La vulnerabilidad se define como la condición de desventaja de un sujeto, comunidad o sistema frente a una amenaza, y la escasez de recursos para superar el daño. En este sentido, un sujeto o grupo se considera vulnerable al enfrentar experiencias que lo exponen a riesgos que afectan su bienestar personal, moral, psíquico o material, con recursos limitados o inexistentes para afrontar la amenaza. Sin embargo, es crucial no catalogar a sectores poblacionales completos, como los adultos mayores o los niños, como inherentemente vulnerables, ya que dentro de estos grupos existe una vasta heterogeneidad y la vulnerabilidad es una situación en proceso, no un estado permanente.
Es importante distinguir entre riesgo y vulnerabilidad. El riesgo es la posibilidad de que una contingencia tenga efectos adversos y cause daño, mientras que la vulnerabilidad es la causa residual que sigue a la experiencia de enfrentar situaciones de riesgo. Una situación de riesgo no es sinónimo de vulnerabilidad y no siempre termina causando daño. El estudio de la vulnerabilidad no debe reducirse al ámbito descriptivo y valorativo, sino que debe emplearse como una perspectiva de análisis que permita definir expresiones abstractas generales, descubrir regularidades y atender particularidades, superando visiones monocromáticas de las condiciones y situaciones de vulnerabilidad.
Dimensiones de la vulnerabilidad
La vulnerabilidad puede ser analizada en diferentes niveles para una comprensión más profunda:
1. Experiencias cotidianas y riesgo
Este nivel analiza cómo las experiencias de la vida cotidiana, en relación con los riesgos, sitúan a las personas en situaciones de vulnerabilidad. La perspectiva de vulnerabilidad social reside en identificar los riesgos a los que están expuestas las personas para poder actuar eficazmente.
2. Impacto de los patrones de desarrollo y uso de recursos
Se centra en los impactos de los patrones de desarrollo en el ámbito social y en cómo se utilizan los recursos para enfrentar los riesgos implícitos de dicho desarrollo. Permite observar la relación entre las estrategias y los recursos que las personas emplean para hacer frente a una situación de riesgo, distinguiendo la carencia de recursos de la pobreza.
3. Estructura de oportunidades
Este nivel pondera el impacto de la estructura de oportunidades, que incluye la movilización de recursos (activos) de las personas en relación con los recursos del marco sociocultural a los que pueden o no tener acceso. Esto hace posible evitar, reducir o superar el daño causado por una amenaza. Las personas no son vulnerables por el solo hecho de enfrentarse a situaciones de riesgo, ya que en estas situaciones ajustan, evalúan, negocian y deciden, compiten por recursos, construyen alianzas y resuelven metas.
Considerando estos niveles, el estudio de la vulnerabilidad valora no solo las condiciones de vida, sino también las posibilidades de acceso a sistemas de seguridad social, que se relacionan directamente con una mejor calidad de vida. La vulnerabilidad surge cuando existe un desajuste e indeterminación relacional entre los recursos disponibles y el aprovechamiento de la estructura de oportunidades.
Vulnerabilidad personal y colectiva
El estudio de la vulnerabilidad se ha dirigido a dos grandes unidades de análisis:
- Vulnerabilidad personal: Hace referencia a la condición del organismo.
- Vulnerabilidad colectiva: Se refiere al carácter estructural y las circunstancias que potencian el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades.
La perspectiva de vulnerabilidad social articula ambas unidades, considerándola el resultado de los impactos provocados por ciertos patrones de desarrollo y la incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad para enfrentarlos. Los recursos para afrontar el riesgo no son solo económicos y materiales; incluyen también recursos de orden social (redes de apoyo solidario) y simbólico (conocimiento, creencias, deseos, valores).
Es fundamental diferenciar entre "vulnerable" y "vulnerado". Una persona o grupo es vulnerable ante la posibilidad de ser afectado por una acción que vulnera. Una vez que la vulneración se produce, el afectado deja de ser vulnerable y se convierte en vulnerado o dañado. La condición de vulnerado refleja el hecho de haber sido dañado y de estar en un estado casi permanente de sufrir más daños, sin lograr superarlos. Esta distinción es crucial para evitar categorizar de forma permanente a poblaciones enteras como vulnerables, cuando en realidad se encuentran en una situación procesal e inestable.
Factores que inciden en la vulnerabilidad
La vulnerabilidad es un concepto complejo influenciado por múltiples factores. Más allá de la edad, se entrelaza con condiciones socioeconómicas, salud, acceso a servicios y dinámicas familiares.
1. Factores socioeconómicos y desigualdades
La crisis sanitaria y económica ha exacerbado la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, una región caracterizada por una profunda desigualdad, altos niveles de pobreza y debilidad en los sistemas de salud y protección social. Estas crisis han puesto en evidencia las desigualdades socioeconómicas y de acceso a servicios, especialmente entre las personas mayores. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo destaca la importancia de erradicar la discriminación y violencia contra las personas mayores, promoviendo un envejecimiento digno y con derechos, y priorizando su atención en planes de prevención y mitigación de desastres.
El Objetivo 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, a todas las edades.
Proyecciones demográficas y envejecimiento
América Latina y el Caribe, con aproximadamente 654 millones de habitantes, muestra una población donde el 24% tiene menos de 15 años y el 13% son personas mayores (60 años o más). Para 2050, se proyecta que las personas mayores representarán casi el 25% de la población, mientras que los menores de 15 años disminuirán al 17%. El grupo de personas muy mayores (80 años y más), actualmente el 1,9% (unos 12,4 millones), se incrementará a más de 41 millones en 30 años. Este grupo tiene necesidades y capacidades muy diferentes a otros grupos de edad.
Las mujeres, con una mayor esperanza de vida, están sobrerrepresentadas entre las personas mayores, especialmente en el grupo de 80 años y más. Actualmente, hay 81 hombres por cada 100 mujeres entre los mayores de 60 años en la región, y solo 64 hombres por cada 100 mujeres entre los de 80 años y más.
El envejecimiento demográfico es heterogéneo en la región. Países como Cuba, Uruguay, Chile y Argentina ya tienen un quinto de su población de 60 años o más, con diferencias significativas por sexo. En contraste, países como Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua se encuentran en una fase inicial de envejecimiento, aunque también con más mujeres en edades avanzadas.
2. Salud y comorbilidades en personas mayores
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la pandemia por su rapidez de expansión, gravedad (alta letalidad y mortalidad, principalmente en personas mayores) y poder de disrupción social y económica. Un factor de riesgo conocido, además de la edad, es la existencia previa de enfermedades crónicas y múltiples morbilidades. Los sistemas de salud de muchos países de la región han sido subfinanciados, segmentados y fragmentados, con barreras de acceso significativas.
Las personas mayores y muy mayores son las más afectadas por accidentes cerebrovasculares (ACV) y cardiopatías isquémicas. De un cuarto a un tercio de las personas de 60 años y más han sido diagnosticadas con un ACV o una cardiopatía isquémica, siendo los hombres quienes presentan porcentajes más altos. La diabetes en personas mayores varía del 11% al 45% entre países, y en algunos, las mujeres mayores son las más afectadas. Otros factores de riesgo incluyen la obesidad y el tabaquismo.
3. Discapacidad en personas mayores
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Los diferentes tipos de discapacidad pueden aumentar la probabilidad de contagio y la gravedad de los síntomas. La OMS (2020d) señala que los obstáculos para la higiene básica, como lavarse las manos, y las comorbilidades preexistentes, pueden incrementar el riesgo de casos graves de COVID-19 en personas mayores con discapacidad, ya que la enfermedad exacerba problemas de salud relacionados con la función respiratoria, el sistema inmunitario, cardiopatías o diabetes.
En América Latina y el Caribe, hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad. Un análisis de ocho países mostró que el 41% de las personas mayores tenían algún tipo de discapacidad, con Brasil destacando con más del 60%, y República Dominicana y Uruguay con el 45%. Censos recientes indican que la prevalencia de discapacidad aumenta con la edad, con un ligero predominio femenino. En Guatemala y Colombia, el 14% de las personas de 60 años o más tienen discapacidad, mientras que en Perú es el 35%. A los 80 años o más, estas cifras aumentan al 30% en Guatemala y Colombia, y al 58% en Perú.
Las personas mayores con discapacidad enfrentan barreras específicas debido al COVID-19, como restricciones que no consideran sus necesidades, interrupciones de apoyos (formales o informales) y difícil acceso a información pública en formatos accesibles. La población de 80 años o más con discapacidad, a menudo con alta dependencia de cuidados, requiere apoyo constante, lo que se ve comprometido por las restricciones de movimiento y distanciamiento físico.
4. Arreglos familiares intergeneracionales y aislamiento
América Latina y el Caribe se sitúa en una posición intermedia entre Asia y África (donde más del 60% de las personas mayores residen con sus hijos) y Europa y América del Norte (donde este porcentaje no supera el 20%) en cuanto a arreglos familiares intergeneracionales. Aunque la evidencia directa sobre el papel de la corresidencia familiar en la pandemia es limitada, algunos demógrafos europeos vinculan los altos niveles de corresidencia intergeneracional en el Sur de Europa con la magnitud y gravedad del COVID-19.
En la región, aproximadamente 1 de cada 3 hogares tiene al menos una persona mayor, lo que los convierte en hogares de riesgo especial. Se ha observado que los niños pueden ser un vector importante y silencioso de transmisión del virus en hogares multigeneracionales.
Las personas mayores que viven solas constituyen un grupo de riesgo ante la pandemia, ya que las medidas de distanciamiento físico pueden afectarlas desproporcionadamente. Pueden enfrentar barreras para obtener información precisa, alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales durante la cuarentena, y los períodos prolongados de aislamiento pueden afectar gravemente su salud mental, aumentando los sentimientos de soledad no deseada. Sin embargo, también pueden estar menos expuestas al contagio al no compartir el hogar con personas que salen a trabajar o hacer compras.
Vulnerabilidad infantil
La Convención sobre los Derechos del Niño define "niño" como una persona menor de 18 años. Millones de niños en todo el mundo se ven privados de sus derechos básicos y de las oportunidades necesarias para crecer sanos y fuertes. La destrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial hizo vulnerables a muchos niños, lo que llevó a la creación del Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia (UNICEF) para asistirlos. UNICEF ha ampliado su labor desde la salud a todas las necesidades infantiles y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1965 por su trabajo.
El informe "Estado Mundial de la Infancia 2025, Poner fin a la pobreza infantil: Un imperativo universal" destaca que 412 millones de niños viven en pobreza extrema, y muchos más carecen de necesidades básicas. Millones mueren anualmente por desnutrición y enfermedades, y otros son víctimas de guerras, desastres naturales, VIH/SIDA y violencia. En respuesta a la explotación infantil, la Comisión de Derechos Humanos estableció en 1990 el mandato del Relator Especial sobre la venta y explotación sexual de los niños.
En 1989, la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño fue un compromiso histórico. Este tratado internacional, el más amplia y rápidamente ratificado, transformó la visión de los niños, reconociéndolos como seres humanos con derechos diferenciados. En 2000, se adoptaron dos Protocolos facultativos: uno prohíbe el reclutamiento de niños menores de 18 años en fuerzas armadas; el otro refuerza las prohibiciones de venta, prostitución y pornografía infantil. Un tercer Protocolo facultativo entró en vigor en 2014.
El Comité de los Derechos del Niño, compuesto por 18 expertos, monitorea el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados.
Violencia contra los niños en conflictos armados
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Hace más de veinte años, la comunidad internacional se unió para condenar y movilizarse contra el uso de niños en conflictos armados. Planes de acción del Consejo de Seguridad de la ONU han liberado a miles de niños. Sin embargo, en 2023, la violencia contra los niños en conflictos alcanzó niveles extremos, con un alarmante aumento del 21% de violaciones graves. El reclutamiento y la utilización de niños por fuerzas y grupos armados sigue siendo una de las violaciones más frecuentes, con 8.655 niños afectados en 2023. Las niñas también corren riesgo de ser forzadas a casarse o sufrir explotación sexual.
El derecho de los niños a la protección contra la violencia está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, mil millones de niños sufren cada año alguna forma de violencia emocional, física o sexual. Esta crueldad no distingue cultura, clase o educación, ocurriendo en instituciones, escuelas y hogares. La violencia entre niños y el ciberacoso también son preocupaciones crecientes. Los niños expuestos viven aislados y aterrorizados, sin saber dónde buscar ayuda, especialmente cuando el agresor es alguien cercano.
En 2006, un estudio de la ONU ofreció recomendaciones para poner fin a la violencia infantil. Muchos Estados ya tienen legislación para prohibir la violencia y apoyar a las víctimas. Se han diseñado campañas de concienciación y se abordan la intimidación, la violencia sexual y las prácticas dañinas. Aunque se han logrado progresos, aún queda mucho por hacer. La inclusión de la meta 16.2 en la Agenda 2030 demuestra el compromiso global para acabar con todas las formas de violencia contra niños y niñas.
Durante 15 años, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) guiaron la solución de problemas infantiles y juveniles, pero el progreso fue irregular. Con la llegada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, los líderes mundiales se comprometieron a erradicar la pobreza para 2030. Actualmente, casi una de cada cinco niñas se casa antes de los 18 años, y más de 60 millones de niños en edad escolar siguen sin escolarizar.