El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En estos centros se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual, afectando al 100% de los centros administrados por el Sename y al 88% de los gestionados por particulares. La gravedad de la situación se acentúa porque, a pesar de que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y, si bien movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename), la realidad demostró que estos no cesaron.
El Lapidario Informe de la PDI y la Vulneración Sistemática
El informe de la PDI, al cual CIPER tuvo acceso, es un documento de 257 páginas que resume una extensa investigación de 28 tomos. Este fue realizado por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename reportadas entre 2005 y 2016, tras el deceso de Lissette Villa. El mismo documento de la PDI es categórico al indicar que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
La existencia de este informe fue revelada por el diputado Rene Saffirio, quien expresó a CIPER que es muy difícil que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no estuviera entre las autoridades informadas por la PDI, pidiendo su renuncia ante la gravedad de los hechos. Para el parlamentario, quien ha denunciado constantemente los abusos en el Sename, es “muy grave” que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento cuando estuvo listo en diciembre del año anterior. Este informe policial es crucial porque constata una violencia sistemática, un hallazgo ya presente en un documento de la ONU del año pasado, aunque el reporte de la PDI es mucho más exhaustivo. Mientras el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, la policía consideró 240 de un total de 241 en todo el país, abarcando así la situación de cerca de 6.500 niños bajo el sistema de residencias del Sename. Esta exhaustividad hace especialmente preocupante la constatación de que la violación sistemática de derechos se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Responsabilidades Institucionales y Antecedentes
Ante este desastre, varias instituciones deben responder públicamente. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda en entredicho, ya que los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año y surge la interrogante de por qué no detectaron estas vulneraciones sistemáticas ni ordenaron su cese, solución o investigación. El documento de la PDI se suma como el último eslabón de una "cadena siniestra" de reportes elaborados por diversas instituciones en los últimos siete años. Dentro de esta cadena, destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef liderada por la jueza de familia Mónica Jeldres. Los brutales hallazgos del Informe Jeldres motivaron múltiples investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, a los que se añaden el reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
Origen y Alcance de la Investigación de la PDI
Aunque tras cada informe las autoridades han anunciado medidas, sanciones y reformas, la situación no ha mejorado sustancialmente. La muerte de Lissette Villa no solo conmovió al país, sino que también desató un goteo de historias similares dentro del Sename. La incapacidad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, en particular de la ministra de Justicia Javiera Blanco, para proporcionar una cifra exacta de niños fallecidos en los hogares, llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación penal. El fiscal Marcos Emilfork fue puesto a cargo de esta indagatoria, formando un equipo especial de la PDI, al que se le encargó de forma exclusiva indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años. Como parte de esta misión, el 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI que visitara cada centro dependiente del Sename. Los detectives inspeccionaron 240 de las 241 residencias existentes, tanto las de administración directa del Sename como las gestionadas por instituciones privadas; solo una se negó a recibirlos.
Detalle de las Vulneraciones y Casos Urgentes
El informe de la PDI desglosa los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra niños de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía instruyó a la Fuerza de Tarea Sename de la PDI a elaborar un informe que resumiera todos estos hallazgos. Entre ellos, destacaban casos que requerían atención urgente, como 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta nómina crítica fue comunicada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, con el fin de que se tomaran "todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital". Además, el equipo policial verificó que en al menos 88 residencias se reportaron menos abusos de los que realmente habían ocurrido, y la mayoría de los directores de los centros informaron no disponer de datos de vulneraciones graves anteriores a 2017, por lo que la información levantada corresponde casi exclusivamente a ese año.
Distribución de Maltratos y Abusos Sexuales
El informe detalla que una parte significativa de los maltratos cometidos por adultos tuvieron lugar en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa, del área de protección) se registraron 105 maltratos de adultos hacia menores, mientras que en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se contabilizaron otros 137 casos similares.
En cuanto a los abusos sexuales, se constataron en el 50% de los hogares, sumando un total de 310 abusos con connotación sexual. De estos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread y 10 en otros centros). Los 187 abusos sexuales restantes fueron cometidos por otros menores, siendo la mayor parte (62% del total) en residencias de organismos colaboradores para adolescentes. El informe policial concluye de manera categórica que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Fallas Críticas en Protocolos y Desertificación
Además de las vulneraciones directas, el informe reveló graves deficiencias operacionales. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que se eleva a un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados. El Sename ha establecido protocolos prioritarios, concebidos como nociones básicas para salvaguardar la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial determinó que el 44,5% de los centros no cumple con estos protocolos mínimos exigidos. Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares carece de un protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
Esta última deficiencia es particularmente grave, considerando que la muerte de Lissette Villa, que motivó la investigación judicial, se debió precisamente a errores en la contención de una crisis de la menor. La mayoría de los hogares tampoco disponía de un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, una situación que se evidenció trágicamente con Lissette.
Ineficacia en la Fiscalización
El Sename, como organismo dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la responsabilidad de fiscalizar la existencia y cumplimiento de estos protocolos. Sin embargo, el informe policial estableció que, si bien el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. A esto se suma que los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; no obstante, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales, lo que evidencia una falla en el cumplimiento de los mecanismos de control.
Deficiencias Críticas en Salud y Cuidado Médico
El reporte de la PDI revela una situación alarmante en cuanto a la salud de los menores bajo la tutela del Sename. La cifra de residentes con alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3%. A esto se suman otras patologías:
- Un 14,2% presenta alguna patología médica.
- El 13,9% sufre una enfermedad crónica.
- El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital.
- Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Lo más sorprendente es el desglose de la atención médica. 42 centros no cuentan con un encargado de salud. De los 198 centros que sí lo tienen, la función es ejercida por personal sin el perfil necesario; en 55 de estos, la labor la realiza un técnico de un área ajena a la salud. La administración de medicamentos presenta una situación igualmente crítica: en 159 centros (66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Cabe destacar que a un educador solo se le exige el cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 ya había revelado cómo los fármacos se suministran sin control a los niños y adolescentes del Sename, a menudo como un paliativo para contenerlos. Esta dramática realidad se agrava aún más al considerar que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Reacciones Oficiales y Nuevos Protocolos
Tras la denuncia del diputado Saffirio que sacó a la luz el informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó haber tenido conocimiento del documento. Declaró: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.”
En este contexto, el ministro encargado de asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones, Juan Carlos Espinosa, explicó que se establecerán plazos acotados para que cada institución responda a los requerimientos del tribunal en el que se encuentra radicada la causa que originó el ingreso del Niño, Niña o Adolescente (NNA) al sistema de residencias. Por su parte, Verónica Zárate, directora regional del Sename, resaltó un protocolo único a nivel nacional, fruto de acuerdos en la mesa Interinstitucional liderada por la Corte y organizada por el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección. Este protocolo, que operará desde el 1 de septiembre, dispone que al momento en que el juzgado de Familia decrete el ingreso de un NNA al sistema residencial, se deberá oficiar al Registro Civil para que entregue un informe de redes familiares en un plazo máximo de 15 días.