En Chile, se ha observado una alta vulneración de los derechos del niño, siendo el Servicio Nacional de Menores (Sename) una de las instituciones a cargo de su atención durante décadas. Sin embargo, una serie de denuncias e investigaciones revelaron profundas fallas en su sistema de protección, dando lugar a la creación de nuevas instituciones y al desarrollo de campañas cruciales contra el maltrato infantil.
Contexto Histórico y Crisis Institucional del Sename
El Servicio Nacional de Menores (Sename), institución fundada en Chile durante la dictadura, estuvo a cargo de articular la red de protección de niñas y niños por vulneración de derechos desde 1979 hasta el 2022. El cese de estas funciones fue resultado de una larga trayectoria de denuncias que, iniciadas en el 2013 y sostenidas a lo largo de los años, revelaron cómo el organismo instruido por el Estado para proteger a la niñez fue lugar de diversas prácticas de violencia institucional.
El Caso Lissette Villa y la Investigación de la PDI
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y provocó que la PDI realizara una investigación exhaustiva en 2017. Esta investigación, solicitada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indagaba sobre las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette, se extendió a 240 hogares de menores.
El informe de la PDI, que el CIPER accedió a través de un documento de 257 páginas, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Los hallazgos fueron alarmantes:
- En el 100% de los centros que administra directamente el Sename se constataron "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
- En el 88% de los centros gestionados por particulares también se encontraron vulneraciones.
- En total, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual.
El desglose de estas vulneraciones graves de derechos fue el siguiente:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos (92 en hogares colaboradores, 21 en Cread, 10 en otros centros).
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores (la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes, 62% del total).
Fallas en los Protocolos y la Fiscalización
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados en esta área fueron aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa", lo que sugiere una falta de transparencia y efectividad. Además, si bien los tribunales de familia deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Condiciones de Salud y Personal Inadecuado
El reporte de la PDI reveló una dramática situación en cuanto a la salud mental y física de los residentes:
- El 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica.
- El 14,2% presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica.
- El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital.
- Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
La carencia de personal cualificado es notable: 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros, la función la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Más grave aún, en 159 centros (el 66,3% del total), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud", un cargo para el que solo se exige cuarto medio rendido. Esta situación se agrava considerando que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Reacción Política y Transición hacia Mejor Niñez
La polémica desatada en la opinión pública tras los informes (Comisión de Familia, 2013; INDH, 2017; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017; Sename, 2014; Sename, 2017), las investigaciones periodísticas (Albert, 2016; Jeldres, 2016) y la protesta ciudadana en contra del Sename tras el estallido social del 18 de octubre del 2019, pusieron en duda la capacidad de protección de la infancia por parte del organismo y del Estado.
Frente a esta crisis, se establece la creación del Organismo de Capacitación y Evaluación del Personal del SENAME (OCEP-SENAME) como entidad encargada de desarrollar programas de capacitación, formación y perfeccionamiento para los trabajadores del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile, financiado con recursos del presupuesto asignado al Sename. Posteriormente, Mejor Niñez inicia su misión de protección con tres desafíos: trascender la denuncia y profundizar en las condiciones de emergencia que hacen posible la violencia institucional, involucrar a los equipos que implementan la política en este diagnóstico y plantear líneas de prevención que consigan desarticular esta violencia.
Sename realizó el traspaso oficial al nuevo Servicio Mejor Niñez
Comprendiendo la Violencia Institucional
La violencia institucional se entiende como aquellas prácticas estructurales de violación de derechos realizada por funcionarios públicos (Ginga & Campana, 2018), quienes cometen abuso, negligencia, deterioro en la salud, bienestar físico o emocional a través de programas o procedimientos (Martínez & Sánchez, citados en Salamanca, 2018). Dichas prácticas implican la regulación de un vínculo en un lugar de vulnerabilidad (Viscardi, 2019); pueden ser individuales o colectivas, organizadas o espontáneas, ritualizadas o rutinizadas, legales o ilegales, intencionales o no intencionales (Ginga & Campana, 2018) por acción u omisión, directa o indirecta (Ávila et al., 2020) o tener diferentes grados de intensidad punitiva y lesividad (Ortega-Senet et al., 2021).
La violencia institucional también remite a la cuestión del poder. Siguiendo a Foucault (1979), esta se produce cuando un grupo social o un individuo bloquean un campo de relaciones de poder, ello instala estados de dominación, se obstaculiza la activación de estrategias que modifiquen tales relaciones y las resistencias se inmovilizan. En este sentido, las instituciones, agencias y organismos, como grupo social, y sus prácticas (políticas, programas o intervenciones) bloquearían un campo de relaciones de poder, instalando estados de dominación, pues las instituciones interferirían en la activación de estrategias que modificaran tales relaciones y movilizaran resistencias.
Líneas de Investigación sobre Prácticas Abusivas
Dentro de las líneas de estudio enfocadas en comprender las prácticas institucionales abusivas, se destacan varias perspectivas:
- Calidad insuficiente de cuidados residenciales: Esta línea sugiere que factores como el gran tamaño de los establecimientos, la falta de especialización y el cuidado por parte de los encargados (alta rotación), así como la infraestructura y las condiciones despersonalizantes, contribuyen a las vulneraciones (Defensoría de la Niñez, 2021).
- Contextos de emergencia o control: Apela a que situaciones como la emergencia sanitaria o de excepción pueden justificar y mantener intervenciones represivas (Corvalán et al., 2021).
- Marcos de intervención-gestión del Estado: Esta línea apunta a lógicas como el laissez faire (Tolentino-Toro, 2015), la impunidad jurídica, la ausencia de control político, la tolerancia a ciertos ilegalismos, la dominación legal y coercitiva (Barna, 2014, citado en Maldonado et al., 2020), o la gestión de una niñez al margen y peligrosa (Voltarelli et al., 2018, citado en Maldonado et al., 2020).
- Repertorios de sentido que enmarcan la relación Estado-infancia: Se plantea la permanencia del paradigma tutelar con intervenciones de control o represión y un marcado predominio judicial (Cirello Buño, citado en Leguizamón, 2018). También se incluyen visiones acerca de este grupo poblacional, como los imaginarios del Estado sobre la niñez en el sistema de protección, que refuerzan identidades estigmatizantes y sin agencia (Orleans, 2021), problemáticas y vulnerables (Guemureman et al., 2010, citado en Ávila et al., 2020).
Metodología de Investigación sobre la Violencia Institucional en Sename
Para abordar la urgencia de comprender la complejidad del sistema y sus prácticas abusivas, se desarrolló un diseño cualitativo, descriptivo y exploratorio. Se seleccionaron profesionales del área de protección de derechos, que constituye el 78% de la oferta programática del Sename (2012), y de programas ambulatorios, dado que el 48,8% del total de NNA ingresa a esta línea, la cual contiene intervenciones especializadas en violencia, principal causa de ingreso al sistema y a los Organismos Colaboradores de la Región Metropolitana (Sename, 2021).
- Participantes: Mediante la técnica de bola de nieve, se convocó a quince profesionales: diez del área de psicología y cinco de trabajo social de diferentes programas ambulatorios de las comunas de Lo Espejo, La Pintana, Santiago, Recoleta, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Renca y Cerro Navia.
- Recolección de datos: Se realizaron quince entrevistas en profundidad y semiestructuradas individuales entre noviembre de 2016 y octubre de 2019, con firma de documentos de asentimiento y consentimiento informado. La entrevista fue previamente validada por tres expertos altamente calificados en el campo.
- Análisis de la información: Las entrevistas fueron codificadas y analizadas siguiendo el enfoque de análisis de contenido categorial propuesto por Vázquez (1994). Se realizó un preanálisis secuencial, se codificó el texto en unidades de registro y contexto, y se catalogaron unidades según afinidad de significados para definir categorías y subcategorías.
- Calidad de los datos: Se llevó a cabo la triangulación metodológica mediante el análisis integrado y crítico de los datos obtenidos de informantes clave, el marco teórico y a partir de las discusiones con pares de la academia.
Los resultados se organizaron en tres categorías temáticas inductivas: lógicas de intervención (modos de entender la intervención en protección), esquema relacional (modo que asumen las interacciones entre agentes participantes de la intervención) y prácticas de intervención (características que asumen las prácticas de intervención). Según los participantes, el Sename concibe la problemática y la implementación de la intervención a partir de, al menos, dos lógicas: una economicista y otra de estandarización. La perspectiva economicista prioriza la reducción del gasto, lo que se expresa en la frase "caso atendido, caso pagado", condicionando la protección a la cobertura de los programas.
Campañas de Concientización y Prevención del Maltrato Infantil
La protección de los derechos de los niños es una responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto, y diversas iniciativas han surgido para abordar la problemática del maltrato infantil.
Campaña #Cuídame: Prevención en Cuarentena
Bajo el eslogan "Si puedes verlo, puedes evitarlo", se lanzó la campaña #Cuídame, una iniciativa liderada por el Centro de Investigación del Abuso y la Adversidad Temprana (CUIDA), la Fundación para la Confianza, con el apoyo de la Agencia Leche y el patrocinio del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión (MIDAP). Con un slogan claro, mensajes positivos y una propuesta colorida y alegre, la campaña tiene como objetivos:
- Concientizar, educar y empoderar a niños, niñas y adolescentes (NNA) y a adultos para reconocer situaciones de vulneración de derechos, previniendo así el maltrato y abuso infantil, especialmente en cuarentena.
- Ofrecer ayuda a través de material audiovisual y psicoeducativo para madres, padres, cuidadores y NNA.
- Fomentar el uso de las redes existentes de ayuda y denuncia de maltrato, a través de la entrega de información sobre estas.
La directora académica de CUIDA, María Pía Santelices, señala que la pandemia significó un mayor riesgo para los NNA debido a la limitación de redes de apoyo, la reducción de espacios de esparcimiento familiar y la aparición de nuevos estresores para los cuidadores. Subraya la importancia de "escuchar lo que los niños y niñas nos quieren decir, no solo con sus palabras, sino con sus actitudes, sus dibujos o su comportamiento en general", reconociendo que el estrés en adultos dificulta la lectura de estas señales.
Sename realizó el traspaso oficial al nuevo Servicio Mejor Niñez
Iniciativas Regionales de Buen Trato
Autoridades de la Región del Biobío, incluyendo al intendente Sergio Giacaman y a los seremis de Justicia y DDHH y de Desarrollo Social y Familia, realizaron una jornada de difusión y un llamado a la comunidad a utilizar los números de denuncia por maltrato y abuso sexual infantil. Esta difusión surge en el marco de actividades preparadas para el mes de la infancia, bajo el eslogan “Este mes regalemos Buen Trato”.
En la Región de Coquimbo, durante 2018, el Servicio Nacional de Menores atendió a 5.504 niños ingresados por causas de maltrato. Frente a esta realidad, surgió la iniciativa de difundir el buen trato que respeta la dignidad emocional y psicológica de niños y niñas. La Mesa Contra el Maltrato Infantil y la Explotación Sexual busca "concientizar a la población sobre la importancia de un buen trato para los niños y niñas".