En el marco del sistema previsional, la obtención de una pensión de invalidez es un proceso regulado que permite a los trabajadores acceder a un beneficio económico cuando su capacidad laboral se ve mermada por motivos físicos o intelectuales. Es fundamental comprender que este estatus no impide, por norma general, el ejercicio de actividades laborales.
Marco constitucional y legal de la invalidez
El artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República consagra el "derecho a la Seguridad Social", disponiendo que al Estado le corresponde garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes. La calificación como inválido y el grado de dicha condición debe ser definido por una Comisión Médica, la cual depende de la Superintendencia de Pensiones.
Existen dos categorías principales de invalidez según la pérdida de capacidad de trabajo:
- Invalidez Total: Para personas afiliadas con una pérdida de, al menos, dos tercios (66,6%) de su capacidad de trabajo. En este caso, la invalidez será definitiva.
- Invalidez Parcial: Para personas afiliadas con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior al 50% e inferior a dos tercios.
El primer dictamen de pensión de invalidez tiene un carácter transitorio y una duración de 3 años. Al terminar este periodo, se efectúa una reevaluación para determinar si la condición se mantiene, pudiendo ser confirmada y declarada definitiva o, en caso de presentar una pérdida menor al 50%, el afiliado retoma su condición de trabajador activo.
Compatibilidad entre pensión y trabajo
Una de las dudas más frecuentes es si una persona declarada inválida puede continuar trabajando. La respuesta es afirmativa: la ley no impone incompatibilidad entre recibir una pensión de invalidez y mantener un empleo. De hecho, el artículo 161 bis del Código del Trabajo establece explícitamente que la invalidez, total o parcial, no constituye una causa justa para el término del contrato de trabajo.
El trabajador pensionado por invalidez que decide continuar laborando mantiene las siguientes obligaciones y derechos:
- Está obligado a asistir a su puesto de trabajo y el empleador a pagar la remuneración convenida.
- Si el trabajador no asiste a sus funciones, el empleador no está obligado a remunerarlo, dado que la pensión no reemplaza la obligación de cumplir con la jornada laboral.
- El trabajador puede emplear su capacidad residual de trabajo.
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Subsidios por incapacidad laboral y licencias médicas
Existe una distinción técnica importante respecto a los beneficios económicos. Cuando una persona que hace uso de licencia médica obtiene su declaración de invalidez (conforme al D.L. N° 3.500), se pueden autorizar licencias médicas hasta el término de la que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen, sin que corresponda autorizar las posteriores por la misma causa.
Sin embargo, la intención del legislador, tras la reforma previsional (Ley N° 20.255), es permitir que un trabajador pensionado que vuelve a sus funciones tenga la posibilidad de recibir un subsidio por incapacidad laboral, siempre que la licencia sea por una enfermedad recuperable distinta a la que dio origen a la invalidez. Es decir, existe incompatibilidad solo cuando el subsidio se genera por las mismas causas que produjeron la invalidez original.
Consideraciones sobre el financiamiento y cotizaciones
El financiamiento de la pensión depende de si el afiliado tiene derecho al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Si cuenta con cobertura, la pensión es pagada por la AFP con cargo a la compañía de seguros contratada. En caso de que el pensionado desee seguir cotizando de manera voluntaria, dichos montos se integran a su cuenta de capitalización individual en la AFP donde se encuentre afiliado.