SANTIAGO.- Una funcionaria judicial y su esposo han quedado en prisión preventiva tras ser formalizados por fraude al Fisco, acusados de estafar por un monto de $704 millones al Primer Juzgado Civil de Puente Alto. Los cargos fueron presentados este sábado en el Juzgado de Garantía de la misma comuna.
Detalles del Fraude y los Acusados
La principal implicada en este caso es Carla Ancao Jaramillo, funcionaria judicial. Según reportes del canal 24 Horas, el esquema de la estafa consistía en que Ancao Jaramillo confeccionaba los cheques. Posteriormente, solicitaba a otro empleado del tribunal que los firmara. Una vez firmados, la mujer supuestamente escribía el nombre de su cónyuge, Marcelo Caro Rivera, quien luego procedía a cobrarlos.
El comisario de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, José Castellón, explicó el modus operandi: "Esta persona, aprovechando el poco control en la firma y emisión de estos documentos, procedía a girar cheques a nombre de su marido, quien luego iba a un banco y cobraba por caja en efectivo". Esta declaración subraya la vulnerabilidad en los controles internos del tribunal que fue explotada para perpetrar el fraude.
Destino del Dinero Defraudado
Según la defensa de los imputados, el matrimonio habría gastado parte o la totalidad del dinero defraudado en diversas adquisiciones y pagos. Entre los destinos de los fondos se mencionan:
- Pagar deudas existentes.
- Comprar vehículos.
- Adquirir una casa.
El destino exacto del dinero sigue siendo una parte fundamental de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.
Descubrimiento de la Estafa y Medidas Posteriores
El fraude salió a la luz de manera fortuita. La funcionaria acusada, Carla Ancao Jaramillo, se encontraba con licencia médica cuando su reemplazante en el cargo detectó una anomalía. Gracias a las gestiones de este empleado, se identificó un cheque por $42 millones cuyo destino levantó serias sospechas. Esta primera indagación escaló rápidamente, determinando que el monto total de la defraudación ascendía a los $704 millones.
En respuesta a este grave incidente, la Corte de Apelaciones de San Miguel ha abierto una investigación administrativa paralela. Esta pesquisa busca establecer posibles responsabilidades de otros funcionarios judiciales que pudieran haber estado involucrados o haber fallado en los controles. Según informó el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, "Esta situación nos llama poderosamente la atención, porque tenemos protocolos muy estrictos en materia de control de recursos y gastos". A pesar de estos protocolos, el fraude persistió hasta su detección fortuita.