El abuso patrimonial hacia los adultos mayores es un problema creciente y sutil en la sociedad, a menudo eclipsado por otras formas de maltrato. Viviana Carrasco, experta en el tema, señala que la falta de capacitación de los Tribunales de Familia y la propia aceptación del abuso por parte de las víctimas complican aún más la situación.
Casos de abuso patrimonial y negligencia
Recientemente, se ha evidenciado un caso específico de abandono, negligencia y abuso patrimonial que ilustra la vulnerabilidad de los adultos mayores. Una mujer de poco más de 75 años, en buenas condiciones para una vida autónoma, era mantenida encerrada con llave por su hija por temor a que se perdiera. El objetivo era que la mujer recuperara su autonomía y la llave de su vivienda, pero el tribunal decidió que la hija debía hacerse cargo y hacer lo que estimara conveniente con la adulta mayor. Este caso subraya la necesidad de una mayor sensibilidad y capacitación en los Tribunales de Familia.
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Otro caso preocupante es el de un adulto mayor que vive relegado al fondo del patio en una pieza en precaria condición, mientras sus hijos ocupan la vivienda principal en un estado mucho más digno. En otras situaciones, la persona mayor no es consciente del abuso, como el ejemplo de una adulta mayor que dio poder a su vecina para cobrar su pensión, una práctica que puede derivar en fraude.
Prevención y desafíos en residencias de adultos mayores
Antes de la pandemia, era común que personas externas intentaran hacer firmar documentos a adultos mayores sobre posesiones efectivas u otros temas monetarios. Como medida de prevención, en algunas residencias se prohibió que los residentes firmaran documentos durante los fines de semana y se exigió que las visitas se realizaran en espacios comunes. Sin embargo, si la persona mayor con facultades cognitivas plenas desea firmar, prevalece su autonomía, aunque se busca dejar un respaldo documental.
La pandemia impuso restricciones que obligaron a programar las visitas, lo que también afectó la supervisión de posibles abusos.
Avances y carencias en la protección legal
En cuanto a las denuncias por abuso patrimonial, la complejidad radica en la sutileza de estas situaciones. A pesar de ello, se han logrado avances con medidas como el Fono Mayor del Senama, el Defensor Mayor y la creación de las Oficinas de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores (ODAM) de la Corporación de Asistencia Judicial.
Aunque la mayoría de las denuncias están relacionadas con violencia intrafamiliar y maltrato (1.404 casos), abandono social (428 casos) y asesoría legal (1.458 casos), en cada una de estas categorías se aprecian situaciones vinculadas con abuso patrimonial. Al revisar cada categoría, se contabilizaron 385 casos de abuso patrimonial, una cifra preocupante.
En 2012, cuando el programa Contra la Violencia y el Abuso (hoy Buen Trato) inició, se registraban no más de mil casos al año a nivel nacional. El abandono social de personas mayores también es un dato relevante, con 428 casos registrados por primera vez a nivel nacional.
La respuesta de los Tribunales de Familia
Los Tribunales de Familia han mejorado su respuesta en los últimos años, pero persiste un problema estructural: Chile carece de un sistema de protección legal integral para el adulto mayor, similar al que existe para la infancia. Esto limita las herramientas de los tribunales. La ley 20.427, que introduce el maltrato al adulto mayor en el ámbito de violencia intrafamiliar y permite ordenar medidas cautelares, data de 2010 y aún es insuficiente.
La ratificación por parte de Chile en octubre de 2017 de la Convención Interamericana de Protección de Adultos Mayores es un avance significativo. Esta normativa garantiza 27 derechos, incluyendo cuidados, salud, acceso a la justicia, vivienda, autonomía, independencia, dignidad en la vejez y participación comunitaria.
A pesar de estos progresos, Chile es un país que envejece rápidamente, y no basta con promulgar leyes o construir más residencias ELEAM si el trato hacia el adulto mayor sigue siendo peyorativo y discriminador. Aunque ha habido más avances en los últimos 10 o 15 años, con el Senama cumpliendo 18 años, aún queda un largo camino por recorrer.
Uso de certificados de idoneidad mental y la Ley Zamudio
En situaciones en notarías, donde a veces se solicita un certificado de idoneidad mental a adultos mayores, esto es vulnerador y no corresponde. Legalmente, en Chile, cualquier persona que no haya sido declarada interdicta es capaz ante la ley. Sin embargo, algunos familiares, vecinos o conocidos utilizan esta práctica como herramienta para amedrentar a los adultos mayores con bienes, haciéndoles creer que no pueden realizar trámites por su edad, lo cual es incorrecto.
Para abordar estas situaciones, en términos de justicia civil, se puede recurrir a la Ley por Discriminación, más conocida como Ley Zamudio. Recientemente, se denunció un caso similar de una señora de 80 años a quien le exigieron un certificado de sanidad mental en una notaría, lo que llevó a una presentación en los medios para oponerse a esta práctica discriminatoria.