Históricamente los estudios feministas han señalado el continuum entre todas las violencias: de una escala que va desde el ámbito personal hasta el internacional y desde el hogar hasta la calle. Así, por ejemplo, los conflictos violentos se alimentan de la provisión de armas y del empobrecimiento social y, a su vez, provocan desplazamientos forzados de la población, destrucción de las infraestructuras y agotamiento de los recursos. Paralelamente, la globalización ha roto la dicotomía entre lo global y lo local, y las experiencias cotidianas de inseguridad también son consecuencia de dinámicas macro. Es decir: lo que puede parecer «un conflicto propio de las ciudades» guarda relación con los sistemas y las estructuras globales de poder que construyen una cotidianidad discriminatoria, como el capitalismo. Del mismo modo que la violencia sexual se entronca en las estructuras del patriarcado, entre otras. Por un lado, hay que insistir en la coherencia entre las políticas locales, regionales e internacionales. Con frecuencia las pulsiones se gestionan de forma inversa y paradójica: mientras se refuerzan las fronteras estatales como política (anti)migratoria, aumenta la ciberdelincuencia y la delincuencia transnacional. A la vez, hay que encontrar el equilibrio entre la responsabilidad individual y la colectiva. Las violencias están interconectadas y a menudo producen un efecto dominó.
Por otro lado, hay que cuestionarse la interdependencia entre la paz, la seguridad y la justicia, en la que nos centraremos a continuación. Hay que tener presente que las tres dimensiones buscan entender cómo se estructura y manifiesta el poder en todas las escalas, y comparten a grandes rasgos el ánimo de gestionar las violencias. No obstante, a menudo se presentan compartimentadas y los espacios en los que se relacionan las tres cuestiones -en la teoría y en la práctica- son más bien anecdóticos. Abogar por esta interrelación no es una tarea fácil, especialmente si partimos de la base de que las nociones de paz, seguridad y justicia son tan amplias -y a veces acusadas de abstractas o ambiguas- que se adaptan totalmente a la intencionalidad del emisor.
- Con frecuencia los adjetivos nos ayudan a esclarecer voluntades y a ser más precisos: paz positiva, paz negativa, paz interior, paz social, seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad privada, seguridad personal, justicia retributiva, justicia restaurativa, justicia social, justicia global…
- Esta extensa semántica nos permite construir distintos posicionamientos sobre cuál debe ser la respuesta ante las violencias y, sobre todo, cuál o cuáles de ellas queremos defender.
En primer lugar, nos encontramos con la cooptación y la tergiversación de los términos por parte de intereses ajenos al bienestar y las necesidades humanas. En nombre de la seguridad se discriminan comunidades étnicas o religiosas con vigilancia masiva y se silencia la disidencia mediante la fuerza pública. En nombre de la justicia comunitaria se cometen linchamientos y en nombre de la justicia estatal se encarcela a personas sin recursos y no se investigan delitos cometidos por las elites. Al mismo tiempo, en nombre de la paz se cometen crímenes de guerra. Del mismo modo, son frecuentes los oxímoron como «paz militar» o «seguridad armada».
En definitiva, en nombre de la paz, la seguridad y la justicia se vulneran derechos fundamentales, se cometen atrocidades y se dan respuestas contraproducentes porque no suponen ninguna solución a largo plazo a la violencia que se pretende abordar. Pero esta manipulación del sentido más humanista de los conceptos no tiene que alejarnos de su reivindicación, porque lo que no se nombra no existe. En definitiva, «cómo» se nombra la paz, la seguridad y la justicia tiene un componente político e ideológico. Así, pues, hay que persistir en la defensa de los significantes que más se ajustan a la garantía de los derechos humanos y a las condiciones de vida dignas. Esta resignificación de los términos pasa por señalar cuáles son la seguridad y la justicia que funcionan y, por tanto, cuáles son las que queremos en nombre de la paz.
El segundo riesgo, relacionado con el anterior, es que la proliferación de nociones progresistas e integrales asociadas a la paz, la seguridad y la justicia implica una difuminación de sus límites y sus objetivos. Desde hace décadas se genera un corpus teórico y práctico rico desde cada uno de los sectores, lo que proporciona una gran oferta de orientaciones, pero al mismo tiempo implica un solapamiento conceptual y una sobresaturación de propuestas para hacer frente a lo que no funciona. De entrada, debemos tener presente que el marco conceptual de las tres cuestiones es parcialmente compartido. Algunas palabras comunes son conflicto, derechos humanos, libertad o bienestar. Independientemente de la opción política, casi todo el mundo estará de acuerdo en que la justicia guarda relación con los derechos humanos y en que la seguridad tiene que ver con la libertad, y viceversa.
En la búsqueda y la materialización de este marco común, considero que es necesario identificar los múltiples elementos que configuran y condicionan la forma de entender y desplegar simultáneamente la paz, la seguridad y la justicia. Uno de estos elementos es el punitivismo, entendido como un sistema de creencias y prácticas cotidianas en que el castigo es el medio adecuado para la resolución de los conflictos. Es decir, puede ser defendido y sostenido por las instituciones, pero también por la ciudadanía. En otras palabras: el paradigma principal de la cultura del castigo y la cultura de la guerra es el punitivismo, y el marco simbólico de referencia es la violencia. Bajo este paradigma, las violencias que acaparan más la atención son las directas, las más visibles, especialmente las físicas. Para afrontarlas, se generan lógicas de batalla, defensivas y ofensivas, de venganza más o menos directa. El último objetivo es garantizar el orden, la estabilidad, y preservar el statu quo. El conflicto se ve y se gestiona como un síntoma negativo y tóxico, y debe ser suprimido. Se problematizan la diferencia, las minorías, la disidencia o simples dinámicas de convivencia, y son susceptibles de ser gestionadas de forma reactiva por agentes e instrumentos punitivos y penales.
Por el contrario, la cultura de paz se expresa en el antipunitivismo, donde el marco simbólico de referencia es el cuidado. Se abordan las violencias culturales y las estructurales, además de las directas. Bajo este paradigma, se confía en el poder social y el conflicto se entiende como un síntoma de vida. Es, por tanto, positivo y se considera un elemento motor del cambio social. Es imprescindible ser conscientes de cuáles son los principios morales punitivistas o antipunitivistas que condicionan la cotidianeidad, ya que cada sociedad crea su cultura y, al mismo tiempo, la cultura interviene en la construcción de la sociedad.
Todo modelo de seguridad y de justicia que encare los conflictos sin basarse en la construcción de paz está destinado al fracaso. No es extraño que las estrategias públicas tradicionales en nombre de la paz, la seguridad y la justicia surjan de una incomprensión profunda de los riesgos y los conflictos que los motivan. En las políticas punitivistas, las personas están al servicio del Estado y, por tanto, la producción de políticas públicas en nombre de la paz, la seguridad y la justicia es «de arriba hacia abajo». El marco subyacente es un individualismo o un comunismo doctrinal extremo. Es decir, son políticas que se centran en los efectos de las violencias desde una óptica conductual y no se tienen en cuenta las causas, ni el contexto, ni las circunstancias en las que se han producido. Las estrategias son, en esencia, reactivas, competitivas y autoritarias, de imposición de fuerza física o simbólica mediante la coerción, la represión y el control social.
La pretendida seguridad es armada y estatal: la crea, la interpreta y la impone el Estado. Si bien esta seguridad también se entiende como derecho, se limita a ser la que gestiona la criminalidad y la que garantiza la integridad territorial y el orden público. A su vez, la justicia es principalmente retributiva, también llamada punitiva o castigadora; es decir, centra su despliegue en el agresor y en la violación de las leyes establecidas por el Estado. La paz que se puede alcanzar bajo este marco político es negativa y mayoritariamente cortoplacista; es decir, se ejerce una violencia institucionalizada en aras de garantizar la ausencia de una violencia visible. Es importante tener presente que el punitivismo es, per se, un abuso. No debe confundirse con una «punición» o «punibilidad» ordinaria, entendidas éstas como las respuestas penales o coercitivas formales para combatir la violencia o la criminalidad.
En este sentido, no toda defensa antipunitivista es contraria a la punibilidad. Con frecuencia las prácticas antipunitivistas -como los programas de justicia restaurativa- son un complemento a la vía penal. La cuestión es que el punitivismo perpetúa el poder sobre. Esta dinámica de poder puede ser destructiva y tiene múltiples asociaciones negativas, como la discriminación y la corrupción. En su nivel más básico, opera para otorgar privilegio a determinadas personas mientras margina a otras. En la política, quienes controlan los recursos y la toma de decisiones tienen poder sobre quienes no tienen este control y excluyen a otras personas del acceso a los recursos y la participación en la toma de decisiones públicas, lo que perpetúa la desigualdad y la injusticia.
En las políticas antipunitivistas, el Estado está al servicio de las personas y se presta atención a las vulnerabilidades humanas y contextuales. El marco subyacente de las políticas es la cooperación, y la no violencia puede ser una orientación. Se apuesta por estrategias de seguridad humana y de justicia restaurativa. Por un lado, se pone un énfasis especial en las causas y las raíces de las violencias por medio de una seguridad de derechos, que tiene por objetivo gestionar las necesidades humanas y planetarias y atender las dimensiones personales y comunitarias, así como las económicas, políticas y ambientales. Por otro lado, se invierte en justicia restaurativa porque se parte de la premisa de que los delitos causan daños en el bien común. La cultura de paz se expresa en el antipunitivismo, donde el marco simbólico de referencia es el cuidado.
El antipunitivismo político tiene, por lo tanto, una lógica principalmente colectivista, en la que los actores sociales y la ciudadanía tienen un papel muy relevante en la gestión de la conflictividad. Muchas de las reflexiones y los aprendizajes antipunitivistas provienen del pacifismo, los feminismos, la criminología crítica, los abolicionismos de la cárcel y de la pena de muerte, así como de los planteamientos de la justicia restaurativa. En cualquier caso, todos los posicionamientos antipunitivistas creen en el potencial del poder entre. Tanto las activistas como las académicas antipunitivistas han buscado formas más colaborativas para ejercer el poder y para crear relaciones y estructuras más equitativas, mediante la transformación del poder sobre. El poder entre es constructivo. Pone en valor la capacidad da las personas y las comunidades para actuar de forma creativa y colectiva en el mantenimiento de la paz, la seguridad y la justicia, y defiende la construcción de redes sociales e institucionales que aporten y refresquen conocimientos desde distintos lugares para una mejor comprensión de la naturaleza de los fenómenos.
Es importante mencionar que, con frecuencia, se romantiza la acción colectiva, pero, en ocasiones, esto también lleva a dinámicas segregacionistas y discriminatorias. Al mismo tiempo, en nombre de la colectividad, una «asociación» o una «familia» pueden tener una cultura relacional horizontal pero tóxica, o también pueden ser un espacio de reclusión donde se anula la autonomía y se aboga por el sacrificio en nombre del grupo. El poder entre no es autoritario y naturaliza la oposición. Así, para llegar a ser inclusivo y pacífico, tiene que basarse en el apoyo mutuo, la solidaridad, la colaboración y el reconocimiento y el respeto de las diferencias; solamente así ayudará a construir puentes entre las discrepancias, reconocer abiertamente los conflictos y buscar formas para transformarlos o reducirlos.
Martin Luther King decía que «uno de los grandes problemas de la historia es que los conceptos de amor y poder los hemos visto generalmente como extremos opuestos, de forma que se identifica el amor con una renuncia al poder y el poder como una negación del amor». Lo que necesitamos es hacer política siendo conscientes de que «el poder sin amor es imprudente y abusivo y el amor sin poder es sentimental y anémico». Este poder antipunitivista puede generar un impacto mayor porque consigue transformar las violencias y, al mismo tiempo, refuerza un sentido de comunidad que actúa como factor preventivo de otras violencias. No obstante, hay que prestar atención a su perversión o instrumentalización. No puede ser la puerta de entrada a la banalización de algunas violencias, a una desprotección o sobrerresponsabilización de las víctimas o a una negligencia institucional o personal del mal causado. No puede ser sinónimo de impunidad. Apostar por rutas antipunitivistas puede hacer mucho más por eliminar las violencias que el punitivismo, pero el antipunitivismo -como paradigma crítico pero propositivo- no tiene la solución a todo. Como ideario, orienta a una necesaria forma de entender el conflicto y las relaciones. La materialización del antipunitivismo, no obstante, hace equilibrios entre la urgencia del momento y la profundidad y la complejidad de las violencias.
En la era de la incertidumbre y de las crisis sistémicas, la atomización de las luchas -a nivel social- y de las competencias -a nivel institucional- es una tendencia peligrosa. A partir de la construcción de paz, la defensa de los derechos humanos, el activismo social y la acción comunitaria deben generarse espacios compartidos de poder entre -junto con proyectos políticos como el feminismo, el antirracismo y el ecologismo- y trabajar por un mínimo común que nos ayude a avanzar juntos en la consecución de un mundo más afable, con menos desigualdades y más calidad de vida. Debemos ser conscientes del valor añadido que se proporciona desde cada reivindicación y trabajar los privilegios subyacentes, pero nos hace falta una transversalización en la lucha que, lejos de diluir nuestros objetivos, nos ayude a reforzar discursos y a renovar fuerzas. Solamente así podremos hacer propuestas realistas que nos acerquen a una paz justa, sostenible y duradera.
La Agenda educativa y social actual insiste en que la paz requiere educación y derechos humanos como bases para una convivencia real. El Objetivo 16 de desarrollo sostenible propone promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades deben colaborar para encontrar soluciones duraderas a los conflictos y al clima de inseguridad. La paz es un requisito fundamental para el desarrollo social y económico. La violencia afecta a la salud, al desarrollo y al bienestar de los niños, así como a su capacidad para prosperar. La falta de acceso a la justicia implica que los conflictos queden sin resolver y que las personas no pueden obtener ni protección ni reparación.
"La justicia restaurativa educativa como una política pública"
La vulnerabilidad, entendida como categoría jurídica y ética, se propone como lente para entender las desigualdades estructurales y la necesidad de proteger a grupos como mayores y personas con discapacidad. Desde la Constitución y la jurisprudencia, se busca una mayor juridificación de la vulnerabilidad mediante reformas y políticas que garanticen autonomía, inclusión social y acceso a derechos fundamentales. Así, la vulnerabilidad se convierte en vector para reubicar a las personas dentro de estructuras sociales más justas y equitativas, promoviendo justicia social, reconocimiento y participación para reducir riesgos y daños.
En suma, la vulnerabilidad de el derecho de la paz se entiende como un marco que interpela la forma en que definimos paz, seguridad y justicia: no como conceptos estáticos, sino como prácticas dinámicas que deben entrelazarse con la protección de derechos humanos, la inclusión social y la transformación estructural de las sociedades.