El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile ha sido objeto de un profundo escrutinio debido a graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Esta situación ha sido destacada por informes internacionales y denuncias internas, revelando una crisis que va más allá de problemas presupuestarios, adentrándose en dilemas éticos fundamentales sobre el rol del Estado en la protección de la infancia.
El Informe de la ONU y la Caracterización de la Crisis
El reciente Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas no debería ser considerado como una radiografía más de la cruda realidad de los niños y niñas bajo la protección del Sename. Al contrario, aporta nuevas consideraciones, no triviales, para caracterizar la crisis del Sistema de Protección. Que un órgano de Derechos Humanos, encargado de la cautela de un tratado internacional, sostenga que existen violaciones en un país, es algo per se relevante. Esto marca la imagen internacional de un Estado en el tiempo presente y su futuro.
Violaciones Graves y Sistemáticas
En específico, el Comité de Derechos del Niño señala que existen graves y sistemáticas violaciones de derechos garantizados en la Convención de Derechos del Niño en perjuicio de los niños y niñas a cargo de la supervisión del Sename. Son violaciones graves, por el gran daño que miles de niños que han transitado por el sistema han sufrido en las últimas décadas. La entidad de estas violaciones de derechos adquiere características graves y sistemáticas, lo que evidencia un fracaso total del Estado en la materia.
Cuando se habla de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de los niños y niñas en el Sename, las víctimas, que se cuentan por miles a lo largo de las décadas, son personas más cercanas a las víctimas de la dictadura chilena que a las que sufren los efectos de un delito común.
La Obligación de Reparación Integral
De esa violación de Derechos Humanos nace la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera integral. Estas medidas de reparación son variables y dependerán en gran medida del caso de que se trate, pero también dependen, por sobre toda otra consideración, del tipo de naturaleza de la vulneración. En el caso del Sename, dadas las características del tipo de violación en que se ha incurrido, no basta con la mera indemnización.
La responsabilidad que se debe perseguir no solo es penal, sino también administrativa y política, ya que lo que interesa saber es quién pudo haber hecho algo y, finalmente, dejó que esto ocurriera. En este punto habrá que esperar que se determine no solo la responsabilidad de los autores directos, sino, y quizá lo más relevante, la responsabilidad de quienes dirigen, ejecutan y aplican políticas y medidas en las instituciones vinculadas a la protección en Chile, especialmente del sistema residencial.
El Informe de la ONU tiene y tendrá muchas consecuencias en la forma en que el Estado debe abordar la niñez vulnerada, pero su efecto más relevante son los antecedentes que aporta para caracterizar esta crisis: su definición de grave y sistemática. Se abre ahora un horizonte de hechos difícil de precisar, y resultará especialmente interesante ver cómo se organizarán las acciones de defensa y de seguimiento efectivo de la responsabilidad imputada al país, y también cómo se organizarán las entidades de defensa de derechos.
Medidas de Reparación Propuestas
- Establecimiento de la Verdad: Parcialmente realizadas a través de los Informes de Diagnóstico de la realidad del Sename, buscan establecer la verdad de lo ocurrido, los hechos, las falencias y las consecuencias que los niños y niñas cargan por su paso por el sistema. Esto abre el debate sobre la necesidad de una Comisión de Verdad sobre lo ocurrido con los niños y niñas bajo la protección del Sename.
- Rehabilitación y Reparación Propiamente Tal: Destinadas a la rehabilitación o reparación de los niños y niñas dañados por su paso por el Sename, incluso si ya son adultos. Estas medidas son esenciales para reintegrar a las víctimas a su proyecto de vida.
- Indemnización Económica: Ya sea en forma de pago único o pensión por un determinado tiempo (o vitalicia), es solo una parte de las medidas de reparación, pero que siempre focaliza la atención pública.
La Realidad Institucional del Sename: Negligencia Histórica y Desafíos Éticos
Durante los últimos meses en Chile, se ha visibilizado en la esfera pública una multiplicidad de experiencias traumáticas y vulneradoras del derecho a la infancia en niños, niñas y jóvenes pertenecientes al Sename y a sus redes colaboradoras. Para la gran mayoría de profesionales de las ciencias humanas que allí se desempeñan (trabajadores sociales, psicólogos, abogados, técnicos sociales), el fenómeno de negligencia y maltrato institucional ejercido hacia sus sujetos de atención no es nuevo, sino que tiende a configurarse, más precisamente, como una regularidad histórica y evidentemente empírica.
Más allá de la necesaria e importante discusión presupuestaria de los centros residenciales Sename, llama la atención la racionalidad con la que opera este servicio auxiliar del Ministerio de Justicia. La diferencia entre lo que diseña técnicamente Sename respecto de lo que surge efectivamente de la experiencia de ejecución, no solo advierte de una enorme distancia de naturaleza tecnocrática, sino que incita a preguntarse, por fuera del ámbito de discusión técnica, cuál es el sujeto que se produce en un contexto institucionalizado.
La Subjetividad Infantil y la Producción de "Cuerpos Abyectos"
Con todo ello, es plausible indicar que el estatuto normativo de la infancia en Chile es enteramente político, pues es el Estado el que produce y otorga el derecho a la vida en familia, administrando, confinando e institucionalizando su subjetividad. En otras palabras, el Estado chileno ha hecho de “sus niñas(os) Sename” una completa producción de cuerpos abyectos. Si bien la institucionalización de niños y jóvenes otorga un contexto de satisfacción mínima de necesidades materiales, es evidente que el “desafío” recae en cientos de profesionales de las ciencias sociales.
Así, se impone coercitivamente una realidad multiproblemática, en la que la subjetividad infantil depende en gran medida de la capacidad de gestión y experticia del profesional a cargo. En tal sentido, se torna relevante advertir los diversos efectos de institucionalización, pues, en el Estado chileno se advierte un profundo deseo de normalización y estatización de las relaciones de vida infantil. Por ello, el Estado se presenta como una tecnología política, en la que su deseo de protección de niños vulnerados adquiere un carácter patológico de liberación.
Empero, nos interrogamos, ¿hasta qué punto entonces el deseo de protección estatal no vulnera precisamente a aquellos niños, que en representación de sus respectivos derechos pretende salvar?
Casos Emblema: Guillermina y Lissette
El caso de Guillermina, y posteriormente el de Lissette, se han convertido en símbolos de las profundas deficiencias y la crisis humanitaria dentro del Sename, exponiendo la falta de protocolos adecuados, el caos estadístico y la negligencia en la atención a los menores más vulnerables.
El Caso de Guillermina: Fallas en el Protocolo y la Terminología de "Egresos"
A las 04:19 de la mañana, Guillermina, de 16 años, llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Sename, traída por un policía. Según consta en la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió al reingreso violentamente. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, ni para un chequeo completo. La querella no prosperó y su muerte, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de lo que el organismo llama "egresos" de su sistema. Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia. El caso de Guillermina parece no ser una excepción en un sistema que está "en estado terminal", según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
El Caos Estadístico y la Opacidad de Cifras
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno salió a aclarar que la cifra solo incluye a los menores del área "protección".
El sistema chileno se divide en dos grandes áreas: "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no están capacitadas; y una segunda parte que se encarga de recibir a niños infractores de la ley. Un análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron.
"Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Estela Ortiz. El diputado René Saffirio afirma que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio, quien presidió la primera comisión investigadora del Congreso chileno sobre las irregularidades del Sename y presentó un informe con 200 medidas urgentes, asegura que "ninguna se han cumplido".
"No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos", explica Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename. Más allá de los números exactos, lo que ha quedado en evidencia es un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios, y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
El Factor Lissette: Falta de Preparación y Protocolos
Actualmente existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename. Estos son los casos más "críticos", sin considerar los otros programas que dependen del Servicio. Según el Servicio Médico Legal, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento son algunos de los resultados.
En la lista hay una causa "indeterminada" de muerte que fue precisamente la que detonó la crisis por los fallecimientos: la de Lissette. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados, y la evaluación del Sename incluyó maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aún así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, Lissette sufrió una crisis. Cuando una cuidadora intentó levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. "La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual", dice Ortiz.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento de Lissette a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar. Esta explicación fue considerada poco satisfactoria y ética, costándole el puesto.
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Sobrematricación y Deficiencias en la Atención Psiquiátrica
Las Consecuencias de la Sobremedicación
"Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada", afirma el psiquiatra Rodrigo Paz, quien es parte de la querella por la muerte de la menor. Asegura que se le estaba suministrando un fármaco (benzodiazepina) que en la cantidad que se le daba a Lissette actúa como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Por el contrario, la sertralina puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables", explica el psiquiatra.
Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". "El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación. Los adolescentes ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua y si no hay personal especializado que se los suministre, no sabemos si se están tomando efectivamente las dosis". El problema es grave, considerando que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado", según el senador Alejandro Navarro.
La Carencia de Especialistas y Recursos en Salud Mental
"Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Francisco Estrada. Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, pero nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave. "Hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay", explica Ortiz.
Propuestas para una Solución Integral y Ética
"Este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen", dice Estela Ortiz. Por primera vez este año, a partir de una seguidilla de muertes cuestionadas, esos niños comenzaron a tener rostro.
Un Enfoque Multidisciplinario y Centrado en la Familia
Precisamente, un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares de una solución definitiva para el problema, según el análisis de Estrada. "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle", explica el abogado. El segundo pilar tiene que ver con que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos".
Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño". Estela Ortiz coincide: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
La Importancia de una Defensa Jurídica Adecuada
Por último, Estrada plantea que es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Aquí existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema. "Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. El problema es que los niños no pueden esperar. No existen cifras claras del total de menores que están bajo la tutela del Sename, ya que el 90% de las instituciones que los acogen son administradas por privados y las de administración directa no están protocolizadas.
El Dilema Ético de las "Habilidades Parentales" y la Violencia Patriarcal
El Sename se enfrenta a un dilema ético significativo al trabajar desde el concepto de “habilidades parentales” con mujeres/madres vulneradas en sus derechos. Esto no solo no sostiene una postura ética, sino que deviene en una reproducción velada, dentro del box de atención, de la violencia patriarcal. Se mantiene, desde el castigo y la exigencia, el lugar subordinado de esa madre únicamente vista en ese rol, esencializada desde ahí y anulada por tanto en su historia y subjetividad.
Crítica Feminista a la Moralización de la Maternidad
Las teóricas feministas y el activismo han trabajado por la liberación de las mujeres, logrando espacios de desplazamiento que abren camino a la igualdad de derechos. Sin embargo, la maternidad continúa asociada a una fuerza natural, y se piensa aún en el instinto materno como motor de esta función, lo que mantiene un imaginario colectivo de mujer para y por otro como papel fundamental del género. El Sename, como institución responsable del bienestar superior del niño, exige el ejercicio de una maternidad “idónea” para asumir o mantener los cuidados del hijo/a. Se pretende entonces “habilitar” a los padres para este fin, trabajando así sus “habilidades parentales”.
En estos términos, esa madre es de antemano “evaluada” como negligente, en tanto no se encontraría en condiciones de salvaguardar el bienestar integral de su hijo/a. Esta “idoneidad” moraliza la parentalidad. El marco discursivo de las “habilidades parentales” adquiere un talante controlador, de monitoreo y supervisión, corriendo además el riesgo de caer en juicios morales condenatorios respecto a qué configura una madre “hábil”.
La Reproducción de la Violencia Estructural
El problema se complejiza más aún al considerar que un alto porcentaje de madres usuarias de la red Sename se constituye en víctima de violencia de género a nivel intrafamiliar. Atrapada en un escenario de violencia, sometida al dominio de un otro, anulada en su subjetividad, ¿cómo mirarla desde un rol materno? Así, la confusión detona en una traducción de lo anterior al cumplimiento de tal o cual tarea, asistencia a visita en la residencia, “adherencia” al programa, etc. Esta es una demanda en términos normativos foránea al reconocimiento de vivencias dolorosas y situaciones de vulneración que vive o ha vivido el adulto en cuestión.
Suponiendo un problema completamente descontextualizado, se ordena asistencia al Centro de la Mujer y alejarse del maltratador. ¿Qué efectos positivos podría tener una intervención normativa a quien, además, en sumisión vive bajo la ley incuestionable de otro? Se desmiente así el contexto familiar y social en el que esa madre se encuentra inserta, invisibilizándola en su ser sujeto/mujer. Parecieran dilucidarse aquí estragos del romanticismo misógino, en donde a la mujer le es negada su individualización.
Trabajar desde las “habilidades parentales” no promueve un pensamiento crítico y reflexivo, un deseo de reivindicación en cuanto a la violencia de género por parte de los profesionales, ni una postura ética ubicua e imprescindible en quien trabaja con derechos humanos.
Hacia un Código de Ética Institucional
Frente a estos complejos desafíos, el Sename ha reconocido la necesidad de establecer un marco ético sólido. El presente Código de Ética fue desarrollado en base al aporte y participación de toda la comunidad institucional, distribuida en los diversos estamentos que la componen, a fin de dar una visión de carácter universal y realista de la situación del Servicio y las inquietudes de sus funcionarios y funcionarias en el aspecto ético.
En primer término se efectuó un sondeo de la realidad institucional, a fin de interiorizarse sobre la visión funcionaria respecto a cuáles son los principios y valores que considera relevantes para perseguir los objetivos y fines del Sename.