La autorización para la creación y posterior fusión de la AFP Argentum con la AFP Cuprum ha generado una profunda controversia en el ámbito financiero y legal chileno, desencadenando investigaciones, informes y debates sobre la legalidad y transparencia de los procedimientos seguidos por la entonces Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic. La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, encargó dos informes en derecho para respaldar sus cuestionamientos a la operación, la cual, según estudios, habría presentado numerosas irregularidades.
El Origen de la Controversia: Sugerencia y Autorización
Los hechos que dieron origen a la polémica se remontan a septiembre de 2014, cuando Principal Institutional Chile (PIC) solicitó autorización a la Superintendencia de Pensiones para absorber a Cuprum, administradora de fondos de pensiones controlada por PIC tras su adquisición al Grupo Penta. La Superintendenta Agnic inicialmente rechazó la operación, argumentando que la legislación chilena solo permitía la fusión de una AFP con otra AFP, y que ambas debían tener giro único.
Sin embargo, Agnic señaló una vía alternativa: "La fusión antes señalada podría ser autorizada si, en forma previa, Principal International Chile S.A. se constituye en Administradora de Fondos de Pensiones”. Esta sugerencia se convirtió en el epicentro de la controversia, ya que implicaba la creación de una nueva AFP, Argentum, para luego fusionarla con Cuprum.
Irregularidades y Beneficios Tributarios
Los informes encargados por la ministra Rincón, así como un dictamen reciente de la Contraloría General de la República, han detallado numerosas irregularidades en el procedimiento. Entre ellas, se cuestiona que Argentum presentara antecedentes de Cuprum al solicitar su autorización para funcionar, lo cual fue considerado inadmisible por la Contraloría. Asimismo, se criticó que la existencia de Argentum se condicionara a su fusión con Cuprum, cuando al momento de la fusión, Argentum aún no existía legalmente.
La operación permitió a la AFP del Grupo Principal acceder a un beneficio tributario de aproximadamente $80 mil millones, conocido como "goodwill" tributario. Este beneficio consiste en la diferencia entre el precio adicional pagado en la compra de una empresa y su valor libro, permitiendo diferir el pago de impuestos. Aunque este mecanismo tributario es lícito y existe en diversas legislaciones, su aplicación en este caso generó fuertes cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad del proceso.
La Reacción de las Autoridades y las Implicaciones Legales
Tras conocerse el informe de Contraloría, la Superintendenta Agnic interpretó positivamente el dictamen, pero posteriormente puso su cargo a disposición de la Presidenta Bachelet. La ministra Rincón, por su parte, envió los informes en derecho encargados al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público y a la Cámara de Diputados, buscando blindarse legalmente ante las refutaciones a sus críticas, fundamentadas en la autonomía de la Superintendencia de Pensiones.
Los informes de los académicos Matías Guiloff y Carlos Pizarro, de la Universidad Diego Portales, y del profesor Jaime Jara Schnettler, de la Universidad de Chile, coinciden en señalar que la resolución de Agnic estaba "viciada" debido a una "desviación de poder", es decir, el ejercicio de su autoridad con fines distintos a los definidos por el legislador. Se estima que Agnic ejerció sus facultades para un fin diverso del interés general, favoreciendo el interés patrimonial de un regulado y el beneficio tributario.
Por otro lado, el abogado Pfeffer ofreció una perspectiva diferente, argumentando que Agnic no debía analizar la operación de reestructuración, sino solo velar por que la fusión no disminuyera el saldo en la cuenta de los afiliados. Según Pfeffer, el "goodwill" tributario es un beneficio lícito y potencial, y la Superintendencia no podía exigir limitarlo. Respecto a la "condición suspensiva", opinó que era coherente con la legislación vigente.
Detalles del Proceso y la Perspectiva de las AFP
El proceso de fusión implicó que Principal Institutional Chile S.A. se constituyera como AFP Argentum, y posteriormente se fusionara por absorción con AFP Cuprum. La Superintendencia de Pensiones aprobó la existencia de Argentum el 19 de diciembre de 2014 y la fusión el 2 de enero de 2015, bajo estricto cumplimiento de las exigencias legales. La Superintendencia ha sostenido que no aprobó ningún beneficio tributario y que este tipo de materias no están dentro de sus facultades.
La AFP Cuprum, por su parte, ha defendido la legalidad de la operación, argumentando que el "goodwill" existe en Chile desde 1985 y está contemplado en la ley. Señalan que la polémica se debe a una falta de información y a un ambiente de suspicacias, y advierten sobre la señal que esto podría enviar a los inversionistas extranjeros.
Promesas Incumplidas y el Impacto en los Afiliados
A pesar de las promesas contenidas en el plan de negocios presentado por Argentum a la Superintendencia, que incluían rebajas significativas en las comisiones y un aumento en la rentabilidad de los fondos, los afiliados de Cuprum no han visto cumplidas estas expectativas. Las comisiones, lejos de disminuir sustancialmente, se mantuvieron altas, y la rentabilidad de los fondos, si bien en algunos casos se mantuvo competitiva, en otros experimentó caídas, no alcanzando las metas proyectadas.
Las ganancias netas de Cuprum se duplicaron en 2015, en gran parte gracias al "goodwill", lo que permitió repartir dividendos significativos a los accionistas. Sin embargo, esta situación contrasta con la falta de beneficios tangibles para los afiliados en términos de comisiones y rentabilidad, lo que ha alimentado aún más el debate sobre la equidad y transparencia de la operación.
El Fallo Judicial y el Futuro del "Goodwill"
En junio de 2015, la entonces Superintendenta Agnic negó que Argentum fuera una AFP de papel y afirmó desconocer el beneficio tributario asociado a la fusión. Esta declaración, sumada a las críticas, contribuyó a su salida de la Superintendencia a principios de 2016. El caso cobró notoriedad política, especialmente ante la conclusión de una operación similar entre Metlife y AFP Provida.
En 2017, el ex diputado Fuad Chahín interpuso una demanda de nulidad de derecho público ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando anular la fusión y revertir el "goodwill". La Corte, en su fallo, desestimó la legitimación activa de Chahín, argumentando que la acción de nulidad no es una acción popular. Sin embargo, el caso continúa generando debate sobre la aplicación de la justicia y la protección de los intereses de los afiliados.
