La discusión sobre el rol de las personas jubiladas en el sistema penitenciario y las condiciones de los reclusos mayores ha ganado relevancia en diversos países, impulsando iniciativas legislativas y estudios sobre el impacto en la salud mental y la reinserción social.
Iniciativas legislativas y la crisis penitenciaria en Chile
En el contexto chileno, una iniciativa que considera medidas especiales para personas privadas de libertad de edad avanzada o con un estado de salud deteriorado ha recibido el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos. Esta instancia respaldó por mayoría la iniciativa, luego de varias jornadas de discusión, visitas a centros penitenciarios y audiencias públicas. El proyecto (Boletín N°17.370-17) regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que indica. Dicha moción tuvo su origen en una propuesta de los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.
El senador Francisco Chahuán, presidente de la comisión, afirmó que “es necesario generar una adecuación del cumplimiento de penas con estándares internacionales… este proyecto no significa impunidad y tampoco que no haya memoria”. Precisó que se trata de avanzar en cumplimientos alternativos para personas contempladas en las hipótesis, y que su articulado será materia de debate tanto en Sala como con las indicaciones. En la misma línea, el senador Rojo Edwards argumentó que se pierde toda racionalidad cuando “se condena a una persona de 92 años, que no es autovalente ni controla esfínteres”. Subrayó que esta no es una discusión sobre convenios internacionales, sino un debate de humanidad y de la dignidad de las personas.
La problemática del hacinamiento y la reinserción
En Chile, la discusión sobre la reinserción en el sistema penitenciario no es nueva, pero el autor de esta columna comenta que es el momento de tomarla en serio. La experiencia internacional indica que invertir en ella tiene efectos concretos en seguridad. Actualmente, se debate si la solución es endurecer las penas y recortar los derechos de los presos. Sin embargo, esta fórmula olvida un dato de mucho peso: las cárceles funcionan al 140% de su capacidad y siguen en constante ascenso. No hay espacio físico, ni recursos ni personal para seguir apilando condenados; las celdas colapsan y los internos conviven hacinados, sin las condiciones básicas para subsistir.
Ese nivel de saturación no solo genera incomodidad, sino riesgos reales de salud y seguridad. Servicios sanitarios desbordados, camas improvisadas en pasillos y acceso limitado a atención médica o psicológica se han vuelto el pan de cada día. Para los gendarmes, el desafío crece al mismo ritmo que la población; un solo descuido puede derivar en motines o episodios de violencia que afectan tanto a los internos como a funcionarios. Claros ejemplos han sido las noticias sobre varios penales, donde se reporta que reclusos han pasado hasta 20 horas sin comida y deben compartir camas por falta de espacio. Se plantean leyes más duras sin sopesar el impacto presupuestario; hoy los costos operativos de un interno superan los 900 mil pesos al mes. Al mismo tiempo, se ignora que la mayoría de los reclusos que hoy habitan las cárceles de Chile saldrán eventualmente a delinquir.
Reinserción como inversión, no como costo
El verdadero debate debería apuntar a qué sucede dentro de esas paredes colapsadas. Amontonar reos en prisiones al límite no elimina la criminalidad; solo empuja al sistema a un punto de colapso. La crisis penitenciaria y el alza delictiva muestran que el endurecimiento punitivo por sí solo no reduce la criminalidad; por el contrario, la reproduce. Meter más personas en prisiones saturadas y prolongar sus condenas, junto con condiciones infrahumanas, no elimina la causa. Cuando la política pública prioriza la logística sobre la reinserción, crea circunstancias que favorecen la reincidencia y socavan la seguridad.
Es por este contexto que el foco actual del sistema penitenciario tiene que estar en establecer políticas públicas que reduzcan el riesgo de reincidencia: como los programas de salud mental y capacidad laboral, medidas de acompañamiento al egreso y evaluaciones basadas en evidencia sobre qué medidas efectivamente reducen delitos. El problema no es solo moral: tiene efectos económicos claros. Concebir al recluso únicamente como un gasto operativo sin retorno implica malgastar recursos públicos. En cambio, la reinserción debe pensarse como inversión: reducción de reincidencia, mayor empleabilidad formal, aportes fiscales y menores costos sociales asociados a la criminalidad.
Un ejemplo claro de que la reinserción social puede ser una inversión con resultados tangibles es Alemania. En distintos lugares de este país se han ejecutado políticas que incentivan la reinserción social de los internos. En Colonia, por ejemplo, se estableció un programa de libertad condicional intensiva que ofrece apoyo personalizado durante los primeros seis meses, combinando orientación laboral, seguimiento psicológico y contacto frecuente con tutores judiciales. Según una evaluación del Journal of Empirical Legal Studies, esta estrategia redujo la reincidencia juvenil en alrededor de un 20 %, con efectos persistentes hasta tres años después. La lógica alemana es simple pero efectiva: preparar para la reinserción reduce tanto la reincidencia como los costos públicos asociados al encarcelamiento reiterado.
Hoy la reinserción opera más como eslogan que como objetivo efectivo. La última expansión relevante de infraestructura fue la construcción reciente de un nuevo complejo en el norte, la primera desde 2012; nuestras prioridades han sido ampliar cupos antes que implementar programas sostenidos de reinserción. Por eso las políticas públicas deben reorientarse hacia intervenciones medibles y operativas: reducir el hacinamiento; priorizar una atención de salud mental en los internos; vincular a la empleabilidad mediante incentivos público-privados; y evaluar constantemente qué medidas reducen realmente la reincidencia. Es hora de traducir el diagnóstico en actos: convocar auditorías externas al sistema penitenciario, exigir metas cuantificables a los programas de reinserción y condicionar la asignación presupuestaria al cumplimiento de resultados medibles, especialmente en cárceles concesionadas que históricamente han operado bajo criterios de eficacia operativa, pero no de reinserción. Si los gobernantes y encargados de la seguridad quieren seguridad real, deben demostrar que saben invertir para reducir riesgos a largo plazo, no solo para aumentar cupos penitenciarios en cárceles colapsadas.
El fenómeno de la criminalidad en la tercera edad: el caso de Japón
La situación de los adultos mayores en el sistema judicial no es exclusiva de Chile. En Japón, por ejemplo, se observa una sorprendente tendencia: cada vez más japoneses mayores de 65 años cometen delitos para acabar en la cárcel. La proporción de delitos cometidos por personas mayores de 65 años aumenta constantemente desde hace 20 años.
Pobreza y soledad como motivaciones
Toshio Takata, de 69 años, un residente en una casa de transición en Hiroshima destinada a delincuentes a punto de ser liberados, explica que infringió la ley porque era pobre. Quería un lugar donde vivir de forma gratuita, aunque fuera entre rejas. “Llegué a la edad de la jubilación y me quedé sin dinero. Así que se me ocurrió que quizás en la cárcel podría vivir gratis", dice Takata. Su primer delito fue robar una bicicleta a los 62 años, siendo sentenciado a un año de cárcel. Tras ser liberado, amenazó a un grupo de mujeres con un cuchillo, buscando que alguna de ellas llamara a la policía. En total, Takata pasó la mitad de los últimos ocho años en la cárcel. Él explica que, si bien no le gusta, en la cárcel puede estar gratis y ahorra dinero de su pensión.
Esta tendencia es significativa: en 1997, este grupo de edad representaba aproximadamente una de cada 20 condenas, pero 20 años después, la cifra aumentó a más de una de cada cinco. Al igual que Takata, muchos de estos delincuentes mayores son reincidentes; de los 2.500 mayores de 65 años condenados en 2016, más de un tercio tenía más de cinco condenas anteriores.
Otro ejemplo es Keiko, de 70 años, quien también atribuye la pobreza a su situación delictiva. "No conseguía llevarme bien con mi esposo. No tenía dónde vivir ni dónde quedarme. Así que robar se convirtió en mi única opción", explica. "Incluso mujeres de 80 años que no pueden ni caminar cometen delitos. Es porque no tienen comida, ni dinero".
El robo, principalmente en tiendas, es con mucha diferencia el delito que más cometen las personas de edad avanzada, en su mayoría alimentos de un valor inferior a los 3.000 yenes (unos US$25). Michael Newman, un demógrafo que trabaja en Tokio, señala que es muy difícil vivir con la "miserable" pensión básica de Japón. En su informe de 2016, calculó que solo con los costos de alquiler, comida y atención médica, los beneficiarios de la pensión acaban endeudados si no tienen otros ingresos. Aunque antes era habitual que los hijos se hiciesen cargo de sus padres, la falta de oportunidades económicas llevó a muchos jóvenes a mudarse, dejando a los padres valerse por sí mismos. Los jubilados no quieren ser una carga para sus hijos, y si no pueden sobrevivir con la pensión, sienten que la única manera de no ser un lastre es hacer que los metan en la cárcel. La reincidencia es una forma de "volver a la prisión", donde hay tres comidas diarias y ninguna factura.
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Kanichi Yamada, director de With Hiroshima, un centro de transición, cree que los cambios en las familias japonesas contribuyeron a la ola de delitos entre ancianos, enfatizando las consecuencias psicológicas, no solo financieras. "Las personas están más aisladas. No encuentran su lugar en esta sociedad. No pueden soportar la soledad". Añade que muchos de los ancianos que cometen delitos vivieron un punto de inflexión en la mitad de su vida, perdiendo a la esposa o a un hijo. La explicación de Takata sobre recurrir a la delincuencia como consecuencia de la pobreza es solo una "excusa", sugiere Yamada, ya que el núcleo de su problema es la soledad, y un factor que puede llevar a la reincidencia es la compañía que encuentran en la cárcel.
Adaptaciones penitenciarias y costos
El gobierno japonés ha ampliado la capacidad de las prisiones y reclutado más mujeres como guardias de prisiones, dado que el número de ancianas que delinquen está aumentando rápidamente. El costo de los tratamientos médicos de las personas en prisión es cada vez mayor. En prisiones como la de Fuchu, donde casi un tercio de los internos tiene más de 60 años, se han tenido que mejorar las instalaciones, colocando pasamanos y baños especiales, e implementando clases adaptadas para delincuentes mayores. Aunque se les anima a cantar canciones sobre el significado de la vida, muchos internos piensan que la vida en la cárcel es mejor y vuelven.
Michael Newman sostiene que sería mucho mejor, y mucho más barato, cuidar a los ancianos sin el costo de los procedimientos judiciales y el encarcelamiento. Propone un modelo para un complejo para jubilados, donde darían la mitad de su pensión pero obtendrían comida, alojamiento y atención médica a cambio. Newman también sugiere que la tendencia de los tribunales japoneses a imponer penas privativas de libertad por hurto "es un poco extraña, en términos de una pena que encaje realmente con el delito".
Salud mental en los reclusos mayores: un estudio de revisión
Los reclusos mayores son una minoría en la población penitenciaria, pero su número va en aumento en comparación con otros grupos. Los problemas de salud mental en los reclusos mayores pueden ser causados por la duración del período de detención, la separación de la familia y las parejas, y los conflictos que ocurren entre los reclusos en prisión, que empeoran sus condiciones de salud mental. Según datos globales, hay 11 millones de personas en prisión en todo el mundo, un aumento de alrededor del 8 por ciento en los últimos 10 años. Las prisiones están operando por encima de su capacidad en 119 países, y las medidas para reducir la población carcelaria son inadecuadas (1).
Prevalencia y desafíos
Los presos a menudo experimentan trastornos mentales que no se diagnostican ni se manejan adecuadamente. Generalmente, los problemas de salud mental experimentados por muchos de estos reclusos son depresión, desesperanza, consumo de alcohol y uso de drogas. Estos problemas son un desafío para las enfermeras de salud mental porque, si no se tratan, pueden provocar una mala adaptación a las condiciones de salud y la vida en prisión. Los adultos mayores son una población vulnerable a los impactos en la salud mental, especialmente en entornos penitenciarios. Investigaciones como la de Tarbuck (3) explican que los reclusos mayores correrán un mayor riesgo de experimentar violencia que otros reclusos, lo que resulta en altos niveles de estrés crónico y puede empeorar los problemas de salud física y mental.
Estados Unidos tiene el mayor número de personas encarceladas en todo el mundo, con aproximadamente 200.000 personas encarceladas de 55 años o más en 2017. La salud mental en los ancianos generalmente ocurre con la demencia. Cuando los problemas de salud mental afectan a los reclusos de edad avanzada, surgirán problemas de salud más complejos, como depresión, Alzheimer, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia y consumo de alcohol (5). Los problemas de salud mental en los reclusos mayores deben abordarse lo antes posible, por lo que se necesita más investigación sobre las intervenciones y los factores que influyen en ellos, especialmente para prevenir trastornos mentales más graves.
Metodología del estudio de revisión
El estudio de revisión de alcance analizó problemas de salud mental en personas mayores reclusas, utilizando el marco Arksey & O'Malley (6). Se buscaron artículos a través de PubMed, EBSCO, ProQuest, Sage Journal y Google Scholar, publicados desde 2000 hasta 2023. El proceso de selección de estudios se llevó a cabo utilizando el Diagrama de Flujo PRISMA (Figura 1). Los criterios de inclusión fueron artículos de texto completo libres, en inglés, tipos de investigación cualitativa y cuantitativa, con tiempo de publicación de 2000 a 2023, y enfocados en la población de adultos mayores reclusos. Los criterios de exclusión fueron documentos y artículos de revisión.
Cuatro autores (NOH, AF, RHP, RRNA) mapearon y crearon una tabla de extracción con datos como autores y año de publicación, diseño de la investigación, país, tamaño de muestra e instrumentos (Tabla 1). Se seleccionaron un total de nueve artículos basándose en criterios establecidos y se analizaron para varios tipos de problemas de salud mental en reclusos ancianos. La mayoría de los artículos de investigación eran estudios descriptivos, con dos estudios cuantitativos y uno cualitativo. La investigación se llevó a cabo en varios países, incluyendo Estados Unidos (n=3), Reino Unido (n=4) y un artículo de Australia y Francia.
Principales hallazgos: depresión y ansiedad
Según los resultados del estudio bibliográfico, la depresión es un problema de salud mental que ocurre con mayor frecuencia en los reclusos de edad avanzada. De los nueve artículos, ocho afirmaron que los ancianos internos estaban deprimidos cuando estaban en prisión. Sesenta reclusos (50%) tenían un trastorno mental diagnosticable, siendo la depresión el más común (7). La investigación de Regan et al. (8) mostró que de 671 reclusos ancianos en las prisiones estatales de Tennessee, el 33% experimentó depresión. Más de la mitad de los reclusos puntuaron por encima del umbral de depresión leve (9), y más de la mitad de los ancianos reclusos tenían un diagnóstico psiquiátrico (10).
La depresión es el trastorno más común en los reclusos mayores y se asocia con el riesgo de suicidio, siendo este último el trastorno más prevalente en ancianos reclusos (80%) en 138 muestras de ancianos (11). El segundo problema de salud mental más común es la ansiedad. La investigación de Baidawi (12) en Australia dio como resultado que la prevalencia de reclusos ancianos que experimentaron ansiedad fue de 27 (16,3 %) (n = 166), mientras que la investigación de Regan (8) menciona una prevalencia del 13%. Otros estudios (11, 13) también indican que la ansiedad es un problema frecuente. La agorafobia, otro trastorno de ansiedad, se presentó en el 19% de hombres mayores de 50 años en libertad condicional en Inglaterra.
Además, dos artículos encontraron el trastorno de estrés postraumático (TEPT) como un problema de salud mental en los reclusos de edad avanzada (9,4% y 2,4%) (11, 12). Se observó bipolaridad en algunos reclusos mayores (18%) (15), y hasta 12 ancianos (24%) de 360 muestras fueron diagnosticados con esquizofrenia, una incidencia más alta que en la comunidad (15). Fitton et al (14) encontraron que el 19% de 32 ancianos tenían dependencia del alcohol. La prevalencia de trastornos de personalidad (3,6%) y trastornos del estado de ánimo (12) es relativamente pequeña según los estudios.
La depresión y la ansiedad son síntomas psicológicos del estrés (16). Aproximadamente el 85 % de los pacientes con depresión pueden experimentar síntomas significativos de ansiedad, mientras que la depresión comórbida se presenta hasta en el 90 % de los pacientes con trastornos de ansiedad (17). La salud mental en el anciano es un indicador del logro de la calidad de vida (16). Los reclusos de edad avanzada suelen tener problemas para afrontar el estrés en comparación con otros reclusos, por lo que el riesgo de experimentar problemas de salud es más probable (18). La investigación de Baidawi (12) indicó que las reclusas mayores de 50 años experimentaron más problemas de salud mental. La alta prevalencia de depresión en el medio penitenciario se asocia al apoyo de fuertes problemas familiares y personales, o por la pérdida de relaciones sociales (19).
Existe una relación positiva entre la medida de religiosidad/espiritualidad con condiciones mentales negativas. El afrontamiento religioso positivo se asoció con un aumento de los sentimientos de depresión, posiblemente porque los presos deprimidos buscan consuelo en la fe. Sin embargo, en otros estudios se ha encontrado una relación entre la participación religiosa y la mejora de una mejor salud mental entre los ancianos.
Riesgo de suicidio y limitaciones
La depresión a la que se enfrentan los reclusos de edad avanzada a menudo se asocia con el riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio es también un trastorno con mayor prevalencia en los ancianos reclusos, llegando al 80% (11). Se encontró antecedente de intento de suicidio en el 15,7% (12). Un estudio entre 2000 y 2013 en Alemania mostró que la tasa de suicidio de los reclusos de 50 años o más fue superior a la de los menores de 50 años, con factores como el sexo femenino, el estado de detención y las cadenas perpetuas como predictores independientes (21).
A pesar de estos hallazgos, la mayoría de los artículos incluyen participantes catalogados como pocos, con estudios que toman muestras tan pequeñas como 32 (14). Esta limitación se debe, en parte, a la negativa de algunos participantes a colaborar y al tiempo que los reclusos de edad avanzada tienden a pasar detenidos. No obstante, el estudio de Baidawi (12) se destaca por ser el primer estudio cuantitativo de reclusos de edad avanzada en Australia, cubriendo dos estados con una parte significativa de la población penitenciaria, e incluyendo mujeres prisioneras, que a menudo son excluidas o mínimamente representadas en estas investigaciones.
La investigación que analiza los problemas de salud mental en los reclusos mayores aún se encuentra en una categoría pequeña en comparación con la investigación realizada en reclusos generales/adultos. De los nueve artículos que discuten estos problemas, solo uno utiliza un enfoque cualitativo. Ninguna investigación provino de Asia. Por lo tanto, se recomienda futuras investigaciones más centradas en el manejo o la provisión de intervenciones apropiadas para los reclusos mayores que experimentan problemas de salud mental y la identificación del alcance de los servicios de salud mental en prisión.