Los niños y adolescentes del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile son a menudo descritos como los olvidados, los abandonados. Un alarmante número de menores bajo la protección del Estado escapan de los centros del Sename, y la preocupación reside en que, tras su huida, muchos se pierden y algunos, trágicamente, mueren. Estos niños, que deberían estar resguardados por un sistema de protección, terminan siendo olvidados por un sistema que, según se desprende de diversos testimonios e informes, no funciona adecuadamente.
El sistema de protección de la niñez en Chile, a través del Sename, ha sido calificado por María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, como "en estado terminal". Esta situación de agotamiento no solo se refleja en la infraestructura y los protocolos, sino también en el personal que lo sostiene y, sobre todo, en los niños y adolescentes que deberían ser sus beneficiarios. La falta de información clara y la precariedad de las intervenciones contribuyen a un ciclo de vulneración que parece no tener fin.
Casos Emblemáticos: La Cruda Realidad de los Niños en SENAME
El Caso de Guillermina: Un "Egreso" Trágico
Eran las 04:19 de la mañana y Guillermina, de 16 años, llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada, del Servicio Nacional de Menores, organismo del Estado de Chile del que dependen los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social. Fue traída por un policía. Según consta en la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama "egresos" de su sistema. Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia. Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, cuyo bebé fue a un proceso de adopción porque "no estaba capacitada para ser madre". Aunque estuvo mucho tiempo en situación de calle, según el abogado, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave.
El Factor Lissette: Un Fallecimiento Revelador
De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor. La evaluación del Sename incluye maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa: "Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá", le escribió en una.
En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, estas pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas", pero no. Según el testimonio de una de las cuidadoras, en medio de una crisis la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Cuando trató de levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. La cuidadora le dijo al programa "Contacto": "Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar". Ni ella ni su compañera a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
Mariela Labraña, entonces directora del Sename, comunicó a la prensa el fallecimiento de Lissette, atribuyéndolo a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la fue a ver el domingo. La explicación fue considerada tan poco satisfactoria como ética y terminó costándole el puesto.
Caos Estadístico y Fallas Estructurales del Sistema
La Incertidumbre de las Cifras de Fallecimientos y Fugas
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno salió a aclarar que la cifra sólo incluía a los menores del área "protección". BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron.
María Estela Ortiz explica: "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio". El diputado Saffirio señala: "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, agrega: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
La falta de claridad en las cifras es uno de los problemas más graves también en relación a las
Sobrepoblación, Infraestructura y Personal Inadecuado
Actualmente existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename, sin considerar otros programas. El “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia” de 2019, elaborado por el Poder Judicial, evalúa las visitas hechas durante el primer semestre a 254 residencias. De acuerdo con esta información, la sobrepoblación en las residencias alcanzó el 24%, un punto porcentual mayor a 2018, identificándose 31 residencias que superan el límite de niños disponible y 45 con sobrepoblación. Si en diciembre de 2017 eran 6.027 niños internados, a junio de 2019 se llegó a 6.219.
En términos de infraestructura, el informe concluye que "sin perjuicio de advertirse mejoras en términos generales, sigue habiendo una problemática asociada al aseo e higiene de las instalaciones". Además, destaca que "un porcentaje alto de las residencias son inmuebles antiguos y deteriorados". Con respecto a los funcionarios a cargo del cuidado de los niños, el estudio identifica "falencias importantes", al considerar que el personal se encuentra "poco calificado para la atención, con baja preparación en el caso del personal técnico".
Uno de los puntos que más cuestiona el Poder Judicial tiene que ver con tratamientos de salud mental de los menores: "Las condiciones actuales que ofrece nuestro sistema proteccional no permiten hacerse cargo de menores de edad con patologías médicas de salud mental". Como si el diagnóstico del sistema no fuera suficiente, la residencia familiar de Cerro Alegre, en Valparaíso, se vio afectada por un incendio que obligó a la evacuación de siete niñas y 11 funcionarios, investigándose una posible falla eléctrica.
La Crisis de la Sobremedicación y la Falta de Profesionalización Sanitaria
Más allá de las fugas y las cifras confusas, la sobremedicación y la falta de personal capacitado son problemas críticos. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que la menor estaba
Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". "El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación. Los adolescentes ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua y si no hay personal especializado que se los suministre, no sabemos si se están tomando efectivamente las dosis". El senador Alejandro Navarro indicó que el 63% de los niños en el sistema están bajo tratamiento farmacológico, y más de 3.000 carecen de atención médica especializada.
La situación se extiende más allá de las puertas del Sename: "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada. La falta de psiquiatras infantojuveniles es crítica, y la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado, resultando en regiones donde "simplemente no hay", explica Ortiz.
El Agotamiento Laboral del Personal y su Impacto en la Atención
Precariedad Laboral y Consecuencias
Una investigación sobre la política pública de infancia en Chile, liderada por la profesora asociada M. de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, reveló que los trabajadores están invisibilizados en los documentos oficiales. "No aparece nada sobre quién tiene que ser el trabajador y sobre su especialización ni qué se requiere para trabajar con los niños y por otro lado no hay ningún resguardo al bienestar de los trabajadores". Las formas contractuales son muy precarias, con licitaciones por solo dos a tres años, y muchos trabajadores con contratos a honorarios. También se encontraron evidencias de que las licitaciones establecen niveles de especialización que no siempre son posibles de cumplir, especialmente en regiones aisladas, dada la falta de capital humano capacitado. Por otro lado, las bandas de sueldos son muy bajas para las exigencias.
La segunda etapa de esta investigación estableció que un tercio de los trabajadores (más del 30%) sufren de desgaste laboral o burnout, una enfermedad que implica haber tenido estresores sostenidos por una mala gestión de las demandas laborales por parte de la organización. Esto está "fuertemente relacionado con licencias médicas, ausentismo y rotación". Uno de los principales estresores reconocidos por los trabajadores es la falta de coordinación con la red, ya que tienen mandatos diferentes del Sename, del tribunal de familia y del proyecto licitado.
La rotación de trabajadores es mucha, con un promedio de estadía de las personas de un año. "Alguien considerado 'antiguo' en el programa lleva 3 años trabajando ahí". Esto impide mantener o captar a la gente con talento o más capacitada, porque "muchos hacen carrera, no se quedan en el mismo programa si tienen oportunidad de ganar más dinero, o de poder formarse más en temáticas de infancia". Esta alta rotación perjudica el trabajo que se realiza con los niños y jóvenes, "porque parte esencial de este trabajo es la creación de vínculo".
Institutionalización por Pobreza y el Rol de la Comunidad
Cuando la Internación es una Sanción Velada
"Los niños son internados por pobreza", afirma Francisco Estrada, y el problema más recurrente es la "negligencia" de las familias, carátula que encerraba un sinnúmero de situaciones, desde el abuso al consumo de sustancias nocivas, pasando por el abandono y la deserción escolar. Estela Ortiz se pregunta: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?". Un mismo hecho que en personas de nivel social acomodado se interpreta con cierta tolerancia, para personas de otros sectores se cataloga como “negligencia parental”.
Según el psicólogo Camilo Morales, "gran parte de los niños que están en el sistema de protección no fue maltratado ni abusado por sus padres y podría volver a sus hogares si las familias recibieran la ayuda adecuada". La internación opera, de forma velada, como una sanción para el niño y su familia: culmina en la privación del medio familiar. Existe un consenso tácito entre los especialistas de que el tránsito por estas instituciones debe ser breve, nunca más de dos años, pero la realidad dista mucho de eso. Las huellas que estas estadías dejan en los niños no se borran. Incluso en residencias en que no existan abusos ni malos tratos, la falta de familia se vuelve un dolor profundo.
La Adopción y el Acogimiento Familiar como Último Recurso
La adopción solo puede ser la última opción, como aparece consagrado en el artículo 1° de la Ley 19.620. La ley obliga al juez a verificar que la inhabilidad de los padres es real, que son ciertas las circunstancias que impiden la permanencia del niño en su familia de origen, y debe confirmar que la adopción representa ventajas concretas y objetivas. La ley también exige verificar que se han agotado los esfuerzos para habilitar a los padres y familia extensa. Muchas veces es la oposición de la familia extensa lo que complejiza la tramitación. En ocasiones, se detecta poco o nulo trabajo con la familia de origen, y los informes de "habilidades parentales" son realizados por las propias instituciones de adopción, que son una parte interesada.
Lo que se necesita, cuando el niño o niña no puede mantenerse ni en su familia de origen o en su familia extensa, son "familias externas" de acogida, vinculadas comunitariamente al niño o no. El acogimiento familiar permite a una comunidad solidaria hacer algo, y una gran cantidad de familias de acogida disponibles permitiría que las residencias se orientaran solo a aquellos niños que requieran atenciones especializadas, como niños con patologías de salud severa o postrados. Francisco Covarrubias, presidente de la Fundación ProAcogida, destaca la importancia de estas familias para brindar un entorno familiar, especialmente cuando el retorno a la familia de origen no es posible, pero reconoce la escasez de familias dispuestas a acoger a niños con trauma complejo y altas necesidades terapéuticas. Vinka Jackson, psicóloga especializada en trauma, subraya la importancia de la formación en manejo de trauma complejo para todos los profesionales que trabajan con niños vulnerables, un problema crónico por la falta de presupuesto.
El modelo de subvenciones - regulado por la Ley 20.032 - no permite cumplir incluso con las exigencias actuales y genera una alta rotación de profesionales y técnicos. Sename gasta en un niño en un centro de administración directa entre $2.500.000 y $3.000.000, mientras que organizaciones con mayores recursos gastan alrededor de $1.500.000, y una institución pequeña gasta el monto correspondiente a la subvención. Esto provoca inequidad, desigualdad, discriminaciones y diferencias en la atención a niños, niñas y adolescentes con características y necesidades similares.
Hacia una Solución Integral y el Futuro del Sistema de Protección
Compromisos y Propuestas de Cambio
El Presidente Gabriel Boric anunció la creación de una Comisión Especial para determinar la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del Sename y establecer medidas de reparación, con el apoyo de Unicef y la Defensoría de la Niñez, buscando abordar el "capítulo particularmente doloroso" de los abusos sufridos. El Presidente también señaló que se está "implementando una nueva visión, una nueva etapa en la forma en que cuidamos y protegemos a los niños vulnerados" y explicó que uno de los cambios será un nuevo modelo de residencias, de tipo familiar.
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva: primero, unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, personal dedicado que trabaje con las familias y no las aísle; segundo, que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de maltrato y pobreza; y tercero, que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada, que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo, a diferencia de la defensa de infractores de ley. Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que María Estela Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019.
El Nuevo Servicio de Protección Especializado presenta algunos cambios valorados como positivos, como la flexibilidad de mantener la subvención del Estado para los jóvenes hasta los 24 años en el sistema de cuidados alternativos y el establecimiento de programas de acompañamiento y preparación para la vida independiente. Sin embargo, Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, cuestiona que "aquellas materias que tienen un impacto directo en los niños y niñas, como atención en salud mental o consumo de alcohol y drogas, no se abordan, sino que se siguen dilatando". Natalia Castillo (RD), parlamentaria de la Comisión de Infancia, añade que "el informe es lapidario, ya que constata, una vez más, que el sistema de protección no otorga las garantías necesarias para asegurar la efectiva restitución de derechos de niños y niñas vulnerados".
La Urgencia de una Ley de Garantía de Derechos y el Rol Intersectorial
Se ha reiterado la necesidad de contar con una Ley de Garantía de Derechos que instale un sistema de protección integral y administrativo en el nivel local y los demás niveles de administración del Estado, orientado a la prevención efectiva y apoyo a los niños, niñas y adolescentes (NNA), y sus familias. Mientras no exista esta Ley de Garantía, el Nuevo Servicio estará limitado, pudiendo verse enfrentado a las mismas situaciones que hoy vive el SENAME. La polivictimización y la muldimensionalidad de las vulneraciones de derechos exige foco en la prevención y en que los demás ministerios y servicios cumplan su rol de garantes, y brinden los programas, servicios y prestaciones que apoyen el trabajo de restitución de derechos que le corresponde a este servicio especializado.
Además, no se generaron modificaciones al modelo de subsidiariedad. Se propuso durante la tramitación de la Ley de este nuevo servicio incorporar, al menos, un artículo transitorio que indicara que el sistema de financiamiento sea en base a estándares de calidad y al logro de resultados medibles. La auditoría además consideró la opinión de los niños mediante un instrumento especialmente diseñado para este fin. Los resultados evidencian la precariedad del trabajo intersectorial, que es clave para la efectiva restitución de derechos de los niños, ya que su cuidado no es responsabilidad exclusiva de Sename, sino también de Salud y Educación, entre otros actores.
Problemas de la Ley de derechos de la Niñez - Resumido y explicado.
El Desafío de la Vida Independiente para Jóvenes Egresados
El problema de los jóvenes que egresan del sistema al cumplir la mayoría de edad es crítico. Se encuentran "egresando a la calle", sin un programa efectivo de apoyo a la vida interdependiente, a pesar de ser un compromiso presidencial. Se requiere subsidio al arriendo, acceso a educación superior y oportunidades de empleo. La responsabilidad recae no solo en el Estado, sino en la sociedad en su conjunto, ya que la protección de la infancia es una tarea de toda la comunidad.
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