El sistema de salud y de pensiones en Chile presenta particularidades significativas para diferentes grupos de la población. Entre ellos, el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, incluyendo a los Carabineros, se rige por sistemas distintos a los de la mayoría de los ciudadanos.
Plan AUGE/GES: Cobertura y Exclusiones
El Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), anteriormente conocido como Plan AUGE, tiene como propósito garantizar la cobertura de un número específico de problemas de salud. Según la Biblioteca Nacional del Congreso, este plan busca asegurar el acceso, la calidad, la protección financiera y la oportunidad en las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud. Inicialmente, en julio de 2006, cubría 56 problemas, aumentando a 69, luego a 80 en julio de 2013 y a 85 en octubre de 2019. Entre las enfermedades cubiertas se encuentran la diabetes, hipertensión, asma, esquizofrenia, alzheimer y epilepsia.
Acceso Denegado para Fuerzas Armadas y de Orden
Es importante destacar que, si bien el Copago Cero de Fonasa permite el acceso gratuito a las atenciones en el sistema público de salud asociadas al AUGE-GES, esta realidad no aplica para todos. Si una persona pertenece a una institución de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Carabineros, como Dipreca o Capredena, no podrá acceder al AUGE-GES. La ley que regula este beneficio no incluye a Capredena y Dipreca, el sistema de salud que ocupan estas instituciones.
Esta afirmación fue investigada y calificada como real por Fast Check CL, tras declaraciones del candidato Mario Desbordes en un debate presidencial, donde aseguró que «los militares no tienen acceso al AUGE». Desbordes añadió: «No se pueden atender en un Cesfam de la municipalidad, tienen que ir al hospital Dipreca o al Capredena atravesando la ciudad entera».
El Coronel de Sanidad (r), Manuel Segovia, se comunicó con Fast Check CL y aseguró que la información entregada por el candidato presidencial es real. Ricardo Riquelme, ex Administrador General de la Dirección de Previsión de Carabineros, coincide y afirma que «efectivamente no tenemos AUGE y tenemos que acudir a los hospitales en los que seamos beneficiarios, en Santiago hay dos, el Hospital Dipreca y el Hospital de Carabineros».
Un ejemplo claro es el VIH, una enfermedad que está dentro del GES y permite a los beneficiarios obtener medicamentos y exámenes sin costos o pagando una suma menor. En contraste, las personas en Dipreca o Capredena deben costear el monto real de estos tratamientos.
Las garantías del AUGE-GES buscan proteger al paciente durante todo el proceso, desde la sospecha y confirmación diagnóstica hasta el tratamiento y posterior seguimiento, sin embargo, esto depende de cada problema de salud. El régimen de garantías en salud, regido por la Ley 19.966, incluye solo a usuarios de Fonasa e Isapres, dejando fuera a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, ya que ellos son cubiertos por sus propias instituciones de seguridad social como Dipreca o Capredena, que cuentan con su propia red de prestadores de salud, como el Hospital Militar y el Hospital de Carabineros.
Sistemas de Salud Propios: Capredena y Dipreca
Las Fuerzas Armadas y de Orden cuentan con sistemas de salud y previsión social distintos a los civiles:
- La Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca): Encargada de servicios de Previsión, Salud y Asistencias para Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, y la Mutualidad de Carabineros.
- La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena): Cumple funciones similares para el personal de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).
La Red de Protección Social explica que Capredena es una institución de seguridad social para funcionarios de las Fuerzas Armadas, mientras que Dipreca es un servicio público que administra el sistema de previsión social y salud de los cuerpos armados de Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones.
Diferencias y Sesgos en las Pensiones de las FFAA y Carabineros
Un estudio revela datos significativos sobre los montos pagados a través de Capredena y Dipreca, mostrando diferencias y sesgos en las pensiones.
Disparidades por Jerarquía
Dentro de Capredena, existen enormes diferencias entre la alta jerarquía (oficiales) y la baja jerarquía (suboficiales) del ejército. El promedio del valor pagado por la caja para la alta jerarquía (desde Alférez hasta General) alcanza los $2.478.635 pesos, mientras que para la baja jerarquía es de $1.041.558 pesos.
Sesgo de Género
Se observa también un sesgo de género en las pensiones. Las mujeres reciben, en promedio, $785.585 pesos, en comparación con los $1.264.682 pesos que reciben los hombres, lo que representa un 49% menos.
Comparación entre Instituciones de Orden
En el caso de Carabineros, el promedio de las pensiones alcanza los $1.066.632 pesos. Para Gendarmería, este promedio es de $1.478.245 pesos, y para la PDI es de $1.704.691 pesos.
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Financiamiento Estatal de las Pensiones Militares
En Chile, el sistema de pensiones de las fuerzas armadas es financiado casi en su totalidad por fondos provenientes del erario nacional. Según un informe de la Fundación Sol, el presupuesto de 2022 destinó US$2.517 millones de dólares para pagar 175.179 pensiones a las fuerzas armadas, lo que equivale al 0,83% del PIB nacional. Se infiere que la relación entre el pago de jubilaciones de las FFAA y la PGU es de 1 a 5,7 veces los pesos invertidos.
Demanda por Reajuste de Pensiones
Cerca de 8.000 jubilados y montepiados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros han presentado una demanda contra el Estado de Chile. Esta acción legal se debe a un reajuste que fue eliminado bajo un Decreto Supremo del General Augusto Pinochet. Después de casi 10 años en los tribunales, la causa ya está en acuerdo de los ministros para su próxima deliberación.
Según César Cereceda Cerón, presidente de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados FF.AA, Carabineros y Montepíos, los exfuncionarios solicitan la reliquidación de sus pensiones y recálculo basado en el sueldo de actividad que regía hasta el año 1978. La nulidad del mencionado decreto produciría la falta de una base normativa, lo que llevaría a la nulidad de todos los actos posteriores, incluyendo los decretos de retiro de cada uno de los pensionados afectados por esta norma ilegal.
El recálculo se realizaría de acuerdo con los D.F.L. N° 1 y 2 del año 1968 y en estricta conformidad con lo dispuesto por el número 4° del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Cereceda considera esta una posibilidad histórica de hacer justicia con un sector de la sociedad al que erróneamente se le atribuye contar con pensiones superiores al resto de la sociedad.
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