La violencia intrafamiliar ejercida por padres, cuidadores o adultos responsables del niño en el hogar puede adoptar múltiples formas. Por un lado, la violencia física es la que se ejerce mediante golpes, azotes o sacudones, causando un daño físico al niño. La violencia psicológica es aquella que se realiza a través de amenazas, gritos, intimidaciones y humillaciones, haciendo sentir al niño que es despreciado e incapaz. La violencia sexual implica forzar o seducir al niño a formar parte en actividades sexuales inapropiadas para su edad con el objetivo de satisfacer las necesidades de los adultos. Las tecnologías de la información también, pueden llevar asociado un grave riesgo de violencia incluidos abuso y explotación sexual en línea, más conocido como grooming.
La estadística no es exclusiva a nuestro país. Según la OIT, 30 millones de jóvenes de Latinoamérica no estudian ni trabajan en forma remunerada, limitando su desarrollo y sus oportunidades de futuro. Un amplio abanico de razones explicaría esta situación: educación deficiente y excluyente, falta de asesoramiento, desajuste entre las capacidades desarrolladas y requisitos del mercado. Además, muchos de ellos deben asumir labores no remuneradas en el hogar. En la actualidad la población joven de América Latina y el Caribe está sufriendo una crisis de exclusión social y desempleo, que se manifiesta en el incremento de 3 puntos porcentuales en el último año (18,3%) según la OIT. Para asegurar el desarrollo y la inclusión social de estos millones de jóvenes es imprescindible actuar hoy y ahora.
Aldeas Infantiles SOS trabaja en diversos programas, que preparan a los jóvenes para la vida independiente, apostando al desarrollo de sus capacidades y al fortalecimiento de sus competencias para facilitar su autonomía, empoderamiento y realización personal. Las oportunidades y las juventudes tienen algo en común: no pueden esperar. Por tal motivo el compromiso de todos debe manifestarse aquí y ahora. El trabajo decente para los jóvenes y los espacios de participación y capacitación son la clave para el cambio.
Esta lamentable situación no es la primera de este tipo, basta con recordar el incendio en un centro del Sename en Puerto Montt en 2007, donde murieron diez jóvenes entre 14 y 18 años. El diagnóstico está claro desde hace años, informes nacionales e internacionales han dado cuenta de que el sistema de protección a menores en Chile no respeta los derechos fundamentales ni alcanza los estándares adecuados a nivel mundial. Aunque en 1990 Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño, en 2006 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a nuestro país contar con una institucionalidad independiente para atender las necesidades de los niños cuyos derechos han sido vulnerados y otra para los adolescentes que infringen la ley.
Durante la última década gobiernos y parlamentarios han presentado iniciativas legales para que tengamos un sistema que haga efectivos los derechos del niño: en 2005 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al respecto que fue aprobado en el Senado y hasta hoy se encuentra en la Cámara Baja sin avances; en 2012 se presentó un proyecto para crear dos servicios de atención a la infancia y adolescencia, que quedó paralizado en el Congreso en enero de 2014 en primer trámite; en 2013 se presentó un proyecto de ley de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes que también quedó en su primer trámite constitucional. En septiembre de 2015 el actual gobierno ingresó dos proyectos: uno para crear un sistema de garantías de los derechos de la niñez y otro para crear la Subsecretaría de la Niñez. En resumen, la nueva institucionalidad para la infancia y adolescencia es, hasta el día de hoy, un compromiso pendiente. Son los más vulnerables quienes siguen desatendidos.
Propuestas, retos institucionales y marco normativo
Necesitamos contar con una ley que permita una mayor especialización en la protección de la infancia y que, a su vez, logre producir intervenciones más integrales a los niños y adolescentes en situación de vulneración de sus derechos; esto ya fue propuesto hace diez años. Aunque son el futuro de Chile, pareciera que nuestros niños no son la prioridad del Estado. Durante el 2024 un total de 57 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años fallecieron por lesiones autoinfligidas y entre el año 2000 al 2024 los fallecimientos por armas de fuego han aumentado en un 122%.
La Defensoría de la Niñez presentó en 2025 su diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia, alertando sobre entornos cada vez más violentos y factores explicativos como la crisis sanitaria, la digitalización o la movilidad humana. El informe señala aumento de problemas de salud mental y desarrollo, menor sensación de felicidad y mayor abandono entre adolescentes. En seguridad pública, el abordaje del Estado no ha sido eficiente ni efectivo; se registró que 51 niños, niñas o adolescentes fallecieron por uso de armas de fuego en 2024 y cinco fallecimientos adicionales hasta la primera quincena de marzo de 2025. Se observa una preocupante concentración regional de estos casos y un incremento del 122% desde 2000 a 2024.
En materia de violencia sexual, el diagnóstico identifica una disminución de casos policiales relativos a abuso sexual y violación entre 2023 y 2024, pero persiste un foco significativo en explotación sexual, especialmente en entornos digitales, con un aumento de 45,12% en delitos ingresados entre 2022 y 2024; la adquisición y almacenamiento de material abusivo representa el 62%. En convivencia escolar, las denuncias por maltrato y situaciones connotadas sexualmente han aumentado en los últimos tres años, con casi 8 mil denuncias por maltrato a estudiantes. También se reporta la interrupción del embarazo en 2024, principalmente por causal de violación.
El marco histórico de Chile en derechos de la infancia muestra que, a 27 años de la firma de la Convención, las reformas políticas e institucionales no han logrado garantizar plenamente derechos y condiciones adecuadas. Las reformas propuestas incluyen el cambio de administración del Sename hacia ministerios de Desarrollo Social, la creación del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, entre otros instrumentos. Se ha discutido la división del Sename en servicios separados para protección y para menores infractores, y la creación de un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, con el objetivo de mejorar la institucionalidad y la protección específica de derechos de la niñez.
Una crítica recurrente señala que estos proyectos no siempre logran una coordinación efectiva, carecen de fortalecimiento territorial y presentan debilidades en la capacidad para garantizar derechos en distintos niveles. Se debate la conveniencia de una Defensoría de la Niñez autónoma, con recursos propios y capacidad de acción independiente, que pueda coordinarse con otros órganos del Estado sin presiones negativas de actores externos. La figura del Defensor del Niño busca cumplir recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y responder a una necesidad de protección especializada y focalizada.
La discusión también aborda la necesidad de reparaciones para niños vulnerados, con reconocimiento de que la violencia no reside solamente en las familias, sino que se manifiesta en estructuras sociales. Se señala que la adopción debe evitarse como única vía de reparación y que se requieren sistemas de reparación que incluyan formación, acompañamiento de familias de acogida y espacios para trabajar las raíces de la violencia. Se advierte que la institucionalización debe evitar convertir a las familias originarias en objetos de sustitución y que el costo de la reparación debe ser asumido con recursos adecuados y sostenibles. La creación de una Defensoría del Niño, o un Consejo del Niño, es vista como un paso clave para garantizar derechos y proteger a los menores, libre de intereses de adopción o de instituciones con visiones particulares sobre la niñez.
Implicaciones para políticas públicas y ciudadanía
Para avanzar hacia una protección integral, es crucial un marco normativo que consolide la especialización en protección de infancia, con intervención multidisciplinaria y coordinación interinstitucional. La transición de dependencia del Sename a estructuras más descentralizadas debe acompañarse de fortalezas territoriales, recursos sostenibles y mecanismos de supervisión que garanticen que las intervenciones lleguen a las comunas más aisladas y vulnerables. Una Defensoría de la Niñez auténtica exigiría autonomía, presupuesto propio y capacidad de interlocución independiente con el resto del aparato estatal y la sociedad civil.
Si se detecta una vulneración de derechos, hay canales para denunciar según el área afectada: Educación (Superintendencia de Educación), Salud (Superintendencia de Salud) y otros ámbitos a través de los órganos correspondientes. La reparación integral implica mirar las raíces de la violencia, las dinámicas familiares y las instituciones que deben apoyar la rehabilitación de las familias y la reinserción social de los jóvenes, evitando un enfoque de sustitución simplificado y promocionando una visión de derechos del niño como sujeto de derechos, no como objeto de protección exclusivo.
¿Qué es la Ley de Garantías y Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes?
La gradualidad de las reformas, la necesidad de recursos y la claridad de atribuciones son aspectos centrales para que la institucionalidad de la infancia funcione con eficacia y responsabilidad. Las políticas deben buscar una cooperación entre el Estado, la sociedad civil y las comunidades locales para enfrentar la violencia, promover oportunidades y garantizar la dignidad y el desarrollo de todas las niñas, niños y adolescentes.
Tabla: Puntos clave de la situación y propuestas
| Ámbito | Situación / Desafío | Propuesta o vía de mejora |
|---|---|---|
| Violencia intrafamiliar | Formas física, psicológica, sexual y grooming | Fortalecer leyes y servicios especializados de atención y protección |
| Protección institucional | Sename y su uso de recursos; centralización | Dividir servicios, crear Servicio de Protección Especializado y Reinserción Juvenil |
| Participación y reparación | Necesidad de Defensoría/Consejo del Niño | Defensoría autónoma con presupuesto y autonomía operativa |
| Educación y salud | Aumento de denuncias y desigualdad en acceso | Fortalecer súperintendencias y coordinación intersectorial |