A inicios de los años 90, con el retorno a la democracia en Chile bajo la presidencia de Patricio Aylwin, el panorama económico presentaba tanto oportunidades para grandes empresarios como desafíos para el nuevo gobierno. En un contexto de regulación flexible y un mercado en alza, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), surgidas de las privatizaciones de la dictadura militar, jugaron un rol crucial en el control de grandes empresas, lo que generaría un caso emblemático de colusión y abuso de poder que marcaría la pauta para futuras discusiones sobre su regulación.
Contexto Económico y Político al Inicio del Gobierno de Aylwin
Una de las principales incertidumbres al asumir Patricio Aylwin en 1990 era la posición de su gobierno respecto al modelo económico heredado. Sorprendiendo a sectores más a la izquierda de la Concertación, Aylwin optó por no desmantelar el modelo, sino definirlo bajo el concepto de “crecimiento con equidad”. Este enfoque permitió a su gobierno registrar una de las tasas de crecimiento económico más altas en Chile, profundizando la apertura comercial, la responsabilidad fiscal y el control del desempleo y la inflación. El mandatario demostró una visión y valentía al reconocer los avances económicos y buscar acuerdos entre los distintos sectores para impulsar un programa económico-social que atacara la desigualdad y la pobreza.
En este marco, se propuso una Reforma Tributaria para reducir la pobreza, logrando que alrededor de un millón y medio de personas salieran de esta condición. También se dignificó el trabajo y se dio participación a las organizaciones sindicales, lo que llevó a una Reforma Laboral que estableció un nuevo Código del Trabajo. Además, el gobierno de Aylwin proyectó a Chile globalmente, rebajando aranceles y promoviendo acuerdos de libre comercio, e implementó una Reforma del Mercado de Capitales. Esta reforma buscaba aumentar la rentabilidad de los ahorros previsionales administrados por las AFP, al mismo tiempo que mejorar la regulación de las instituciones que manejaban esos ahorros.
El Caso Endesa y el Rol de las AFP
La Junta de Accionistas de Endesa (1990)
En abril de 1990, la inminente junta de accionistas de Endesa, la mayor generadora eléctrica de Chile, se convirtió en tema central en Santiago. Viejos abogados, notarios, pequeños apostadores de bolsa y jubilados de empresas públicas y fuerzas armadas -conocidos como “capitalistas populares” que habían recibido acciones como indemnización- estaban atentos. La junta del 19 de abril sería clave para elegir al nuevo directorio que controlaría la empresa.
El abogado Ramón Briones recordaba que se estaba gestando un caso emblemático. El grupo Enersis, liderado por José Yuraszeck y José Piñera, ya controlaba Chilectra, la distribuidora de energía eléctrica. Su objetivo ahora era controlar Endesa para reorganizar un nuevo monopolio eléctrico mediante la integración vertical de la generación, transmisión y distribución de energía. Sin embargo, Enersis solo poseía un 12% de las acciones de Endesa, lo que representaba un obstáculo significativo.
El Pacto y la Estrategia de Control
Para lograr su objetivo de controlar el directorio de Endesa, Yuraszeck y Piñera de Enersis necesitaban aliarse con otros accionistas. Con este fin, hicieron un pacto con dos actores clave: las AFP y el grupo Luksic. Las AFP en conjunto controlaban un 22,5% de las acciones de Endesa, y la familia Luksic poseía un 5%. Juntos, estos tres grandes accionistas sumaban cerca del 40% de la empresa. Para asegurar la mayoría de votos, también buscaron el apoyo de los accionistas minoritarios, los capitalistas populares.
La estrategia ideada por Yuraszeck y Piñera consistió en encomendar a jóvenes ejecutivos de la gerencia de desarrollo de Enersis la tarea de recorrer los cafés del centro, convenciendo a los jubilados de las Fuerzas Armadas y empresas públicas de que el proyecto de Enersis era el mejor. Les aseguraron que al votar por los candidatos de Enersis, el precio de sus acciones subiría y obtendrían mejores retornos. En la práctica, esto implicaba que los capitalistas populares firmaran un poder para ser representados por Enersis en la junta de accionistas. La campaña de recolección de poderes fue exitosa, incluso permitiendo a Yuraszeck asegurar un sillón en el directorio a pesar de un error en la emisión de sus propios votos, gracias al apoyo predecible de las AFP.
De los nueve directores de Endesa, Enersis logró elegir cuatro, incluyendo a Yuraszeck, José Piñera y Juan Andrés Fontaine. Las AFP colocaron a tres de sus representantes, y la presidencia quedó en manos de Rodrigo Manubens, del grupo Luksic.
La Denuncia y la Reacción Inicial
Pocas semanas después de la elección del nuevo directorio de Endesa, Ramón Briones, en lo que sería la última acción de la Comisión Fiscalizadora de la Democracia Cristiana, presentó un requerimiento ante la Fiscalía Nacional Económica. La denuncia era por abuso de poder y prácticas monopólicas contra las AFP y Enersis. Briones denunció la “connivencia entre las AFP para designar directores en estas empresas privatizadas”.
El diario El Mercurio rápidamente defendió la operación, publicando descargos de la Asociación de AFP y de Enersis. Sergio Baeza, presidente del gremio previsional, afirmó que la votación de las AFP no violaba ningún precepto y que los directores elegidos eran personas de “indiscutible idoneidad profesional”, buscando solo una administración eficiente para maximizar la rentabilidad y pagar pensiones más elevadas. Enersis, por su parte, descalificó al acusador, invitándolo a estudiar el “complejo tema de la tarificación eléctrica”.
Aunque en el equipo económico del gobierno de la Concertación se encendieron las alarmas, dentro de la bancada democratacristiana hubo voces de protesta, no contra la colusión, sino contra la acción de Briones. Diputados como Jorge Pizarro, José Miguel Ortiz y Hossain Sabag enviaron una carta al presidente del partido, Andrés Zaldívar, en julio de 1990, valorando el papel de Briones en otros momentos, pero sugiriendo que su rol actual era fiscalizar solo a la bancada de diputados.
La Investigación de la Fiscalía Nacional Económica
La investigación avanzó, y el 13 de mayo de 1991, el fiscal Gilberto Villablanca evacuó su informe. En su investigación, tuvo acceso a actas de las sesiones del Directorio de la Asociación de AFP que comprobaron la existencia de un cartel entre las AFP y el grupo Enersis. Estas actas contenían reconocimientos explícitos de directores del gremio sobre acuerdos entre las AFP y con grupos económicos para la elección de directores en empresas privatizadas.
Declaraciones registradas en el expediente judicial revelaron que la modalidad de las AFP de llegar a acuerdos con grupos minoritarios de accionistas para nombrar directores o tomar el control de grandes ex empresas estatales privatizadas, se escapaba del propósito de las AFP, que es administrar los Fondos de Pensiones a través de inversiones adecuadas, en lugar de tomar control económico y político. Otro director de la gremial reconoció que las AFP “se ponen de acuerdo para nombrar directores en las compañías en las cuales han invertido, tomando el control de éstas y concentrando el poder en sólo pequeños grupos de decisión administrativa”. Estas confesiones fueron pruebas contundentes del modus operandi de las AFP para concentrar poder en torno a Enersis y otros grupos económicos emergentes.
Un detalle adicional que evidenció el pacto fue la declaración de Rodrigo Manubens, presidente electo de Endesa y hombre del grupo Luksic. Manubens reconoció que, al obtener un exceso de votación, decidió “en forma independiente y por mi propia cuenta apoyar con los votos que me sobraban al señor Juan Andrés Fontaine”, representante de Enersis. Esto ilustraba cómo el representante de Luksic en Endesa transfirió votos recibidos de las AFP al representante de Enersis.
La Resolución Judicial y sus Repercusiones
En su informe, el fiscal Villablanca no solo acreditó la denuncia de Briones, sino que también solicitó al gobierno de Patricio Aylwin que patrocinara una reforma al D.L. 3.500. Esta reforma buscaría prohibir a las AFP la administración de empresas en las que tuvieran invertidos los Fondos de Pensiones, así como la adopción de acuerdos entre ellas o con otros accionistas para elegir directores. Además, prohibía a Enersis aumentar su participación accionaria en Endesa para evitar la creación de un “poder monopólico” mediante la integración vertical de la actividad generadora y distribuidora.
A pesar de la contundente investigación, el 7 de julio de 1992, la Comisión Resolutiva Antimonopolio (antecesora del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia) no acogió el informe, rechazando la denuncia por cuatro votos contra uno, con el único voto a favor de Oscar Landerretche (padre). No obstante, Briones apeló a la Corte Suprema, que el 25 de mayo de 1993, de forma unánime, acogió su recurso y anuló la resolución de la Comisión Resolutiva.
El fallo de la Corte Suprema estableció que, si bien las AFP “pueden comprar acciones, votar y elegir directores en las empresas en que efectúan sus inversiones, no resulta procedente que exista concierto, en forma alguna, entre ellas y/o con otros accionistas de las empresas en que efectúan sus inversiones para elegir a determinadas personas”. El máximo tribunal concluyó que los hechos denunciados constituían “un atentado a la libre competencia y un abuso de la posición económica que tienen las AFP”, y ordenó al Ejecutivo patrocinar en el Congreso los cambios legales recomendados por el fiscal.
Este fallo fue un duro golpe para las AFP, quienes buscaron victimizarse, argumentando que se les estaba negando el derecho a voto. El presidente del gremio, Sergio Baeza, declaró que modificar la legislación “perjudicaría la mejor rentabilidad del ahorro previsional de los cuatro millones 400 mil trabajadores chilenos”. En una acción sin precedentes, la Asociación de AFP, junto a Provida y Santa María, apelaron para dejar sin efecto el fallo. Inexplicablemente, el 24 de junio de 1993, la Corte Suprema enmendó su dictamen de oficio, indicando solo que la Comisión Antimonopolios debía oficiar al Ejecutivo para sugerir modificaciones legales, en lugar de ordenarlas.
El Debate Parlamentario y la Reforma del Mercado de Capitales
A pesar de la enmienda de la Corte Suprema, la “caja de pandora” abierta por Briones no se cerró fácilmente. La discusión sobre los conflictos de interés de las AFP llegó al parlamento. En 1993, durante la discusión de un proyecto de reforma al mercado de capitales, que incluía medidas para impedir la colusión entre AFP y grupos económicos, un senador que había sido parte del directorio de Provida torpedeó las disposiciones más estrictas en la materia.
Legado Económico y Social del Gobierno de Aylwin
Los resultados económicos y sociales del gobierno de Patricio Aylwin avalaron su enfoque. La economía creció un 7,7% como promedio anual entre 1990 y 1994, la inversión total alcanzó el 28% del PIB, y la inflación se redujo del 30% al 12% en 1993. El índice de pobreza se redujo del 40% al 28% al finalizar su gobierno. Estos resultados validaron los principios de su administración: verdad y reconciliación, justicia social, menos pobreza, crecimiento con equidad, y continuidad y cambio en su programa económico.
El método de Aylwin fue construir consensos y acuerdos en temas estratégicos para reconstruir un sentido de nación y beneficios compartidos. Fue un político con vocación de servicio que logró la unidad nacional en un momento de profunda división, demostrando firmeza y astucia frente a las presiones, incluyendo la influencia de Pinochet.