La frase “No+ Sename” ha sido usada frecuentemente por organizaciones y personas que expresan su rechazo al Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile. Esta consigna manifiesta el deseo de poner fin a la desprotección, precariedad, discriminación, ausencia de salud mental y malos tratos que han sufrido niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Representa un profundo anhelo de mejorar los modelos de atención, la calidad de los programas, el diseño, la presencia territorial y la oferta intersectorial, especialmente en salud y educación, así como la institucionalidad, legislación y coordinación con los tribunales de justicia, exigiendo profesionales más especializados y un largo etcétera de cambios.
Orígenes y Contexto del Sename
El Sename fue creado en 1979, durante la dictadura, como parte del engranaje neoliberal. Fue presentado como una forma exitosa de enfrentar la "ineficacia e ineficiencia del Estado" en el ámbito social infantil. La implementación de este modelo redujo la acción estatal a su mínima expresión, basándose en sistemas de supervisión débiles y políticamente sometidos a poderes fácticos de ciertas instituciones colaboradoras. Esta situación mantuvo la lógica de "mercado social" para la atención de la infancia vulnerable, con "ofertas" de programas y metodologías de trabajo cuestionables de las Instituciones Privadas Colaboradoras del Sename, las cuales, en muchos casos, no cumplieron con las intenciones declaradas ni con los objetivos cualitativos propuestos.
Fundaciones de distinta naturaleza, con figuras connotadas del mundo social y político en sus directorios, lograron resguardar su existencia a pesar de sus pírricos logros y constantes "errores" y "negligencias". Antiguas Organizaciones No Gubernamentales que defendían los Derechos de niñas, niños y adolescentes se transformaron en Organizaciones Paragubernamentales (OPG) y sucumbieron a la Política de Infancia hegemónica neoliberal. Todo esto forma parte de una violación sistemática de derechos, cuyo sustento se encuentra en el modelo subsidiario consagrado constitucionalmente.
La Crisis y las Campañas de Acogimiento Familiar
La institución del Sename ha estado históricamente cargada de conflictos, incluyendo cuoteos políticos en cargos de diversa índole, tanto del gobierno actual como de los anteriores. Este contexto de "alzamiento popular" requiere una nueva mirada técnica y política que apunte a construir un nuevo vínculo entre ciudadanos e infancia, que el sistema constitucional no ha podido garantizar. El sistema debe reinventarse progresivamente en el corto plazo, rescatando la mirada crítica y la experiencia acumulada de los funcionarios. Para ello, se requiere pensar un nuevo Chile y una nueva Constitución que contribuya a garantizar una Política Social de Infancia plena de derechos, solvente en lo ético-doctrinario, con soporte político ciudadano, nuevas fortalezas técnicas y mecanismos de evaluación integrales e intersectoriales.
Frente a esta crisis, el Sename ha lanzado iniciativas como la campaña “Más familia, más amor”. Esta busca captar familias que puedan cuidar de manera transitoria a niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos, mientras se trabaja con sus familias de origen o se les encuentra una familia adoptiva. Esta modalidad, conocida también como FAE (Familia de Acogida Especializada), es fundamental para que los niños puedan permanecer en un entorno familiar, recibiendo estimulación y cuidados más personalizados, evitando la internación en centros del Sename. Una vez seleccionadas, las familias reciben formación en áreas como reparación del daño, pautas de crianza, técnicas básicas de manejo conductual y primeros auxilios. Los postulantes pasan por un proceso de evaluación, distinto al de adopción, y firman un compromiso que establece las condiciones de acogimiento.
La entonces directora del servicio, Susana Tonda, expresó la necesidad urgente de "miles" de familias de acogida, ya que lo ideal sería que cada uno de los más de 4 mil niños, niñas y adolescentes que permanecen en residencias estuvieran en una familia de acogida.
Denuncias, Investigaciones y Desafíos del Sistema
A pesar de las campañas y promesas como el eslogan "Los niños primero" del gobierno de Sebastián Piñera, la institución sigue en problemas. Susana Tonda, ex directora del servicio, renunció argumentando falta de respaldo del ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Crisis Recientes y Querellas
- El 28 de abril, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, presentó una querella por explotación sexual comercial de niños en el hogar Nido de Hualpén.
- Radio Bío Bío informó que el Sename suscribió un acuerdo con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para el traspaso de información sobre los niños que alberga la institución, en medio de una campaña de criminalización de la protesta social.
Fuentes del Sename han señalado que, administrativamente, el organismo atraviesa un momento de luces y sombras. Por un lado, se ha visto un camino positivo con el cierre de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) para ser reemplazados por Residencias Familiares, donde los niños pasaron de dormir en habitaciones con camarotes a tener piezas individuales. No obstante, la institución sigue cargada de conflictos, incluyendo cuoteos políticos en cargos de distinta índole, tanto del gobierno actual como de los anteriores.
Reportajes 24: Sename, el infierno infantil | 24 Horas TVN Chile
Informe de la PDI y Cuestionamientos
El diputado René Saffirio (Independiente), quien lideró investigaciones sobre la crisis histórica del Sename, criticó el rumbo del gobierno de Sebastián Piñera. En diciembre de 2018, la Fuerza de Tarea del Sename de la Policía de Investigaciones (PDI) entregó un informe de 270 páginas al fiscal nacional, Jorge Abbott; al ministro de Justicia, Hernán Larraín; y a la directora del Sename, Susana Tonda. Las conclusiones de este informe, que investigó 241 centros, fueron alarmantes:
- El 92% no cumple con los estándares exigidos por el propio Sename.
- El 88% de las residencias cometen actos que implican vulneración de derechos de los niños.
- En el 100% de los centros ha habido acciones permanentes y sistemáticas que lesionan los derechos de los niños, respondiendo a maltrato intrarresidencial, cometido por trabajadores del Sename.
- El 59% de los abusos cometidos contra los niños fueron perpetrados por funcionarios de los centros.
- El 66% del personal que trabaja de día en los centros no es idóneo, porcentaje que aumenta al 84% para el personal nocturno.
Saffirio lamentó que, un año y medio después de este informe, ni el ministro de Justicia ni el fiscal nacional hubieran tomado acciones. La renuncia de Susana Tonda, según el diputado, carece de importancia, ya que, históricamente, las renuncias de directores del Sename no han resuelto la vulneración de derechos. El problema, a su juicio, es que "izquierda, centro y derecha tienen las manos metidas en los recursos del Sename", que ascienden a más de 400 mil millones de pesos al año entre subvenciones y programas ejecutados por organismos colaboradores, donde hay redes de partidos políticos, iglesias y organismos gubernamentales.
El diputado Saffirio destacó que Chile tiene entre 6 y 7 mil niños bajo el sistema de protección, una cifra manejable para que el Estado pueda financiar "lo mejor de lo mejor" para ellos. Además, señaló que el 50% de las personas en las cárceles chilenas pasaron por un servicio del Sename, lo que indica que el sistema está funcionando "totalmente mal" y está siendo una "preparación para la vida criminal".
Avances y Retrocesos Legislativos
Respecto a los avances legislativos, el diputado Saffirio mencionó lo siguiente:
- Un proyecto de ley de garantías de derechos de niñas y niños en Chile, que inicialmente buscaba "garantizar" derechos, fue modificado en el Senado por una indicación del gobierno para "promoverlos", transformándolo en "un poema a los niños vulnerados; nada".
- La ley de adopción, que permitía las adopciones homoparentales, fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero el gobierno le quitó la urgencia en el Senado, dejándola paralizada.
- Los proyectos de creación de dos nuevos servicios (Servicio de Protección de la Infancia y Servicio de Responsabilidad Adolescente) ya están aprobados en el Senado, pero "ninguno cambia el régimen de financiamiento", por lo que "esto seguirá siendo un negocio".
El diputado criticó que la preocupación de este gobierno, y los anteriores, se centra en el tema de la subvención, señalando un proyecto que aumentó en 10 mil millones de pesos las subvenciones para los mismos organismos denunciados por el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Investigación del Poder Judicial y Unicef
Una investigación realizada por el Poder Judicial y Unicef sobre las condiciones de vida de 15.000 niños supuestamente protegidos por el Estado, reveló la presencia extendida de abuso sexual y violencia. Cada vulneración de derechos detectada en ese informe está ligada a un fallo de los organismos que deben proteger a esos niños: el Sename y el Poder Judicial.
Ya en 2011, el Sename realizó una encuesta a 4.000 niños del sistema residencial. Más de 200 niños reportaron haber sido tocados en sus genitales y más de 150 dijeron haber sido obligados a tocar partes íntimas de otras personas. Estos datos no se tradujeron en denuncias a la fiscalía de manera significativa.
La Comisión Jeldres y sus Hallazgos
La investigación de Unicef y el Poder Judicial, encabezada por la jueza Mónica Jeldres e integrada por magistradas de tribunales de familia y la doctora en derecho Paulina Gómez, abordó las condiciones de vida de 6.500 niños en 10 regiones e identificó nudos críticos:
- Presencia constante de abuso sexual, a veces cometido por los propios guardadores, pero en su mayoría por otros jóvenes internos. Por ejemplo, en las Aldeas Infantiles SOS, un 10% de los niños bajo su cuidado participaron en algún tipo de abuso sexual.
- Presencia masiva de violencia física y verbal por parte de guardadores o niños mayores.
- Castigos como el encierro o dejar a los menores sin comer.
La Comisión Jeldres identificó:
- 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños;
- 45 hogares con datos de violencia entre menores;
- Nueve hogares con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño;
- 10 hogares con datos de abuso sexual entre niños internos.
A fines de 2012, el informe de la Comisión Jeldres fue intervenido por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. La jueza Jeldres renunció, y el informe fue cuestionado metodológicamente y, según algunos, "olvidado". El Poder Judicial fue criticado por intentar mantener en reserva los resultados y por no investigar los antecedentes constitutivos de delito que la investigación revelaba. Se argumentó que la no difusión buscaba proteger la identidad de los niños y evitar la alarma pública.
Fallos Institucionales y Lógica Judicial
La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, criticó la lógica institucional que lleva a los jueces a no preocuparse por la suerte de los niños que ingresan al sistema de protección. Cuando un juez envía a un niño a un hogar por ser víctima de violencia, suele cerrar la causa, como si el problema se hubiera solucionado. Sin embargo, la internación no es una solución, sino un lugar de paso para apoyar a la familia o buscar una nueva. Esta práctica afecta las estadísticas de causas terminadas y las metas de gestión del Poder Judicial, establecidas por la Comisión Interinstitucional (Ministerio de Justicia, Corte Suprema y Ministerio de Hacienda), que exigen que el 85% de las causas estén terminadas en un plazo de 120 días. Esto provoca el cierre de causas de protección y violencia intrafamiliar sin siquiera abrir juicio, afectando gravemente a personas sin recursos que acuden sin abogado.
Gómez enfatizó que los jueces están obligados a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, según los convenios internacionales ratificados por Chile. Si un niño necesita atención psiquiátrica, el juez debe ordenarla, y el sistema debe responder, generando los recursos necesarios. En caso de incumplimiento de la autoridad, se debería decretar el pago de una multa o el arresto. Estas directrices eran transmitidas en las "jornadas de transferencia técnica" de la Comisión Jeldres, que fueron suspendidas tras la intervención del ministro Carreño.
El diputado Ricardo Rincón profundizó las críticas, afirmando que la Comisión Jeldres actuó bajo una doctrina apegada a la Convención de los Derechos de los Niños, lo que "no agradó" a la Corte Suprema. Ejemplificó con casos de la Región de O’Higgins, donde la acción judicial marcó la diferencia en la atención a niños vulnerados.
La Reacción Tardía del SENAME
Rolando Melo, entonces director del Sename, recibió los datos de la Comisión Jeldres en marzo. Sin embargo, no fue hasta la publicación de un reportaje de CIPER que los hechos fueron canalizados a través de un fiscal. Melo y Angélica Marín, jefa del departamento de Protección de Derechos del Sename, argumentaron que, al no identificar la encuesta de Unicef a los niños, el trabajo para protegerlos fue "a oscuras". Esta crítica es contradictoria, ya que la encuesta de Unicef es una continuación de otra realizada en 2011 por el propio Sename con las mismas características de anonimato, en la que surgieron más de 200 casos de abuso sexual.
Aunque el Sename distribuyó circulares para establecer procedimientos ante maltrato o delitos, la implementación fue ineficaz. La institución que dirigía Melo no manejaba cifras sobre cuántas denuncias llegaron a tribunales por parte de sus propios funcionarios o colaboradores acreditados. Unicef reconoció que el mecanismo de la encuesta podía mejorarse, pero señaló que esta no se diseñó para recoger denuncias específicas, y las situaciones de vulneración en la red eran mucho más amplias que los casos puntuales detectados.
La lentitud e ineficacia del Sename también fue consignada por la Comisión Jeldres en Arica, donde denunció la situación de dos hogares que, seis meses antes, habían sido visitados por una comisión del Ministerio de Justicia con un duro informe, sin que se tomaran acciones efectivas.
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Propuestas de Reforma y la Postura de la Oposición
La iniciativa ejecutiva busca crear dos nuevos servicios: el de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y el de Responsabilidad Adolescente. Sin embargo, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, ve con recelo esta propuesta, ya que "se continúa con la lógica de que sean los mismos privados, sujetos ahora a otros sistemas de certificación y acreditación, los que continúen administrando el sistema". También preocupa que esta ley avance sin una Ley de Garantía que ordene todo el sistema y cree una institucionalidad a nivel local.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la vocera Mara Sedini, garantizaron que no se tocarán beneficios sociales, argumentando que los ajustes responden a criterios de eficiencia para hacer el Estado más eficiente y que los programas funcionen correctamente. Sin embargo, la diputada Ana María Gazmuri expresó su indignación por el recorte de más de 32 mil millones en el Ministerio de Desarrollo Social, afectando principalmente al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
La "campaña No + Sename" no se trata solo de la eliminación de un servicio, sino de un profundo deseo de mejorar los modelos de atención, la calidad de los programas, el diseño, la presencia territorial y la oferta intersectorial, la institucionalidad, la legislación, la coordinación con los tribunales de justicia y la presencia de profesionales más especializados. Es una tarea compartida que debe involucrar a la sociedad civil para lograr una instalación satisfactoria de las residencias familiares y un sistema de protección que realmente garantice los derechos de la infancia.