El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
La muerte de la pequeña Lissette Villa (abril de 2016) conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. CIPER accedió a ese informe de 257 páginas. El documento es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
Contexto y antecedentes institucionales
El diputado Rene Saffirio reveló la existencia del informe este martes y señaló la gravedad de que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU. El organismo internacional visitó solo cuatro residencias. El de la policía consideró 240, de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. ¿Nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas? ¿Han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen?
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
Hallazgos clave del informe de la PDI
La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años. ¿El objetivo de esa fuerza de tarea?
El 7 de noviembre de 2017 la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas). Solo una se negó a recibirlos. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. En junio de 2018 la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos.
La apremiante nómina incluía 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital” para ser atendidos con urgencia. Esta información fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”. El equipo de la PDI constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores informó a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC). En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Impacto en protocolos, servicios y salud
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%. El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros. Se trata de nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
Los resultados son aterradores. El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas. Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette. El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. ¿Por qué no lo ha hecho?
El informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. El 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
- El desglose revela que 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Y lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos.
- En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”.
Una investigación de CIPER de 2016 constató que los fármacos se suministran sin control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta situación se agrava si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.”
Ampliación del marco y observaciones de la frontera
La información revelada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) causó conmoción: tras un estudio aplicado al interior de 171 centros del Sename, 23 menores declararon haber sido víctimas de abuso sexual en el último año. El estudio, realizado entre enero y abril de 2017, involucró 405 entrevistas a niños y 1.706 encuestas a los funcionarios. Existe interés público en definir estándares mínimos de provisión y funcionamiento que aseguren condiciones de vida y cuidado conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las vulneraciones no se limitan al abuso sexual: 48% de los menores manifestó haber recibido bullying por pares, y la percepción de violencia institucionalizada difiere considerablemente entre niños y funcionarios. En cuanto al abuso sexual, la cifra de 23 casos corresponde a 6,4% de los entrevistados, con mayor concentración en niñas (80%). El 78% de los abusos fueron cometidos por otro menor, y el 7% por un adulto del centro. En el 69% de los casos, la víctima sigue en contacto con el agresor.
Sobre la respuesta institucional, solo el 6% de las encuestas reportó denuncias contra personal en los últimos 15 meses. Existen tres centros con funcionarios judicializados, y en solo tres centros se desvinculó a personal por abuso, con mayor frecuencia se han dado despidos parciales. Estas cifras contrastan con las percepciones de los menores y los funcionarios en otros apartados del estudio.
Conclusiones y recomendaciones del marco institucional
- Toda prohibición de relación entre un familiar y el niño o niña debe estar fundada en una resolución judicial, basada en el interés superior.
- Establecer criterios uniformes para residencias sobre visitas, frecuencia y actividades, con supervisión adecuada y protección de identidad e historia del menor.
- No usar la prohibición de visitas como sanción por mala conducta; promover la revinculación familiar y la identidad de los residentes.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños, como un libro de vida que registre su historia en el centro.
- Atender la estabilidad emocional de cuidadores y profesionales en los centros, para sostener y contener a los menores.
- Promover la observancia de protocolos de maltrato y de la Ley 21.013 que sanciona el maltrato en contextos de cuidado.
- Crear condiciones efectivas para que los niños puedan ser oídos y denunciar abuso sexual sin barreras, con escucha competente por parte de los trabajadores.
- Especialmente en materia de abuso sexual, capacitar a las trabajadoras y trabajadores para identificar riesgos y abusos con mayor claridad.
Notas metodológicas y contexto adicional: la muestra y metodología del INDH en 2017 incluyeron entrevistas a 401 NNA de 8 a 17 años institucionalizados, con un margen de error del 4,5% sobre la población. En Chile existen 250 centros, de los cuales solo 11 son CRE@D (gestión directa del SENAME); el resto está gestionado por organizaciones colaboradoras acreditadas, que conforman el 95,6% del total. La nota técnica del INDH enfatiza la necesidad de estándares mínimos de provisión y funcionamiento que aseguren condiciones acordes con la CDN y la realidad local.
