La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sancionado a Chile por la trágica muerte de 10 jóvenes en un incendio ocurrido en el centro "Tiempo de Crecer" del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Puerto Montt en 2007. Este lamentable suceso puso en el centro del debate público la crítica situación de los menores bajo la protección del Estado, una problemática que, según expertos, persiste y se agrava.
Críticas a la gestión y falta de cambios estructurales
Edison Gallardo, director de la Fundación YNES y ex institucionalizado del Sename, calificó el fallo de la CIDH como "esperable", señalando que la forma en que el Estado ha abordado el cuidado de los menores vulnerables no ha experimentado mejoras sustanciales, incluso con las reformas implementadas. Gallardo enfatiza la ausencia de "cambios estructurales, de ningún tipo", criticando duramente la labor del programa "Mejor Niñez".
En su opinión, las leyes promulgadas han sido meramente un "maquillaje", cuestionando tanto las acciones actuales como las de gobiernos anteriores. Recordando la recomendación de la ONU de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, Gallardo lamenta que esta iniciativa haya sido mal ejecutada y que las decisiones tomadas no hayan sido las más adecuadas.
El principal problema de esta comisión, según Gallardo, radica en la ausencia de representantes genuinos de las víctimas. La comisión está integrada, según sus palabras, "única y exclusivamente por personas que llevan años en el monopolio de lo que significa la protección infanto-juvenil". Esto margina a quienes poseen la experiencia vital y profesional, como él mismo, autor del libro "Mi infierno en el Sename". Su aporte se basa en la "experiencia, no solamente desde la expertís, desde la profesión, desde la empatía", lo que permite comprender las necesidades reales de un niño o adolescente víctima del sistema.
Gallardo contrasta esta experiencia con la de los "cúmulos de profesionales, expertos, magister", quienes, a su juicio, carecen del conocimiento vivencial de lo que significa estar dentro de la institución y de las necesidades que allí surgen.
Una deuda pendiente: La exclusión post-institucionalización
La problemática del Sename no se limita a la estancia de los menores en sus centros, sino que se extiende a lo que ocurre una vez que egresan. Gallardo señala que Chile tiene una "deuda" con la inclusión de estos jóvenes, quienes a menudo salen al mundo sin las aptitudes necesarias ni una formación adecuada, siendo "excluidos del sistema".
El "peor problema", según el director de la Fundación YNES, surge después del egreso, cuando el Estado no toma en consideración a estos jóvenes, muchos de los cuales carecen de una red de apoyo. Esto los lleva, en muchos casos, "a la calle", donde aprenden a delinquir, evidenciando la ausencia del Estado en su proceso de reinserción.
Acciones legales y preocupación por el futuro
Ante este panorama, Edison Gallardo anuncia acciones legales: "nosotros vamos a demandar al Estado por las vulneraciones sufridas". Expresa su incredulicción ante la vulneración sistemática de derechos de niños, niñas y adolescentes en democracia.
Gallardo mantiene una visión pesimista sobre el futuro del sistema, que considera que podría ser "incluso peor". Por ello, subraya la necesidad urgente de tomar acciones concretas por parte del Estado, enfocadas en "políticas públicas, no reformas", dado que estas últimas tienden a cambiar según el gobierno de turno.
"Mejor Niñez": Un inicio prometedor, pero con falencias persistentes
La implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como "Mejor Niñez", en octubre de 2021, generó grandes expectativas para saldar las deudas del Estado en materia de protección infantil. Sin embargo, su puesta en marcha estuvo marcada por imperfecciones y errores, evidenciando una falta de planificación y responsabilidad.
La inauguración de una nueva residencia apenas 15 días antes del cierre del Sename, en medio de un proceso de traspaso y creación de un nuevo servicio, se considera una irresponsabilidad. Varios de los problemas que caracterizaron al antiguo Sename no solo no se han superado, sino que en algunas áreas se han agravado.
Los problemas en las licitaciones de "Mejor Niñez" han sido de tal magnitud que justificaron la creación de una comisión especial investigadora en el Congreso. El número de supervisiones realizadas por el servicio es bajo en comparación con el total de residencias y programas, lo que se explica por los déficits en la contratación de personal. La instalación de nuevas residencias ha presentado dificultades, incluso obligando al cierre de algunas.
Las causas de estos problemas son diversas y están vinculadas tanto a la labor legislativa, como la aprobación de la ley que crea el Servicio antes de la Ley de Garantías, como a la decisión de contar con un equipo implementador reducido y con poca experiencia en el sistema proteccional.
A pesar de las dificultades, la franqueza de la actual directora de "Mejor Niñez" al reconocer los "nudos críticos" del Servicio ante la comisión investigadora se considera un avance. Reflexionar críticamente sobre la implementación del nuevo Servicio es fundamental para aprender de las lecciones y enmendar el rumbo, lo que requerirá esfuerzos significativos y transversales de todo el Estado y la sociedad.
Periodismo de investigación: Visibilizando las vulneraciones
Carolina Rojas, periodista con más de 15 años de trayectoria en investigación, ha dedicado su carrera a visibilizar las vulneraciones ocurridas en el Sename y sus causas. Su trabajo periodístico comenzó con la cobertura de un incendio en un centro del Sename en Puerto Montt, evento que reveló ser solo la "punta del iceberg".
Fruto de su investigación, Rojas publicó el libro "Abandonados", que narra las historias de diez menores. En su investigación de 2016 sobre madres adolescentes, descubrió que, además de las vulneraciones generales, existía violencia de género en los centros, con niñas encerradas junto a sus hijos mientras sus agresores sexuales permanecían libres.
La muerte de Lissette Villa, en 2016, la impactó profundamente y la impulsó a escribir su libro. Rojas destaca que, al momento de realizar denuncias por abusos sexuales, ni el Sename ni el Tribunal de Familia detectaron la alta vulnerabilidad de las niñas. Las residencias, cercadas y con altas tasas de vulneración, provocaban traumas que desembocaban en autolesiones e ideación suicida, sin que las menores recibieran atención psiquiátrica o psicológica adecuada.
La privatización del cuidado infantil y el "incentivo perverso"
Carolina Rojas señala que más del 90% de los niños y adolescentes institucionalizados se encuentran en residencias de organismos privados (OCAS), los cuales presentan mayores violaciones de derechos, desde adopciones irregulares hasta abusos sexuales. Esta situación evidencia una "violencia sistemática enquistada en los centros", cuya principal causa es la falta de supervisión.
Los protocolos y circulares para la contención de niños y la actuación ante vulneraciones no se cumplen, y el comportamiento de las educadoras de trato directo se perpetúa en el tiempo. La periodista relaciona esto con el diseño "neoliberal" del sistema, donde el Sename se convierte en una de las "caras más crudas del Chile neoliberal".
La subvención por niño, que puede aumentar hasta un 25% anual, se ha convertido en un "incentivo perverso", permitiendo a los OCAS lucrar con la estadía y atención de los menores. La situación de niños como Ámbar, cuya vida no cambió a pesar de la institucionalización y el paso por diversos programas, ejemplifica esta problemática.
Rojas afirma que el Sename está "secuestrado por partidos políticos" con "intereses creados" que buscan el silenciamiento y el lobby político para no perder los beneficios económicos. El veto presidencial a la Ley del nuevo Sistema de Protección Especializada, que eliminó la norma que condicionaba su implementación a la Ley de Garantías, es un ejemplo de ello, eximiendo a los OCAS de responsabilidad solidaria.
El libro "Abandonados" evidencia que la responsabilidad de la situación de los niños no recae solo en el Sename, sino también en carteras como salud, educación y justicia, debido a la falta de cupos de atención y rezagos educativos.
Violencia simbólica y la criminalización de la pobreza
La periodista critica la falta de cuidado y preocupación por la dignidad de los niños en estos centros, donde la discusión pública se centra en la "reacción a una tragedia". Denuncias sobre abusos, torturas y condiciones extremas de encierro son conocidas desde hace años, pero no generan cambios significativos.
El caso de la Residencia Nido de Hualpén, donde se destapó una presunta red de explotación sexual infantil, es un ejemplo de cómo las autoridades no actúan ante señales claras de maltrato. A pesar de la retórica de preocupación, las acciones concretas son escasas.
Rojas observa que, ante situaciones como la de Lissette, el juicio recae sistemáticamente en las mujeres (madres, abuelas, cuidadoras), sin considerar que muchas son jefas de hogar y que la intervención del Tribunal se produce en muchos casos por falta de apoyo estatal. Además, las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar y se ven sobrecargadas por la asistencia a múltiples programas.
La periodista también aborda el tema de las adopciones irregulares, que tienen sus raíces en el contexto militar de la dictadura. En la actualidad, se declara la "inhabilidad parental" a madres solas, solteras y analfabetas, exigiéndoles condiciones imposibles de cumplir para recuperar a sus hijos, quienes luego son dados en adopción, a menudo en el extranjero.
Rojas acuña el término "violencia simbólica" para describir la marginación constante de los niños del Sename. Critica que, en una sociedad "provida", se criminalice o invisibilice a los niños que crecen en la calle, a menudo huyendo de centros con condiciones de encierro y maltratos. Insta a la sociedad a educarse sobre los abusos que sufren y a visibilizar sus vulneraciones, para evitar una mayor desprotección de sus derechos.
"Mi infierno en el Sename": Un testimonio vivencial
El libro "Mi infierno en el Sename", escrito por Edison Llanos, estudiante de Derecho, narra su experiencia personal en el Servicio Nacional de Menores entre los dos y 15 años. El autor describe castigos constantes, convivencia con violaciones y otros abusos, así como hambre y frío.
Llanos describe a los niños y niñas como "olvidados, que parecen existir solo cuando mueren. Niños y niñas sin voz, sin risa, sin expectativas, condenados por la pobreza y el abandono". Su testimonio busca "exorcizar la pesadilla" y lanzar un "grito de alerta a la sociedad entera".
El libro relata un episodio en el que, por un "descuido institucional", Llanos fue transferido a una cárcel en Coquimbo, donde fue recibido con una golpiza. También describe cómo, al llegar a un hogar, una monja lo obligó a bajarse los pantalones y lo golpeó severamente por haber pedido comida.
Llanos afirma que el internado era de "muy escasos recursos" y que dependían de la caridad para obtener alimentos. Subraya que esta realidad no es solo del pasado, sino que continúa presente, como lo demuestra la muerte de Lissette Villa.
Si bien reconoce que no todos los hogares son malos, Llanos sostiene que la realidad de los internados cambiará cuando lo hagan sus directores y algunos empleados que "empobrecen el sistema y realizan ocultamiento de la realidad de los niños".
El libro fue escrito para su hija, como un regalo para que, en su etapa rebelde, supiera todo lo que su padre vivió.
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Investigaciones judiciales y fallas sistémicas
Una investigación del Poder Judicial y UNICEF sobre las condiciones de vida de 15.000 niños bajo protección estatal reveló la presencia extendida de abuso sexual y violencia. Cada vulneración de derechos detectada estaba ligada a un fallo o renuncia de los organismos encargados de proteger a estos niños: el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Poder Judicial.
En 2011, el Sename realizó una encuesta a 4.000 niños del sistema residencial, en la que más de 200 niños reportaron haber sido tocados en sus genitales y más de 150 haber sido obligados a tocar partes íntimas de otras personas. A pesar de esto, solo se presentaron 35 denuncias a fiscalías ese año.
El problema de presupuesto es significativo, ya que el Fisco entrega solo un tercio de lo necesario para mantener a un niño en el sistema. La Comisión Jeldres, conformada por juezas y representantes de UNICEF, identificó la presencia constante de abuso sexual, tanto por parte de cuidadores como de otros jóvenes internos. En Aldeas Infantiles SOS, el 10% de los niños bajo su cuidado participó de algún tipo de abuso sexual.
La comisión identificó numerosos hogares con antecedentes de violencia física, verbal y abuso sexual. Sin embargo, los resultados de la Comisión Jeldres fueron intervenidos por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, y el informe fue cuestionado metodológicamente y olvidado.
Las críticas más graves se dirigieron al Poder Judicial por intentar mantener en reserva los resultados de la investigación e no investigar los antecedentes constitutivos de delito. Según la socióloga Carolina Bascuñán, Carreño se opuso a la difusión para proteger la identidad de los niños y evitar la alarma pública.
La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, señaló ante la Cámara de Diputados que, más allá de la falta de recursos, existe una lógica institucional que lleva a los jueces a no preocuparse por la suerte de los niños en el sistema de protección. La clausura de causas, sin una intervención adecuada, afecta las estadísticas de gestión del Poder Judicial, priorizando el cierre rápido de casos sobre la protección efectiva de los menores.
Los jueces, según Gómez, están obligados a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, incluyendo la atención psiquiátrica. Sin embargo, la falta de recursos y la priorización de metas de gestión impiden que esto se cumpla.
El director del Sename, Rolando Melo, recibió datos de la Comisión Jeldres en marzo de 2017, pero las acciones para canalizar los hechos a través de un fiscal se realizaron solo después de la publicación de un reportaje de CIPER. A pesar de las críticas, el Sename y el ministro Carreño insistieron en que UNICEF se equivocó al realizar encuestas anónimas, aunque estas encuestas eran una continuación de otras realizadas por el propio Sename.
La reacción del Sename ha sido lenta e ineficaz, como lo constató la Comisión Jeldres en Arica, donde denunció la situación de dos hogares. A pesar de la obligación de supervigilar estos hogares, fue necesaria la intervención de una comisión desde Santiago para constatar los abusos.
La investigación de UNICEF, que identificó graves situaciones de abuso, fue cuestionada por el ministro Carreño, quien argumentó que la comisión y las juezas estuvieron siempre en situación de dar a conocer lo que encontraban y hacer denuncias si se estimaba el caso.