Alejandro Navarro Brain (Santiago, 20 de noviembre de 1958) es un pedagogo y político chileno. En diciembre de 2005 fue elegido para integrar el Senado por el período 2006 a 2014 por la Circunscripción Senatorial Nº 12 de la región del Bío Bío Costa. Fundó en enero de 2009 el Movimiento Amplio Social (MAS) y fue proclamado como precandidato a la presidencia de la República ese mismo año. Como senador y figura política, ha jugado un rol crucial en el debate y la propuesta de reformas al sistema de pensiones chileno.
Críticas al sistema de AFP y propuestas de reforma
El sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile, creado por el decreto 3.500 de 1980 en plena dictadura, lleva 40 años vigente. A la fecha, las AFP han acumulado más de 200 mil millones de dólares, administrados fundamentalmente por siete AFP de un total de 32 que han existido en la historia del país. Estos recursos se concentran principalmente en empresas internacionales en manos de los seis grupos económicos más importantes de Chile: Saieh, Luksic, Yarur, Solari, Matte y Said. Esta hegemonía de grupos económicos hace que el control de los ahorros forzosos de los trabajadores chilenos sea un botín imposible de renunciar.
Los ahorros para la pensión, hoy en manos de empresas privadas bajo el nombre de AFPs, invierten dichos fondos en el extranjero, muchas veces en fondos altamente especulativos. Si bien esos fondos a veces rentan, en otras ocasiones las pérdidas son millonarias para los ahorrantes, como ha sucedido una vez más durante la crisis del Covid-19.
Proyecto de ley para derogar el Decreto 3.500 y crear el Instituto de Seguridad Social
Parlamentarios de oposición, incluyendo a Alejandro Navarro, han insistido en la necesidad de debatir la constitucionalidad del sistema de AFP. Cinco senadores de oposición, entre ellos los independientes Alejandro Navarro (PRO) y Carlos Bianchi, junto a Alfonso De Urresti (PS), Yasna Provoste (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD), presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto 3.500 de 1980.
Los senadores están conscientes de que esta iniciativa puede ser declarada inadmisible, pues una decisión de esta naturaleza correspondería exclusivamente al Ejecutivo; no obstante, decidieron insistir. Aparte de derogar el decreto 3.500, se propone nacionalizar los fondos de pensiones y, en vez de las AFPs, crear una nueva institucionalidad: el Instituto de Seguridad Social. Este nuevo organismo abarcaría la Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral. Además, se establece un sistema de pensiones básicas solidarias y una pensión básica universal.
Navarro ha enfatizado la urgencia de este debate, señalando: “Abrir este debate es urgente y necesario. Nada preocupa más a los chilenos, particularmente a sus trabajadores, que la pérdida de sus fondos de pensiones y estamos disponibles también para abrir el debate sobre el retiro anticipado de una fracción de los fondos, para poder enfrentar esta crisis económica.”
El debate sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones
En el contexto de la grave crisis pandémica y de cesantía en Chile, el 15 de julio de 2020, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de las AFP. Esta medida, que contó con el apoyo de 13 diputados oficialistas, fue celebrada por diversos sectores de la población chilena.
El gobierno ha argumentado que el retiro podría afectar gravemente la economía, y ha expresado el temor de que los fondos estén depositados en valores y acciones de difícil recuperación en el corto plazo. No obstante, se estimó que unos 20 mil millones de dólares podrían ser inyectados directamente a la economía nacional en el curso de 30 a 60 días, dado que las necesidades en que la ciudadanía emplearía ese dinero son básicas.
La decisión de impulsar el retiro del 10% surgió de la ciudadanía ante la absoluta indefensión y el incumplimiento de las expectativas de los proyectos, programas y leyes de apoyo del gobierno. Proyectos como el FOGAPE (Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios) destinado a los microempresarios fueron vistos como un fracaso, ya que los 3 mil millones de dólares solo llegaron a las grandes empresas. La utilización del subsidio de cesantía fue percibida por los trabajadores como la expropiación de un derecho, y los aportes y el ingreso familiar de emergencia resultaron insuficientes.
Navarro ha declarado que el 10% ha sido asumido por quienes creen que las AFP, las administradoras de fondos de pensiones de ahorro forzoso, deben terminar en Chile como han terminado en la mayor parte del mundo. Existen dos proyectos de ley en debate: uno de retiro del 10% y otro para terminar con las AFP, este último de su autoría. Ambos representan un golpe fundamental a la base del modelo neoliberal, y la defensa que ha hecho el gobierno del sistema de AFP refleja una postura inflexible.
El 84% de los chilenos, fundamentalmente la clase media que se siente desamparada, abandonada y traicionada, apoya el retiro del 10%. Estos sectores, que han agotado sus ahorros y sufren la cesantía sin subsidios estatales durante meses de cuarentenas, impulsan este proyecto para poder retirar hasta 4 millones de pesos (aproximadamente 3 mil a 4 mil dólares) para enfrentar su endeudamiento y subsistencia. El impacto que el gobierno considera negativo no ha permitido discutir la inyección de 20 mil millones de dólares a la economía nacional frente a los 12 mil millones que el gobierno plantea en su paquete de medidas económicas.
En lo político, de no aprobarse el retiro del 10%, se teme que pueda provocar un levantamiento social más fuerte que lo ocurrido el 18 de octubre, dado que se ha acumulado indignación, hambre, miedo y necesidad. El gobierno ha señalado que, si se aprueba el 10%, se rompería el pacto político firmado el 15 de noviembre de transición para un plebiscito de Nueva Constitución. Navarro advierte que, si el gobierno desconoce o renuncia al acuerdo político tras la aprobación del 10%, podría haber una movilización violenta.
Acciones y denuncias específicas en materia de pensiones
Apoyo a funcionarios de ASMAR y el retorno a CAPREDENA
El senador Navarro ha solicitado al Ministerio de Defensa Nacional y a CAPREDENA que informen sobre los motivos por los cuales 22 funcionarias y funcionarios de ASMAR Talcahuano, con 28 y más años de pertenencia en sus cargos, no han podido jubilar. Estos trabajadores han demandado reiteradamente a varios Ministros de Defensa Nacional en distintos Gobiernos, a través de sus dirigentes. La oferta o probabilidad actual es que jubilen a través de las AFP, con las condiciones ya conocidas.
Navarro ha manifestado que buscan generar justicia en torno a la "verdadera desgracia que han significado las AFP para los trabajadores de este país". Considera que, al discutirse un proyecto para reformar el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, es la ocasión ideal para llegar a un acuerdo e incluir a estos funcionarios de ASMAR, evitando pisotear sus derechos. Afirma que es posible hacer justicia, ya que se trata de un número reducido de recursos, y que hay que lograr que los funcionarios puedan volver a CAPREDENA, intentando salvarlos de las garras de las AFP.
Denuncia de fusiones irregulares de AFP: Cuprum-Argentum y Provida-Metlife
Alejandro Navarro ha sido una figura clave en la denuncia de supuestas irregularidades en las fusiones de AFP. Solicitó a la Superintendencia de Pensiones la entrega del prospecto descriptivo de la Administradora Fondo de Pensiones Argentum S.A., incluyendo antecedentes personales de los organizadores, estudio de factibilidad y el proyecto de escritura de constitución de la sociedad, así como los antecedentes de evaluación de la Superintendencia en torno a la creación de esta nueva AFP.
En su opinión, la fusión entre Cuprum y Argentum es fraudulenta. Ha señalado su total respaldo a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón, quien indicó que el proceso de fusión de estas dos AFP fue al menos irregular. En este contexto, el diputado Fuad Chaín reveló un oficio de la ministra Rincón a la Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, del 31 de julio pasado, que señalaba claramente que esta fusión fue irregular y que Argentum nunca existió. Esto suscribe las críticas realizadas por Navarro a la gestión de la Superintendenta y demuestra que no se constituyó una nueva AFP, sino una adecuación a partir de los antecedentes de otra AFP existente, con el único objetivo de permitir una fusión entre ambas sociedades.
El oficio de la Ministra del Trabajo que ordena a Agnic no volver a aprobar una operación similar, se contrapone con la opinión de la Superintendenta, quien sostiene tener la facultad para hacerlo. Ante esta contienda de autoridades, Navarro respaldó la decisión de la Ministra, calificando de "absolutamente inaceptable" que en el proceso que Provida y Metlife buscaron replicar lo hecho por Cuprum y Argentum, se aceptara llevar adelante un proceso con una AFP inexistente. La ley, según Navarro, es muy clara: deben ser empresas de la misma índole, y Argentum nunca existió, al igual que Metlife no es una AFP sino una compañía aseguradora en el caso Provida-Metlife.
El fondo de estas irregularidades, según Navarro, radica en la elusión y el no pago de 80 mil millones de pesos en impuestos en el plazo de diez años en el caso Argentum-Cuprum. En el caso de Provida y Metlife, donde la Ministra del Trabajo ha instruido a Tamara Agnic a no seguir adelante con el proceso por ser "abiertamente irregular", se trata de una cantidad de 180 mil millones de pesos que AFP Provida buscaría ahorrarse de pagar al Estado de Chile. El 6 de agosto pasado, Navarro denunció esta situación ante el Ministerio Público para que se investigue a los responsables por fraude al Fisco.
Intenso debate por reforma al sistema de pensiones | 24 Horas TVN Chile
Perspectiva futura para el sistema previsional
Alejandro Navarro ha reiterado su compromiso político de terminar con el sistema de AFP. Si bien reconoce que no se logrará durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, afirma que será un tema central de la campaña presidencial del año 2017. Ha llamado a la ciudadanía a que, al votar en 2017, la primera pregunta a los candidatos sea si están a favor o en contra de terminar con el sistema de AFP.
Navarro considera que será la ciudadanía quien tendrá que dar la mayoría en el Parlamento para cambiar la ley y tener un sistema alternativo, que podría ser un mix entre un sistema de capitalización individual y un sistema de reparto estatal. En este sentido, el debate sobre el futuro del sistema de pensiones en Chile permanece abierto.
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