En la actualidad, se reconoce ampliamente la necesidad de que las empresas informen a sus grupos de interés y a la sociedad en general sobre su actuar socialmente responsable. A partir de esta premisa, la elaboración del «balance social» en el sector cooperativo de ahorro y préstamo mexicano busca determinar las principales variables para su diseño.
Marco Regulatorio y Contexto en México
En México, existe un marco regulatorio sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desde la adopción, en 2001, de la ISO 26000 sobre Responsabilidad Social por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC). Esta norma establece, en su apartado 7, la elaboración voluntaria de informes sobre responsabilidad social. La elaboración del balance social, que proporcione información necesaria y suficiente, constituye una premisa para elaborar estos informes.
En correspondencia con el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el sector cooperativo es parte del sector de la economía social y del Sistema Financiero Mexicano (SFM). Además, la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) y la Ley de la Economía Social y Solidaria del 23 de mayo de 2012 (con su reforma más reciente publicada el 12 de abril de 2019), establece en su Artículo 45 la obligatoriedad de «informar a sus asociados a través de su Asamblea General u Órgano de Dirección sobre los servicios y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en el respectivo ejercicio, así como de sus estados financieros».
A pesar de este marco, en la práctica, pocas cooperativas mexicanas brindan información de carácter social a sus grupos de interés y hacia el interior de las organizaciones. Asimismo, no existen estándares establecidos específicamente para este sector, lo que lleva a la utilización de estándares generales internacionales. Esto genera una contradicción entre la función social que, como parte del sector de la economía social, realizan estas organizaciones en el país, y la práctica casi nula de elaborar los balances sociales.
Metodología para la Determinación de Variables del Balance Social
Para determinar las principales variables para la elaboración del balance social en el sector cooperativo de ahorro y préstamo mexicano, se utilizó una metodología de enfoque mixto, combinando técnicas de análisis de contenido, consultas a especialistas y expertos, y métodos estadísticos.
Fases del Estudio
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Paso 1: Determinación de Variables Clave por Principio Cooperativo
Se realizó un estudio de metodologías diseñadas para el sector cooperativo para identificar variables clave por cada principio cooperativo. Se utilizó la técnica de análisis de contenido, facilitando la interpretación de textos mediante su descomposición y clasificación. Posteriormente, se determinó la frecuencia de coincidencia de las variables identificadas. Un coeficiente de concordancia de Campistrous y Rizo ≥ 60 % se consideró válido.
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Paso 2: Determinación de Variables por Criterio de Especialistas
Un equipo de cinco expertos en el tema determinó, por consenso y aplicando el método de trabajo en grupo, las variables que consideraban que debían evaluarse en el balance social cooperativo.
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Paso 3: Validación por Criterio de Expertos
Las variables identificadas, consensuadas y conceptualizadas, se sometieron a validación por un grupo de expertos. Estos profesionales mexicanos debían tener amplio conocimiento del tema, diez o más años de experiencia en el sector de ahorro y préstamo en el país, y reconocido prestigio por sus logros y competencias. También se aceptaron profesionales recomendados por dos expertos que cumplieran los requisitos anteriores. Las respuestas de los expertos se procesaron por frecuencia a través de SPSS versión 24.0, asumiendo como válidas aquellas variables con una frecuencia del 80 % en el rango de respuestas entre 5 y 4.
Experiencias Internacionales y Composición del Equipo
Existen metodologías a nivel internacional sobre el balance social para el sector cooperativo. En ocho metodologías analizadas, se observó que el 50% de los modelos predomina la estructura del balance social en función de los principios cooperativos, seguido por la RSE con un 25 %, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con un 17 %, y las necesidades y expectativas de la población objetivo con un 8 %. Es importante destacar que en un 50 % de los casos se da una combinación de más de un criterio.
Para este estudio, se creó un equipo de cinco especialistas (tres doctores y dos másteres) y se conformó un grupo de 21 expertos con las siguientes características:
- Todos son graduados de nivel superior.
- El 33,3 % (7) son doctores y el 52,4 % (11) poseen una maestría.
- La edad promedio es de 45 años.
- La experiencia profesional promedio es de 18 años en el sector, desempeñándose como socios representantes, miembros de consejos de administración, gerentes, investigadores, empleados, consultores y asesores.
Resultados y Variables Identificadas
Al validar la propuesta por criterios de expertos, las 24 variables identificadas calificaron por tener una frecuencia ≥ 80 % en las respuestas entre 4 y 5. El alfa de Cronbach de 0,946 implica una alta fiabilidad del instrumento y sus resultados.
Las variables identificadas a partir de la triangulación de los tres criterios permitieron una contextualización con fundamento científico y de la praxis, teniendo presente la experiencia existente. Estas 24 variables, validadas por expertos de diferentes cooperativas y organismos del sector cooperativo de ahorro y préstamo mexicano, permiten que predomine un enfoque sectorial, creando las bases para investigaciones futuras relacionadas con el diseño de indicadores del balance social que posibiliten la comparabilidad entre las cooperativas y el diseño de estrategias comunes.
Como limitación en la realización de este estudio, se reconoce que los participantes como expertos y especialistas, en su percepción del fenómeno analizado, podrían no haber sido completamente objetivos en sus valoraciones.
Principios Cooperativos y Variables Clave
- Principio 1
- Variable 1
- Variable 2
- Variable 3
- Variable 4
- Principio 2: Gestión democrática por parte de los asociados
- Variable 5
- Variable 6
- Variable 7
- Principio 3
- Variable 8
- Variable 9
- Variable 10
- Principio 4
- Variable 11
- Variable 12
- Variable 13
- Principio 5
- Variable 14
- Variable 15
- Variable 16
- Variable 17
- Variable 18
- Variable 19
- Variable 20
- Principio 6
- Variable 21
- Variable 22
- Principio 7
- Variable 23
- Variable 24
Charla Informativa sobre Seminario Balance Social Cooperativo. 29_08:25
Cooperativas Inclusivas y Discapacidad
Desde agosto de 2018, las cooperativas inclusivas se reconocen como asociaciones autónomas que permiten a personas con discapacidad desarrollar actividades productivas para hacer frente a sus necesidades económicas. Para relevar su importancia, la División de Asociatividad y Economía Social (DAES) del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) organizaron el Primer Encuentro de Cooperativas Inclusivas con el propósito de reunir sus experiencias.
Eduardo Gárate, jefe de la DAES, señaló que se está trabajando para ofrecer alternativas de empleabilidad y crecimiento. Desde 2016, la División de Asociatividad y Economía Social, SENADIS y FOSIS, trabajan en coordinación para generar soluciones de empleabilidad y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de personas en situación de discapacidad. CIESCOOP impulsa el modelo cooperativo como una alternativa válida de inclusión laboral de personas con discapacidad.
En este contexto, el miércoles 21 de noviembre de 2018 se constituyó la primera cooperativa inclusiva en Rancagua, a través de un proyecto ejecutado por el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP), en el marco de un convenio entre la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).
Marco Internacional y Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad
En 2006 se publicó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Este es el primer instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social, que incorpora acciones para garantizar el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad. Su objetivo es que las personas con discapacidad tengan avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de una sociedad. Chile, como Estado Parte de esta Convención, creó en el año 2010 la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas en situación de discapacidad.
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