Una Nueva Unidad para la Atención Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes del SENAME
El objetivo fundamental de una nueva unidad en el ámbito de la salud es garantizar una atención especializada y priorizada a los niños, niñas y adolescentes de la Red Cordillera. Estos menores, víctimas de vulneración de derechos, requieren una atención de nivel terciario, abordada desde un enfoque biopsicosocial.
Esta nueva unidad se suma a otras dos ya existentes en un hospital, las cuales han estado funcionando por un tiempo considerable y se especializan en programas de Maltrato y Abuso Infantil.
De acuerdo con la Dra. Magdalena Galarce, médico coordinador del área infantil del Centro de Responsabilidad Ambulatoria del Complejo Asistencial, esta unidad está destinada a todos los niños y niñas que forman parte de alguna institución del Sename, abarcando no solo a aquellos en residencia, sino también a los que reciben atención en centros ambulatorios.
La iniciativa se puso en marcha con la revisión de la lista de espera de los niños, niñas y adolescentes del Sename, priorizando la atención de sus interconsultas. Además, se estableció una coordinación efectiva con el Centro de Atención Primaria, lo que facilita el envío expedito de estos pacientes.
Hasta el momento, esta iniciativa ha sido muy positiva. La Dra. Galarce concluye que la importancia de este programa radica en que "visibiliza, articula y promueve eso que hacemos y que nadie lo hacía, que es un seguimiento integral de la atención".
El Programa ASCAR: Fiscalización de Residencias del SENAME
En un ámbito diferente, relacionado con la supervisión de las instituciones, la Contraloría emitió un informe sobre un programa de fiscalización de residencias del Sename, conocido como ASCAR. Este programa se llevó a cabo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre los años 2013 y 2016.
Ante los hallazgos del informe, se consideró necesario extender esta acción. Por ello, y entendiendo la posibilidad de daños al patrimonio fiscal, se solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que estudie la causa y determine si proceden acciones legales, querellas o demandas. El objetivo es garantizar la integridad del patrimonio fiscal y, en el caso de eventuales delitos, perseguir a los responsables de la situación que pudiera surgir.