Cada vez son más las personas que alcanzan una edad avanzada. Sin embargo, a las personas mayores se las considera con demasiada frecuencia dependientes de las demás, enfrentando una serie de injusticias sociales que menoscaban su dignidad y derechos. La protección de los derechos humanos de las personas mayores a menudo es débil y, a veces, inexistente, lo que subraya la necesidad de una atención urgente a esta problemática global.
El Constructo Social de la Edad Avanzada y el Edadismo
La edad avanzada es un constructo social que cambia según los contextos y las situaciones. Por ejemplo, las personas de 40 o 50 años pueden ser vistas como mayores en el mundo laboral y sufrir discriminación cuando solicitan un nuevo puesto de trabajo. Por esta razón, Amnistía Internacional aplica a la edad avanzada un “enfoque específico según el contexto” que tiene en cuenta todos estos factores a la hora de investigar violaciones de derechos humanos.
Los adultos mayores sufren a diario estereotipos, prejuicios y discriminación por parte del resto de la sociedad. Muchos tienen una imagen negativa de la vejez, asociada a deterioro, improductividad y vulnerabilidad. Estos prejuicios se engloban bajo el término “edadismo”, el cual surge cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas por atributos que pueden generar situaciones injustas, daños y desventajas.
Según Sara Caro, académica de Trabajo Social de la Universidad Católica e investigadora del Observatorio del Envejecimiento, el edadismo proviene de una visión contemporánea donde se valora primordialmente la juventud y su factor productivo. "Estamos pensando en un cuerpo lozano, en actividad física, mental y social. Es una sociedad donde es muy importante producir, tener una vida activa laboral y económicamente. Homologamos la vejez con una etapa en la vida donde todo eso desaparece", explica. Jorge Browne, médico geriatra de la Universidad Católica, señala que "la vejez es tan heterogénea como las personas, pero nos hemos quedado con un estereotipo de la vejez que está caracterizada por la enfermedad, por la dependencia, por la pasividad del rol social, que básicamente estaría enfocado a un rol familiar de abuelos".
Un informe de Naciones Unidas calculó que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas, lo que empobrece la salud física y mental de las personas mayores, además de reducir su calidad de vida. Este fenómeno tiene un impacto significativo en la elaboración de políticas públicas, que a menudo no tienen en cuenta una imagen más realista y heterogénea de la vejez.
Discriminación Laboral y Desafíos Económicos
En muchos países, las personas mayores sufren discriminación en el mercado laboral. La discriminación basada en la suposición de que todas las personas mayores padecen enfermedades crónicas afecta a cualquier persona de edad avanzada, tanto si tiene una discapacidad real como si no. La legislación vigente para proteger a las personas con discapacidad no se aplica si la discriminación se basa en una discapacidad percibida.
Según un estudio efectuado por Amnistía Internacional Bélgica, casi una de cada cuatro personas mayores que seguían trabajando consideraba que recibía un trato diferente después de cumplir los 55 años. Las personas mayores -junto a las más jóvenes- se ven desfavorecidas en el lugar de trabajo, en el acceso a la educación y formación especializada. Esta desigualdad también está latente en esferas como la salud, la vivienda y la política.
Las pensiones son un medio de subsistencia para las personas mayores; el 68% de las personas mayores del mundo reciben una pensión. Sin embargo, la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en la jubilación. Como las mujeres tienen más probabilidades de interrumpir su trabajo oficial debido a responsabilidades de asistencia o de trabajar en la economía informal, a menudo perciben pensiones más bajas que los hombres. En 2019, las mujeres de la UE mayores de 65 años cobraban una pensión inferior en un 29% a la de los hombres, de media.
Cuando las personas mayores se enfrentan a una crisis, aumenta su vulnerabilidad económica. Durante un conflicto, muchas personas mayores se ven obligadas a desplazarse y se enfrentan a numerosos retos económicos. Por ejemplo, la respuesta humanitaria en Bangladesh para las personas rohinyá refugiadas ignoró la problemática particular de las personas mayores y no atendió sus derechos y necesidades, incluidos los relativos a la salud, el saneamiento, los alimentos, el agua y la participación.
Vulnerabilidad en Situaciones de Crisis y Conflicto Armado
En los conflictos armados, las personas mayores suelen ser las últimas en huir. Pueden tener miedo de perder su hogar o sus tierras, que tal vez sean su bien de mayor valor. Unas veces tienen discapacidades físicas, intelectuales o de otro tipo que les dificultan huir o acceder a información sobre las evacuaciones. En un conflicto armado, toda la población civil -personas mayores incluidas- está amparada por el derecho internacional, pero las personas de edad avanzada casi nunca salen indemnes.
Las encuestas efectuadas entre la población rohinyá refugiada en Bangladesh mostraron que las personas mayores de 50 años eran las que más probabilidades de morir tenían durante el asalto del ejército de Myanmar a sus aldeas en 2017. En Ucrania, la ONU halló que las personas mayores componían al menos el 34% de la población civil asesinada, cifra significativamente superior a la proporción correspondiente a su franja de edad en la población total. Durante el conflicto de 2020 entre Azerbaiyán y Armenia, más de la mitad de las muertes entre la población civil de etnia armenia correspondieron a personas mayores de 60 años. Boko Haram torturó y mató a personas mayores en el noreste de Nigeria, quienes después se enfrentaron a nuevos abusos a manos de las fuerzas armadas nigerianas, que aplicaron detenciones arbitrarias y torturas. Hay pruebas sólidas de que las personas detenidas, especialmente los hombres mayores, eran los que más probabilidades tenían de morir durante la detención a manos del ejército nigeriano.
En Ucrania, las personas mayores de 60 años representan casi una cuarta parte de la población, lo que lo convierte en uno de los países “de mayor edad” del mundo. Amnistía Internacional halló que eran muy numerosas las personas mayores que permanecían en las zonas afectadas por el conflicto. A veces, no tenían acceso a la información sobre las rutas de evacuación; otras, no querían huir. A las personas mayores desplazadas a menudo les cuesta encontrar refugio, y como perciben pensiones muy bajas, muchas no pueden alquilar pisos ni casas, y los albergues temporales no están adaptados para personas con discapacidad. Amnistía Internacional pide a los gobiernos internacionales que apoyan a Ucrania que financien intervenciones en las que se incluya a las personas mayores entre las prioritarias para recibir alojamiento y ayuda en efectivo.
El Impacto de la Pandemia de COVID-19
Desde el principio de la epidemia de COVID-19, se sabía que las personas mayores eran uno de los grupos con mayor riesgo de padecer enfermedades graves y morir en caso de contraer el virus. Durante la pandemia, los gobiernos aplicaron políticas que ocasionaron miles de muertes evitables en residencias de todo el mundo. Miles de personas mayores perdieron la vida en residencias innecesariamente, debido a políticas gubernamentales negligentes y a instalaciones sanitarias con pocos recursos.
En Bélgica, España, Italia y Reino Unido, el virus hizo estragos en una población vulnerable ya de por sí, en gran parte porque las autoridades no equiparon adecuadamente a las residencias ni a su personal para atajar el virus. Las residencias no contaban con las plantillas necesarias y el personal a menudo carecía de equipos de protección individual (EPI) y de test para llevar un seguimiento del virus. Más grave aún: las personas mayores residentes estuvieron prácticamente aisladas por completo de sus familiares y del mundo exterior durante semanas. Los errores en la respuesta humanitaria a la pandemia conllevaron riesgos similares.
Días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia mundial de COVID-19, el servicio de salud pública de Inglaterra anunció la catastrófica decisión de trasladar a pacientes urgentemente de los hospitales a residencias de personas mayores o darlos de alta sin antes hacerles test de COVID-19. Tanto la dirección como el personal de las residencias describieron la situación como un “colapso total” de los sistemas en el inicio de la pandemia. El gobierno británico dejó morir a personas mayores en las residencias, y en el primer año de la pandemia, el virus se cobró la vida de 42.341 personas mayores en residencias.
Maltrato y Abandono: Un Problema Global
Con el aumento de la población de personas mayores, también se ha incrementado el maltrato (OMS, 2018). Según un informe de 2014 de la Organización Mundial de la Salud, apenas el 40% de los países contaba con leyes contra los abusos a personas mayores en entornos institucionales, como las residencias. Solamente el 59% de los países disponía de legislación para proteger a las personas mayores contra los abusos en general.
Prevalencia del Maltrato en América Latina
Algunas cifras derivadas de estudios nacionales, encuestas específicas o informes judiciales dan indicios de la magnitud de este problema en algunos países de América Latina:
- Chile: La Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010 constató que en las personas de 65 años y más la prevalencia de maltrato era del 7,7%, siendo mayor en mujeres (8,7%) que en hombres (6,4%). El Estudio Nacional de la Dependencia en las Personas Mayores (2009) informó de una prevalencia de la discriminación del 14%. En 2012, un estudio del SENAMA en Valparaíso mostró una prevalencia del 35,5% para el maltrato psicológico, 9,2% para la negligencia, 8,3% para el económico, 5,6% para el físico y 5,0% para el sexual.
- Colombia: En 2007, una caracterización en Bogotá mostró una prevalencia del maltrato psicológico del 35,2%. Un estudio de Antioquia (2012) informó de una prevalencia de maltrato físico del 1,7%, económico del 1,3% y sexual del 0,4%. La Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) de 2015 mostró que la prevalencia del maltrato a personas mayores era del 12,9%, siendo más frecuente en mujeres y aumentando con la edad.
- Ecuador: La Encuesta SABE 2009-2010 mostró una prevalencia de la negligencia y el abandono del 14,9% en personas mayores. Además, el 14% manifestó haber sido insultado (15,8% en mujeres) y el 7,2% amenazado (7,3% en mujeres).
- México: La primera encuesta nacional representativa (2006) mostró una prevalencia del maltrato del 16,2% (18,4% en mujeres, 12,6% en hombres). La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2011 mostró una prevalencia del 12,5%, con el maltrato psicológico (9,4%) y económico (4,9%) como los más comunes. En 2016, los resultados mostraron un incremento, con una prevalencia del 17,3%.
En cuanto al maltrato en entornos institucionales, la información es más escasa aún. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las cifras estimadas son de un 33,4% para el maltrato psicológico, un 14,1% para el físico, 13,8% el económico, el 11,6% la negligencia y el 1,9% el maltrato sexual (OMS, 2018).
El Envejecimiento Acelerado en América Latina: El Caso de Chile
Chile envejece aceleradamente. Para el 2050, las personas mayores de 60 años llegarán a ser un 32% de la población del país, frente al 20% actual. Este crecimiento va a la par con el ritmo mundial que muestra que a mediados de siglo, el porcentaje de mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11 al 22%, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Según la Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez (ECV 2019), el 33% de las personas mayores ha sentido siempre o alguna vez un trato injusto por su edad en el sistema sanitario. Además, al menos el 18% de los chilenos y chilenas ven a las personas mayores como una carga para la sociedad, siendo uno de los países que más acepta este tipo de prejuicios, según un estudio elaborado por la Universidad Católica.
Sara Caro, investigadora del Observatorio del Envejecimiento, señala que "tenemos políticas públicas que no tienen en cuenta una imagen de la vejez más realista y heterogénea. Las políticas de salud, de cuidado, de participación tienen un sesgo". Para Jorge Browne, "como sociedad, no hemos entendido a las personas mayores, sus capacidades y necesidades".
La mayoría de los adultos mayores de 60 años declara poder realizar actividades básicas de la vida diaria sin recibir ayuda, aunque estas proporciones disminuyen a medida que las personas envejecen. Las actividades instrumentales de la vida diaria, como "ir a otros lugares solo" y "hacer solo las compras de alimentos", son particularmente complejas de realizar para personas de 80 años y más. La mayoría de los adultos mayores van perdiendo roles significativos en lo cotidiano, producto de los procesos de jubilación y la pérdida del rol de trabajador, lo que lleva a que una proporción mayor al 50% de las personas mayores de 60 años prefiera no salir de casa a hacer nuevas actividades.
El envejecimiento es un proceso natural que debe ir acompañado de seguridad, dignidad y permanencia del disfrute de la vida, la salud, la integridad y la participación social.
Respuestas y Marco Legal para la Protección de los Adultos Mayores
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, se establecen los derechos fundamentales y se incluye la prohibición de discriminación por cualquier motivo. A partir de esta Declaración, se han promulgado normas internacionales y nacionales que buscan el desarrollo de las libertades en la vejez y la protección de los derechos humanos de las personas mayores.
En este sentido, en 2015 se promulgó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015), en la que se abordan los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, reafirmando la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular la que se presenta en razón de la edad.
A nivel nacional, los países de la región se han esforzado por elaborar políticas y programas encaminadas a la protección de las personas mayores:
- Costa Rica: La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley núm. 7.935 de 1999) garantiza igualdad de oportunidades, vida digna, protección y seguridad social. En 2006, se declaró el 15 de junio como Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y la Unidad de Gestión Social trabajan en la prevención y atención de la violencia.
- Bolivia: La Constitución Política del Estado (2009) reconoce los derechos de las personas adultas mayores. Se declaró el 26 de agosto Día de la Dignidad y se promulgó la Ley núm. 369 (2013), Ley General de las Personas Adultas Mayores. En 2016, se ratificó la Convención Interamericana.
- Chile: La Ley núm. 20.427 de 2010 incorporó el maltrato de personas mayores en la legislación nacional. El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) dirige el Programa contra la Violencia y el Abuso al Adulto Mayor.
- Colombia: El artículo 46 de la Constitución Política Nacional ampara los derechos de las personas mayores, y la Ley núm. 1.251 de 2008 dicta normas para su protección y promoción.
- Perú: La Ley núm. 28.803 de 2006 incluyó la creación de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM). La Ley núm. 30.490 (2016) promueve y protege los derechos de las personas mayores.
- Ecuador: La Constitución de la República de 2008 establece que las personas mayores recibirán protección contra la violencia.
- Brasil: Cuenta desde 2003 con la Ley núm. 10.741 Estatuto do Idoso, que regula los derechos especiales de las personas mayores de 60 años.
- El Salvador: Su Ley contra la Violencia Intrafamiliar (1996) establece mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, con protección especial a personas mayores.
Iniciativas y Programas para Prevenir el Maltrato
Se presentan algunos ejemplos de iniciativas relacionadas con la visibilización, prevención y manejo del maltrato a personas mayores en América Latina:
- Argentina: El Ministerio de Salud y Desarrollo Social impulsó el programa Prevención de la Discriminación, el Abuso y el Maltrato hacia los Adultos Mayores (2010), que incluyó capacitación profesional, asesoramiento legal y psicológico, difusión de derechos y sensibilización a la comunidad.
- Chile: El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) elaboró el programa Prevención del Síndrome de Burnout en Personal de Cuidado Directo del Residente en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) “El Copihue” (2016). Este programa busca garantizar el respeto a la dignidad de las personas mayores, evitando situaciones de maltrato a través de la prevención del desgaste profesional del personal. Sus objetivos son prevenir el maltrato y generar espacios para el bienestar biopsicosocial del adulto mayor. Se realiza una evaluación psicosocial de los cuidadores, se organizan talleres, y se fomenta la participación de residentes, la comunidad, la familia y las autoridades. La iniciativa ha sido evaluada positivamente por personas mayores y cuidadores, permitiendo cambios estructurales para una atención de calidad.
En Chile, también se cuenta con un programa enfocado en la atención integral social y jurídica especializada a las personas mayores víctimas de maltrato, trabajando en conjunto con organismos que atienden estos casos. Este programa se puso en marcha en 2012 gracias a la coordinación interinstitucional a través de la Red de Prevención y Atención del Maltrato a las Personas Mayores, que brinda atención integral y patrocinio legal.
Campaña "¡Envejece con Fuerza!" y el Futuro de los Derechos
Amnistía Internacional seguirá arrojando luz sobre las experiencias de las personas mayores para garantizar que no se queden atrás, especialmente en situaciones de crisis o conflicto y en la distribución de ayuda humanitaria. La protección de los derechos humanos, y el compromiso de defenderlos por parte de los gobiernos y la comunidad internacional, no debería reducirse a medida que envejecemos; es un asunto que nos afecta a todas las personas.
En 2024, Amnistía Internacional lanzó una nueva campaña contra la discriminación y el abuso por razón de la edad, ¡Envejece con fuerza!, que exige un mundo en el que los derechos humanos se respeten toda la vida. La campaña insta a todo el mundo a no callar, a servir de altavoz de aquellas personas que han sido silenciadas, y pide a los gobiernos que escuchen y actúen. Se incrementará el grado de concienciación de la opinión pública respecto a la importancia de los derechos humanos en la edad avanzada y el impacto negativo del edadismo. En la actualidad, no existe ningún tratado internacional sobre los derechos de las personas mayores, lo que subraya la urgencia de estas iniciativas.
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