Accesibilidad y ayudas técnicas: desafíos y perspectivas

En la actualidad, la discapacidad se concibe desde dos perspectivas complementarias: como una experiencia individual y como una característica inherente a la condición humana. El modelo social de la discapacidad, impulsado por diversos teóricos, ha servido como punto de partida para comprenderla de esta manera (Martín y Ripollés, 2008; Pérez y Chhabra, 2019; Seoane, 2011; von Furstenberg-Letelier et al., 2018). Este enfoque es respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco de las Convenciones y Principios de los Derechos Humanos (Fajardo, 2017).

La OMS define la discapacidad como un término que abarca deficiencias corporales, limitaciones en la ejecución de acciones o tareas, y restricciones en la participación en situaciones vitales (2001). Las limitaciones de una persona en situación de discapacidad (PeSD) se manifiestan cuando el entorno no proporciona el apoyo necesario para reducir sus limitaciones funcionales (Fondo Nacional de la Discapacidad, 2004).

Marco legal y políticas de inclusión en Chile

Chile ha avanzado significativamente en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En 2008, ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) y su Protocolo Facultativo, comprometiéndose a implementar un modelo de discapacidad centrado en las personas (Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS, 2013)). Los Estados partes reconocen el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, asegurando un sistema educativo inclusivo a todos los niveles y la enseñanza a lo largo de la vida.

En 2010, entró en vigencia la Ley Nº 20.422, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Su objetivo es “asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad” (p. 1).

Dejando atrás la visión de la discapacidad como una mera condición de salud, Chile ha asumido el imperativo de suprimir las barreras que impiden la plena inclusión e igualdad de oportunidades para las PeSD, impulsando políticas públicas para su inclusión en el sistema escolar.

La educación inclusiva: avances y desafíos

La educación inclusiva es entendida como una nueva forma de abordar la diversidad, considerando la discapacidad desde un enfoque holístico, tanto en las aulas como en la sociedad (Moriña, 2015; von Furstenberg-Letelier et al., 2018). La Ley Nº 20.422 exige que los establecimientos de enseñanza regular implementen innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y materiales de apoyo para facilitar el acceso, la permanencia y el progreso de las personas con discapacidad.

En el ámbito de la educación superior, la Ley Nº 21.091 (2018) establece la educación superior como un derecho, con la inclusión como uno de sus principios y la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria. Sin embargo, las estadísticas del ENDISC (SENADIS, 2016) revelan que solo el 8,5% de los jóvenes chilenos con discapacidad ingresa a la educación superior, cifra significativamente menor al 27,5% de la población sin discapacidad. A pesar del aumento en el ingreso, la universidad sigue siendo un entorno excluyente, con solo el 9,1% de los jóvenes con discapacidad completando satisfactoriamente sus estudios superiores (SENADIS, 2016).

Existen brechas considerables en los años de estudio entre personas con y sin discapacidad. Los entornos universitarios, si bien a veces facilitan la participación y el aprendizaje, en otras ocasiones actúan como barreras (Moriña, 2015). Los estudiantes con discapacidad enfrentan desafíos adicionales, lo que se refleja en su menor presencia en la educación superior en comparación con otros niveles educativos.

Las políticas institucionales diferenciadas para personas con necesidades educativas especiales (NEE) en la educación superior son escasas, al igual que el número de profesionales capacitados. La falta de financiamiento y la limitada información disponible indican que la inclusión en las universidades es un proceso incipiente (Villafañe, Corrales y Soto, 2015). La escasez de referentes técnicos, tanto pedagógicos como de infraestructura, obstaculiza el proceso de estudio, permanencia y egreso de los estudiantes con discapacidad (SENADIS, 2016), evidenciando la desigualdad y la falta de igualdad de oportunidades.

El modelo social y la construcción de conocimiento

Para comprender la compleja realidad de las PeSD en la educación superior, es necesario recoger sus percepciones y experiencias. El modelo social de la discapacidad (Asís, 2013, 2014; Barnes, 1998; Barnes, 2009; Muñoz, 2006; Oliver, 1998; Oliver y Barnes, 2010; Victoria, 2013) centra la atención en las barreras del entorno, a diferencia del modelo médico que se enfocaba en las limitaciones físicas. Este modelo conceptualiza la discapacidad como una construcción social, donde no es la persona la que está discapacitada, sino que son los espacios, las estructuras y la cultura los que deben ser intervenidos para propiciar la inclusión (Asís, 2013).

Bajo el modelo social, la discapacidad deja de ser un problema de salud para convertirse en una responsabilidad de la sociedad. La sociedad es la que discapacita a las personas a través de la discriminación, el ostracismo social, la dependencia económica, el desempleo, la inaccesibilidad de edificios y la institucionalización (Pérez y Chhabra, 2019).

Las transformaciones en las instituciones de educación superior deben basarse en el contexto, no solo en la persona, como proponía el modelo médico (Cotán, 2017). Las políticas sociales y las acciones deben orientarse a combatir la desigualdad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2016) define la discapacidad como el resultado de la interacción entre la condición de la persona y las barreras del entorno, lo que subraya la necesidad de alinear los valores del modelo social con los derechos humanos. Este cambio de paradigma permite abordar las problemáticas de las PeSD de manera distinta, con políticas públicas diseñadas y elaboradas con respeto a los derechos humanos (Sandoval, Simón y Márquez, 2018).

Accesibilidad y ayudas técnicas: herramientas para la inclusión

La Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 2013-2020 (SENADIS, 2013) identifica el limitado acceso a la educación, especialmente en niveles inicial y superior, como un factor clave en la exclusión social. Los lineamientos establecidos buscan incluir a las personas con discapacidad en el sistema general de educación y proveer los servicios y recursos necesarios para un aprendizaje de calidad.

Chile fue pionero en Latinoamérica en recopilar estadísticas sobre la situación de las personas con discapacidad. La accesibilidad se define como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, de forma autónoma y natural.

Las ayudas técnicas se definen como “elementos o implementos requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida independiente” (Ley Nº 20.422, artículo 6).

La Corporación Ciudad Accesible de Chile (2010) establece siete principios básicos para el diseño accesible:

• Diseño equitativo: Se acomoda a una amplia gama y variedad de capacidades individuales.
• Flexibilidad en el uso: El diseño debe ser fácil de entender, independientemente de la experiencia, conocimientos, habilidades o nivel de concentración del usuario. Elimina complejidades innecesarias.
• Uso simple e intuitivo: El diseño debe ser capaz de intercambiar información con el usuario, independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. Utiliza distintas formas de información (gráfica, verbal, táctil).
• Información perceptible: El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible. Permite al usuario mantener una posición neutral del cuerpo mientras utiliza el elemento. Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de su tamaño, posición o movilidad. Otorga una línea clara de visión y alcance hacia los elementos para quienes están de pie o sentados.
• Tolerancia al error: El diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas de acciones accidentales o involuntarias. Dispone los elementos de manera tal que se reduzcan las posibilidades de riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar aquello que sea un potencial riesgo).
• Bajo esfuerzo físico: El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible.
• Tamaño y espacio para el acceso y uso: Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de su tamaño, posición o movilidad. Otorga una línea clara de visión y alcance hacia los elementos para quienes están de pie o sentados.

La construcción de entornos y ayudas técnicas con estos principios brinda igualdad de oportunidades. La falta de un diseño accesible puede romper la cadena de accesibilidad.

La Ley Nº 20.422 define la accesibilidad universal como el “conjunto dinámico y secuencial de actividades asociadas al quehacer de las personas, realizadas en distintos ámbitos. Refiere a la capacidad de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con autonomía, facilidad y seguridad” (p. 10).

Estudio sobre uso y accesibilidad de ayudas técnicas

Un estudio cualitativo realizado en México y Colombia buscó identificar los problemas de uso y accesibilidad a los que se enfrentan las personas con discapacidad (con o sin dolor) usuarias de sillas de ruedas convencionales. Se identificaron barreras físicas que limitan su autonomía y prácticas socioculturales que las excluyen del proceso de diseño de dichas ayudas.

Objetivos del estudio

• Identificar los problemas de uso y accesibilidad a los que se enfrentan las personas con discapacidad (con o sin dolor) usuarias de ayudas técnicas (sillas de ruedas convencionales).
• Identificar las barreras físicas que limitan su autonomía.
• Registrar cuáles son las prácticas socioculturales que las excluyen del proceso de diseño de dichas ayudas.
• Mejorar los criterios ergonómicos que influyen en el diseño y fabricación de las ayudas técnicas.

Metodología

Participaron 15 pacientes con diagnósticos como espondilitis anquilosante, artritis reumatoide o amputaciones, usuarios de sillas de ruedas en México y Colombia. Se empleó un análisis temático con una aproximación teórica del diseño industrial y pruebas de uso para análisis ergonómicos.

Resultados clave

Se identificaron 6 temas asociados a los problemas de uso desde la perspectiva del paciente:

• Barreras que limitan el empleo de las sillas de ruedas: Uso y aceptabilidad.
• Adaptaciones creativas: Soluciones personales a problemas de diseño.
• Independencia: El grado de autonomía en la movilidad y toma de decisiones.
• Potencial de uso de las ayudas técnicas: Silla de ruedas y/o andaderas.
• Percepción del cuerpo y ayudas técnicas: La relación entre la imagen corporal y el uso de dispositivos de asistencia.
• Barreras arquitectónicas: Obstáculos físicos en el entorno.

Las necesidades ergonómicas y de uso, así como el nivel de independencia, difieren entre usuarios de sillas de ruedas con dolor crónico y aquellos cuya discapacidad no lo involucra. Estos últimos tienden a ser más independientes en sus movimientos y decisiones.

Conclusiones del estudio

La propuesta de “diseño desde y para el usuario” debe integrar las perspectivas del técnico en ergonomía, del médico, y la interpretación que el usuario hace de su entorno y de la vivencia de la enfermedad. La participación activa del usuario es esencial en el diseño de ayudas técnicas.

La movilidad activa es un componente vital para el mantenimiento de la salud física, especialmente en la tercera edad. Las ayudas técnicas para la movilidad no solo garantizan la independencia y calidad de vida, sino que también contribuyen a la mejora de la circulación sanguínea y a la reducción de dolores asociados al envejecimiento.

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