La problemática del abuso sexual infantil (ASI) en el Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile ha sido objeto de exhaustivos análisis y denuncias. Este artículo aborda los aspectos teóricos y contextuales de esta grave situación, basándose en informes oficiales y publicaciones especializadas.
Definiciones y Conceptualizaciones
La comprensión del abuso sexual infantil requiere un marco conceptual sólido. Para ello, diversas organizaciones han desarrollado materiales que permiten abordar esta compleja realidad.
Publicaciones Relevantes para la Comprensión del ASI
- Maltrato Infantil: Elementos Básicos para su Comprensión: Este libro, resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario de la Corporación ONG Paicabí, aborda los distintos aspectos involucrados en la problemática del maltrato infantil, proporcionando una base para entender las dinámicas que pueden llevar al abuso.
- Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil: Elaborado por la psicóloga Valeria Arredondo Ossandón de la ONG Paicabí, este documento presenta elementos técnicos esenciales para la prevención del abuso sexual infantil.
- «Los Secretos del Eclipse» - Explotación Sexual Comercial Infantil: Esta publicación sistematiza la experiencia del Centro Antú de la Corporación Paicabí durante 2004-2005, ofreciendo una visión sobre la explotación sexual comercial infantil.
- Los imaginarios sociales y la clínica: ¿Un cruce posible?: Un artículo del libro «Violencia Sexual Infantil: Debates, Reflexiones y Prácticas Críticas» que profundiza en la intersección entre los imaginarios sociales y la práctica clínica.
- Espejos de Infancia: Una publicación que reúne 15 trabajos de 30 autores del ámbito de la psicología, el derecho y el trabajo social, muchos de ellos profesionales de la ONG Paicabí, abordando diversas aristas del tema.
- Voces y Colores. Revista «Evaluar». «Praxis»: Estas revistas también contienen material relevante para el análisis del abuso infantil.
Abordaje de la Agresión Sexual y Conductas Problemáticas
La ONG Paicabí ha organizado seminarios y elaborado materiales específicos para tratar con adolescentes involucrados en agresiones sexuales, ya sea como víctimas o agresores.
- Seminario: «Reflexiones y experiencias en el trabajo con adolescentes que han agredido sexualmente»: Este documento contiene las exposiciones del seminario organizado por la ONG Paicabí en 2006, ofreciendo una perspectiva sobre el trabajo con agresores adolescentes.
- Adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual: Experiencia piloto de monitoreo de la sintomatología presente en condición de lista de espera para la intervención en el Centro Aliwe: Esta publicación describe una experiencia piloto del Centro Aliwe de la ONG Paicabí en La Ligua, Región de Valparaíso, Chile, evidenciando la alta demanda de atención reparatoria especializada.
Guía sobre Conductas Sexuales Problemáticas y Prácticas Abusivas Sexuales
Un material diseñado por la ONG Paicabí en colaboración y capacitación con Aldeas Infantiles SOS LAAM, y cuyo autor es Francisco Romero Cabrera, con Nelly Navarro Hernández y María Inés Meyer Froese como co-autoras. Este documento se divide en cuatro apartados:
- Elementos Comprensivos: Agrupa conceptualizaciones para entender el desarrollo sexual infanto-juvenil y sus manifestaciones problemáticas.
- Elementos Preventivos: Contiene una propuesta de medidas para evitar las agresiones sexuales entre pares.
- Elementos de Abordaje: Describe sugerencias para intervenir ante la ocurrencia de agresiones sexuales dentro de las familias SOS u otra modalidad de cuidado.
Este texto es complementario a la “Guía sobre conductas sexuales problemáticas y prácticas abusivas sexuales: material de apoyo para profesionales y cuidadores de niños, niñas y adolescentes” (Romero, Navarro y Meyer, 2015), creada previamente por la ONG Paicabí en su alianza con Aldeas Infantiles SOS LAAM. Un nuevo documento, resultado de un esfuerzo conjunto con Aldeas SOS Nicaragua, integra sugerencias adicionales para la prevención y el abordaje de comportamientos sexuales dañinos presentados por niños, niñas y adolescentes.
La Problemática del SENAME: Informes y Denuncias
El Estado de Chile ha sido acusado de violar sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela, una conclusión respaldada por diversos informes que han expuesto la grave situación en el SENAME.
Sename: Informe reveló vulneración de derechos en Centro el Arrullo
Informe de la PDI (2017-2018)
Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que en el 100% de los centros que administra el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos. Sin embargo, el documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del SENAME se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.”
CIPER accedió a este informe de 257 páginas, que resume una extensa investigación contenida en 28 tomos, realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del SENAME (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
Reacciones y Omisiones
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio de 2019, expresó a CIPER que era muy difícil que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no estuviera entre las autoridades informadas por la PDI, pidiéndole la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre de 2018, cuando estuvo listo. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, por su parte, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.”
La gravedad del informe radica en que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año anterior. Sin embargo, el reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, ya que el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el SENAME tiene en el sistema de residencias, siendo especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el SENAME.
Otros Informes y la Cadena de Irregularidades
Varias instituciones deben responder públicamente por esta situación, no solo el SENAME, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen la obligación de visitar los centros dos veces al año, lo que plantea la pregunta de por qué nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas y si han ordenado que cesen, se solucionen o se investiguen.
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por este informe dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del SENAME en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
La Investigación Penal por Muertes en SENAME
La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del SENAME. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI, mandatado con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del SENAME. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 existentes (ya sea con administración directa del SENAME o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos.
Hallazgos Detallados de la Investigación de la PDI
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea SENAME (el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al SENAME y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
Deficiencias en los Registros y Ubicación de Maltratos
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
Abuso Sexual en Hogares
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizando un total de 310 abusos con connotación sexual. De ellos:
- 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el SENAME y 10 en otros centros).
- 187 abusos sexuales fueron cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Fallas Estructurales y Protocolos Inexistentes
Además de los abusos, el informe de la PDI reveló graves deficiencias estructurales y la falta de protocolos esenciales.
Deserciones del Sistema y Incumplimiento de Protocolos
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
El SENAME ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, que son nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es especialmente grave considerando que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El SENAME, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan, lo que plantea serias dudas sobre su rol.
Fiscalización Insuficiente
La policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del SENAME, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del SENAME también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud Mental y Física de los Residentes
La cifra de menores a cargo del SENAME que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental:
- Un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica.
- El 13,9% sufre una enfermedad crónica.
- El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital.
- Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Deficiencias en la Atención de Salud
El desglose de esta afirmación es sorprendente:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario.
- En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del SENAME, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del SENAME “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.