La Reforma Educacional y el Compromiso de Gratuidad
La reforma educacional fue un tema central en la cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet en 2016, quien resaltó que este cambio "está en marcha". La mandataria enfatizó que se trata de "una de las transformaciones más profundas en décadas al sistema educacional, comparable con la reforma de los años 20, que garantizó seis años de educación obligatoria; o la reforma de los 60, que la amplió a ocho años y garantizó el acceso a todos y todas a las escuelas". Este esfuerzo se enmarca en un contexto donde, tras las reformas privatizadoras emprendidas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en Chile no existía la posibilidad de estudiar gratis a nivel universitario.
Inicialmente, el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet se había comprometido a instalar la gratuidad en educación superior para el 70% más vulnerable de la población. Sin embargo, en su discurso, reconoció que no sería posible cumplir este compromiso en los plazos originalmente previstos, afirmando que "el año 2018 habremos ampliado la gratuidad hasta el sexto decil y luego la ley fijará los mecanismos para avanzar en cubrir los deciles restantes". Las condiciones de esta progresión, explicó, "quedarán establecidas explícitamente en la ley".
Detalles y Proyecciones de la Medida
La Presidenta Michelle Bachelet anunció en 2016 la gratuidad para el 60% de los estudiantes más pobres de la educación superior a partir de ese año, como parte de una reforma educativa. Esta medida, realizada en su segunda comparecencia pública ante el Congreso en Valparaíso, buscaba responder a la demanda histórica de miles de estudiantes por una educación pública, gratuita y de calidad. A partir de 2016, se aseguró que el 60% más vulnerable que asistiera a Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), accedería a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Se estimó que esto beneficiaría a casi 264 mil jóvenes.
La mandataria afirmó que esta medida era coherente con su programa de gobierno y que seguirían avanzando decididamente hacia la gratuidad universal. Proyectó que hacia el fin de su presidencia, en el 2018, el 70% del grupo más vulnerable de estudiantes gozaría de gratuidad, con el objetivo de llegar al 100% de la matrícula en el 2020. Para 2017, el aumento de la cobertura se centraría en los institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro y acreditados por cuatro años, para estudiantes de los primeros cinco deciles de ingresos.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que estas decisiones eran "gatillos de la economía", y señaló que en el proyecto de ley de reforma a la educación superior se establecería cómo se avanzaría hacia nuevos deciles. En términos de inversión, el economista de Clapes UC, Carlos Williamson, detalló que los 125 mil estudiantes ya beneficiados con gratuidad implicaron una inversión de $90 mil millones (US$ 150 millones). Para el año siguiente, se estimaba agregar recursos para unos 55 mil alumnos de IP y CFT, y al sumar el sexto decil en las 30 universidades ya incluidas, se añadirían otros 120 mil estudiantes, demandando al menos $90 mil millones extras.
Gratuidad en educación superior
Voces Críticas y Desafíos de la Implementación
Incompletitud y Discriminación de la Cobertura
A pesar del anuncio, las exigencias dejaban fuera a, al menos, 425 mil alumnos de educación superior que estaban dentro del 60% más vulnerable del país, según un estudio de Acción Educar y Gonzalo Vargas, presidente de la agrupación Vertebral. Esta cifra se desglosaba en 175 mil alumnos vulnerables que estudiaban en universidades privadas no pertenecientes al CRUCh, y otros 250 mil matriculados en IP y CFT que no cumplían los requisitos, lo que implicaba que el 62% de los estudiantes de menores recursos quedaría fuera del beneficio.
Gonzalo Vargas señaló que "esta medida no apunta a mejorar las condiciones de los estudiantes en función del mérito y sus condiciones socioeconómicas, dejando fuera a la gran mayoría de los estudiantes de educación superior del país". El mismo día del anuncio presidencial, rectores de varias universidades privadas también criticaron la medida. José Rodríguez, rector de la Universidad Andrés Bello, sostuvo que "dejar fuera a miles de jóvenes solo por estar estudiando en una universidad creada después de 1981 me parece un despropósito y, claramente, una discriminación". José Antonio Guzmán, de la Universidad de los Andes, consideró "incomprensible que se limite la medida a las instituciones del CRUCh", pues "se discrimina a los estudiantes más pobres al negarles el acceso a algunas instituciones de calidad". Por su parte, Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, añadió que la medida "está fuera de la realidad, porque deja fuera a la mayoría de los universitarios chilenos, que tienen las mismas características de los que están en las instituciones privilegiadas". Andrés Benítez, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, expresó que si hubiera tenido que elegir a quién beneficiar, "no hubiera sido por institución, sino por niveles de pobreza".
Cuestionamientos a los Criterios de Asignación y Calidad
Especialistas del Centro de Estudios Públicos (CEP), Libertad y Desarrollo (LyD), y Acción Educar coincidieron en sus críticas a la iniciativa, argumentando que discrimina a estudiantes con la misma condición socioeconómica y no se enfoca en la calidad. Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, calificó la medida de "profunda discriminación", afirmando que el criterio para aplicar la gratuidad estaba equivocado al no respetar la elección de los jóvenes, sino a quienes optaron por un grupo específico de universidades sin elementos objetivos que justificaran esa distinción. Además, advirtió que el financiamiento a través de las instituciones, en lugar de becas y créditos, podría alterar la calidad y diversidad del sistema educativo, generando frenos al desarrollo y homogeneización.
María Paz Arzola, investigadora de LyD, argumentó que las universidades estatales, en promedio, tenían un menor número de publicaciones ISI y un promedio de años de acreditación inferior en comparación con las universidades privadas del CRUCh y otras adscritas a la PSU. Señaló que "lo más lógico es que el criterio de asignación de recursos sea la necesidad del alumno" y que "discriminar por tipo de institución es una mala forma de aproximarse a los alumnos que requieren más ayuda, y a las instituciones de buena calidad", lo cual, a su juicio, contradecía el discurso gubernamental de inclusión y equidad.
Sylvia Eyzaguirre, especialista del CEP, cuestionó que el criterio para entregar las ayudas no estableciera la calidad de las instituciones y expresó dudas sobre cómo se fijarían los aranceles y las condiciones del convenio. Sostuvo que "serán discriminados ciertos estudiantes por criterios históricos y no por la calidad de las instituciones", y que el apoyo del Estado debería ser para instituciones acreditadas y de calidad, "independiente si pertenecen o no al CRUCh".
Perspectivas Políticas y Económicas
El senador de la DC y presidente de la Comisión del Senado de la Cámara Alta, Ignacio Walker, valoró que "lo que ha hecho la Presidenta es sincerar las cosas", viendo en ello una "dosis de realismo" que permite entender la gratuidad como "un proceso más que como una meta". También resaltó la incorporación de CFT e IP al beneficio. No obstante, el anuncio de la Presidenta no fue bien recibido por la diputada comunista Camila Vallejo, quien afirmó que "no creemos que los derechos sociales fundamentales tengan que depender de la situación macroeconómica de un país", y cuestionó si la mala situación económica implicaría la supresión de derechos como la gratuidad o la salud. Vallejo se mostró disponible para discutir mecanismos que permitan avanzar al 100% de gratuidad, sugiriendo una redistribución de recursos de las Fuerzas Armadas.
El rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, opinó que el tope de gratuidad en el sexto decil "es reflejo de la situación económica", y aunque lamentó que no se pudiera progresar hacia más grupos, lo consideró una "muestra de austeridad y seriedad fiscal que permitirá dar pasos seguros". La economista de la U. Diego Portales, Claudia Sanhueza, advirtió que esta situación "pone en duda la gratuidad universal, porque si ahora no están los recursos para avanzar más, no sé de qué manera se puede dibujar el avance hacia el ciento por ciento de gratuidad". Por su parte, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, planteó que la gratuidad, tal como estaba diseñada, "genera fuertes déficits en las instituciones", y que de no resolverse, sería improbable la incorporación de nuevos planteles. El diputado Jaime Bellolio (UDI) sostuvo que el discurso presidencial "sincera cifras", dando a entender que la gratuidad sería por glosa y que se incorporarían IP y CFT que el gobierno había excluido tras un fallo del Tribunal Constitucional. Finalmente, el director de Política Educativa de Educación 2020, Manuel Sepúlveda, añadió que "antes de comprometer una meta en torno a la gratuidad", era más importante "tener las reglas del juego para la reforma, modificar institucionalidad, regulación y acceso", y que era necesario "cambiar las prioridades en ese sentido".
La Desinformación como Barrera de Acceso
Un desafío adicional en la implementación de la gratuidad en Chile es la desinformación entre los estudiantes vulnerables. En una conversación con Hoy Es Noticia, Camila Riquelme, directora de la Escuela de Formación de Corp. Formando Chile, se refirió a una encuesta que reveló que el 57% de los jóvenes más vulnerables del país desconocía los requisitos para acceder a la gratuidad. Riquelme señaló que "es algo grave y que nosotros buscamos visibilizar como problemática porque al final la gratuidad y estos beneficios estatales están hechos para este tipo de estudiantes, para este perfil de estudiantes y son ellos los que no están accediendo por desinformación".
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