La exdirectora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, presentó su renuncia indeclinable a su cargo en abril de 2020, tras dos años de gestión. El anuncio lo realizó personalmente a través de una carta enviada a los funcionarios del servicio y posteriormente dirigida al ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Las razones detrás de la renuncia
En su misiva, Tonda señaló que la principal razón para tomar esta decisión fue la falta de confianza de su jefatura directa, la cual consideraba imprescindible para ejercer un cargo de tal relevancia, especialmente ante los grandes desafíos del servicio. Afirmó: "Entiendo que es posible tener opiniones técnicas distintas, incluso cometer errores, pero dudar o insinuar una duda pública por pequeña que sea, respecto a la intención de la búsqueda permanente del bien superior de los niños y niñas, sencillamente no me ha sido posible aceptar".
A pesar de estas declaraciones, el Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, lamentó la salida de la ingeniera y descartó roces, asegurando que Tonda siempre contó con su confianza y apoyo, justificados por su profesionalismo, entrega y dedicación. En tanto, desde la institución señalaron que asumiría como directora suplente la entonces jefa del Departamento Jurídico, Denisse Díaz.
Renuncia en el Sename
Polémicas durante su gestión
La gestión de Susana Tonda estuvo marcada por diversos acontecimientos, dos de los cuales habrían sido determinantes en su salida:
El convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)
Una de las principales polémicas fue el convenio suscrito entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que facilitaba a esta última el acceso a información del servicio para producir contenido de inteligencia. Este acuerdo, firmado el 21 de febrero y dado a conocer públicamente en abril, recibió duras críticas de organizaciones como la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes acusaron una estigmatización hacia los niños, niñas y adolescentes residentes del Sename.
A pesar de que el Sename defendió el convenio argumentando que "la ley faculta a la ANI a requerir información de todos los servicios públicos, sin distinciones", el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, anunció que se optaría por trabajar en un protocolo que "pueda dejar tranquilo a toda la comunidad y principalmente al Sename", para resguardar el interés superior del niño y su información sensible. El acuerdo finalmente quedó sin efecto, y la Defensoría de la Niñez recurrió a los tribunales para frenarlo, mientras el Consejo para la Transparencia afirmó que sobrepasaba la garantía constitucional de protección de datos.
Reacción a las medidas en la residencia de Hualpén
Otro hecho que, según fuentes, habría sido más determinante en su renuncia, fue la reacción del Ministerio de Justicia a las medidas adoptadas en la residencia colaboradora de Hualpén. Este centro estaba siendo investigado por denuncias de abuso sexual y fue cerrado tras la finalización de su convenio. El caso estaba bajo investigación del Ministerio Público, con una querella por violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil contra la directora de dicho lugar, especialmente en lo vinculado al traslado de los residentes.
Otras situaciones relevantes
Durante su dirección, Tonda también enfrentó la entrega del informe final del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que criticó la acción del Estado y los jueces de Familia respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes en el Sename. Además, supervisó el cierre del polémico CREAD Playa Ancha, afectado por múltiples denuncias de maltratos y agresiones, que derivaron en la desvinculación y formalización de funcionarios.
Defensa ante acusaciones de ocultamiento de información
En el contexto de estas polémicas, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, acompañado por Susana Tonda, se refirió a la petición de renuncia realizada por un parlamentario al Ministro de Justicia y DDHH y al Fiscal Nacional. La petición se basaba en la acusación de que el Ministro habría ocultado un informe de la PDI sobre los fallecimientos de niños, niñas y adolescentes entre enero de 2005 y julio de 2016.
Ossa y Tonda desmintieron categóricamente estas acusaciones, señalando:
- El informe de la PDI mencionado jamás fue entregado al Ministerio de Justicia ni al Sename, por lo que su ocultamiento era falso.
- Tanto la PDI como el Ministerio Público confirmaron públicamente que la información no había sido recibida y que se pretendía entregar en los próximos días como insumo para futuras políticas públicas.
- El Sename, en aras de la transparencia, publica en su página web cada fallecimiento y reporta mensualmente a seis comisiones del Congreso, al igual que el Ministerio de Justicia cada tres meses.
- Aunque el trabajo es susceptible de crítica constructiva, no consideraron aceptable el abuso del fuero parlamentario para realizar acusaciones irresponsables y de uso político de la infancia.
- Se aclaró que el parlamentario confundía el informe de la PDI, no entregado, con otra información recibida del Fiscal Emilfork en junio del año anterior, que se refería a niños, niñas y adultos en riesgo de salud, no a fallecimientos, y que fue remitida a diversas instituciones para tomar medidas.
- La imputación sobre tráfico de órganos fue calificada de "delirante", especialmente considerando que los fallecimientos referidos ocurrieron antes de la actual administración.
Balance de la gestión de Tonda
A pesar de las controversias, el Ministerio de Justicia destacó la gestión de Susana Tonda, mencionando avances significativos como:
- El progreso en una reforma estructural del Sistema de Cuidados Alternativos.
- La creación de 13 residencias familiares, que reemplazaron a los CREAD.
- El desarrollo de mejores sistemas de Programas Ambulatorios y de Familias de Acogida.
- La implementación de sistemas de supervisión integral de residencias y de gestión de Organismos Colaboradores Acreditados.
Se esperaba que Tonda liderara el Sename hasta la concreción del proyecto que busca su disolución y reemplazo por un nuevo sistema de protección a la infancia.