La profunda crisis que ha atravesado el sistema de protección de la infancia en Chile, ejemplificada por la situación del Servicio Nacional de Menores (Sename), ha puesto de manifiesto la urgencia de replantear el enfoque y las estrategias para garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes (NNA). Si bien la falta de voluntad política y la insuficiencia de recursos han sido señaladas como causas fundamentales, es crucial reconocer que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida por toda la comunidad, sin diluir la ineludible obligación del Estado.
El Sename: Un Contexto Problemático y su Fin
El Servicio Nacional de Menores (Sename), creado en 1979 durante la dictadura militar, funcionó históricamente bajo un paradigma tutelar, enfocado en "reinsertar, rehabilitar y reparar los derechos" de los menores. Sin embargo, la realidad de los centros de administración directa y de sus organismos colaboradores estuvo marcada por graves falencias. La precariedad de la infraestructura, la falta de personal adecuado y un mecanismo de financiamiento "perverso" que incentiva la permanencia de los niños en el sistema (pago por niño/día atendido) fueron solo algunos de los problemas estructurales.
La crisis se vio agravada por casos emblemáticos, como el fallecimiento de Lissette Villa en abril de 2016 en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino. Este caso expuso irregularidades y abusos, conmocionando al país. Las cifras de decesos en centros dependientes del Sename, que ascendieron a cientos en poco más de una década, son un sombrío reflejo de la vulneración de derechos y la afectación emocional, social y económica que sufren los menores. En 2016, el entonces diputado René Saffirio presentó el antecedente de que 185 menores a cargo de la institución habían fallecido desde 2005.
En promedio, murieron anualmente 0,94 niños, niñas y adolescentes por cada 1000 de quienes recibieron atención en la Red del Sename entre 2006 y 2014, mientras que entre todos los NNA en Chile, la prevalencia de muerte ascendía a solamente 0,68 por cada mil. Es inaceptable la falta de interés que como sociedad se tuvo al no preocuparse por su suerte, lo que llevó a exigir al Estado rendir cuenta.
La Institucionalización por Pobreza y Discriminación
Una de las críticas más profundas al sistema previo fue la tendencia a la "institucionalización por pobreza". Se observó una marcada diferencia en cómo se interpretan ciertas situaciones: un hecho que en familias de nivel social acomodado se tolera, en sectores de menores recursos se cataloga como "negligencia parental". Esta aparente discriminación sugiere que los criterios de intervención no consideraban adecuadamente el contexto de exclusión social y económica que enfrentan muchas familias.
Numerosos estudios y experiencias de juezas de familia indican que una gran parte de los niños en el sistema de protección no fueron maltratados ni abusados, sino que sus familias requerían apoyo adecuado para superar dificultades económicas y sociales. La internación, en estos casos, operaba veladamente como una sanción que culminaba en la privación del medio familiar, sin abordar las causas subyacentes.
Hacia un Nuevo Paradigma: Familias, Comunidad y Estado
La protección de la infancia no puede limitarse a la internación o la adopción como únicas soluciones. Se requiere un cambio de paradigma que ponga el foco en el fortalecimiento de las familias y la comunidad, con un Estado que cumpla su rol de garante y proveedor de apoyo.
El Rol Fundamental de la Familia y la Comunidad
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y los esfuerzos estatales deben priorizar que el niño permanezca o regrese al cuidado de sus padres o familiares cercanos. Las instituciones no pueden suplir la necesidad básica de un vínculo familiar. Por ello, es esencial abandonar la mirada fiscalizadora y sancionadora hacia las familias, comprendiendo el contexto en el que se desenvuelven y las causas de sus conflictos.
Se necesita una comunidad solidaria que acoja a NNA, no necesariamente para adoptarlos, sino para brindar apoyo a familias que atraviesan dificultades. El concepto de acogimiento familiar emerge como una alternativa crucial, permitiendo que una comunidad solidaria se involucre en el cuidado temporal de menores, liberando a las residencias para aquellos casos que requieren atenciones especializadas.
La Adopción como Último Recurso
La adopción, consagrada en la ley como una medida excepcional, solo debe considerarse cuando la familia de origen es incapaz de satisfacer las necesidades del niño. La ley exige verificar la inhabilidad de los padres y agotar todos los esfuerzos para habilitar a la familia de origen y extensa antes de recurrir a esta medida. Los procesos de adopción, a menudo percibidos como lentos, pueden verse complejizados por la falta de trabajo con la familia de origen y la intervención de partes interesadas.
El Nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SNPE)
La reestructuración del sistema llevó a la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SNPE), un servicio público descentralizado con personalidad jurídica propia que reemplazó al Sename en su función protectora tras 46 años de funcionamiento. La última directora del Sename, María Eugenia Fernández, encabezó el cierre institucional, destacando el rol de quienes trabajaron en ella durante décadas. Este fin del Sename se enmarca en el proceso de reestructuración del Estado iniciado en 2021, cuyo objetivo fue separar la protección de la infancia gravemente vulnerada de la administración de justicia para adolescentes que infringieron la ley.
Principios Rectores del SNPE
- El interés superior del niño
- La igualdad
- La no discriminación
- La autonomía progresiva
- La perspectiva de género
- La inclusión
- La protección social
- La participación efectiva
Funciones y Modalidades de Atención
Las funciones principales del SNPE incluyen:
- Garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos.
- Asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para casos de mediana y alta complejidad.
- Actuar con un enfoque de derechos, acorde a la dignidad humana.
- Proveer prestaciones asegurando la oferta pública en todas las regiones, por sí o a través de terceros.
- Establecer un registro de colaboradores acreditados y supervisar su accionar.
Las líneas de acción del nuevo Servicio incluyen el diagnóstico clínico especializado, intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vinculación, cuidado alternativo y adopción. Los programas se diseñarán en base a evidencia técnica y territorial, y se contemplará una unidad de fiscalización para aplicar sanciones a los colaboradores acreditados.
El Servicio de Reinserción Social Juvenil
En paralelo a la creación del SNPE, se estableció un nuevo servicio para la administración de justicia juvenil, separando esta función del ámbito de protección. Este nuevo servicio tiene como misión diseñar, implementar y evaluar políticas y programas orientados a la modificación de la conducta delictiva y a la reinserción social de los jóvenes. Desde la institución señalan que su visión es ser "reconocida y posicionada nacional e internacionalmente" por la efectividad de sus políticas.
Desafíos Pendientes y la Necesidad de una Política Integral
A pesar de los avances, persisten desafíos significativos. La falta de una política integrada para la infancia, la lenta tramitación de leyes como la Ley de Garantías de la Infancia, y la necesidad de elevar los estándares de atención en los recintos residenciales son temas urgentes a abordar. Esto implica reducir la cantidad de niños por residencia, mejorar la infraestructura y asegurar la presencia de profesionales idóneos.
Se requiere una profunda reflexión sobre la pedagogía a ejercer con niños y niñas vulnerados, una pedagogía que mire al sujeto, sea consciente de él y lo invite a construir desde sus necesidades. Asimismo, es fundamental evitar la "lógica de patrón de fundo" de un Estado tutelar y reconocer que tanto la infancia infractora de ley como aquella que ha sufrido maltrato son responsabilidad de toda la sociedad.
La Responsabilidad Transversal del Estado
La crisis del Sename no es solo una crisis institucional, sino una crisis de la política social de la infancia, un reflejo de décadas de abandono negligente. Desde que se conoció el caso de Lissette, el país está cada vez más consciente de la situación de los NNA bajo el cuidado de la Red. La responsabilidad del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de los NNA bajo su cuidado implica abordar preguntas estructurales en las investigaciones de fallecimientos. Esto incluye indagar por qué el Estado cumplió o no su deber de cuidado, y si hizo todo lo que debía para evitar muertes.
Esto es más que indagar en el actuar posiblemente negligente de funcionarios, directores o proveedores. Se debe cuestionar si existe la posibilidad concreta y real de derivación a un especialista una vez identificado un riesgo, si hay mecanismos eficaces de denuncia de violaciones que conllevan una respuesta pronta y adecuada, y si los recursos del sistema son suficientes y han sido utilizados de manera diligente y eficaz. Considerando que los atendidos por el Sename son más vulnerables que el resto, sufriendo más frecuentemente adicciones, enfermedades crónicas o discapacidades que conllevan una mayor mortandad, es aún más necesario proveer los recursos, mecanismos e instituciones para que puedan llevar la vida digna a la que todos tienen derecho.
La responsabilidad del Estado para con ellos es mayor y es una responsabilidad transversal. Si el Estado delega sus funciones a proveedores privados, mantiene el nivel de responsabilidad, tal como indica el derecho internacional general, por lo tanto, debe hacer una fiscalización estricta. La garantía del derecho compete al Estado, e independientemente de qué medio escoge para cumplir, tiene la plena responsabilidad.
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