Ajuste en las Jubilaciones: Un Panorama Crítico
A 24 meses de haber congelado el bono para los jubilados que cobran la mínima, el gobierno argentino ha consolidado un ajuste brutal sobre las jubilaciones. Tras vetar el año pasado una ley que les otorgaba una compensación parcial, el gobierno mantiene desactualizado el índice al cual están indexados los haberes y avanza con una reforma laboral que, según se estima, restará miles de millones de dólares a la ANSES para financiar despidos y negocios financieros. Mientras la "casta" que se prometía combatir parece estar de fiesta, los jubilados se encuentran cada vez más lejos de poder llegar a fin de mes.
El Bono Congelado y su Impacto en el Poder Adquisitivo
El Decreto 109/2026 oficializó que en marzo el bono para las jubilaciones mínimas continuará siendo de $70.000. Este monto fue fijado en marzo de 2024 y, desde entonces, no ha sido actualizado. En el lapso transcurrido, la inflación acumulada entre marzo de 2024 y enero de 2026 alcanzó el 115%. Si el bono hubiera mantenido su poder de compra original, su valor actual debería ser de $151.046. Considerando que la jubilación mínima se sitúa alrededor de $369.600, un jubilado debería estar cobrando más de $520.000. Actualmente, el bono congelado representa apenas el 46% de su valor inicial, evidenciando una pérdida del 54% de su poder adquisitivo.
Este adicional para las jubilaciones mínimas, que constituyen la gran mayoría de los haberes, surgió inicialmente como una medida impulsada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ellos habían aprobado una fórmula de actualización que, debido a la inflación, arrojaba resultados muy inferiores a la realidad, dejando al Poder Ejecutivo la decisión de complementarlas. Este antecedente de ataque a los adultos mayores allanó el camino para que la administración actual, bajo el lema de "Libertad Avanza", recortara aún más los haberes.
Veto a la Suba del Bono y Reforma Laboral: Un Contraste Fiscal
En julio del año pasado, el Congreso había aprobado un incremento del bono a $110.000, destinado a compensar la inflación acumulada medida por el INDEC hasta finales de 2024. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó esta medida. El costo fiscal estimado para esa compensación era de apenas el 0,12% del PBI. Paradójicamente, el mismo gobierno impulsa una reforma laboral que incluye el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este fondo implicará un costo de hasta el 0,37% del PBI para la ANSES debido al desvío de aportes patronales. La percepción es que existe financiamiento para los empresarios, pero no para los jubilados.
Modificación de la Fórmula de Movilidad y Deterioro de los Haberes
El ajuste se ha profundizado desde el inicio del mandato presidencial. Javier Milei modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, atándola a la inflación con un rezago de dos meses, pero excluyendo el primer trimestre de su gestión. En abril de 2024, se aplicaron aumentos en cuotas que quedaron significativamente por detrás del salto inflacionario posterior a la megadevaluación impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo. La nueva fórmula de movilidad consolidó el ajuste inicial y lo agravó al mantener desactualizada la canasta de consumos utilizada por el INDEC para medir la inflación.
Según estimaciones del centro de estudios CEPA, entre abril de 2024 y diciembre de 2025, los haberes mínimos aumentaron un 99%, cuando deberían haber crecido un 140% si se hubiera actualizado correctamente el índice de precios. La pérdida acumulada derivada de esta diferencia supera el millón de pesos por jubilado. Si se suma el efecto del congelamiento del bono, el "ahorro" generado a costa de cada jubilado que cobra la mínima superaba los $2,4 millones al finalizar el año 2025.
Desactualización de la Canasta de Consumo y Consecuencias Sociales
El gobierno se ha negado a actualizar la canasta de consumo que sirve de base para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde 2004 y desfasada respecto de los gastos reales de los hogares. La postergación de esta actualización se justifica con el argumento de que se realizará "cuando el proceso de desinflación esté consolidado". Esta medida es percibida como una arbitrariedad que garantiza aumentos salariales más bajos y un deterioro continuo de las jubilaciones.
La realidad de los jubilados es dramática. Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, en octubre de 2025 un jubilado requería más de $1,5 millones para cubrir sus gastos básicos, mientras que sus ingresos, incluyendo el bono, no superaban los $400.000. Esto significa que la jubilación mínima solo alcanzaba para cubrir las necesidades de aproximadamente ocho días del mes. La situación se agrava con medicamentos impagables, recortes en el PAMI, tarifas de servicios públicos en alza y un constante aumento en el precio de los alimentos.
Entrevista en Crónica Semanal: la difícil realidad de los jubilados en Argentina
Reforma Laboral: Un "Disparo Final" a las Jubilaciones
La reforma laboral ha sido calificada por referentes sociales, como Nicolás del Caño, como "el disparo final a las jubilaciones". El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se financiaría mediante el desvío de aportes patronales que actualmente se destinan a la ANSES. Estimaciones basadas en datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sugieren que la caída de ingresos para el organismo previsional oscilaría entre 1.830 y 2.366 millones de dólares anuales. Esto implica que se les quita recursos a los jubilados para que las empresas puedan financiar despidos, al mismo tiempo que se genera un negocio para fondos de inversión que especularán con esos fondos.
Dos años de bono congelado son una clara manifestación de un modelo económico que descarga el peso de la crisis sobre aquellos que han trabajado toda su vida. La defensa de las jubilaciones, en este contexto, exige la derrota del ajuste, la detención de la reforma laboral y la apertura de un camino hacia un sistema previsional financiado a través de impuestos progresivos a las grandes fortunas y la no cancelación de la deuda externa, considerada fraudulenta.