El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños y adolescentes que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que en 2017 investigó 240 hogares de menores.
La Revelación de un Sistema Fallido
En el 100% de los centros que administra el Sename directamente y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público inicialmente.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Sin embargo, el mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
CIPER accedió a ese informe de 257 páginas, que es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. Este fiscal investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio de 2019, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo.
Alcance y Hallazgos Detallados del Informe de la PDI
El reporte de la PDI es mucho más completo que un documento anterior de la ONU, que visitó solo cuatro residencias. El informe de la policía consideró 240 de un total de 241 centros que hay en todo el país, dando cuenta de la situación de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación sistemática de derechos se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Tipología y Cantidad de Vulneraciones
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
La Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos en junio de 2018. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos, por lo que los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de ese año.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizando un total de 310 con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que, si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, crece hasta un 76,2%.
Fallas Estructurales y de Gestión en el Sename
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- El 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es particularmente crítico, ya que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. El informe de la policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Asimismo, los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Déficits en Atención Sanitaria y Profesional
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: el 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital y otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta afirmación es sorprendente: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario; en 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Reacciones y el Contexto de la Investigación
Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento. Afirmó que “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte)”.
Por su parte, el Servicio Nacional de Menores (Sename), tras un minucioso y arduo trabajo de revisión caso a caso, entregó la cifra de niños, niñas, adolescentes y adultos fallecidos entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016. En el sistema de protección residencial (centros del Sename o de organismos colaboradores privados) fallecieron en este periodo 210 niñas, niños y adolescentes. En los centros de justicia juvenil se registraron 33 fallecimientos de adolescentes. Estas cifras oficiales de 243 fallecidos difieren de las 1.313 muertes que motivaron la investigación del fiscal Emilfork. La directora nacional del Sename en ese momento expresó: “La muerte de cada uno de estos niños nos duele, pero también nos duele habernos demorado dos meses en poder entregar esta información. Eso obedece a las deficiencias de nuestro sistema, como también lo hemos indicado públicamente”.
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal a cargo del fiscal Marcos Emilfork. Este comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años. El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 existentes; solo una se negó a recibirlos.
El tema de las muertes y abusos en el Sename ha generado un intenso debate político en Chile, con cuestionamientos sobre las responsabilidades de diversas administraciones y acusaciones de falta de transparencia. Se ha planteado la necesidad de un muro recordatorio en el Cementerio General de Santiago para los 1.313 niños chilenos muertos en recintos estatales del Servicio Nacional de Menores durante la transición a la democracia, para mantener viva su memoria.
La Niñez como Sujeto de Derechos y Desafíos Pendientes
Durante el siglo XX se ha desarrollado un continuo proceso de reconocimiento y protección de los derechos de la infancia, cuya mayor expresión se dio en 1989 con la aprobación de las Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención estableció pilares en políticas integrales de protección de la infancia, generando un cambio respecto a la mirada jurídica y social: se pasa de definir a las niñas y los niños por sus necesidades o carencias a considerarlos y definirlos “según sus atributos y sus derechos ante el Estado, la familia y la sociedad”. Bajo esta concepción, el niño es un sujeto de derechos, lo que implica igualdad jurídica, no discriminación, libertad de expresión y el denominado interés superior del niño, que a su vez “implica la transversalidad de las políticas públicas y de las medidas internacionales dirigidas a la protección de los derechos de los niños”.
El Estado de Chile en estos últimos años ha hecho esfuerzos por avanzar en esta materia, destacando la conformación en 2006 bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet del Consejo Asesor para las Políticas de Infancia, que dio paso a la creación de Chile Crece Contigo, y, en 2014, bajo el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, la instauración del Consejo Nacional de la Infancia.
No obstante los esfuerzos señalados, expertos dan cuenta de que “todavía de una institucionalidad que no logra articularse en forma adecuada; carece de una mirada integral de los niños y sus familias como sujetos de derecho; no ha sido efectiva en la tarea de prevención de las vulneraciones -lo que podría ser crucial para reducir la cantidad de niños institucionalizados-; y cuya oferta de protección especializada ha demostrado ser insuficiente para la demanda existente y para reparar efectivamente el daño al que los niños han sido víctimas”.
Además, según el 4° Estudio de Maltrato de UNICEF Chile, el 71% de los niños y niñas ha sufrido algún tipo de violencia y el 8,7% ha padecido de abuso sexual durante su niñez. Según información entregada por el Servicio Nacional de Menores (Sename), 103.540 niños se encuentran en programas de la red, lo que representa cerca del 2,3% de la población infantil del país, un segmento que “se trataría de un grupo especialmente vulnerable y que necesita recibir una atención óptima”.
La Cátedra de DD.HH. de la Universidad de Chile solicitó medidas para determinar las razones detrás del abuso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado, y la muerte de 1313 de ellos. El coordinador del organismo, Claudio Nash, aseguró que "durante décadas hemos sido incapaces de ver las graves violaciones a los Derechos Humanos que sufren los menores bajo custodia del Estado". Es por ello que, junto a las medidas propuestas, Nash explicó que se debe impulsar un cambio cultural que permita transformar el paradigma bajo el cual se ve la infancia, adoptando las propuestas de la Convención de Derechos del Niño. "Los niños, niñas y adolescentes no son objetos que el Estado o las familias puedan disponer de ellos, son seres humanos con plenos derechos titulares de protección especial". El académico también enfatizó en que los abusos sufridos por los menores bajo custodia del Sename configuran un caso de violaciones a los DD.HH., y que esta es una temática actual en el país, y no algo que se encuentra limitado a los casos de violaciones masivas y sistemáticas durante la dictadura militar.
Ante esta situación, se ha iniciado un proyecto de moción por parte de varias diputadas y diputados (Santibáñez, Carvajal, Girardi, Jiles, Marzán, Parra, Celis, Ricardo González y Jiménez) para Modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados y crear la Comisión permanente de la Infancia, buscando establecer una institucionalidad más robusta para la protección de los derechos de los niños.