el 6,9% del total. Los hogares unipersonales de personas mayores eran 114.508, equivalentes a un 52,1% del total de hogares unipersonales y un 3,6% del total de hogares en el país. En 2022, los hogares unipersonales compuestos por una persona de 80 años o más son 110.298, lo que representa el 20,8% de los hogares unipersonales de personas mayores. En 1992, los hogares unipersonales de mujeres mayores eran 72.840, lo que representaba el 63% del total de hogares unipersonales de personas mayores, mientras que los hogares de hombres mayores eran 42.424.
Impacto del COVID-19 en la Población Mayor
En este contexto de acelerado proceso de envejecimiento poblacional, el COVID-19 ha tenido un especial impacto en las personas mayores. La pandemia, a pesar de tener efectos directos o indirectos en toda la población, ha demostrado tener mayores consecuencias sobre ciertos grupos, denominados “grupos de riesgos por COVID-19”. De esta manera, para las instituciones que velan por el bienestar de las personas mayores, su protección se transformó en un desafío en materia de salud pública y de gestión social de grupos vulnerables.
Las personas mayores se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y, al 7 de noviembre de 2021, representaban un 14,4% del total de contagiados (Ministerio de Salud, 2021). Sin embargo, constituían cerca del 50% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% del total de defunciones.
La respuesta temprana a la pandemia comenzó a principios de marzo de 2020 con la cooperación de varios actores, como el Ministerio de Salud, la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología y las principales organizaciones sin fines de lucro. Con la coordinación del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), se conformó un grupo de trabajo para articular la implementación de medidas de prevención y control para las personas mayores.
Ante este escenario, el SENAMA impulsó una serie de articulaciones intersectoriales e interinstitucionales, a fin de implementar múltiples medidas para prevenir y mitigar los efectos del COVID-19, estableciendo una estrategia dirigida a las personas que residen en establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM) y a aquellas que, por razones de confinamiento, debían permanecer en sus hogares. Para la consolidación de la estrategia, se identificaron las principales características del problema de la pandemia en el contexto de los ELEAM, a partir de la experiencia internacional y de la realidad de estos establecimientos en el contexto nacional, que está marcada por una profunda heterogeneidad y altos niveles de vulnerabilidad.
Asimismo, se identificó la necesidad de profundizar en el componente sanitario de las residencias, de articular una estrategia colaborativa con diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, y de conformar nuevos equipos profesionales, tanto en términos de asignación de nuevas responsabilidades a los funcionarios existentes como de la incorporación de personal adicional. Por otra parte, se dispuso una estrategia con el objetivo de brindar acompañamiento a las personas mayores que necesitaran acceder a servicios de evaluación, tratamiento, curación o seguimiento en su domicilio, evitando que asistieran a los establecimientos de salud a fin de descongestionar estos centros y evitar posibles contagios de COVID-19.
Políticas Públicas y Apoyos para el Adulto Mayor
En este contexto, se volvió fundamental proteger y promover los derechos humanos, de modo de generar las condiciones para el ejercicio efectivo de estos derechos por parte de todas las personas y especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las personas mayores. El SENAMA, en su calidad de entidad a cargo de velar por el bienestar de las personas mayores y el respeto a los derechos humanos, ha trabajado para mejorar las condiciones estructurales del Estado para resguardar los derechos de este grupo de la población, así como para articular acciones ad hoc para el abordaje de los efectos del COVID-19.
Protección de Derechos y Buen Trato
- En 2018 se crea, en el marco de la estructura organizacional del SENAMA, la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, con el objetivo de promover los derechos humanos de las personas mayores, prevenir el maltrato y la vulneración de derechos, favoreciendo la coordinación psicosocial y el acceso a la justicia.
- En esta unidad se ejecuta el Programa Buen Trato al Adulto Mayor, que busca “contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores, a través de la prevención del maltrato que los afecta, la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación, con las redes regionales y locales”.
- A partir de 2019, se instala la figura del Defensor Mayor, abogados que atienden y brindan asesoría legal especializada a personas mayores o comunidades frente a situaciones de abuso, maltrato, violencia o vulneración de derechos.
- Un importante avance fue la creación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores del Poder Judicial, impulsado por el SENAMA junto con la Corte Suprema, siendo la primera vez que el poder judicial contempla específicamente a este grupo etario con un enfoque diferenciado.
- Desde finales de 2020, en el marco del Programa de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ofrece atención preferente y representación judicial gratuita y especializada a todas las personas mayores a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Hasta mayo de 2021, se realizaron casi 7.000 asesorías sociojurídicas, que dieron lugar al ingreso de 1.636 acciones judiciales a los Tribunales de Familia (el 97% de estas causas fueron por violencia intrafamiliar).
Servicios de Información y Apoyo
- Se elaboró la “Guía con los principales beneficios del Estado para las personas mayores” por el SENAMA, con el fin de resolver las brechas de información y la consecuente dificultad de acceso a los beneficios del Estado.
- Fono Mayor, uno de los canales de atención del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del SENAMA, es un espacio de atención y comunicación que permite a las personas entrar en contacto con el SENAMA y vincularse con otras reparticiones públicas.
- A consecuencia de la pandemia, el Fono Mayor Covid-19 se robusteció, permitiendo que entre enero y octubre de 2021 se atendieran 15.609 llamados, con una tasa de resolución del 90%. Esta herramienta ha permitido no solo garantizar información clara y oportuna, sino también abordar la salud mental de estas personas a través del acompañamiento psicológico y la prevención del suicidio. Para 2022, se prevé la incorporación de este canal de comunicación como parte de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato.
- Los servicios públicos que actualmente cuentan con atención preferente son el Registro Civil, Fonasa, ChileAtiende, BancoEstado, Correos de Chile, Sernac, Junaeb, entre otros.
Participación y Visibilización
- En 2021, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se elaboraron protocolos para la votación de personas mayores de forma preferente, abogando por días y horarios protegidos para este grupo etario y garantizando así las condiciones para su plena participación política y social.
- El SENAMA ha realizado diversos conversatorios con representantes de organizaciones de personas mayores, académicos y ministerios para considerar sus opiniones en la construcción de la hoja de ruta del Plan de Envejecimiento Chile 2021-2030.
- Se ha diseñado e implementado un mecanismo de seguimiento y monitoreo de los compromisos asumidos en el marco de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con un componente participativo.
- Se han elaborado campañas para generar un impacto positivo en la imagen que la sociedad tiene de las personas mayores y la mirada de las propias personas mayores sobre sí mismas. En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez (15 de junio), el SENAMA implementó la campaña denominada “La soledad no es un juego, haz tú el primer movimiento”.
- El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que 216.036 personas cuidadoras ya están identificadas oficialmente en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, logrando un crecimiento de cerca del 15% de la base. Este registro permite hacer visible y caracterizar a quienes ejercen labores de cuidado no remunerado. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha mandatado definir el cuidado como uno de los pilares de la protección social. El 86% de las personas cuidadoras son mujeres y tres de cada cuatro viven en hogares del 40% más vulnerable.
Evolución Educativa y Tecnológica
Este grupo de la población es muy diverso y cambiante. De acuerdo con los resultados históricos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), en 2006, las personas de 60 años y más tenían una escolaridad promedio de 6,5 años, mientras que en 2020 este promedio era de 9 años. El porcentaje de personas de 60 años y más con educación superior completa, en tanto, pasó del 6,2% al 13,8%, y el uso de Internet aumentó del 7,3% en 2006 al 31,5% en 2017.
Aproximadamente un 82% de las personas mayores no presenta dependencia funcional, un 27,7% sigue trabajando y un 35,5% participa en organizaciones de la sociedad civil (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018).
Desafíos Futuros
La pandemia ha dejado en evidencia varias situaciones a resolver, como la brecha digital de las personas mayores, la importancia de la inclusión tecnológica para la supervivencia en situaciones de crisis y el abordaje de la salud mental de las personas mayores, un ámbito en el cual se revelaron importantes afectaciones a consecuencia de las medidas de restricción de la movilidad. El abordaje intersectorial y las adaptaciones en los programas han abierto la oportunidad de repensar el papel del Estado en cuanto a las problemáticas de las personas mayores, comprendiendo nuevas necesidades y sumando actores en este desafío transversal.