La protección y el bienestar de las personas mayores son temas de creciente relevancia en la agenda legislativa chilena. Recientemente, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una importante ley integral, mientras que otra situación ha generado controversia, implicando a miles de adultos mayores y a la bancada de Renovación Nacional (RN) en una solicitud de investigación a la Contraloría.
Aprobación de la Ley Integral de las Personas Mayores
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Este hito legislativo busca redefinir la relación del Estado con este importante segmento de la población.
Un Enfoque de Derechos y Reconocimiento
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “esta Ley representa un avance que cambia la forma en que el Estado se relaciona con las personas mayores.” Según la ministra, se pasa “de una lógica que asociaba la vejez casi exclusivamente a la fragilidad, a un enfoque de derechos donde se les reconoce como sujetos activos y con plena capacidad de decisión.”
Fortalecimiento de SENAMA y Protección Judicial
Entre sus principales avances, la nueva Ley fortalece el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) mediante la creación de direcciones regionales. Esta medida permitirá una gestión más cercana y con mayor capacidad de respuesta en los territorios.
Adicionalmente, la normativa crea un procedimiento judicial específico para abordar situaciones de abandono social de personas mayores dependientes, incorporando medidas de protección, representación judicial y programas especializados a cargo de SENAMA.
Cuestionamientos de Diputados RN al IPS por Suspensión Errónea de la PGU
En otro frente, diputados de Renovación Nacional (RN) han solicitado a la Contraloría General de la República que dirija una investigación especial. Esta petición busca determinar las responsabilidades en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en los mecanismos de coordinación de la Policía de Investigaciones (PDI) tras la suspensión errónea del beneficio de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Esta situación ha afectado a miles de adultos mayores, con un estimado de al menos 13 mil personas que podrían haber sido perjudicadas injustamente entre fines de 2025 e inicios de 2026. Los legisladores de RN cuestionan el uso de información migratoria para determinar la extinción de beneficios.
El Origen del Error según el IPS
Desde el Instituto de Previsión Social (IPS), se ha explicado que el proceso de suspensión se realiza anualmente para verificar si los beneficiarios cumplen con los requisitos de la PGU. En esta oportunidad, el error se debió a que la Policía de Investigaciones habría entregado datos errados. Estos datos indicaban que había beneficiarios que no cumplieron con el requisito de no permanecer fuera del país por más de 180 días, lo que en algunos casos resultó no ser cierto y derivó en una suspensión errónea del beneficio.
¿En qué consiste la Pensión Garantizada Universal?
Críticas de los Diputados de Renovación Nacional
La bancada de diputados de RN ha formulado varias críticas al procedimiento adoptado. Acusaron que el IPS trasladó indebidamente a los beneficiarios la responsabilidad de revertir esta suspensión, al instarlos a acudir presencialmente a Chile Atiende para actualizar la información. A juicio de los legisladores, esto vulnera principios básicos del derecho administrativo.
También criticaron que las notificaciones hechas a los usuarios impidieron a los adultos mayores ejercer su defensa en un plazo razonable, debido a que varias de ellas se hicieron a fines de diciembre del año pasado, con efectos que se notarían el 1 de enero de 2026.
Finalmente, los diputados de Renovación Nacional advierten que esta es una situación de carácter masivo, originada en el uso de información presuntamente errónea o desactualizada, que dejó sin un beneficio esencial para su subsistencia a miles de personas mayores.