En el marco del Día Internacional de la Mujer, resulta imperativo visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad visual, un colectivo que enfrenta una doble marginación: por su condición de género y por su discapacidad. Este escenario de exclusión no es un hecho aislado, sino el resultado de una construcción social y cultural que ha limitado históricamente su participación plena en la sociedad.
El panorama estadístico de la discapacidad visual
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 15 % de la población global presenta alguna discapacidad. En cuanto a la discapacidad visual, los datos son contundentes: para 2015, se reportaron 36 millones de personas ciegas y 216 millones con discapacidad visual moderada o grave, siendo las mujeres más del 55 % de estos grupos. En contextos regionales, como en Chile, existen 4.837.127 personas ciegas o con baja visión, de las cuales 3.029.884 son mujeres.
Esta prevalencia femenina se traduce en brechas significativas. El análisis de Fundación Luz revela que más del 20 % de estas mujeres ni siquiera logra completar su educación básica, a menudo debido a responsabilidades de cuidado o carga laboral temprana. En el ámbito laboral, la situación es igualmente dispar: solo un 38,9 % logra acceder a rangos salariales superiores, enfrentando barreras como la segregación ocupacional y el "techo de cristal".
La interseccionalidad como enfoque necesario
La discriminación que enfrentan estas mujeres no puede entenderse sin el enfoque de la interseccionalidad. Este concepto permite comprender que las personas experimentan opresiones y privilegios de manera simultánea. Una mujer con discapacidad visual no solo sufre las desigualdades de género -como la brecha salarial o la división sexual del trabajo- sino también prejuicios específicos ligados a su discapacidad, tales como:
- Estigmas sobre su capacidad intelectual.
- Percepción de ser "delicadas" o "poco adaptables" al entorno laboral.
- La naturalización de la sobreprotección como una forma de violencia que limita su autonomía.
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Barreras culturales y el papel de las políticas públicas
La sociedad ha tendido a construir imágenes del cuerpo basadas en normas médicas que ven la discapacidad como una deficiencia que requiere "rehabilitación" o "caridad". Como señala el enfoque de capacidades de Nussbaum y Sen, es necesario pasar de un modelo asistencialista a uno centrado en los derechos humanos y la libertad de elección. La inclusión no significa simplemente la incorporación en espacios educativos o laborales, sino garantizar que cada mujer pueda desarrollar sus capacidades fundamentales y tomar decisiones sobre su propia vida.
Acciones para una sociedad inclusiva
Para combatir la discriminación y promover la igualdad, es fundamental implementar las siguientes medidas:
- Sensibilización y educación: Realizar talleres sobre la discapacidad visual para derribar mitos y enseñar formas de comunicación efectiva.
- Accesibilidad universal: Implementar tecnologías accesibles, formatos en Braille y audiolibros, tanto en espacios públicos como digitales.
- Flexibilidad y corresponsabilidad: Fomentar políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar que reconozcan el rol de la mujer, sin penalizarla por sus labores de cuidado.
- Liderazgo femenino: Promover que más mujeres, incluidas aquellas con discapacidad, ocupen cargos de poder y toma de decisiones, donde su experiencia de vida pueda transformar la cultura organizacional.
Es indispensable que tanto el sector público como el privado se comprometan con la paridad y la inclusión real. La transformación cultural requiere que los hombres se involucren activamente en la deconstrucción del sistema patriarcal, permitiendo una nueva masculinidad que escuche y valore la diversidad como una riqueza, y no como una limitante.
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