El sistema de protección infantil en Chile ha sido objeto de severas críticas y escrutinio público debido a la alta tasa de fallecimientos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename) y los prolongados retrasos en los procesos de adopción. Diversos informes y casos emblemáticos han puesto de manifiesto las profundas deficiencias estructurales y la necesidad urgente de reformas.
Contexto y Cifras Generales de Fallecimientos en el SENAME
El informe “Muertes bajo custodia” ha revelado que en los últimos 15 años han fallecido 1.836 personas que se encontraban en programas del SENAME. Este estudio, publicado por el Observatorio Para la Confianza, detalla que 1.188 de estos decesos corresponden a menores de edad y 648 a adultos que estaban en programas de protección o justicia juvenil. Solo entre 2018 y septiembre de 2020, se registraron 208 fallecimientos de menores de edad en el Sename.
Según un informe de la entonces directora nacional del Sename, Solange Huerta, durante los últimos 11 años murieron 865 niños bajo la guarda y cuidado del servicio. De estos, 210 fallecieron en centros atendidos directamente por el Sename con funcionarios públicos, de los cuales 113 tenían algún grado de discapacidad. El resto murió en la red privada fiscalizada por el organismo.
En el primer trimestre de 2018, de los 11 menores de edad fallecidos en el área de protección, 8 asistían a programas ambulatorios (vivían al cuidado de sus redes familiares) y 3 estaban bajo el cuidado de residencias de organismos colaboradores. De estos últimos, 2 se encontraban en recintos para personas con discapacidad severa y 1 era un recién nacido con extrema prematurez.
Perfil de los Fallecimientos de Niños, Niñas y Adolescentes
En el caso específico de los niños, niñas y adolescentes fallecidos bajo el cuidado del Estado, el 66% eran hombres y un 34% mujeres. Respecto a la edad, el 55% de las muertes corresponden a adolescentes de 14 a 17 años, 23% a niños y niñas de 0 a 5 años, y 22% tenían entre 6 y 13 años. El 73% de estos menores murió mientras estaba en programas del área de protección, y un 27% en programas del área de justicia juvenil.
Tasa de Mortalidad Comparativa
La tasa de mortalidad de los menores bajo la tutela del Sename es significativamente más alta que la de la población general. Un análisis indica que de las 1.300 personas fallecidas, 865 eran menores de 18 años, lo que se traduce en un promedio anual de 87 menores fallecidos y una tasa de mortalidad de 9,95 por cada 10 mil menores. En contraste, la tasa de mortalidad general para menores de 18 años en Chile, según proyecciones censales de 2012, es de 6 por cada 10 mil menores. El ex ministro Mañalich afirmó que "cada año el riesgo de morir de niños del Sename es un 60% superior al de niños de la población general, que es muy significativo estadísticamente como diferencia y es muy difícil de explicar".
Desafíos en la Cuantificación y Transparencia de Datos
La falta de claridad y confiabilidad en las cifras de menores fallecidos bajo la tutela del Estado es una problemática persistente. Según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, "Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe".
Existen contradicciones notables en los reportes: un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 menores fallecidos entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces mayor al reportado. Ante estas discrepancias, el gobierno chileno aclaró que las cifras iniciales solo incluían a los menores del área de "protección", excluyendo a los del área de justicia juvenil.
Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename entre 2010 y 2014 arrojó 318 fallecimientos, sumados a 77 de la lista de Justicia, para un total de 395. Sin embargo, "el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron". El diputado René Saffirio criticó que "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló que no tiene "ninguna confianza en las cifras" y que la información puede estar "replicada" si un niño que ingresó a distintos programas y falleció es contabilizado como "egreso" en cada uno de ellos.
Casos Emblemáticos y Causas de Muerte
Los fallecimientos de Lissette Villa y Guillermina han sido casos que han catalizado la atención pública sobre la crisis del Sename, revelando las deficiencias del sistema.
El Caso Lissette Villa
Han pasado más de cinco años desde que Lissette Villa, de 11 años, falleció por asfixia al interior del CREAD Galvarino, luego de ser sometida a una contención física por parte de las educadoras Conne Fritz y Thiare Oyarce. Este trágico acontecimiento obligó a las autoridades a fiscalizar con mayor rigurosidad al SENAME y motivó a otras entidades a investigar al respecto.
Lissette había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la justicia determinó que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, y las evaluaciones del Sename incluían maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de su difícil situación, Lissette seguía escribiendo cartas a su madre pidiéndole volver a casa, expresando: "Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá".
En el centro, era conocida por sus episodios de rabia y sus "pataletas". El día de su muerte, sus cuidadoras pensaron que la crisis que vivía era otra de sus habituales rabietas. Una de ellas, sin conocimientos en primeros auxilios, relató que Lissette se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Lamentablemente, "lo que no es normal pasa a ser normal" en estos contextos, y no se le "tomó el peso" a la gravedad de la situación. Ni ella ni su compañera tenían formación en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Cuando se dieron cuenta de la crisis grave, intentaron reanimarla y buscaron ayuda, pero Lissette ya había fallecido. No se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" porque un "familiar muy cercano" no la visitó, una explicación que le costó el puesto por ser considerada insatisfactoria y poco ética.
El Caso Guillermina
Guillermina, una adolescente de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del Sename a las 04:19 de la mañana, acompañada por un policía y "a medio vestir". Según la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, se resistió violentamente al reingreso, forcejeando con el personal. Después de calmarla, la acostaron en un camarote, y menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a los protocolos internacionales de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue trasladada a un hospital para determinar qué sustancia la tenía en ese estado, estabilizarla o realizarle un chequeo médico completo. La única lesión documentada fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó, y su muerte en agosto de 2012 fue registrada como un "egreso" más del sistema, equiparable a un escape o una reinserción familiar.
Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, y un embarazo adolescente. Su bebé fue dado en adopción debido a que ella no estaba capacitada para ser madre, según el abogado querellante. A pesar de haber estado mucho tiempo en situación de calle, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave.
Otras Causas de Muerte y la Violencia Subyacente
Las autopsias han revelado causas de muerte variadas y violentas. Entre ellas se incluyen lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), menores fallecidos por golpes en la cabeza debido a caídas de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento. Sofía Aliaga, coordinadora del Observatorio Para la Confianza, enfatiza la necesidad de preguntarse "por qué la mayoría de las causas de muerte registradas son causas violentas", incluso en programas ambulatorios.
Factores Contribuyentes y Negligencia en el Cuidado
Sobremedicación y Falta de Personal Capacitado
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que la niña estaba sobremedicada. Se le administraba benzodiazepina en dosis antipsicóticas y estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que algunos, como la sertralina, pueden tener efectos adversos en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada, exdirector del Sename, denuncia la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros, con "stock en cualquier parte" y "problemas graves con la dosificación", lo que genera incertidumbre sobre si los adolescentes toman sus dosis. Esta situación es alarmante, considerando que el 63% de los niños bajo el cuidado del Sename requieren tratamiento farmacológico, y más de 3.000 carecen de atención médica especializada.
La falta de personal capacitado es un factor crítico. Las cuidadoras de Lissette no tenían conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos, una situación que, como se mencionó, no es aislada.
Salud Mental Adolescente y Falta de Recursos
Chile enfrenta una grave crisis en la salud mental adolescente. Francisco Estrada afirma que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil". La escasez de psiquiatras infantojuveniles, que en su mayoría prefieren trabajar en el sector privado, deja a muchas regiones sin acceso a este tipo de atención especializada, como explica María Estela Ortiz.
Retrasos y Obstáculos en el Proceso de Adopción
Situación Actual y Cifras
En Chile, existe un número significativo de menores en situación de adopción. Según cifras del Sename, en diciembre de 2020, 180 niños esperaban una familia adoptiva, mientras que 497 postulantes a adopción habían sido declarados idóneos. Aunque los plazos regulatorios establecen un tiempo promedio de espera de 12 a 18 meses, este puede extenderse considerablemente debido a diversos factores, generando frustración y desinterés.
Impacto de la Pandemia de COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto considerable, ralentizando los procesos de adopción entre 13 y 30 meses. Entre marzo y agosto de 2020, el número de adopciones concretadas disminuyó un 45% en comparación con 2019, pasando de 164 a 91 adopciones. En junio de 2020, ya existían 223 menores esperando ser adoptados.
Las explicaciones oficiales señalan que las cuarentenas y cordones sanitarios suspendieron las visitas a los menores en residencias y trasladaron las evaluaciones de postulantes al formato online, lo que, a pesar de las adaptaciones del sistema, ralentizó los procesos. Viviana Petrić, Jefa del Departamento de Adopción del Sename, aseguró que se tomaron medidas excepcionales para evitar contagios manteniendo los estándares de calidad.
Sin embargo, la Defensoría de la Niñez, a través de Patricia Muñoz, calificó la pandemia como una "excusa genérica", demandando respuestas concretas sobre la disminución. Los tests psicológicos, cruciales para determinar la idoneidad de los postulantes, representaron un gran obstáculo, ya que no pueden realizarse de forma remota según Vivianne Galaz, directora ejecutiva de la Fundación San José. La experiencia de Lorena Campos, quien esperó 10 meses para ser madre adoptiva, ilustra cómo la coordinación con "evaluadores externos" y la necesidad de presencialidad en ciertas fases generaron demoras.
Retrasos en el Poder Judicial
Los procesos judiciales para que un niño sea declarado "susceptible de adopción" también se vieron afectados. Candy Fabio, de Unicef Chile, estima que la dilación en las causas judiciales fue de al menos tres meses, con audiencias paralizadas entre marzo y junio. Aunque se reactivaron telemáticamente en julio, los casos se estancaron.
Susan Sepúlveda, jueza del 3º Juzgado de Familia de Santiago, reconoce los atrasos, pero enfatiza que las demoras en las evaluaciones de los grupos familiares por parte del Sename son un factor clave, impidiendo la celebración de audiencias con todos los antecedentes requeridos. La jueza concluye que la pandemia "ha exacerbado las deficiencias preexistentes del sistema de adopción".
Adopción Internacional
Chile se ha convertido en un país "emisor" en el circuito de adopción internacional. Agencias de países como Noruega, Bélgica, Alemania, Nueva Zelanda y Francia, con predominio de las italianas, gestionan adopciones de menores chilenos, con tarifas que fluctúan entre 4 y 12 millones de pesos. Este escenario ha provocado denuncias de familias chilenas que han perdido a sus hijos. En 2016, solo hubo una adopción de un niño extranjero por una familia chilena, lo que evidencia un flujo considerable de niños saliendo del país. Chile ocupa el puesto 36 en el ranking de "naciones de origen" en adopción internacional y el octavo en Latinoamérica.
NIÑOS ROBADOS: el OSCURO NEGOCIO de la ADOPCIÓN INTERNACIONAL | Historias Vivas | Documental HD
Consecuencias de la Institucionalización Prolongada
La estadía prolongada en residencias de protección es una experiencia traumática que afecta negativamente el desarrollo emocional y cognitivo de los menores. Investigaciones demuestran que la institucionalización prolongada tiene consecuencias significativas a largo plazo. José Andrés Murillo, del Observatorio para la Confianza, advierte sobre estas repercusiones. Candy Fabio, de Unicef Chile, coincide, señalando que está "bastante documentado la pésima atención que se entrega en los contextos de cuidados alternativos residenciales".
Los niños requieren un entorno familiar para su desarrollo emocional, cognitivo, sus relaciones y su sentido de pertenencia, elementos cruciales para su éxito en la vida adulta. Resolver la situación de adopción de manera expedita es imperativo para aumentar las posibilidades de un desarrollo infantil normal.
La Nueva Institucionalidad y Propuestas de Solución
Servicio Mejor Niñez y Transformación del Sistema
En un esfuerzo por abordar estas problemáticas, el antiguo Sename ha sido reemplazado por el Servicio Mejor Niñez, que entró en funcionamiento el 1 de octubre de un año reciente (posterior a 2016, ya que la indagatoria inició en 2016 y se menciona que "hace más de cinco años" se inició la indagatoria, y que el Sename será reemplazado en octubre, junto con la mención de "el 1 de octubre pasado"). Mejor Niñez asumió el sistema de residencias, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social, mientras que el Sename sigue funcionando bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo únicamente de los infractores juveniles.
María José Castro, directora de Mejor Niñez, ha señalado que están trabajando en "un cambio de paradigma, en un nuevo modelo donde los niños y sus familias son el centro de nuestro actuar". La nueva institucionalidad exige que el 75% del personal que trabaja directamente con niños sean profesionales o técnicos, realiza evaluaciones periódicas de salud mental y física a los cuidadores, fiscaliza constantemente las residencias y proyecta que los organismos colaboradores deberán pasar por rigurosos procesos de acreditación.
Mejor Niñez también busca "terminar con el modelo masivo de residencias (los Cread) para dar paso a espacios más acogedores, donde no vivan más de 17 niños, donde estén acompañados por personas capacitadas y comprometidas con su trabajo", según Castro. Rosario Martínez, directora nacional del Sename, asegura que se están revisando constantemente los protocolos de prevención del suicidio y conductas violentas entre pares.
Propuestas de Reforma Legislativa para la Adopción
Se ha propuesto una iniciativa legislativa para acortar los plazos del proceso de adopción y modificar o eliminar requisitos relacionados con el estado civil y la estabilidad matrimonial. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) subraya la importancia de un entorno familiar seguro y cariñoso. El proyecto de ley propone modificaciones al artículo 9°, estableciendo un plazo de 60 días para la retractación de la voluntad de entregar a un niño en adopción.
Nuevos Requisitos de Adopción Propuestos
Entre los requisitos propuestos para adoptar se incluyen:
- Personas mayores de 25 años y menores de 60 años.
- No se exigirá un mínimo de años de matrimonio para cónyuges.
- Podrán solicitar la adopción personas solteras, matrimonios o parejas que hayan contraído un acuerdo de unión civil, independientemente del sexo de los contrayentes.
- Todos los solicitantes deberán haber sido declarados idóneos para la adopción por un organismo acreditado ante el servicio Mejor Niñez.
Pilares para una Solución Integral (según expertos)
Francisco Estrada propone tres pilares fundamentales para una solución definitiva:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Creación de unidades polivalentes con personal dedicado que trabaje con las familias, no que las aísle, y con niños adecuadamente medicados.
- Revinculación familiar: El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen. Se busca romper el círculo de pobreza y maltrato, entregando herramientas y acompañamiento en lugar de simplemente internar a los niños, lo que a menudo ocurre por decisiones de personas con baja formación. María Estela Ortiz critica que "no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal", sugiriendo una estigmatización de la pobreza.
- Defensa jurídica adecuada: Garantizar que los niños cuenten con una defensa jurídica que vele por el cumplimiento de sus derechos, a diferencia de los menores infractores de ley que suelen tener mejores defensores. Actualmente, los menores vulnerados a menudo son vistos por abogados jóvenes que consideran su caso más un trámite burocrático que un sujeto de derecho.
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transicionar a un nuevo servicio. Sin embargo, se enfatiza que "los niños no pueden esperar", y se requieren medidas urgentes.
Investigaciones Judiciales y Responsabilidades
La Indagatoria de la Fiscalía de Los Lagos
En julio de 2016, tras la muerte de Lissette Villa, el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó al exfiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, investigar las presuntas responsabilidades penales en la muerte de niños, niñas y adolescentes residentes de establecimientos del Sename y sus organismos colaboradores. A más de cinco años del inicio de la indagatoria, la Fiscalía Regional de Los Lagos mantiene abiertas 25 de las 347 causas instruidas. De las 322 causas terminadas, 78 finalizaron con sobreseimiento definitivo "por no ser los hechos constitutivos de delito". A la fecha, se ha logrado condenar a cinco personas, en su mayoría exfuncionarias del Sename o de organismos colaboradores.
Un análisis de la Defensoría de la Niñez reveló que de las 878 muertes de NNA registradas entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados.
Condenas y Tipificación de Delitos
En el caso de Lissette Villa, Conne Fritz y Thiare Oyarce fueron declaradas culpables de apremios ilegítimos, con la fiscalía solicitando siete años de cárcel para cada una. Sin embargo, Jessica Figueroa (coordinadora de turno) y Mónica Monje (exdirectora del centro) fueron absueltas. Otras tres exfuncionarias ya han cumplido sus penas:
- Virginia Ferreira, educadora, sentenciada en 2017 por cuasidelito de homicidio (300 días de reclusión menor en su grado mínimo) por la muerte de un lactante.
- Karina Muñoz Arenas, enfermera, declarada culpable en 2018 por el mismo delito (60 días de prisión en su grado máximo) por no proporcionar cuidados adecuados a una adolescente.
- La directora de un centro colaborador, condenada a 41 días de prisión en su grado máximo por presentar documentos falsos en la investigación por la muerte de una niña con lupus.
La mayoría de las 347 indagatorias (339) fueron calificadas jurídicamente como cuasidelito de homicidio. Solo el caso de Lissette Villa fue investigado por torturas y apremios ilegítimos. Además, dos indagatorias por fallecimientos en organismos colaboradores incluyeron delitos simultáneos: cuasidelito de homicidio y falsificación de documento, y cuasidelito de homicidio y obstrucción a la investigación.
Aumento de Ingresos a Residencias y Desafíos Estructurales
Se ha observado un preocupante aumento en los ingresos de lactantes y niños a residencias de protección especial. Entre octubre de 2021 y marzo de 2025, los menores de 24 meses en estos hogares aumentaron un 72%, pasando de 233 a 401. En general, el número de menores de 18 años en residencias ha pasado de 4.417 en 2021 a 5.018 en febrero de 2025, impulsado por la primera infancia y los adolescentes.
Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), asocia este incremento con la violencia intrafamiliar en el caso de los bebés, y con motivos más diversos en el caso de los adolescentes. Advierte que "la capacidad estructural del Servicio está al límite, y que la saturación podría generar tensión en todo el ecosistema de protección". Destaca la complejidad de enfrentar el aumento de bebés, un fenómeno inédito que no estaba previsto en el diseño del Servicio, subrayando que "cada número representa una historia de urgencia y dolor, que debe ser transformada en esperanza a través de familias de acogida o adoptivas".
Recomendaciones y Demandas de Reparación
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado. Recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas, priorizando su derecho a ser oídas, expresar su dolor y desarrollar un plan de acción.
En 2020, la Defensoría de la Niñez recomendó la "creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación" para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en las residencias de protección, petición que no obtuvo respuesta del Poder Ejecutivo de la época. A pesar de los esfuerzos, como el informe con 200 medidas urgentes presentado por el diputado Saffirio, "ninguna se han cumplido", según el mismo diputado.