La gestión de recursos y la inversión destinada al Servicio Nacional de Menores (Sename) han sido objeto de intenso escrutinio y debate en Chile. Una sesión especial fue preparada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado con el objetivo de invitar a la entonces directora del Sename, Solange Huerta, para aclarar el trabajo de reinserción y rehabilitación de los menores infractores de ley en el sistema de Justicia Juvenil del organismo.
Detalle Presupuestario Semestral y Costo por Niño
El debate surgió a raíz de un informe presupuestario que el Sename envió al Senado, a través del Ministerio de Justicia, detallando el gasto promedio mensual destinado a cada niño. Durante un período de seis meses, el organismo invirtió un total de $23.102.214.977 en los centros con menores infractores de ley. Esta inversión cubrió a 13.055 niños, lo que se traduce en un gasto promedio mensual de $294.934 por cada menor atendido.
Disparidades en la Asignación de Fondos por Centro
Sin embargo, el presupuesto no se dividía en partes iguales entre los 29 centros de Justicia Juvenil del Sename, lo que evidenció importantes diferencias en la inversión. Por ejemplo, algunos recintos de internación provisoria (para cumplir una medida cautelar) y de régimen cerrado recibieron casi $170 mil mensuales por niño, como en el caso de Iquique, donde se atendían 793 menores.
En contraste, en Punta Arenas, con 34 internos, el promedio de gasto fue de $2.474.662 por cada uno. El documento advierte que el costo mensual no está relacionado únicamente con la cantidad de menores atendidos. En el centro de internación provisoria y régimen cerrado de Antofagasta, por ejemplo, se entregaron $911.882.701 para 866 atenciones durante el primer semestre, resultando en un promedio de $175.497 como costo mensual por menor. Sin embargo, el recinto de internación provisoria y régimen cerrado de Coronel ejecutó $1.696.880.303 para la atención de 477 menores, destinando así más dinero para un centro que atendió casi la mitad de casos que Antofagasta.
Composición del Gasto Presupuestario
Según la introducción del informe de la glosa presupuestaria, los gastos analizados entre enero y junio de 2017 consideran:
- Subtítulo 21: Correspondiente a sueldos, viáticos y honorarios.
- Subtítulo 22: Correspondiente a compras de bienes y servicios, incluyendo alimentación, mantenciones y consumos básicos.
- Subtítulo 29: Adquisiciones de activos no financieros, que consideran gastos en maquinarias y equipos, mobiliarios, y equipos y programas informáticos.
Críticas y Explicaciones sobre la Inversión
Felipe Harboe (PPD), presidente de la Comisión de Constitución del Senado, señaló que estas cifras "evidencia
El centro con el promedio más bajo de inversión por niño fue el establecimiento semicerrado La Cisterna, con un costo de $98.437 por atención mensual.
Desde el Sename explicaron que "no corresponde comparar centros que funcionan con modalidades distintas y que tienen objetivos diferentes". Argumentaron que los centros semicerrados, donde los adolescentes pernoctan pero asisten a colegios o talleres fuera, difieren de los centros de internación provisoria o de régimen cerrado, que cuentan con perímetro resguardado por Gendarmería y los jóvenes están privados de libertad, lo que implica mayores costos por alimentación, colegios y talleres internos. Respecto a las diferencias en el gasto por niño, señalaron que "independientemente de la cantidad de niños o adolescentes atendidos en los centros, hay costos fijos que deben cubrirse, tales como el pago de los funcionarios que trabajan en ellos, mantenciones de los edificios, etc. Por eso, hay casos de centros donde se atienden menos niños o adolescentes y el promedio de costo mensual es mayor".
El informe también considera el gasto en los centros destinados a la Protección de Derechos, específicamente en los 11 recintos de administración directa del Sename. En estos, el costo mensual por niño fue de $231.912. El Sename explicó que "los centros de protección atienden a niños y niñas por tramos de edad, y que debido a ello tienen necesidades diferentes por su alimentación y los cuidados específicos que requieren".
Marcelo Sánchez, gerente de Fundación San Carlos de Maipo, opinó que "es necesario definir de manera precisa si la diferencia de esas asignaciones está referida a un modelo de prestaciones diferenciadas, por ejemplo, si involucra una intervención terapéutica u otra que signifique duplicar el gasto por niño".
Problemas Estructurales y Denuncias sobre el Uso de Recursos
Un informe aprobado por la Cámara detalló "graves falencias" en el Sename, incluyendo los "escasos recursos con los que cuenta". Se propuso en la Comisión de Familia "casi cuadruplicar la subvención que el Estado le otorga a cada niño", argumentando que ese dinero es necesario para "trabajar con los niños más dañados y más frágiles de Chile", requiriendo psicólogos, psiquiatras, neurólogos, fonoaudiólogos y educadores.
Se ha criticado la inoperancia del Sename y el Poder Judicial chileno, con llamados a "auditar a todas las fundaciones y corporaciones que perciben plata del ministerio de justicia vía sename", ya que la Ley 20.032 les permite retener hasta el 10% del financiamiento, "lo que son miles de millones, con destinos inciertos". Estas prácticas podrían llevar a "contrataciones no idóneas, corrupción y malas prácticas administrativas". Además, se ha señalado que faltan "profesionales de calidad y comprometidos", y que los concursos públicos son percibidos como "un pituto político".
Una perspectiva crítica plantea que, mientras se invierten aproximadamente $200.000 mensuales en cada niño del Sename (aunque el promedio oficial era de $294.934), por cada persona privada de libertad se destinan $600.000 mensuales, sugiriendo que sería "más razonable invertir mucho más en nuestros niños".
Se ha cuestionado un estudio de UNICEF y CIPER, alegando que "se farrearon 200 millones realizando un proceso de investigación sin rigor metodológico e involucrando a algunas de sus funcionaria con evidentes conflictos de intereses."
Obligación Estatal y Presupuesto 2018
Se enfatiza que el Estado no puede usar la "falta de recursos" como excusa para la precariedad del sistema, ya que Chile, al adherirse a la Convención de los Derechos del Niño, "se obliga al Estado a destinar el máximo de los recursos" y a buscar cooperación internacional si estos no son suficientes. Rafael destaca que "todos los niños en el sistema residencial se encuentran bajo el cuidado legal del Estado y por eso es que debe exigírsele los máximos estándares de calidad".
El Presupuesto 2018 para el Sename consideró un gasto de $319.410 millones, lo que representó un incremento de 9,3% ($27.254 millones más) respecto al presupuesto anterior. Según cálculos de LyD, el 91% de las plazas de los centros residenciales son privadas, y el 95% de las atenciones son llevadas a cabo por organismos colaboradores, los cuales, sin embargo, reciben solo el 63% del presupuesto. El valor de la Unidad de Subvención Sename (USS) para 2017 fue de $15.480.
Un aspecto relevante del presupuesto es el incremento en el gasto en personal, destinándose casi el 30% de los recursos del Sename a los funcionarios.
Denuncias de Uso Inadecuado de Fondos y Llamados a Intervención
Bernardo Neira, presidente de la Federación de Trabajadores del Sename, advirtió sobre un "uso inadecuado de los dineros", afirmando que "se concentran recursos en las direcciones en desmedro de los recursos que deben llegar a cada niño". Denunció que grandes sumas de dinero llegan a empresas colaboradoras sin una "inversión real en los niños", sino para "pagarles a estos privados". Neira exigió "saber dónde está la inversión real en cada niño y niña" y describió la situación como "un escándalo que tenemos que develar", solicitando una "intervención urgente del servicio" para asegurar que los recursos se usen "de buena manera para proteger los derechos que decimos defender".
Desde la perspectiva de trabajadores, se defiende que "con los recursos que tienen con suerte hacen lo que debe", señalando que un niño en una residencia "no vive con más de 150 mil pesos al mes", cubriendo todas sus necesidades, incluyendo la contratación de profesionales, lo que resalta la "precariedad de recursos" y la falta de "personal suficiente". La critica se extiende al Poder Judicial, preguntando por qué no se permite que los niños puedan irse en adopción cuando son pequeños, evitando largas estadías en hogares.