Tradicionalmente, Chile ha sido percibido como un ejemplo en América Latina en probidad administrativa, democracia institucional y lucha contra la corrupción. Datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparency International lo situaron como la nación número 21 de 175 menos corruptas, superando a países como Austria o Francia y a la mayoría de sus vecinos, con la excepción de Uruguay. Sin embargo, este estatus ha corrido el riesgo de perderse de manera escandalosa.
El Origen y Desarrollo del "Pentagate"
El caso de corrupción, conocido como "Pentagate", ha sumado múltiples aristas y consecuencias políticas en Chile. Se inició en septiembre de 2013 como una investigación tributaria por fraude al FUT (Fondo de Utilidades Tributarias) por parte de Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad en la Fiscalía Oriente de Santiago.
Primeras Revelaciones y Ramificaciones Políticas
Las consecuencias políticas se hicieron evidentes cuando Hugo Bravo, un ejecutivo de confianza del Grupo Penta, decidió colaborar con la fiscalía en julio de 2014. Bravo divulgó antecedentes de financiamiento irregular de diversos políticos mediante la emisión de boletas falsas a senadores en ejercicio, especialmente del partido UDI (Unión Demócrata Independiente).
Desde entonces, el caso ha escalado, señalando como sospechosos de financiamiento irregular a políticos de distintos partidos, incluyendo al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC), el precandidato presidencial Andrés Velasco (FP), el Subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y destacados diputados y senadores UDI como Ena Von Baer, Iván Moreira, el ex precandidato presidencial Laurence Golborne y el presidente de la colectividad, Ernesto Silva. En las filtraciones se han dado a conocer correos electrónicos de parlamentarios solicitando dinero para sus campañas a Penta.
La Arista SOQUIMICH (SQM)
Paralelamente, como una "arista del caso Penta", se han iniciado investigaciones por un posible financiamiento irregular de campañas políticas a través de la emisión de boletas falsas a la empresa Soquimich (Sociedad Química y Minera de Chile o SQM), controladora de la industria del litio en Chile. Este caso podría involucrar a políticos como el ex ministro de Educación y candidato presidencial Joaquín Lavín (UDI), el senador en ejercicio Fulvio Rossi (Partido Socialista) o candidatos del norte del país.
El Caso Caval y el Tráfico de Influencias
Aunque sin relación directa con el caso Penta, un escándalo de tráfico de influencias y relación público-privada sacudió al gobierno. Se reveló el otorgamiento de un crédito por $6.500 millones de pesos chilenos del Banco de Chile a la sociedad Caval, propiedad de la nuera de Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y cuyo gerente general era Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, un día después del triunfo de la mandataria.
Esto ocurrió luego de que Dávalos y su esposa asistieran a una cita con Andrónico Lúksic, vicepresidente del Banco de Chile, para obtener el préstamo. Desde entonces, se ha cuestionado a Dávalos por enriquecimiento a costa de influencias y al gobierno por la contradicción con el discurso igualitario y meritocrático con el que llegó al poder. A pesar de la renuncia de Dávalos a su cargo en el gobierno y al partido socialista, el escándalo ha relevado nuevas aristas, como la investigación de la compra de lujosos automóviles o el uso de información privilegiada en negocios inmobiliarios.
Centralización y Respuestas Gubernamentales
El 24 de febrero, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán, decidió centralizar la investigación del caso Penta y todas sus aristas, utilizando una facultad excepcional, junto con el equipo de Fiscalía Oriente de Delitos de Alta Complejidad. Esto se hizo debido a que "la trascendencia de los hechos investigados y la investidura de las personas investigadas hacen necesario que demos un paso más allá para garantizar la persecución penal como corresponde".
Nueva Ley de Financiamiento de la Política
El gobierno de Michelle Bachelet, en medio de una ya abultada agenda de reformas, presentó el proyecto de ley "para el fortalecimiento y la transparencia de la democracia", que regula el financiamiento a los partidos políticos. Esta reforma se enmarca en el contexto del escándalo "Pentagate" y sus aristas, así como en una serie de reformas para fortalecer el sistema democrático chileno, incluyendo un nuevo sistema electoral y el aseguramiento del derecho a sufragio de ciudadanos chilenos en el extranjero.
Existe consenso entre centros de estudios y académicos sobre la necesidad de algún tipo de financiamiento estatal a los partidos políticos como esencial para el perfeccionamiento de la democracia. Sin embargo, hay debate sobre si el mecanismo propuesto es adecuado o si favorecerá a los partidos tradicionales, contradiciendo los fines del nuevo sistema electoral proporcional, como señala el Centro de Estudios Públicos.
Los partidos políticos han manifestado consenso en que una prioridad legislativa para 2015 es el fortalecimiento público de la política, con declaraciones de presidentes de partidos desde la UDI hasta el Partido Comunista.
Objetivos del Proyecto de Ley
Según el mensaje Presidencial, el proyecto busca:
- Generar condiciones de mayor equidad en la competencia política: Se crea un aporte trimestral para partidos con representación en el Congreso Nacional, enfocado en actividades de investigación, fomento a la participación y educación cívica. Se reduce el monto que candidatos y partidos pueden gastar en campaña. Se incrementa significativamente el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas para reducir la dependencia de aportes privados. Un 30% de los montos públicos se distribuirá de forma fija y un 70% a prorrata de los votos válidamente emitidos en la última elección de diputados. Se restringe la propaganda electoral en espacios públicos a plazas y bandejones autorizados por el Servicio Electoral y se prohíbe la propaganda aérea. Se establecen deberes a las radioemisoras para generar espacios de debate e información electoral.
- Promover la transparencia y la confianza: Se eliminan los aportes anónimos y reservados a las campañas. Se prohíbe el aporte de personas jurídicas (con o sin fines de lucro). Se regula el aporte de personas naturales hasta un máximo de 4.000 USD. Todos los aportes durante campañas electorales deben realizarse a través de un sitio electrónico del Servicio Electoral, y los aportes permanentes deben rendirse de manera pública y transparente.
- Prevenir y controlar conflictos de intereses con sanciones: Se fortalece el Servicio Electoral dotándolo de facultades para supervisar la rendición de cuentas e ingresar a los recintos de partidos políticos o sedes de candidaturas.
Desde Espacio Público, se celebra la iniciativa del Ejecutivo, pero se propone un proyecto más exigente, que entregue recursos directamente a medida que los partidos aporten "bienes públicos" al país. Se enfatiza que una democracia sin partidos plenamente democráticos e independientes es vulnerable al populismo. Se propone un fondo a partir de los votos de la última elección parlamentaria, pero por un monto cuatro veces superior, permitiendo destinar fondos de similar envergadura para campañas y financiamiento regular de la política.
Las exigencias para acceder al financiamiento público también se proponen más elevadas: un financiamiento de tres niveles ligado a exigencias específicas de cumplimiento. Un 10% del fondo básico para transparencia activa, un 45% para invertir en regiones (50% de los fondos asignados) y formación política (30%), y el otro 45% para partidos que incorporen mujeres, jóvenes y pueblos originarios en sus estructuras de gobierno.
Se propone que un 10% del fondo anual se distribuya de manera igualitaria entre todos los partidos legalmente constituidos que cumplan con exigentes estándares de transparencia, fomentando que nuevas propuestas políticas puedan trabajar en serio.
La Relación Público-Privada y el Marco Legal
El escándalo ha puesto de manifiesto un debate profundo sobre el comportamiento entre privados y funcionarios públicos. La presidenta Michelle Bachelet anunció la creación de una comisión asesora para regular la relación público-privada, con el fin de elaborar "una propuesta legislativa y de políticas públicas más estricta y eficaz, que promueva la transparencia en el ámbito de lo público y lo privado".
Fin del Fuero Parlamentario
En este contexto, el ministro Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema de Chile, propuso en el discurso de inauguración del año judicial, dar fin al fuero parlamentario, que según la constitución chilena no permite la detención o imputación de un parlamentario sin un antejuicio de desafuero. Este anuncio, aunque no necesariamente intencional, se dio en un contexto político propicio a reformas.
Ley de Lobby
El 8 de marzo de 2015, se publicó la Ley 20.730, que "regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios". Su aplicación quedó condicionada a la elaboración de un reglamento. Según la académica Norma Muñoz, en Chile se necesitan leyes que apoyen la transparencia, ya que el financiamiento privado de las campañas políticas "es una relación que ha existido siempre". La promulgación de normativas que regulen estas prácticas "entregará mayor información a las personas para decidir por quién votar".
La Arista Económica y la Vulnerabilidad del Sistema
El caso Penta ha llamado la atención por el financiamiento irregular de campañas políticas, pero el aspecto más complejo y amenazante para los dueños de la empresa es la evasión económica. El fiscal Gajardo llegó a nombrar a Penta como una "máquina para defraudar al Fisco".
Mecanismos de Evasión de Impuestos
Según una investigación de CIPER, se identificaron al menos siete mecanismos para evadir impuestos en un centenar de operaciones fraudulentas, incluyendo:
- Boletas falsas para justificar gastos, incluyendo aportes a campañas políticas.
- Boletas y facturas falsas para enmascarar bonos y remuneraciones de ejecutivos.
- Pérdidas ficticias de las empresas productivas del holding.
- Contratos forwards manipulados para perjudicar al Fisco. Este último mecanismo ha preocupado al mercado financiero, ya que los forwards pueden ser una fuente de ilícitos tributarios no solo utilizada por el Grupo Penta.
La investigación del Ministerio Público apunta a que los ilícitos tributarios del grupo son tan numerosos y diversos que, de prosperar la acusación, la única conclusión posible es que Penta se constituyó en una verdadera máquina de defraudar al Fisco. De probarse los ilícitos, los infractores arriesgan multas y penas de hasta cinco años y un día.
Falsedad Ideológica en Documentos Tributarios
La emisión de boletas ideológicamente falsas fue un mecanismo clave. Según la doctrina, la falsedad ideológica en un documento público ocurre cuando tiene vicios en su gestación. Sin embargo, el SII ha entendido que es posible aplicarla a documentos privados como facturas o boletas cuando respaldan una transacción que no se realizó, aunque el documento en sí esté correctamente emitido.
En el caso Penta, se emitieron boletas por operaciones que, aparentemente, no se realizaron. Lo impugnado es la rebaja de las utilidades tributarias y el aprovechamiento del gasto, independientemente de si se pagó un impuesto vinculado a un documento ideológicamente falso.
Contratos Forward Manipulados
A fines de enero, la Fiscalía obtuvo testimonios y pruebas de que el Grupo Penta realizó más de un centenar de operaciones fraudulentas a través de contratos forward manipulados, causando pérdidas multimillonarias al Fisco. La evidencia reveló que Délano y Lavín no habían entregado toda la información.
Estos contratos, suscritos entre Penta y CB Consultoría y Proyectos (empresa de Manuel Cruzat, amigo de Délano y Lavín), fueron firmados en gran número en un mismo día. La irregularidad consistió en la manipulación de las fechas de los contratos. Una vez que Penta pagó a VSA (otra consultora) los montos fijados, esta empresa traspasaba el dinero a los ejecutivos de Délano y Lavín, permitiendo a Penta pagar bonos y parte de las remuneraciones evadiendo impuestos. Los ejecutivos, a su vez, hacían sus propios forwards con VSA, también manipulados para ser desfavorables a la consultora.
El arqueo del SII estableció que el Grupo Penta firmó cuatro contratos forward con VSA entre enero y febrero de 2013, por $7.341 millones, generando una "pérdida ficticia" de $324 millones. La Inmobiliaria Duero, de la familia Délano, también firmó un contrato forward con VSA en 2013, con una "pérdida ficticia" de $39,2 millones. Ni Penta ni VSA entregaron al SII las declaraciones juradas mensuales y anuales que debían acreditar la suscripción de los contratos en las fechas estipuladas.
En 2014, se intentó una operación similar con "asesorías falsas" de VSA, pero la investigación judicial la abortó, y Penta liquidó los bonos de sus ejecutivos pagando todos los impuestos.
Sobresueldos y Boletas Falsas
Además de los incentivos y remuneraciones cancelados mediante forwards, el Grupo Penta pagó otros sobresueldos a sus ejecutivos a través de boletas de honorarios y facturas por trabajos nunca realizados. Entre 2008 y 2014, cinco empresas del Grupo Penta registraron como gastos, respaldados con boletas o facturas falsas, lo que en realidad eran sobresueldos de ejecutivos. Estas empresas incluyen:
- Inmobiliaria Los Estancieros: 74 facturas de cuatro sociedades entre 2008 y 2014 para disfrazar el pago de bonos, incluyendo a Rodrigo Muñoz Fontaine (ex contralor de Penta y actual gerente de BancoEstado), Héctor Concha Marambio (gerente de Área Salud de Penta) y Hugo Bravo.
- Inversiones Penta III: 231 boletas de honorarios y 98 facturas entre 2008 y 2013, ocultando bonos o remuneraciones, emitidas por familiares de Héctor Concha, la esposa de un empleado de Penta, la cónyuge del subgerente de Empresa Penta, la mujer de un asesor de Penta y un familiar de Óscar Buzeta.
- Penta INF: 58 facturas entre 2009 y 2012 que ocultaban el pago de bonos o remuneraciones.
- Empresas Penta: 91 boletas de honorarios falsas y 104 facturas en su contabilidad de 2008 a 2013. Las boletas fueron extendidas por la cónyuge de un empleado de Penta, parientes de un subgerente de Empresas Penta, la esposa del tesorero de Empresas Penta, una nuera de Héctor Concha y un familiar de Óscar Buzeta.
- Inversiones Banpenta: Pagó tres boletas y cinco facturas en 2009, 2010 y 2012, entregadas por la esposa del gerente de Finanzas de Banco Penta, una nuera de Héctor Concha y un pariente de Óscar Buzeta.
Irregularidades en Banco Penta
Hugo Bravo había declarado que el Banco Penta, para no afectar su imagen, enmascaraba sus pérdidas contratando asesorías y servicios de empresas del grupo, como Penta Corredora de Bolsa. Marco Comparini, ex gerente general del Banco Penta y actual miembro de su directorio, intentó refutar estas denuncias, pero correos electrónicos enviados por él mismo a Hugo Bravo mostraron que aprobó cambios de fondos para subsidiar al banco.
El SII, aunque no pudo comprobar el monto total denunciado por Bravo, sí denunció que en 2009 y 2010 se traspasaron $2.058 millones desde el Banco Penta a Penta Corredores de Bolsa por supuestos servicios no prestados, lo que permitió a Empresas Penta rebajar indebidamente la renta.
Consecuencias y Desafíos para la Democracia
Chile se encuentra en un momento de profunda desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos y la clase política. La encuesta Adimark de febrero de 2015 mostró que el caso Caval impactó la popularidad del gobierno, con la aprobación presidencial en 39% y la desaprobación en 52%. La Alianza opositora, aunque se recuperó de un mínimo histórico, sigue afectada por el "Pentagate". Estos escándalos, junto con el caso "Cascadas" y la arista económica del caso Penta, han generado desconfianza en el empresariado y revelado mecanismos legales débiles para evitar la evasión de impuestos y delitos bursátiles.
El Caso Penta es un hito que combinó componentes penal, económico, reputacional y regulatorio, en un período con zonas grises y reglas menos claras sobre la trazabilidad de aportes y gastos políticos. El proceso inició en 2014 con acciones del SII por presuntos delitos tributarios. En julio de 2018, el tribunal condenó a los fundadores de Empresas Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por delitos tributarios, sustituyendo la pena por libertad vigilada intensiva y multas, además de un programa formativo en ética.
Otras empresas, en un contexto similar, tuvieron consecuencias menos severas. Sociedades ligadas al Grupo Angelini recibieron multas por $578 millones (Copec) y $351 millones (Celulosa Arauco). Ripley fue multado con $15.754.722 por declaraciones de impuestos falsas. El Grupo Said pagó casi $500 millones, CorpBanca $3,7 millones, y el Grupo Yarur (BCI) $141 millones.
El Caso Penta se asocia a un período de transición institucional donde se detectaron riesgos en reglas y prácticas existentes con controles insuficientes, lo que impulsó la Ley N° 20.900 en 2016. Esta ley reforzó las atribuciones del Servel, ajustó las reglas de campaña y elevó las exigencias de transparencia, prohibiendo los aportes de personas jurídicas a campañas electorales. A pesar de los costos, Empresas Penta y sus socios fundadores siguieron trabajando y creando nuevos negocios con éxito.
Para Norma Muñoz, las prácticas alrededor del "Caso Penta" se deben a que están inmersas en un sistema que lo admite. Si el sistema permite ocultar dineros, los actores lo harán. Es ahí donde se necesita reformar, no solo desde la perspectiva moral sino desde la legalidad. Como imagen, es "pésimo", ya que los ciudadanos esperan una conducta intachable de sus políticos y empleados públicos.
La demanda por mayor transparencia en el financiamiento de la política es evidente. Aunque todo avance en la legislación que promueva la transparencia y la competencia es bienvenido, resulta problemático que estos cambios aparezcan reiteradamente como consecuencia de irregularidades generadas por los propios actores implicados. Es fundamental que las autoridades eviten que estas irregularidades condicionen la discusión sobre la legislación del financiamiento electoral, que debe enfocarse en promover la transparencia y reducir los privilegios de los actores incumbentes.
Aunque el proceso judicial se encuentra en etapas avanzadas, los ilícitos planteados por el Ministerio Público obedecen a operaciones que los propios imputados han reconocido como irregulares, lo que juega en contra de su defensa de "errores". Es fundamental para la confianza ciudadana que las responsabilidades sean asumidas e investigadas por los organismos competentes, y que todos los organismos involucrados, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos, demuestren la máxima ecuanimidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.