El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) de Costa Rica ha estado a la vanguardia en la formulación e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial y al abordaje de la vulnerabilidad. La renovación de estrategias como el "Puente al Desarrollo" a "Puente al Bienestar" refleja una evolución en el enfoque, incorporando dimensiones territoriales, comunitarias, rurales y sociolaborales. Estas estrategias, como "Puente a la Comunidad" y "Puente al Agro", buscan no solo conservar y rehabilitar áreas urbanas, sino también atender asentamientos informales o vulnerables y desarrollar zonas urbanas bien servidas. La priorización de estas acciones se basa en criterios como hogares en pobreza, incidencia de criminalidad y presencia de asentamientos informales, constituyendo una herramienta clave para articular la oferta programática de más de 40 instituciones públicas.
El marco de intervención de Mideplan se sustenta en las dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): protección y promoción social, educación y capacitación, trabajo, salud y habitabilidad. El objetivo primordial de estos informes y herramientas es orientar las intervenciones públicas a nivel local, así como dar seguimiento y evaluar los resultados de las acciones estatales. La colaboración interinstitucional es fundamental, como lo demuestra la alianza entre Mideplan y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para la elaboración del Índice Cantonal de Violencia contra las Mujeres (ICVM) 2022.
El Índice Cantonal de Violencia contra las Mujeres (ICVM)
Desde 2019, el ICVM es el resultado de un esfuerzo interinstitucional que analiza registros administrativos de diversas entidades públicas, incluyendo el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Justicia y Paz, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el INAMU. Esta articulación ha permitido generar datos confiables y desagregados, insumos esenciales para la formulación y evaluación de políticas públicas más justas y eficaces.
El ICVM clasifica a los 84 cantones del país en tres dimensiones de violencia: social, sexual y contra la vida. Esta clasificación permite a las instituciones públicas enfocar sus esfuerzos y recursos en los territorios con mayores condiciones de vulnerabilidad. Los hallazgos del ICVM 2022 señalan que cantones como Barva, Flores, Santa Bárbara, Palmares y San Mateo presentan las condiciones más bajas de violencia contra las mujeres. En contraste, Talamanca, Garabito, Tilarán, Corredores y Liberia enfrentan los desafíos más significativos en esta materia.
En la dimensión social, cantones como León Cortés, Alvarado y Sarchí muestran bajos registros de violencia, mientras que Corredores, San José y Quepos se ubican entre los más altos. En la dimensión sexual, los registros más bajos se encuentran en San Mateo, San Rafael y Escazú, en contraposición a Talamanca, Tilarán y Bagaces, que presentan condiciones críticas. Finalmente, en la dimensión contra la vida, Dota, San Pablo y Flores reflejan los niveles más bajos, en tanto que Turrubares, Liberia y Montes de Oro muestran los más altos.
El creciente compromiso de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres se refleja en el fortalecimiento de sus registros administrativos y la generación de información basada en evidencia científica. La Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Marta Esquivel Rodríguez, destacó la importancia de este esfuerzo para dinamizar acciones en favor de la seguridad de todas las mujeres y la población en general, enfatizando que la violencia contra las mujeres está intrínsecamente ligada al nivel de desarrollo humano, social, económico, tecnológico o ambiental de las comunidades.
La Ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández, subrayó que el ICVM permite actuar con mayor decisión y justicia territorial, reconociendo la violencia contra las mujeres como un problema estructural que exige respuestas urgentes desde lo local. Además, destacó que esta información valida la ruta de acción del INAMU, especialmente la expansión territorial a través de los Puntos Violeta, que han brindado atención a más de 5400 mujeres en 32 cantones.
Gestión del Riesgo y Vulnerabilidad Territorial
La gestión del riesgo en Costa Rica ha evolucionado, involucrando a una diversidad de agentes económicos, políticos, naturales y sociales. La política pública se presenta como un medio fundamental para solventar las situaciones de riesgo de desastre. El diálogo entre instituciones e investigadores ha generado avances significativos en la comprensión de las causas del riesgo, impulsando al Gobierno a adoptar medidas preventivas.
Costa Rica, debido a su compleja configuración tectónica y su ubicación geográfica, es inherentemente vulnerable a diversos fenómenos naturales. La subducción de las placas Cocos y Caribe, la colisión de la Serranía volcánica, la unión triple de placas y un activo sistema de fallas transcurrentes contribuyen a la sismicidad y al vulcanismo regional. La división del país en dos vertientes, Pacífica y Caribe, genera distinciones climáticas con precipitaciones constantes en el Caribe y dos picos de lluvias con una marcada estación seca en el Pacífico. Esta dinámica endógena y exógena facilita el desarrollo de fuertes precipitaciones, deslizamientos e inundaciones.
Las inundaciones y deslizamientos son los desastres más comunes en Costa Rica, representando aproximadamente el 90% de los reportes desde 1970. Estos eventos generan pérdidas económicas entre el 1% y el 2% del PIB y causan un promedio de 15 muertes anuales desde 1970. La concentración del 60% de la población en el Gran Área Metropolitana (GAM) agrava la vulnerabilidad, dada la tendencia de crecimiento urbano desmedido desde la década de 1970.
Análisis del Cantón de Desamparados
El cantón de Desamparados, ubicado al sur del GAM, es uno de los municipios con mayor cantidad y densidad poblacional del país, debido a una intensa inmigración urbana y rural. Su fundación se remonta a 1862 y está conformado por 13 distritos. Territorialmente, Desamparados presenta características fisiográficas divididas en planicies y rampas, y zonas montañosas, asociadas a afluentes que drenan hacia el río Virilla y el río Candelaria. La precipitación media anual varía entre 1500 y 3000 mm, y en eventos de lluvias extraordinarias, los sistemas fluviales pueden sobrepasar su capacidad de drenaje, provocando inundaciones. La fuerte pendiente en las zonas montañosas incrementa el riesgo de deslizamientos.
Un análisis de los impactos en Desamparados, basado en la base de datos DesInventar (1970-2014), revela las amenazas naturales más recurrentes y los distritos más afectados. Variables socioeconómicas como la pobreza, los índices de desarrollo humano (IDH) y social (IDS), el aumento poblacional, la densidad demográfica y el cambio en el uso de la tierra sin ordenamiento territorial efectivo, determinan la vulnerabilidad del cantón. El estudio de estas amenazas y vulnerabilidades proporciona un panorama claro de las condiciones de riesgo que predominan en Desamparados, explicando por qué es el cantón más afectado por eventos de desastre en las últimas cinco décadas.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Desamparados ha mostrado fluctuaciones preocupantes. En 1992, el IDH era de 0,689. Para 2000, ocupaba el puesto 29 de 81 cantones, descendiendo al puesto 37 en el quinquenio siguiente. En 2009, cayó drásticamente al puesto 70, recuperándose al puesto 49 en 2014. Un IDH cercano a uno indica un nivel alto, por lo que los números de Desamparados son motivo de preocupación, especialmente en comparación con el IDH a nivel nacional, lo que hace a su población más vulnerable ante eventos de riesgo de desastre. En 2011, el 17,3% de los hogares se encontraban en condición de pobreza, con un 4,0% en pobreza extrema. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) afectaban al 19,4% de los hogares (11.393 hogares, 45.252 personas) en 2011.
El Índice de Desarrollo Social (IDS) ubica a Desamparados en la posición 24 a escala cantonal, con distritos entre el quinto y tercer quintil, lo que sugiere un buen acceso a las dimensiones sociales. Sin embargo, el crecimiento poblacional triplicado en los últimos 40 años, especialmente entre 1984 y 2000 (un aumento de 84.654 personas), podría generar deficiencias en el desarrollo social si no se gestiona adecuadamente. Los distritos con mayor cantidad de desastres (Desamparados, San Miguel y Los Guido) coinciden con aquellos que registran mayor población.
Políticas Públicas y Ordenamiento Territorial
La política pública es entendida como una opción para reducir o prevenir desastres. El análisis político debe ir ligado a estudios técnicos para valorar la efectividad de las políticas implementadas o para desarrollar nuevas. Costa Rica ha presentado deficiencias en ordenamiento territorial, careciendo de una política integradora hasta 2012. Aunque desde la década de 1950 se abordaban temas urbanos, la Ley de Planificación Urbana (4220) de 1968 y la Ley Orgánica del Ambiente de la década de 1990 integraron lo urbano con lo rural.
Los planes reguladores cantonales son la principal herramienta para el ordenamiento territorial, pero la complejidad de los trámites ha generado atrasos y suspensiones en su actualización. La tramitología institucional-estatal requiere un esfuerzo mayor que trasciende el análisis técnico ambiental, social o económico.
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Regional
La transversalización de la adaptación al cambio climático en la planificación regional permite construir soluciones "de abajo hacia arriba", involucrando a múltiples actores y sectores clave del desarrollo local. Este enfoque busca fortalecer economías locales verdes y azules, resilientes, justas e inclusivas, integrando verticalmente la política climática desde lo local hasta lo nacional. Los planes de acción para la adaptación al cambio climático a nivel subnacional, como los desarrollados en el marco del proyecto "Plan A", priorizan acciones clave para el período 2022-2026.
Los países en desarrollo son sumamente vulnerables a los impactos del cambio climático, y esta vulnerabilidad se expresa de manera diferente en cada territorio. La planificación de un desarrollo regional adaptado es crucial para afrontar los desafíos del clima futuro. Las medidas de adaptación priorizadas varían por región: la Chorotega enfatiza energías alternativas sostenibles; la Brunca, infraestructura pública, vial y turística climáticamente inteligente; la Central, innovación empresarial y tecnológica, y fomento al emprendimiento verde y resiliente; la Huetar Norte, prácticas agropecuarias adaptadas al clima y soluciones basadas en la naturaleza; la Huetar Caribe, infraestructura vial y de servicios públicos resilientes, y fomento al emprendimiento verde e inclusivo; y la Pacífico Central, fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnologías para la adaptación en sectores clave, a través de alianzas público-privadas.
A pesar de las diferencias regionales, existen medidas de adaptación comunes priorizadas en todas las regiones: desarrollo turístico resiliente, gestión integrada del recurso hídrico y ordenamiento territorial que integra los riesgos ante un clima cambiante. Se realizaron 23 talleres con la participación de más de 300 personas, incluyendo representantes de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como mujeres, pueblos indígenas y personas afrodescendientes.
"Reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y forjar una economía y una sociedad más resilientes solo será posible con la integración plena de la adaptación climática en los instrumentos de planificación estratégica regional. Avanzar en acción climática es urgente para las regiones del país, dada la alta vulnerabilidad de todo el territorio nacional ante los impactos adversos del cambio climático". El proyecto Plan A busca reducir la vulnerabilidad y construir la resiliencia de Costa Rica mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales para integrar los riesgos y medidas de adaptación en la planificación del desarrollo.
Las seis regiones socioeconómicas de Costa Rica cuentan con planes de acción para un desarrollo resiliente a los impactos de la crisis climática en áreas clave como infraestructura, turismo y producción agropecuaria. Este esfuerzo es una oportunidad para el cambio transformacional y el fortalecimiento de economías locales verdes y azules más resilientes, justas e inclusivas.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el Bienestar
El bienestar de los pueblos no se limita al ingreso económico, sino que abarca todas las dimensiones que afectan la vida de las personas. El IPM es clave para reflexionar sobre los desafíos de países en transición. Aspectos como los conocimientos, la calidad ambiental, la seguridad, la conciencia cívica o la salud juegan un papel cada vez más importante en las estrategias de desarrollo, orientando a las naciones hacia una estrategia multidimensional fundamental para la recuperación.
Es esencial considerar cómo el bienestar puede ser incorporado en las políticas públicas, en el presupuesto y en su implementación a nivel nacional y subnacional. La teoría de la nueva ruralidad sugiere la inclusión de otras instituciones públicas como socios en proyectos de desarrollo rural, tales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Trabajos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) sobre el tema también podrían ser considerados.
Se destaca la necesidad de tender hacia sinergias interinstitucionales y transversales para el diseño e implementación de estrategias de desarrollo territorial. La formulación de propuestas para el fortalecimiento de documentos sobre la medición y caracterización de los espacios rurales en Costa Rica, basadas en estadísticas nacionales, es una tarea prioritaria. La CEPAL ofrece información actualizada sobre estos temas.
Costa Rica en la gestión del Riesgo: Su historia y desafíos"
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