Vulnerabilidad en la Entrega de Información y Transparencia Pública

La transparencia en la gestión pública es un pilar fundamental para el fortalecimiento del sistema democrático. Permite a la ciudadanía informarse sobre el quehacer gubernamental y de los órganos del Estado, buscando prevenir actos de corrupción y hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades públicas.

Este concepto se alinea con el de "gobierno abierto", que se cimienta en tres principios esenciales: la transparencia gubernamental, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Estos elementos, según la CEPAL (2009), facultan a la ciudadanía para ejercer un control efectivo sobre la gestión pública. Sin embargo, surge la interrogante sobre el interés real de los gobiernos en avanzar en estas materias y cómo las instituciones públicas abordan esta línea de trabajo, crucial para la profundización de la democracia y la lucha contra la corrupción.

Marco Legal y Principios de la Transparencia

Principios Constitucionales y Reformas Legales

La transparencia y el derecho de acceso a la información pública son parte de principios constitucionales, introducidos en reformas significativas. La Ley N° 20.050, por ejemplo, es una reforma constitucional que incorpora el principio de transparencia, y la Ley N° 20.285 regula el derecho de acceso a la información pública, creando además el Consejo para la Transparencia (CPT). Estas normativas cuentan con una planificación que se puede revisar en línea, como el 6to Plan de Acción sobre Estado Abierto 2023-2027.

En términos legales, la posibilidad de acceso ciudadano a los contenidos estatales experimentó una profunda transformación a partir de la promulgación en 2009 de la Ley de Transparencia, la cual estableció un principio bastante radical al determinar que todos los actos, fundamentos, documentos y otros que intervienen en la administración del Estado “son públicos”. Esta legislación sitúa a nuestro país en una posición comparable a la de sociedades más desarrolladas en cuanto a la transparencia de los organismos públicos como un derecho social básico de los ciudadanos, al menos en el papel.

Tipos de Transparencia: Activa y Pasiva

Conforme a las disposiciones de la Ley de Transparencia, el acceso a la información pública se divide en dos categorías:

• Transparencia Activa: Implica que los órganos de la Administración Pública deben mantener todos los datos institucionales actualizados, a disposición permanente de la ciudadanía en sus sitios web.
• Transparencia Pasiva: Corresponde al derecho de cada persona a solicitar datos a las instituciones del Estado sobre ámbitos que no están obligadas a publicar. Este tipo de información se pide a través del Portal Transparencia, donde el requerimiento puede ser negado mediante las cláusulas de reserva establecidas por ley.

Vulnerabilidades en la Protección y Entrega de Información

Protección de Datos Personales y Ciberseguridad

A pesar de los avances normativos, el balance oficial sobre la transparencia ha estado lejos de ser óptimo. El abogado y titular del CPLT enfatizó la necesidad de mirar más allá de la eficiencia de las herramientas, señalando la importancia de aprobar el proyecto de ley que moderniza la normativa sobre protección de datos personales, vigente desde 1999.

Desde el punto de vista normativo, es crucial analizar si es beneficioso que todos los datos estatales sean públicos. Aunque se requiere más información para generar mejores niveles de rendición de cuentas, reducir la corrupción e implementar políticas más efectivas, también es necesario no afectar seriamente la privacidad de las personas. Todo ciudadano posee datos que prefiere mantener en reserva, ya que su publicación puede ponerlo en una situación de vulnerabilidad o desventaja. Por ejemplo, el Estado recopila numerosa información sobre beneficiarios de políticas sociales, como hábitos alimenticios, historial laboral y nivel educacional, datos recabados para quienes solicitan estos beneficios. Además, debe analizarse cómo la publicación de intereses estratégicos del país podría ser utilizada en favor de intereses particulares.

Casos Emblemáticos de Vulnerabilidad: Zoom y Comisaría Virtual

Cuestionamientos recientes han surgido en torno a soluciones tecnológicas como Zoom, que, según fuentes del Ejecutivo, no ofrecería encriptación punto a punto en sus sesiones de videoconferencia. Esto genera un riesgo de exposición importante de los contenidos compartidos por los usuarios, como lo destacó el Consejo para la Transparencia, sumándose el Ministerio de Defensa a las críticas.

Otro caso relevante involucra a la Comisaría Virtual. Entre abril y junio de 2020, el Consejo para la Transparencia (CPLT) fiscalizó esta plataforma, que se había convertido en un elemento fundamental para el control y fiscalización de las medidas sanitarias. Las conclusiones del trabajo, comunicadas en diciembre de 2020, alertaron sobre la entrega del banco de datos de los usuarios del sitio. Tras una solicitud de transparencia, se constató el acceso a datos como comuna, estado final del permiso, fecha, ID, nombre de empresa, origen, tipo de permiso, RUN de personas naturales y RUT de personas jurídicas.

Aunque en su momento la subsecretaria de Prevención del Delito afirmó que "no ha existido fuga de datos personales", el CPLT actualizó su análisis en enero de 2021, consignando que la política de privacidad de la Comisaría Virtual no solo no se ajustó según lo requerido, sino que adquirió un carácter más genérico. El CPLT solicitó a Carabineros informar sobre las modificaciones y cómo la política de privacidad se ajusta a las disposiciones legales en materia de protección de datos personales, así como los mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). La presidenta del organismo, Gloria de la Fuente, criticó que no se observara la implementación de una nueva política de privacidad, señalando que "nos referimos a una base de datos que contiene no solo información personal, sino también datos sensibles, como por ejemplo el destino y origen de las personas, lo que entrega información asociada a conductas o hábitos, que tienen un mayor nivel de protección".

La Transparencia Electoral y la Exposición del Ciudadano

Un área de particular preocupación es la vulnerabilidad en la entrega de información en el sistema electoral. Se ha identificado una situación en la que, sin autenticación ni verificación de identidad robusta, es posible acceder a la dirección de residencia y lugar de votación de cualquier persona simplemente con su número de identificación oficial (RUT en Chile). Esta práctica, justificada como “transparencia” o “acceso a la información pública”, expone a los votantes a riesgos significativos.

La vulnerabilidad no es teórica. Personas en situaciones de riesgo (violencia intrafamiliar, denunciantes de irregularidades, activistas, o quienes han recibido amenazas por su orientación sexual o creencias políticas) pueden ver comprometida su seguridad al saberse su ubicación exacta en un momento determinado. Este sistema, que lleva años funcionando, no ha sido objeto de debates públicos serios, quizás por la arraigada creencia de que "si no haces nada malo, no tienes nada que temer" o por considerar el acto de votar como sagrado e intocable por preocupaciones de seguridad personal. Sin embargo, la democracia debe adaptarse a las realidades del mundo y proteger a quienes la ejercen.

En otros países democráticos, la información sobre el lugar de votación no es tan accesible públicamente, a menudo requiriendo notificaciones personales o autenticación previa. Esto demuestra que la transparencia no implica necesariamente exponer a los ciudadanos. El sistema chileno, en contraste, parece priorizar la facilidad de acceso sobre la protección del individuo.

Desafíos en la Implementación de la Transparencia

Capacidad del Estado para Responder

Una pregunta fundamental es si el Estado posee la capacidad para responder eficazmente a las demandas de transparencia. En Chile, una proporción considerable de solicitudes de información pública culminan con respuestas insatisfactorias, ya sea porque la agencia estatal no posee lo solicitado, no tiene los contenidos en un formato procesable, o carece de personal suficiente para atender el requerimiento.

El balance oficial sobre estos asuntos está lejos de ser óptimo. La memoria institucional 2022 del CPT muestra una brecha entre lo comprometido y lo ejecutado, señalando la importancia de avanzar en transparencia. Se mencionan situaciones que han afectado la gestión del organismo, como la demora en la tramitación de la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública y la disminución del presupuesto anual desde 2021. La inactividad del Consejo, debido a la falta de un integrante, también afectó la confianza ciudadana.

Existe la preocupación por la responsabilidad de los empleados públicos en la ejecución de sus funciones, lo que puede afectar la eficacia de la transparencia. El descontento público puede surgir cuando los contenidos difundidos por las instituciones públicas no son relevantes, o no son fáciles de obtener, entender y usar por parte de los ciudadanos.

Datos Dispersos y Poco Accesibles

Uno de los problemas más graves identificados por la OCDE en relación con la información que difunden los gobiernos es que los datos suelen estar dispersos en distintos soportes y fuentes, se presentan de forma muy agregada o utilizan un lenguaje demasiado técnico, incomprensible para gran parte de la ciudadanía.

Un repositorio de datos estatal, por ejemplo, puede contener miles de conjuntos de datos en formatos diversos (Excel, Word, PDF, CSV, KML) pero que no cubren una proporción significativa del total y presentan conjuntos dispares. Es necesario integrar estos contenidos en un modelo común para proveer una vista unificada de toda la información almacenada.

A pesar de que Chile ha avanzado hacia una transparencia forzada de los datos públicos en los últimos años, la población aún desconoce este derecho, lo utiliza poco y subsisten múltiples desafíos técnicos para su implementación.

La Confianza Ciudadana y el Rol de la Transparencia

La transparencia de la información de las instituciones del Estado puede ser un elemento muy relevante para mejorar los niveles de confianza. La confianza se identifica como un factor clave para el desarrollo social, aportando beneficios económicos (facilitando la asociación e intercambio), sociales (fomentando la cohesión social) y políticos (como pilar de la sustentabilidad, legitimidad y buen funcionamiento de la democracia), según el Centro de Políticas Públicas UC.

Aun cuando una mayor transparencia podría desarrollar una mayor responsabilidad democrática -mejor capacidad de respuesta y rendición de cuentas- y así contribuir a generar mayor legitimidad y gobernabilidad, también se podría esperar que el efecto de más apertura sea el contrario si no se gestiona adecuadamente. A pesar de la avanzada legislación, no parece haberse producido una mejora significativa en los niveles de confianza y accesibilidad a los datos de las instituciones del Estado. El conocimiento y valoración de la transparencia en los órganos del Estado son aún bastante bajos para el ciudadano común; según el Consejo para la Transparencia (Estudio Nacional de Transparencia, MORI, noviembre 2017), solo un 31% de los ciudadanos conoce la existencia de esta ley.

No obstante, organizaciones sociales y especialmente los medios de comunicación son activos en su rol fiscalizador y de control. La Asociación Nacional de la Prensa, en su Barómetro de Acceso a la Información (2007-2016), determinó una mejora significativa y gradual en la evaluación de periodistas sobre el acceso a antecedentes en organismos públicos, especialmente después de la promulgación de la ley en 2009.

El Rol del Consejo para la Transparencia (CPLT)

Función Fiscalizadora y Promotora

El Consejo para la Transparencia (CPLT) es el organismo encargado de supervigilar el cumplimiento de la ley en organismos del Estado en materia de protección de datos personales. Este organismo promueve la difusión y promoción del principio de transparencia, del derecho de acceso a la información y su rol como garante. El CPLT ha ejercido su facultad fiscalizadora con decisión, instruyendo investigaciones sumarias contra 250 organismos por infracciones a la Ley de Transparencia, de los cuales casi un 80% corresponde a municipalidades o entidades relacionadas.

Según un balance 2025 del Consejo para la Transparencia (CPLT), entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, las personas han iniciado 10.738 casos ante el CPLT para garantizar su derecho a acceder a información pública. Los datos muestran una mejoría en el acceso a la información pública respecto al mismo periodo del año anterior, con un aumento del 25% al 30% en los casos en que se entregó la información. Esto se debe en gran medida a la aplicación del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), ahorrando tiempo de resolución.

Adicionalmente, el CPLT recibió más de 18.500 consultas en el período analizado para orientar a las personas sobre cómo solicitar información, reclamar o resolver dudas institucionales. La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, afirmó que "las cifras de este año nos sugieren una consolidación de la cultura de la transparencia", destacando que "cualquier persona, sin importar dónde viva o a qué se dedique, puede solicitar a los órganos de la Administración del Estado información pública, sin necesidad de expresar motivos".

Desafíos en la Gestión del CPLT

El CPT, en su memoria institucional 2022, mostró una brecha entre lo comprometido y lo ejecutado a dos años de gestión del actual gobierno, dando cuenta de la importancia de avanzar en materias de transparencia. Se mencionan demoras en la tramitación de la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública y la disminución del presupuesto anual desde 2021. En el cruce de 2023 a 2024, el Consejo se mantuvo inactivo por la falta de un integrante, lo que afectó la confianza ciudadana en una gestión transparente de las instituciones públicas. Esta inactividad aceleró los nombramientos una vez que la situación se hizo pública a través de la prensa.

Propuestas para una Transparencia Inteligente y Segura

Para abordar las vulnerabilidades y desafíos en la transparencia, se requiere que los gobiernos se vuelquen sobre el tema y den señales de un real compromiso con la transparencia en la gestión pública. Es fundamental potenciar el rol de los organismos reguladores, principalmente en lo asociado a una real autonomía que les permita fiscalizar. Además, se deben concretar medidas referidas a la organización y gestión interna de todos los procesos que apunten a cumplir cabalmente con las directrices y normativas asociadas a la transparencia, poniendo en el centro el derecho del ciudadano a solicitar información y a tener una respuesta adecuada desde el aparato público.

Las denegaciones de información, más allá de las causales normadas por ley, pueden sugerir el reconocimiento tácito de posibles irregularidades, desvíos o falta de orden, seguimiento, procesamiento o conocimiento de la gestión asociada a la consulta.

En el ámbito de la transparencia electoral y la protección de datos sensibles, se sugieren cambios concretos:

• Autenticación Obligatoria: Para acceder a los datos de votación, se debería requerir una verificación de identidad más robusta.
• Restricción de Datos Sensibles: La dirección exacta del local de votación no debería ser pública; basta con el nombre del establecimiento, la comuna o la calle principal.

Estos cambios son ajustes tecnológicos y legales que podrían implementarse en cuestión de meses, demostrando que la falta no es de capacidad técnica, sino de voluntad y priorización. La democracia no se fortalece exponiendo a quienes la ejercen, sino protegiéndolos y garantizando un acceso a la información que sea inteligente y tenga límites claros.

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