La llegada del invierno expone a las personas en situación de calle a riesgos extremos, aumentando su vulnerabilidad ante las bajas temperaturas, enfermedades e incluso la muerte. Las cifras oficiales y las estimaciones de las organizaciones sociales revelan una problemática profunda que requiere soluciones habitacionales urgentes y un compromiso social y político mayor.
Muertes y estimaciones: la cruda realidad
La semana pasada, los medios reportaron cuatro muertes de personas en situación de calle, atribuidas a la conjunción de una borrasca y la falta de recursos asistenciales. Estos trágicos sucesos son solo la punta del iceberg, ya que según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 5 y el 11 de enero fallecieron 384 personas por frío. Desde el 1 de diciembre de 2025, las bajas temperaturas han causado 879 muertes, y en los últimos cinco inviernos, la cifra asciende a 10.718 decesos, sin contar la estación en curso.
Gema Castilla, directora de comunicación de la ONG Hogar Sí, señala que la gran diferencia entre las muertes reportadas y las estimadas se debe a la invisibilización de las personas sin hogar. "Las muertes reportadas son solo la punta del iceberg porque no existe un sistema 100% fiable que monitorice el sinhogarismo y por tanto no tenemos estadísticas fiables de mortalidad", explica Castilla, quien aboga por mejorar los mecanismos de medición y, sobre todo, por ofrecer "soluciones de vivienda digna".

El frío: un agravante de enfermedades y causa de patologías
El Ministerio de Sanidad advierte que las bajas temperaturas pueden provocar cuadros de hipotermia y congelación. Sin embargo, lo más frecuente es que la exposición al frío empeore enfermedades crónicas preexistentes o genere vulnerabilidad ante contagios. "Parte de la etiología [origen] del exceso de morbimortalidad asociada al frío es de naturaleza infecciosa, principalmente por agentes como el virus de la gripe o el neumococo", señalan en la web del Ministerio. En cuanto al agravamiento de patologías, los problemas cardíacos y respiratorios son los más comunes.
Castilla recuerda que el 37% de las personas sin hogar sufre enfermedades graves y que, lamentablemente, cada seis días muere una persona en la calle en España. "La esperanza de vida de las personas sin hogar se reduce entre 20 y 30 años", añade, basándose en datos de su organización.
Cifras del sinhogarismo en España
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 había al menos 28.552 personas sin hogar en España. De ellas, 7.277 se encontraban en situación de calle, 11.498 vivían en albergues y centros de acogida, y 9.778 en pisos y pensiones. La encuesta del INE se basó en personas que acudieron a recursos asistenciales.
Sin embargo, las organizaciones del tercer sector elevan estas cifras. Hogar Sí habla de "al menos" 37.000 personas, mientras que Cáritas Española atendió en 2023 a 42.336 personas sin hogar, 13.784 más que el recuento oficial del INE. Los datos del INE no incluyen situaciones de exclusión residencial o a personas que no han sido atendidas por recursos asistenciales.
Reducir el sinhogarismo, la clave para disminuir las muertes por frío
El Ministerio de Sanidad identifica a las personas sin hogar y en situación de pobreza como las más afectadas por las bajas temperaturas. Por ello, reducir ambos indicadores es la forma más directa de disminuir las muertes invernales. La Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030 tiene como objetivo reducir en un 95% el número de personas en situación de calle. Sus medidas clave incluyen garantizar el acceso a la vivienda, prevenir el sinhogarismo mediante detección temprana, promover la autonomía personal, adaptar las respuestas a las necesidades individuales y mejorar la coordinación entre administraciones y el tercer sector.
Gema Castilla insiste en la necesidad de pasar "del papel a la acción". Para ella, el asistencialismo, como repartir mantas o caldo caliente, no es suficiente. "Hay que garantizar vivienda digna y estable", afirma. La ONG Hogar Sí impulsa programas y recursos para que las personas puedan salir definitivamente del sinhogarismo, no solo asegurar una cama en un albergue.
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La pobreza energética: un problema extendido
No es necesario vivir en la calle para sufrir frío en invierno. Según un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas, una de cada cinco personas en España es incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses más gélidos. Entre 5 y 8 millones de personas sufren pobreza energética, un problema que se manifiesta en gasto desproporcionado en climatización, inversión insuficiente, retrasos en el pago de facturas y temperatura inadecuada en el hogar.
Javier Andaluz, coordinador del área de Energía de Ecologistas en Acción, señala la existencia de una "pobreza energética escondida", que afecta a personas no conectadas al sistema eléctrico o que utilizan fuentes de energía no controladas, como la quema de leña, especialmente en entornos rurales.
Los indicadores de pobreza energética han empeorado en los últimos cinco años, según Andaluz, debido al incremento de costes y la incertidumbre en los mercados energéticos. A esto se suma la "trampa de la pobreza energética", donde es difícil no solo reunir las condiciones para recibir ayuda, sino también justificar que se cumplen dichas condiciones ante las administraciones.
El Bono Social: una herramienta insuficiente
El bono social es una de las principales medidas del Gobierno para paliar la pobreza energética. Sin embargo, según informes de Oxfam Intermón y Esade, solo ha llegado a dos de cada diez potenciales beneficiarios. La falta de conocimiento sobre su existencia y la poca publicidad por parte de las compañías eléctricas son factores clave. Soledad Montero, responsable de Energía de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), propone que el bono se otorgue automáticamente según la renta del hogar, cruzando datos con Hacienda para llegar a quienes realmente lo necesitan.
Además, el bono social ha sido objeto de polémica por su uso por parte de hogares de renta media o alta, a menudo por ser familias numerosas. Un estudio reveló que uno de cada tres beneficiarios tenía ingresos medios o altos, y que los hogares más pobres solo recibieron el 0,43% de las ayudas, mientras que la mayoría se concentró en los vulnerables severos y vulnerables.
La distribución territorial del bono social también evidencia disfunciones. Por ejemplo, en Castilla y León se otorgó a solo tres personas en riesgo de exclusión social, mientras que en Extremadura residen 5.746 de los 7.211 beneficiarios estatales en esta categoría. Esto sugiere un mal funcionamiento del servicio de mediación de Servicios Sociales para el reconocimiento de esta condición.
Una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con margen de mejora
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) es el marco normativo del Gobierno para abordar la pobreza energética. Su actualización para el periodo 2025-2030 está en trámite, pero la Red por el Derecho a la Energía la considera poco ambiciosa, ya que ignora demandas clave como la prohibición de cortes de suministros a hogares vulnerables.
La estrategia anterior (2019-2024) tampoco cumplió con sus objetivos, ya que más del 40% de las medidas quedaron sin implementar y no se logró reducir la pobreza energética en un 25%. Andaluz considera que la ENPE debería garantizar el derecho a la energía y no solo ofrecer bonificaciones, uniendo tramos de renta con tarificación para que quienes más consumen y tienen mayor impacto ecológico asuman más costes, mientras que los vulnerables podrían tener facturas a coste cero.
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