La Indigencia en Adultos Mayores: Un Desafío Social y Humanitario

Introducción al Fenómeno de la Indigencia en la Tercera Edad

Las últimas décadas han sido testigo de profundos cambios demográficos en los países de América Latina y el Caribe, caracterizados por la reducción de la fecundidad y la mortalidad, así como por un notable aumento de la esperanza de vida. Como resultado de estas transformaciones, la estructura poblacional se ha modificado de forma radical, estimándose que en menos de 20 años la cantidad de personas mayores se duplicará (Huenchuan, 2012). Este panorama resalta la creciente importancia de abordar las necesidades y desafíos que enfrenta este segmento de la población.

Dentro de este contexto, la indigencia se presenta como una manifestación social preocupante, que se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de hombres y mujeres adultos que viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas urbanas. En estos entornos, desarrollan su cotidianidad realizando actividades relacionadas con la precariedad crónica (Rojas, 2006). Este fenómeno, visible en nuestras ciudades, representa una compleja realidad que a menudo se percibe como una responsabilidad individual, cuando en realidad obedece a factores sistémicos y sociales. El presente artículo tiene como objetivo principal presentar un panorama general de la situación de maltrato y abandono que enfrenta hoy día el colectivo de los adultos mayores, destacando la problemática específica de aquellos que viven en situación de indigencia.

Causas y Factores de la Indigencia en Adultos Mayores

La situación de calle en la tercera edad no se explica por un factor único, sino que es el resultado de un fenómeno multicausal (Makowski, 2010). La salida a la calle y el consecuente rompimiento con el entorno familiar obedecen a un conjunto de factores interconectados, entre los que se incluyen la violencia, el maltrato y abuso sexual, la pobreza y la insuficiencia de recursos materiales, el abandono, el aburrimiento y la sobrecarga de tareas en el hogar.

El Abandono y la Soledad como Catalizadores

El abandono se conceptualiza como la situación de desamparo de una persona mayor por parte de quien había asumido la responsabilidad de cuidarla o de quien estaba a cargo de su custodia. En un sentido más amplio, el abandono puede entenderse como la falta de acción para atender las necesidades de un adulto mayor. El tipo principal de abandono que sufre este grupo etario es la falta de atención y cuidado por parte de los familiares, lo cual afecta directamente los aspectos psicológicos y emocionales.

Este descuido familiar puede resemantizarse en el abandono institucional, donde las estructuras de apoyo no logran retener a los adultos mayores, resultando tan expulsivas como sus propios hogares. Finalmente, se experimenta el abandono social, donde ser una persona de la calle significa no tener casi ningún lugar, ya que las instituciones de asistencia social y privada a menudo se centran en grupos más jóvenes (Makowski, 2010).

El aislamiento y la soledad en el anciano son cada vez más patentes en una sociedad inmersa en una creciente competitividad y deshumanización. Aproximadamente el 20 por ciento de la población experimenta soledad y abandono social en un entorno de estrés y violencia, lo que ha ocasionado importantes cambios sociales y culturales que han neutralizado los valores tradicionales que protegían a la familia y, en especial, a los adultos mayores (Flores Lozano, 2000). Por ello, llegar a la tercera edad puede ser, en muchos casos, sinónimo de soledad.

Las personas que viven en la calle son, con frecuencia, portadoras de historias personales de abandono familiar, maltrato, abuso sexual y privación afectiva, no habiendo encontrado un lugar en la familia o en los afectos. Estas experiencias originarias de exclusión se reactualizan y se profundizan en la intemperie.

La Vulnerabilidad Económica y la Pobreza Oculta

La situación económica es un factor crucial en la vulnerabilidad de los adultos mayores. A menudo, surge la pregunta: ¿Se encuentran los adultos mayores en situación de pobreza?, ¿qué tan extendida es? De acuerdo con un informe del Ministerio de Desarrollo Social publicado en junio de un año reciente, del total de personas de 60 años y más, solo un 6,6% se encuentra en situación de pobreza por ingresos. Sin embargo, esta cifra puede no reflejar la realidad completa debido a las metodologías de medición.

El Impacto del "Alquiler Imputado" en la Medición de la Pobreza

En países como Chile, la pobreza por ingresos se calcula considerando el llamado "alquiler imputado" (MDS, 2016 / pobreza por ingresos). Este concepto corresponde al ingreso que una encuesta imputa a los hogares de personas que son dueñas, están pagando el dividendo de la vivienda, o tienen viviendas cedidas. Se atribuye como ingreso el monto de dinero que se pagaría por arriendo por una vivienda similar en el sector.

Esta metodología tiene una justificación de primer orden en el caso de las personas de 60 años y más, ya que la probabilidad de que se les impute el alquiler es mucho mayor que en cohortes de edad más jóvenes. Esto se debe a que los adultos mayores tienen una mayor probabilidad de poseer casa propia después de pagarla toda una vida, a diferencia de una persona que recién ingresa al mundo laboral.

Por ejemplo, si un adulto mayor en el censo aparece con $0 ingreso autónomo (sin trabajo, sin dinero propio, sin jubilación) y no recibe subsidios del Estado, pero se le asigna un ingreso por $200.000 correspondiente al alquiler imputado, podría no ser clasificado como pobre. Los datos de la CASEN indican que, si se contemplan el alquiler imputado, los subsidios estatales y los ingresos autónomos, se contabilizarían 202.231 personas de 60 años y más en situación de pobreza, lo que equivale al 6,6% publicado por el Ministerio (MDS 2017).

No obstante, al eliminar el alquiler imputado del procedimiento de cálculo, el panorama de la pobreza en la tercera edad cambia drásticamente, ofreciendo una visión más cercana a la realidad. Contabilizando solo los subsidios que otorga el Estado y los ingresos autónomos, las personas de 60 años y más en situación de pobreza alcanzan el 21,4%. Específicamente, las mujeres suben de 6,4% a 22,4%, mientras que los hombres pasan de 6,8% a 20%.

Si, además de simular la pobreza sin el alquiler imputado, se retiran los subsidios entregados por el Estado, el resultado es aún más catastrófico. En regiones como Biobío, Los Ríos, Los Lagos y la Araucanía, las tasas de pobreza para los adultos mayores superarían el 40%, y en Maule alcanzarían el 39,6%, utilizando solo los ingresos autónomos generados por los hogares y las personas.

Trabajo Forzoso y la Falta de un Sistema de Seguridad Social Robusto

En Chile, la edad efectiva de jubilación es de 71 años. Aunque algunas personas continúan trabajando por motivos de realización personal, los datos de pobreza efectiva sugieren que la mayoría se ve forzada a hacerlo por necesidad, ya que no tienen otra opción para cubrir sus necesidades básicas. La principal razón para seguir trabajando después de los 60 años es, en muchos casos, por necesidades económicas.

Este problema material, que es fundamentalmente un problema de pobreza, no puede ser una variable secundaria. Un análisis más profundo revela la inexistencia de un verdadero sistema de seguridad social en el país, lo que condena a cientos de miles a la pobreza en sus años de supuesto jubileo. La falta de una pensión que garantice una efectiva seguridad social para los adultos mayores no es exclusiva de un solo país, sino una situación que enfrentan la mayoría de las naciones hoy en día.

Estigmatización y Exclusión Social de la Persona Indigente

Las personas en situación de calle, además de sus precarias condiciones de vida, deben enfrentar una profunda estigmatización que las señala como culpables de su destino e individuos peligrosos. Los griegos, al crear el término "estigma", se referían a signos corporales que intentaban exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba. Un estigma social es una desaprobación severa de características o creencias personales que son percibidas como contrarias a las normas culturales establecidas.

Erving Goffman (1963) definió el estigma como el proceso en el cual la reacción de los demás estropea la "identidad normal" de un individuo. La exclusión de las personas en indigencia se alimenta de esta estigmatización social, ya que sus condiciones de vida, apariencia, actividades productivas y ubicación geográfica llevan a que se les califique como "peligrosos", "delincuentes", "improductivos" o "vagabundos". Estas etiquetas no solo reflejan una clara estigmatización, sino que también justifican acciones de represión y, por ende, de exclusión social.

Este proceso de exclusión, sostenido en la estigmatización, se conjuga con el desarraigo que han experimentado en sus historias de vida particulares. Debido a diversos factores, estas personas sufren una constante pérdida de vínculos y redes sociales, como su familia, su círculo de amigos o su trabajo. En las calles, los adultos mayores indigentes se ven obligados a crear una nueva forma de vida, adecuándose a este entorno y extrayendo los beneficios que pueda ofrecerles para su supervivencia. Construyen una nueva forma de vivir y socializar, desenvolviéndose en un entorno mediático y discriminante que, para ellos, no es una opción, sino una obligación.

Programas y Respuestas Ante la Indigencia en Adultos Mayores

Para abordar esta compleja problemática, diversas iniciativas buscan favorecer la inclusión social de las personas mayores de 50 años en situación de calle. Estas incluyen:

• Acompañamiento psicosocial: Se brinda apoyo en dependencias propias o directamente en la calle.
• Servicios básicos: Se ofrecen servicios de hospedaje nocturno, alimentación y apoyo básico a personas en situación de calle en varias sedes del país.
• Programas de vivienda: Un programa revolucionario, vigente desde 2019 y financiado por ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, ofrece una vivienda sin condiciones a personas con larga experiencia de vida en calle y mayores de 50 años. Basado en el modelo Housing First, creado en Estados Unidos en los años 90, este programa postula que el primer paso para salir de la situación de calle es contar con un lugar seguro y digno. Desde allí, y con apoyo psicosocial regular, se busca lograr la integración social, familiar y laboral. Un ejemplo de su implementación es Hogar de Cristo, que tiene a su cargo a 118 personas de las 540 beneficiadas con "Vivienda Primero".

Además, a nivel gubernamental, se han desarrollado políticas y programas. El seremi de Desarrollo Social, Eduardo Lara, ha señalado que existen un sistema nacional de cuidado, programas de envejecimiento activo y políticas en desarrollo destinadas a este grupo de la población. Se han logrado importantes avances, como la construcción de centros de larga estadía, que forman parte de las primeras medidas de programas de gobierno. Uno de estos establecimientos estará en la región de Coquimbo, buscando garantizar una vejez con calidad de vida a 70 personas. La coordinadora regional de SENAMA, Alejandra Díaz, ha enfatizado que estas cifras complementan el trabajo dirigido a los mayores, con un énfasis especial en el fortalecimiento del sistema nacional de cuidado.

El gobierno ha implementado un nuevo factor de medición de la pobreza: la pobreza multidimensional, que abarca servicios y derechos como la salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social. Este enfoque busca reflejar una mirada más holística de las personas más vulnerables. En el ámbito de la salud, por ejemplo, en la región prima el sistema previsional de salud FONASA por sobre las Isapres.

Entre las medidas gubernamentales, se potencia un sistema nacional de cuidados centrado en las personas mayores. En este sentido, se anunció que se elaboraría un registro obligatorio de los centros residenciales para adultos mayores, así como de las personas e instituciones que brindan servicios de cuidado domiciliario.

Marcos Legales y Desafíos en la Protección del Adulto Mayor Indigente

La protección de los derechos de los adultos mayores es fundamental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona (art. 3); a la seguridad social, y a la realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales esenciales para el desarrollo de su personalidad (art. 22); también a participar en actividades culturales y contar con un seguro para la vejez (art. 27).

Sin embargo, estudios han demostrado que la gran mayoría de los adultos mayores no conocen cuáles son sus derechos, lo que limita su exigibilidad y propicia actos de discriminación, abandono y maltrato hacia ellos. A nivel local, como ejemplo, en 2008 fue promulgada en el Estado de México la Ley del Adulto Mayor, con la finalidad de otorgar derechos a los adultos mayores domiciliados o de paso por dicho Estado. El artículo 5 de esta ley indica que los adultos mayores deben ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad y pérdida de sus medios de subsistencia, así como de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue u otras alternativas de atención integral, si se encuentran en situación de riesgo o desamparo (Ley del Adulto Mayor del Estado de México, 2008).

Obligaciones Familiares y Sanciones por Abandono

La legislación, como en el artículo 33 de la mencionada ley, establece la obligación de la familia hacia los adultos mayores de otorgarles alimentos extraordinarios a los establecidos en el Código Civil, incluyendo todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido, así como atención médica y hospitalaria. El artículo 4.131 del mismo Código Civil hace mención explícita de la obligación de los hijos de dar alimentos a los padres.

En el ámbito penal, en el Estado de México, la ley otorga protección a los adultos mayores cuando sus derechos son quebrantados o violados por actos u omisiones de sus familiares u otras personas. Se considera abandono de personas, sin motivo justificado, cuando el obligado deja de proporcionar los medios de subsistencia a sus descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina, concubinario o acreedor alimentario, aun cuando estos se vean obligados a buscar recursos por otros medios.

A pesar de la existencia de dichos ordenamientos jurídicos, en la realidad, los derechos de los adultos mayores a menudo son transgredidos por quienes tienen la obligación o el resguardo. Frecuentemente, el anciano se niega a denunciar o demandar debido a la relación sentimental con la persona que tiene el deber de cuidarlo, y en muchas ocasiones temen las consecuencias que podría tener esa denuncia tanto para ellos como para los posibles agresores (Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, 2014).

Finalmente, al analizar la indigencia en adultos mayores, se evidencia que el Estado a menudo no cumple con lo estipulado en la Ley. Las personas indigentes se ven obligadas a crear condiciones de vida en las calles, sin la protección y los programas necesarios en materia alimenticia, de salud o económica, dejando a un grupo vulnerable sin el apoyo y resguardo que el Estado debería proporcionar. El problema de la falta de un verdadero sistema de seguridad social y de programas sociales efectivos, es un desafío que trasciende fronteras y requiere de soluciones integrales.

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