A partir de la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de sus derechos. Con la puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021 para la atención de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que permitirá contar con un sistema de justicia especializado, con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente, el país tendrá en funcionamiento una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
Junto a ello, se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector. En el ámbito de la vulneración de derechos, se debe avanzar en el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias, de manera de asegurar a todos los niños/as que están con cualquier medida de protección especializada (cuidado alternativo familiar, residencial, en proceso de revinculación familiar y en programas de protección especializados) el acceso a todas las prestaciones de protección social.
Adicionalmente, se requiere reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de niños y niñas en residencias y hacer efectiva la protección y el buen trato dentro de ellas. Con este fin, es necesario fortalecer el trabajo con las familias de estos niños y niñas, de manera que puedan superar las vulneraciones y reunificarse con sus hijos e hijas, asegurándoles su derecho a vivir en familia. UNICEF se encuentra apoyando esta reformulación para concretar el cierre de los CREAD para el año 2021 y consolidar el funcionamiento de las nuevas residencias familiares. Además, para contribuir a que niños/as y adolescentes se desarrollen en una familia, está colaborando con el rediseño de los programas de familias de acogida, con el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años, y con el rediseño de los programas ambulatorios para mejorar su efectividad y lograr que no sean separados de sus familias.
Desafíos Actuales en la Protección de la Infancia y Adolescencia
La vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes constituye un problema a nivel mundial, ante el cual la política pública chilena aún enfrenta el desafío de articular una respuesta eficaz que responda a una perspectiva de derechos. La investigación sobre programas que intervienen con infancia vulnerada y familia determina cómo éstos se configuran en torno a una política de infancia en Chile (o ante su ausencia). Los resultados indican que en el contexto chileno actual existe una ausencia de instrumentos legislativos eficaces o planes de infancia actualizados que permitan articular eficientemente la respuesta del Estado, careciéndose de una política pública integral de infancia y familia. Por lo tanto, no se contaría con un prisma que permita aunar los esfuerzos desde una perspectiva centrada en el sujeto y sus derechos.
La vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes (NNA) constituye un serio problema a nivel mundial, particularmente en el espectro de graves transgresiones hacia los NNA. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999) identifica al maltrato infantil como una relevante noxa para su salud y bienestar, generando consecuencias que pueden acompañarlos de por vida. En Chile, un estudio de UNICEF mostró que el 51,5% de los niños y niñas sufre algún tipo de violencia física y el 8,7%, de abuso sexual (Larraín & Bascuñán, 2012). Por otro lado, vulneraciones relacionadas a peores formas de trabajo infantil afectan a un total de 715 NNA en el país; de ellos, el 22,9% ejerce trabajos intolerables de explotación sexual comercial infantil y el 9,7% actividades ilícitas (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2004).
Existe actualmente un consenso generalizado respecto a la necesidad de incluir a las familias en la intervención que se desarrolla en el marco de vulneración de derechos de los NNA. El objetivo de esta intervención es la restitución de sus derechos, tanto mediante la interrupción de la vulneración, como del fortalecimiento del entorno familiar (Arruabarrena, 2001). Sin embargo, persiste la interrogante respecto de cómo intervenir eficazmente con los NNA y su familia, de modo de garantizar el pleno respeto por sus derechos. Frente a esta realidad, la política y oferta de servicios y programas ha sido insuficiente. Bedregal, González, Kotliarenco y Raczynski (2007) señalan que en la política chilena de primera infancia no se ha situado al NNA y su familia en el centro de su accionar, ni tampoco ha existido una institucionalidad coordinadora que la gestionara, siendo el eslabón más débil de la política el apoyo a la familia y al rol parental.
La Crisis del SENAME y la Reproducción de la Marginalidad
Se define a un grupo de jóvenes que viven en la calle, luego de haber escapado varias veces de los centros residenciales del SENAME, como "palomas". Con esta expresión, ellos dan cuenta de una experiencia radical: el no ser reconocidos por la sociedad en su carácter de personas, dotadas de dignidad. La frase es muy decidora: "Palomas. La gente nos mira, a veces nos tiran comida, otras nos espantan, pero la mayor parte del tiempo pasan por nuestro lado, nos miran en menos o no existimos". Este testimonio se inserta en el debate sobre la crisis del SENAME, que recrudeció en los últimos meses a raíz del conocimiento público de la muerte de 243 niños fallecidos en centros residenciales dependientes de este servicio entre el 2005 y 2016. A ellos se suman otros cientos de menores cuya dignidad no ha sido respetada.
Estas trágicas historias muestran sólo una parte -la más visible- de un problema profundo que la sociedad, por diversas razones, no ha querido enfrentar. Se trata de una realidad cuya gestación es de larga data. Tanto los protagonistas del reportaje "La caleta de los ex niños del SENAME", como los menores dependientes de la protección de este sistema, reflejan el modo en que miles de niños y jóvenes en situación de pobreza continúan siendo "invisibles". La sociedad no repara en ellos y, por tanto, viven al margen de ella.
Su historia se ofrece así también como metáfora de todos los niños, niñas y adolescentes que, separados de sus familias y comunidades y bajo la protección del Estado, carecen de los recursos, bienes (de todo tipo) y servicios que permiten, en la expresión del economista Amartya Sen, llevar una vida significativa. Por desgracia, no se trata de un fenómeno aislado, que competa solamente a los niños dependientes del SENAME. La exclusión social en Chile todavía tiene múltiples caras: los más de 3 millones de personas que viven en situación de pobreza (entre las cuales se cuentan muchos inmigrantes), aquellos pertenecientes a los pueblos originarios, los enfermos y los discapacitados, adultos mayores, entre otros. Pero dentro de todos ellos, es posible que los niños y jóvenes dependientes del SENAME sean el grupo que padece mayor marginalidad, dado su carácter vulnerable y su alta dependencia. Después de todo, ellos se encuentran en una etapa que explica muchos de los mecanismos de exclusión que luego repercutirán en su vida adulta.
Detrás de estos menores se esconden graves y múltiples condiciones de privación que les impiden vivir dignamente: familias fragmentadas o inexistentes, falta de educación, enfermedad o discapacidades de distinta índole, abandono, abusos de todo tipo y pobreza (uno de cada cuatro niños vive en situación de pobreza multidimensional en Chile). La acumulación de estas desventajas disminuye o anula su capacidad de acción para hacer oír su voz -los niños no marchan, no votan, no tienen recursos- y, en consecuencia, para participar en las decisiones que afectan su propia vida, y también la de su comunidad.
Paradójicamente, el ingreso al sistema del SENAME tiende a agudizar esta precariedad fundamental. Este organismo público, en lugar de proteger a los menores, actúa como un mecanismo reproductor de marginalidad. Así, en la infancia se expresan de forma más cruda las consecuencias de la pobreza, desigualdad y exclusión, que endogámicamente afectan a Chile.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
La Precariedad de las Familias y la Reproducción Intergeneracional de la Vulnerabilidad
Detrás de los niños institucionalizados en el SENAME se esconde una situación aún más dramática y compleja que su condición de vulnerabilidad por el mal funcionamiento del sistema. Dicha situación, que es necesario conocer con algún detalle si queremos abordar el asunto seriamente, guarda relación con la precariedad en la que viven importantes sectores de la población. Esta realidad, en último término, toca las estructuras más profundas de nuestro orden social, pues se trata de una realidad anterior a la llegada de esos niños a las dependencias del Estado y sus organizaciones colaboradoras: consiste en las condiciones de privación en que se encuentran las miles de familias que deben ser separadas de sus hijos.
Si se observa el perfil de los niños bajo la protección del SENAME y sus familias, se encuentra un círculo de marginalidad que se reproduce constantemente casi sin excepción, y que abre muy pocas perspectivas de un mejor porvenir. Es importante constatar que la mayor parte de esas familias se encuentra en situación de pobreza (69%). Aunque este factor, en teoría, no constituye por sí solo un motivo para separar a los niños de su familia de origen e ingresarlos a una residencia del SENAME, sí opera como fuente de otras carencias y dificultades que, a su vez, inciden de modo más o menos directo en su ingreso a la institución.
Los datos disponibles (que, dicho sea de paso, son imprecisos, dispersos e incompletos, lo que confirma la indiferencia respecto de esta materia) muestran contextos familiares en los que se concentran múltiples desventajas. Entre otras, alto consumo de drogas, alcoholismo, escaso nivel educacional, desempleo, abandono, resquebrajamiento familiar, ausencia paterna, falta de redes de protección, violencia física y emocional, abuso sexual, antecedentes delictuales y experiencia carcelaria. Este conjunto de problemas se reproduce en los niños a quienes ni sus familias ni la sociedad logran sacar del círculo de marginalidad; círculo que se perpetúa a través de un sistema que, en lugar de proteger y cuidar a estos niños, vulnera grave y sistemáticamente su dignidad.
Por desgracia, no constituye ninguna sorpresa que un 47% de la población penal haya registrado en su minuto algún ingreso al sistema de protección del SENAME; ni tampoco que un 25% de las personas en situación de indigencia hayan vivido en un centro residencial en su infancia. Este tipo de conductas anómicas -es decir, que implican una desviación o ruptura de las normas sociales por la incapacidad de la estructura social de proveer de los medios necesarios para seguirlas- se explican en parte importante por los contextos de vulnerabilidad en los que se encuentran estas personas, las que se reproducen y perpetúan intergeneracionalmente.
En consecuencia, no se trata sólo de un problema aislado que afecte exclusivamente a los niños bajo la protección del SENAME y a sus familias (lo que exige de por sí una reparación de justicia). Su condición de exclusión conlleva, además, efectos negativos para la sociedad entera, considerando las situaciones de desintegración que de ahí se derivan (aumento de la delincuencia, niveles de drogadicción, costos económicos de las políticas asistenciales, etc.). Todo ello afecta en mayor o menor medida el bienestar de la comunidad política.
Una Institucionalidad Inadecuada para la Infancia
A pesar de lo anterior, la infancia no ha sido prioridad en Chile. Un examen de nuestra discusión y acción política revela que ella suele estar centrada, principalmente, en asuntos relevantes para las élites y círculos minoritarios afines a ellas. Mientras que en Chile amplios grupos de la población (y en particular miles de niños) no cuentan con acceso a niveles básicos de cuidado, vínculos personales, salud, residencia, educación y justicia, nuestro debate tiende a enfocarse en la maximización de aspiraciones de ciertos grupos con mayor capacidad de presión. Estas aspiraciones pueden ser legítimas, pero en definitiva terminan postergando las demandas de quienes más ayuda y apoyo requieren.
El drama de los niños institucionalizados en el SENAME no es reciente. En innumerables ocasiones, desde el inicio de su funcionamiento hace más de dos décadas, se han denunciado abusos, irregularidades, falta de recursos, ineficiencia, entre otros asuntos problemáticos, que no han sido debidamente atendidos. Esto sólo confirma que nuestras prioridades políticas están gravemente distorsionadas.
En 1990 el Estado de Chile ratificó su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por la ONU en 1989), mediante la cual se comprometía a garantizar la protección de los derechos de los menores de edad, particularmente de aquellos más vulnerados. Sin embargo, el sistema de protección a la niñez y adolescencia en el país no ha seguido las directrices y experiencias internacionales exitosas en la materia. Esas experiencias apuntan al resguardo de ciertos bienes fundamentales para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos y actores prioritarios para el desarrollo del país.
En Chile, en cambio, el sistema se ha caracterizado por el despliegue de una función tutelar del Estado en casos de situación irregular. A la insuficiencia del marco institucional relativo a la infancia -y en particular el SENAME-, se suman además las denuncias sistemáticas de distintos organismos públicos y privados que no han sido escuchadas, y que nos dejan hoy enfrentados a un escenario que reclama atención prioritaria. Un buen ejemplo de esto es que, a pesar de la insistencia de organismos internacionales y actores políticos y sociales, aún no se reforma la Ley de Menores vigente desde el año 1967. Dicha ley se centra en la acción tutelar del Estado más que en la protección integral de ciertos bienes fundamentales de los niños y jóvenes.
Esto se traduce en una intervención estatal reactiva, que opera sobre los menores en situación irregular, que requieren de protección y rehabilitación. No existe, en cambio, una consideración integral de la niñez y la adolescencia como un grupo de interés prioritario, que dé forma a una política pública eficiente. Así, a pesar de las distintas iniciativas legislativas, los proyectos orientados a la protección de los niños y la articulación de las políticas sobre infancia jamás han sido prioridad, y el que actualmente impulsa el gobierno dista de ser satisfactorio.
La Ausencia de las Familias en el Sistema de Protección
Puede pensarse que la mayor deficiencia del sistema de protección de la infancia es su perspectiva individualizada, es decir, considerar a los niños como si fueran sujetos aislados, y no como un integrante -el más débil- de un entorno familiar y comunitario. La Convención de los Derechos del Niño reconoce expresamente que la familia es aquel "lugar donde los niños deben crecer, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, por lo que ella debe recibir la protección y asistencia necesaria, para asumir plenamente su responsabilidad dentro de la comunidad".
Para que esto sea posible se requiere, entonces, un cambio de enfoque, que ponga en primer lugar una política integral de infancia centrada precisamente en las familias, ayudándolas a cumplir su tarea, para que puedan contar con los recursos materiales, afectivos y espirituales indispensables en su misión. Se trata de un trabajo arduo, lento y difícil. Obviamente no puede omitirse el hecho de que esos niños fueron separados de sus familias por la incapacidad de estas de hacerse cargo de ellos, y por la grave vulneración a sus derechos dentro de sus comunidades. Sin embargo, una solución profunda, a largo plazo y realmente orientada al bienestar integral de los menores de edad, exige tomarse en serio este desafío. Sobre todo, es necesaria una política de prevención, que permita romper, efectivamente, el círculo de la exclusión.
Como bien señala el informe de la UNICEF: "La prevención y la intervención temprana en los procesos de exclusión en la infancia, tienen que estar estrechamente vinculadas a la prevención e intervención temprana en los procesos de exclusión social de sus familias". Las prácticas del SENAME, por desgracia, van en una dirección distinta. Así, por ejemplo, uno de los informes señala lo siguiente: "Habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños, o la distancia excesiva entre la residencia y la casa de la familia. Visto así, los espacios de encuentro entre el niño y la familia parecen un privilegio y no un derecho".
Los informes también denuncian que no se cuenta con las capacidades técnicas para realizar un trabajo con las familias, de forma que los niños puedan volver a sus hogares. No existen programas preventivos para evitar su ingreso a las residencias. Y en general, se constata una imagen muy negativa de las familias y parientes cercanos. Ellas son percibidas a priori como negligentes, descuidadas, poco responsables y colaborativas, dificultando el desarrollo y bienestar del niño, en lugar de ser un elemento esencial en su contribución. Sin duda que esta responsabilidad no le cabe exclusivamente al SENAME. La falta de políticas públicas para la familia es completamente transversal y generalizada en nuestro país. Los asuntos que conciernen a esta institución han sido abordados desde una perspectiva segmentada y sectorial; es decir, sin considerar a la familia como un conjunto, sino preocupándose aisladamente de los individuos que la componen (en este caso los niños), así como de problemas reales pero que exigen una perspectiva más amplia (pobreza, violencia intrafamiliar, abuso sexual, abandono, trabajo infantil, conductas de riesgo, etc.).
tags: #definicion #de #vulnerabilidad #sename