La creación de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estatal en Chile ha generado un intenso debate que va más allá de consideraciones técnicas como la rentabilidad, las comisiones o la efectividad. Esta propuesta revela visiones políticas divergentes sobre la participación del Estado en la economía, la distribución de la riqueza y las redes de seguridad social. El debate en torno a las AFP estatales en Chile no es solo un asunto técnico, sino que también tiene importantes implicaciones políticas, sociales y económicas.
Críticas al sistema actual de AFP
Desde hace varios años, el sistema chileno de administradoras de fondos de pensión (AFP) se encuentra en un profundo cuestionamiento. Una de sus principales razones es que, según la Agrupación del Daño Previsional, el promedio de las jubilaciones es solo un tercio del salario promedio durante la vida laboral, al contrario de lo que se había prometido cuando se instaló el sistema en los años 80.
Deficiencias estructurales y baja rentabilidad
- Una de las principales críticas es que solo seis AFP administran cerca de cien mil millones de dólares, cuyos propietarios son más de siete millones de trabajadores obligados a depositar sus fondos de pensión en ellas, sin el menor derecho a ser representados democráticamente en el directorio de estas instituciones financieras.
- El estudio de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones revela una "profunda decepción de la ciudadanía con el sistema de AFP dada la baja rentabilidad y las comisiones cobradas", y una percepción generalizada de que el modelo "beneficia más a las AFP que a los propios cotizantes".
- Los cambios, según Carlos Huneeus, debiesen partir por reconocer que las AFP no cumplieron su promesa original: "Entregar mejores pensiones que el sistema de reparto".
- Las AFP no cumplen la función y promesa para la cual fueron creadas: entregar mejores pensiones que las del sistema de reparto. En efecto, estas son bajísimas, sin cubrir las necesidades mínimas de un trabajador que jubila a la edad que le permite la ley, y perjudican a las mujeres, con un sector de los trabajadores no integrado al sistema.
Inestabilidad laboral y bajos sueldos
Huneeus advierte que también se debe sincerar que el sistema falla por deficiencias estructurales del mercado del trabajo, como la inestabilidad laboral y los bajos sueldos: "Ha habido una inercia institucional de parte de los sucesivos gobiernos, el Congreso, las AFP y el sistema financiero, al no enfrentar esas fallas".
- El sistema privado de pensiones tiene fallas estructurales, las cuales se encuentran en el mercado del trabajo. Ahí está la raíz de su incapacidad para cumplir su función. Los empresarios, por tanto, tienen una cuota de responsabilidad en esta incapacidad de las AFP.
- Este mercado se caracteriza por la inestabilidad laboral, los bajos sueldos y el rechazo al trabajo de las mujeres. Estos problemas han sido silenciados por las AFP y por sus partidarios.
- Guillermo Arthur, ex presidente de la Asociación de AFP, se refirió en 2013 al impacto determinante del mercado laboral en el monto de las pensiones: "El monto de la pensión depende de la regularidad con la que un trabajador hizo cotizaciones. Quienes cotizaron regularmente tendrán muy buenas pensiones, no así los que no lo hicieron."
- El sistema genera grandes preocupaciones si consideramos la irregularidad por parte de los trabajadores en los aportes que realizan al sistema previsional, dado que casi ningún trabajador tiene la continuidad laboral supuesta en los cálculos iniciales. El grueso de las cotizaciones está en los primeros 15 años de trabajo, período en que los trabajadores reciben un salario más bajo, por lo que el monto de las remuneraciones que se entregan a la hora de jubilarse dista mucho del prometido al inicio del sistema.
Desconfianza ciudadana y poder económico de las AFP
El fracaso de las AFP para cumplir su función propia no es el único problema que enfrenta el sistema privado de pensiones. Además, tiene una débil legitimidad ante la sociedad, porque reciben una baja confianza de la ciudadanía. Peor aún, las AFP se ubican entre las instituciones que reciben la menor confianza ciudadana.
- Desde que se incluyó a las AFP en la pregunta sobre la confianza en las instituciones (encuesta de 1996), estas recibieron un moderado respaldo ciudadano (32%), pero desde entonces, ese nivel de confianza no se consolidaría, sino que tendría importantes variaciones, cayendo al 19% en la encuesta de 2001, subiendo después al 29% en 2005, para llegar al 30% en 2008.
- Las AFP tienen un tercer problema político: administran con amplia autonomía los fondos de pensiones, que han alcanzado una gigantesca dimensión, superior al PIB. Ante esta ausencia del Estado, se ha consolidado un enorme poder económico y político en una industria altamente concentrada en solo seis AFP: Habitat, Provida, Cuprum, Capital, Planvital y Modelo.
- Cuatro de ellas -Provida, Cuprum, Capital y Planvital- son controladas por multinacionales extranjeras, las cuales siguen las orientaciones y prioridades de sus casas matrices, con la consiguiente tensión con los intereses nacionales. Habitat es controlada por un grupo económico, la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), el 11º grupo económico según el ranking elaborado por la Universidad del Desarrollo, que tiene un gran poder político.
Entrevista a Marco González, Abogado experto en Sistema Previsional y AFP
Argumentos en contra de la creación de una AFP estatal
Si bien la idea de una AFP estatal busca abordar algunas de estas deficiencias, expertos y economistas han levantado una serie de argumentos en contra de su creación, cuestionando su capacidad para resolver los problemas de fondo del sistema previsional.
No soluciona problemas de fondo
Una AFP estatal no soluciona los problemas de fondo del sistema previsional, referidos al fuerte aumento en la expectativa de vida, unido a una baja densidad de cotizaciones.
- Cecilia Cifuentes, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, expone sus razones de porqué no se debe crear una AFP estatal, argumentando que "difícilmente (una AFP estatal) podría tener una rentabilidad superior a la del sistema", considerando que el sistema chileno está dentro de los tres más rentables de la OECD.
- Si se trata de aumentar la densidad de cotizaciones del resto de los afiliados, eso se relaciona más bien con el rol de educación previsional, que sí es necesario y que debe ser parte de las políticas públicas en materia previsional, pero que no requiere para nada una AFP estatal para llevarse a cabo.
Efectos sobre la competencia
La entrada de una AFP estatal podría ser limitada por factores como la burocracia, la falta de capital inicial y la resistencia de las AFP privadas. Esto podría diluir su efecto competitivo.
- El economista Ricardo Paredes considera que para que una AFP estatal imprima más competencia, debe haber sensibilidad de los afiliados a la variable que pueda alterarse con esa entrada, que pudiera ser la comisión. Para que una AFP estatal pueda virtuosamente ofrecer una comisión menor, debe mostrar ventajas claras de eficiencia que le permitan sostener un precio menor.
- Para la economista de LyD, Cecilia Cifuentes, el problema de la competencia con una AFP estatal está en la insensibilidad sobre los costos. "Los cotizantes no responden a precios, y cuando pasa eso, se genera la posibilidad que se les cobre sobreprecios. Eso se resolvió de manera apropiada con la licitación (que ha sido ganada por Modelo)", indicó.
Comisiones más bajas: Un "mito" o "ilusión"
Aún cuando la idea de comisiones más bajas suena atractiva, es importante profundizar en este concepto y considerar alternativas que aborden las falencias del sistema actual de manera integral, considerando la realidad del mercado, las características de los afiliados y las complejidades del sistema financiero. Una AFP estatal no está exenta de costos. Su operación requiere personal, infraestructura, tecnología y sistemas de gestión que generan gastos. Estos costos podrían traducirse en comisiones que no sean tan bajas como se espera.
- Para Cecilia Cifuentes, es imposible alcanzar una comisión cero, teniendo en cuenta que AFP Modelo es la que tiene las comisiones más bajas del sistema (0,77%). "Es muy difícil, yo diría que imposible, que una AFP estatal pueda cobrar una comisión inferior a esa, sin tener pérdidas", indicó.
- Ricardo Paredes considera la comisión cero como una ilusión: "No creo y ese me parece un sueño que ya quisiera creer". Agregó que el sistema de licitaciones como el existente debiera seguir propendiendo a reducir las comisiones medias pagadas, por el traspaso de los afiliados a las AFP que se adjudiquen las carteras.

Impacto en las pensiones futuras
Otro mito es que las pensiones podrían verse mejoradas con una AFP estatal, por el perfil solidario que esta tendría. El economista de la Universidad de Chile, José Yáñez, afirmó que esto era posible en la medida que esta entidad incorporara el principio de solidaridad dentro de sus funciones administrativas.
- Para el diputado Andrade, si alguien piensa que con la AFP estatal se van a resolver el tema de las pensiones bajas, le está pidiendo a la AFP estatal lo que la industria no es capaz de hacer. La solución del tema de las pensiones es algo más complejo.
- Para Ricardo Paredes, para aumentar las pensiones, no se justifica una AFP estatal, asegurando que si en la práctica esta tiene entre sus objetivos aumentar el monto de pensiones, sería necesario revisar las políticas impositivas.
Redestinación de utilidades y dependencia estatal
Con la crisis subprime entre 2008 y 2009, los multifondos mostraron sus peores retornos de la historia. En 2008 las AFP perdieron US$6 millones, pero ya en 2009 la historia cambió rápidamente con ganancias históricas de US$441 millones. Sin embargo, los cotizantes solo volvieron a tener rentabilidades pre crisis en 2011.
- Para Raúl de la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Fiscales (Anef), "cuando hay crisis económica las empresas que administran estas platas quedan aseguradas no pierden ni uno, pero son los trabajadores los que pierden sus recursos, quedando con menos pensión".
- Cecilia Cifuentes considera que si una AFP estatal redestinara sus utilidades, esto se vería compensado con pérdidas de eficiencia. "Es imposible que el Estado logre eso, a lo mejor esa ganancia, estoy segurísima que se vería compensada por pérdidas de eficiencia", aclaró.
- Ricardo Paredes señaló que de generarse este rol subsidiario con transferencias de recursos, tendría dos efectos negativos: la dependencia que podría nuevamente provocar un subsidio estatal y las presiones que se ejercerán en caso de caídas en la rentabilidad no serán compensadas con lo que ocurrirá cuando los fondos crezcan.
Carga fiscal para el Estado
Si bien no existe una proyección si es que una AFP estatal aumentaría estos costos, los expertos aseguran que podrían elevarse y convertirse en un gran peso para el Estado.
- Para Ricardo Paredes, el costo para el Estado sería enorme, sobre todo si en algunas ocasiones, como en casos de crisis económica, debiera cumplir con un rol subsidiario. "Mi aprensión es, precisamente, que tenga impacto fiscal por las transferencias que se hagan a los afiliados que no dicen relación con sus aportes y que excede lo que el Pilar Solidario contempla", afirmó.
- Cecilia Cifuentes también recalca que será costoso no solo el rol subsidiario que deberá tener el Estado, si considera una administradora pública de fondos, sino también asuntos de logística, que obligarán en el largo plazo, competir para obtener más recursos y poder solventar el costo que eso conlleva. "Para las AFP poner oficinas en localidades muy chicas con baja densidad de cotizantes, efectivamente no es rentable. Es decir, necesitar de esas oficinas, necesariamente va a generar gastos fiscales", señaló Cifuentes.

Otros argumentos y consideraciones
Inercia institucional y falta de sinceridad en las reformas
Las medidas anunciadas por el Presidente Piñera para perfeccionar el sistema privado de pensiones no reconocen la magnitud de sus problemas y no apuntan a romper la inercia institucional. No ha sincerado el efecto concreto de las medidas, que serán de mediano y largo plazo (20 años); tampoco ha precisado los costos fiscales de las mejoras de las pensiones, que obligará al aumento del gasto fiscal. Sus propuestas son contradictorias con otras políticas del gobierno, como la reforma tributaria, que plantea bajar el impuesto a los más ricos. Ambos objetivos son incompatibles entre sí.
- El Banco Mundial señala lo sorprendente que Chile sea a través de su sistema de AFP exportador de capitales, con porcentajes equivalentes a los que se manejan por países desarrollados. Esto en contraste con el hecho de que la mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo luchan por atraer e incrementar la inversión privada, los activos del sistema de pensiones chileno, como porcentaje del PIB, rivalizan con los de los Estados Unidos y el Reino Unido.
- El premio Nobel de economía (2008) Paul Krugman se suma a las críticas al modelo chileno de AFP, afirmando que EE.UU. no sufrió consecuencias más graves en la última crisis financiera gracias al hecho de no adoptar el modelo chileno de fondos privados de pensiones.
Superar prejuicios ideológicos
Una nueva política de pensiones debe alejarse de la visión ideológica que idealiza al mercado y a los empresarios, tolera altos grados de patronage y rechaza la intervención del Estado en la economía y en decisiones estratégicas del país, aunque no tiene problemas en buscar financiamiento económico para las empresas. Ello requiere otro paradigma económico al dominante, lo cual implica abandonar los componentes de neoliberalismo radical que lo caracteriza.
Parafraseando a Clemenceau, el sistema privado de pensiones es demasiado importante para Chile como para seguir entregándolo al control de expertos (ingenieros y economistas) y de las AFP. Es hora que el Estado rompa con la inercia que ha dominado su larga historia, abra un debate nacional sobre la crisis del sistema de pensiones y convoque a un gran acuerdo nacional. Ese esfuerzo nacional debe superar los prejuicios ideológicos y debe imponerse a los intereses económicos, para traducirse en la construcción de instituciones públicas que aseguren que Chile tenga un sistema de pensiones de acuerdo a su nivel económico, para todos y no para una minoría.