Una investigación realizada mediante acceso a la Ley de Transparencia ha revelado las dimensiones profundas del fracaso del sistema de protección estatal en Chile. El informe, que integra los hallazgos de la Comisión Jeldres, se basa en la revisión de los antecedentes de 6.500 niños internados, el examen de 108 residencias y una encuesta directa a cerca de 400 menores.
El cambio de paradigma en la internación
Un aspecto fundamental del informe es la premisa de la Corporación Administrativa del Poder Judicial: la internación de los niños es siempre dañina. Este enfoque rompe con la tradición de décadas que priorizaba el hogar institucional sobre el entorno familiar, aun cuando este último presentara dificultades. Citando estudios internacionales, el informe subraya que “por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo”.
Prácticas judiciales y falta de control
El sistema presenta una preocupante tendencia a la internación prolongada. En muchas regiones, los jueces envían a los menores a hogares bajo medidas “sin plazo”.
- Arica: 79% de los ingresos fueron sin plazo, con un promedio de internación de 57 meses.
- Antofagasta: 80% bajo medidas sin plazo, con una permanencia promedio de tres años.
- Maule: 75% de las medidas dictadas sin una fecha de término.
Esta falta de control se ve agravada por informes trimestrales que, en muchos casos, son copias textuales de documentos anteriores. Además, existe una presión sobre los tribunales para cumplir con metas de gestión impuestas por el Ejecutivo y el Poder Judicial, lo que incentiva el cierre masivo de causas sin un juicio adecuado, afectando especialmente a los niños sin representación legal.
Vulneraciones en salud, educación y vínculos familiares
El Estado, al extraer a los niños de sus hogares, asume una responsabilidad de cuidado que el informe califica como deficiente. En regiones como Coquimbo y O’Higgins, un alto porcentaje de niños carece de fichas médicas actualizadas, y existen casos graves de menores con enfermedades crónicas o salud mental sin tratamiento alguno.
El abandono familiar y la institucionalización
El sistema muestra grandes dificultades para vincular a los niños con sus familias. A nivel nacional, 743 niños son calificados en estado de “completo abandono”, significando que no reciben visitas ni forman parte de procesos de adopción. Esta soledad se ve exacerbada por la dispersión geográfica: el 57% de los centros se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia el desarraigo y la pérdida de identidad.
Violencia y abuso sexual en las residencias
La violencia institucionalizada es una realidad cotidiana: 8 de cada 10 niños encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo por parte del personal en los últimos 12 meses. Estos castigos incluyen privación de alimentos, encierro y maltrato psicológico.
Prevalencia del abuso sexual
El abuso sexual es una de las causas frecuentes de ingreso a la red. El estudio reciente detectó una prevalencia del 6,4% en los casos reportados durante el último año. Cabe destacar que:
- 8 de cada 10 víctimas son niñas.
- En el 78% de los casos, el agresor es otro menor de edad.
- El 69% de las víctimas continúa en contacto con el presunto agresor.
EN PORTADA | "¿POR QUÉ A MÍ?", una mirada a los CENTROS de MENORES | RTVE Noticias
Conclusiones y recomendaciones
El informe enfatiza que el Estado debe abandonar prácticas discrecionales. Entre las medidas urgentes destacan:
- Prohibir la restricción de visitas familiares como mecanismo de sanción disciplinaria.
- Establecer criterios uniformes para la atención de salud mental y física.
- Capacitar al personal en la escucha efectiva para la detección de abusos.
- Garantizar que los jueces exijan el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, recurriendo a multas o sanciones si la autoridad no responde.