En la actualidad, la discusión sobre el bienestar de las personas mayores ha evolucionado desde un enfoque meramente asistencialista hacia uno basado en derechos, donde el Estado asume la responsabilidad de brindar la protección necesaria para mantener la integridad física, psíquica y social de este grupo poblacional. Paralelamente, los estudios sobre la vulnerabilidad social han ganado relevancia por su carácter multidisciplinar, permitiendo identificar e investigar grupos vulnerables desde diferentes perspectivas metodológicas y a distintas escalas.
El Enfoque de Vulnerabilidad Social en Adultos Mayores
Este artículo reflexiona sobre el contexto actual de los estudios relativos al enfoque de la vulnerabilidad social, analizando su alcance en el estudio del grupo de los adultos mayores. La metodología se centra en el análisis crítico de una amplia revisión bibliográfica. Los resultados indican que la proliferación de trabajos sobre vulnerabilidad social no ha estado exenta de crítica y falta de consenso.
Origen y Evolución del Concepto de Vulnerabilidad
La vulnerabilidad surgió inicialmente como un concepto analítico en las ciencias ambientales para el estudio de la población afectada por los riesgos naturales. Sin embargo, enfoques más recientes han destacado la importancia de las dimensiones estructurales de la vulnerabilidad sociodemográfica y ambiental como producto de una construcción social, generada a partir de desigualdades sociales, falta de oportunidades de empoderamiento y de acceso a la protección social.
En las tres últimas décadas del siglo XX, se desarrolló un enfoque de la vulnerabilidad desde una perspectiva natural, vinculada a la comprensión de los factores naturales y las externalidades negativas del modelo de desarrollo predominante (desastres, sobreexplotación, hambrunas, conflictos armados), donde destaca su desconexión de los complejos procesos sociales. Tradicionalmente, la vulnerabilidad ambiental es un concepto asociado a la comprensión de la susceptibilidad o predisposición intrínseca de una determinada región geográfica a sufrir un daño, cuya capacidad de amortiguamiento está en función del conjunto de recursos y servicios ambientales.
Como antecedentes inmediatos, los estudios de vulnerabilidad estuvieron vinculados con los acontecimientos naturales, aceptándose más tarde una perspectiva social al reconocer que muchos de los efectos que tienen los fenómenos naturales sobre la población pueden ser mitigados si se actúa con medidas preventivas. Además, no todas las personas están expuestas de la misma forma a dichos riesgos, ni todas emplean el mismo tiempo para superar sus consecuencias; a esto se suma la diferente capacidad de adaptación de las personas, grupos y comunidades a acontecimientos imprevistos.
La vulnerabilidad social sería el conjunto de características que tiene una persona, grupo o comunidad y que determina su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de esos acontecimientos imprevistos. Las personas no solo están amenazadas por riesgos naturales (derivados o no del cambio climático), también lo están por conflictos internacionales o nacionales, crisis económica, cambios en el mercado laboral y probable pérdida de empleo, disminución de ingresos y de consumo, problemas de vivienda y acceso a la misma, pérdida de cobertura social y asistencial, procesos de renovación urbana, pertenencia a grupos minoritarios, maternidades tempranas, cambios en la estructura familiar, avance de la edad, cambios de residencia o procesos migratorios.
Todos estos temas han permitido que a la vulnerabilidad se le haya ido reconociendo una dimensión social, aplicándose a las personas antes que a los lugares o al contexto en el que viven, ya que son aquellas las que están expuestas a riesgos y las que cuentan o no con capacidad o mecanismos para defenderse.
Definición y Debate sobre la Vulnerabilidad en Adultos Mayores
El concepto de vulnerabilidad en personas mayores alude a la exposición a algún tipo de riesgo o amenaza, donde las personas vulnerables estarían más expuestas a experimentar el riesgo o bien a sufrir las consecuencias negativas de este. De ahí que algunos conceptos relacionados sean los de fragilidad, indefensión o daño.
Una perspectiva de la vulnerabilidad específicamente para personas mayores en Europa la restringe a la vulnerabilidad a una pobre calidad de vida o a una muerte prematura o degradante. En esta relación entre riesgos y disminución de bienestar, son importantes los recursos y habilidades que tienen las personas mayores para hacerles frente. En este sentido, hay una concepción de las personas mayores como sujetos activos que pueden aminorar los efectos negativos de los desafíos del envejecer.
La vulnerabilidad hace referencia a la condición de desventaja en que se encuentra un sujeto, comunidad o sistema ante una amenaza y a la falta de recursos necesarios para superar el daño causado por una contingencia. Las personas o grupos son vulnerables al enfrentar experiencias que los colocan en situaciones de riesgo a ser afectados en su bienestar personal, moral, psíquico o material, y donde los recursos para enfrentar la amenaza son limitados, escasos o inexistentes.
Un objetivo clave es mostrar que si bien el concepto de vulnerabilidad es útil para analizar situaciones de riesgo, no debiera usarse para catalogar como vulnerables a sectores poblacionales o grupos sociales en su totalidad, como los adultos mayores. Esto se debe a tres razones principales:
- Es imposible demostrar que las personas que pertenecen a ciertos sectores o grupos sociales mantengan las mismas condiciones de vida como realidad sustancial, puesto que al interior de los grupos prevalece una multiplicidad de contrastes, diferencias y ambigüedades.
- Ninguna situación de vulnerabilidad es permanente, puesto que vulnerabilidad no refiere a un estado, sino a una situación en proceso. Cuando las personas o grupos se encuentran en desventaja permanente y se enfrentan de manera continua a situaciones adversas, sin contar con los recursos mínimos para enfrentar las amenazas y menos aún, restituir el daño causado por ellas, no deben ser considerados como vulnerables, sino como vulnerados, puesto que la condición de vulnerado refleja el hecho de haber sido dañado ya y estar en estado cuasi permanente de sufrir más daños, sin lograr apenas sobreponerse.
- La vulnerabilidad como proceso refiere a una situación inestable y harto paradójica donde el riesgo se enfrenta con estrategias con las que no solo se intenta vencer la contingencia, sino que implican un entramado de negociaciones del yo en relación con otras personas, sectores e instituciones.
Situar en el catálogo de vulnerables a determinadas poblaciones, como los adultos mayores, no puede hacerse sin correr el riesgo de construir sistemas de representaciones forzadas a partir de referentes puristas e inocentes, imprimiendo al mismo tiempo el estigma de la diferencia. Implica también el ocultamiento de la heterogeneidad, del desdoblamiento de una continua fragmentación de las poblaciones ancladas en relaciones de tensión y redefinición continua, en un contexto de vida inconsistente e inestable.
Por otra parte, al definir a un sector poblacional como vulnerable con normalidad se busca hacer evidente sus condiciones de indefensión y desamparo y, al mismo tiempo, reclamar políticas de atención que, por lo general, privilegian a un segmento de la población en detrimento de otros. Es crucial distinguir entre riesgo y vulnerabilidad; el riesgo es la posibilidad de que una contingencia entrañe efectos adversos y pueda causar daño, en tanto que la vulnerabilidad es la causa residual que le sucede a la experiencia de enfrentar situaciones de riesgo.
Niveles de Análisis de la Vulnerabilidad Social
Una perspectiva de vulnerabilidad se propondría analizar:
- En un primer nivel, las experiencias de la vida cotidiana en relación con el riesgo o los riesgos que colocan a las personas en situaciones de vulnerabilidad.
- En un segundo nivel de análisis, la perspectiva de vulnerabilidad debe poner especial atención en los impactos de los patrones de desarrollo en el plano social y al uso de recursos para enfrentar los riesgos implícitos del desarrollo. No debe confundirse aquí carencia de recursos con pobreza.
- Un tercer nivel de análisis de la perspectiva de vulnerabilidad permite ponderar el impacto que tiene la estructura de oportunidades, que comprende la movilización del conjunto de recursos con los que cuentan las personas (activos) en su relación con los recursos del marco sociocultural a los que se pudiera o no tener acceso, que hacen plausible evitar, reducir o en todo caso superar el daño causado por la amenaza.
Considerando estos niveles de análisis, el estudio de la vulnerabilidad no se reduce al análisis de las condiciones de vida de las personas, sino que valora también el horizonte de posibilidades en que las personas puedan acceder o no a los sistemas de seguridad social, que está directamente relacionado con el acceso a una mejor calidad de vida. Las personas son vulnerables cuando se presenta un desajuste e indeterminación relacional entre los recursos que se disponen y el aprovechamiento de la estructura de oportunidades.
La perspectiva de vulnerabilidad social articula dos grandes unidades de análisis: la vulnerabilidad personal (condición como organismo) y la vulnerabilidad colectiva (carácter estructural y circunstancias que potencian el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades). La vulnerabilidad es el resultado de los impactos provocados por ciertos patrones de desarrollo, y expresa la incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad para enfrentarlos, neutralizarlos u obtener beneficios de ellos.
Los recursos para enfrentar el riesgo no son solo recursos económicos y materiales, por lo tanto, la vulnerabilidad no se reduce a situaciones de pobreza en su acepción economicista. Al encarar situaciones de riesgo, las estrategias para enfrentarlas giran en torno al uso de recursos de orden material (dinero, bienes, patrimonio); social (redes de apoyo solidario); y simbólico (conocimiento, creencias, deseos, valores), a partir de los cuales pueden develarse los niveles de exposición al riesgo, la inseguridad y la indefensión.
Perspectiva de Derechos Humanos y Envejecimiento
Las políticas públicas han ido incorporando un enfoque de derechos humanos para la atención de grupos vulnerables de la población, recogido en diversos instrumentos internacionales, desde la Carta de las Naciones Unidas (1945) hasta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ambos de 2015. En este marco, el enfoque se ha posicionado en todos los países de la región como un elemento sustantivo de las políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables.
El Tránsito hacia un Enfoque de Derechos
En América Latina y el Caribe, a partir de la aprobación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), emergió la defensa de los derechos humanos de las personas mayores como un grupo con necesidades específicas, en un contexto de envejecimiento de la población de los países. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015) representó la consolidación de un proceso regional en el que gobiernos y expertos manifestaron preocupaciones significativas en este ámbito.
Este proceso ha tenido en América Latina y el Caribe un avance sustantivo y característico de la región. Los derechos fundamentales de las personas mayores incluyen:
- Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad.
- Derecho a la vida y dignidad en la vejez.
- Derecho a la independencia y autonomía.
- Derecho a la participación e integración comunitaria.
- Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia.
- Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
- Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo plazo.
- Derecho a la libertad personal.
- Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información.
- Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación.
- Derecho a la privacidad e intimidad.
- Derecho a la seguridad social.
- Derecho al trabajo.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la cultura.
- Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte.
- Derecho a la propiedad.
- Derecho a la vivienda.
- Derecho a un medio ambiente sano.
- Derecho a la accesibilidad y movilidad personal.
- Derechos políticos.
- Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
- Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley.
- Acceso a la Justicia.
Discriminación y Enfoques Complementarios
Pese a los importantes avances que se observan en el discurso de los Gobiernos, siguen muy presentes en los países de la región los mecanismos de discriminación, discriminación múltiple y discriminación estructural vinculados a las personas mayores. La “Década del Envejecimiento Saludable en las Américas (2021-2030)”, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OPS, 2021), busca construir sociedades inclusivas para todas las edades y hace frente a la reproducción de prejuicios y actos discriminatorios hacia las personas mayores, por ejemplo, en el ámbito de la salud.
El edadismo y el viejismo son las formas más comunes de discriminación a las que se enfrentan las personas mayores, expresiones de una desvalorización de este grupo poblacional, al que se le atribuyen menores capacidades que a otras poblaciones. Por otro lado, la perspectiva de género ha permitido entender que la asignación de roles de género no es inocua, sino que tiene impactos en el curso de vida de todas las personas, de tal manera que la acumulación de las desventajas se hace patente en la etapa de la vejez. Al llegar a la vejez, las mujeres, a diferencia de los hombres, han dedicado la mayor parte de su curso de vida al trabajo doméstico y al cuidado de sus familiares.
Sumado a lo anterior, el enfoque teórico-metodológico de la interseccionalidad permite reflexionar sobre dinámicas cotidianas en las que están en juego privilegios y exclusiones, y sobre todo, mostrar sin velo las injusticias que experimentan las personas que se encuentran en el punto de intersección de distintas identidades que se traducen en desigualdades acumuladas en el curso de vida. Las personas mayores experimentan los efectos de lo que han vivido a lo largo de su curso de vida y, a su vez, están situadas en una historia, en un entramado social y en un territorio, es decir, en un espacio de interdependencia con otras personas y generaciones.
QUÉ ES EL VIEJISMO
Otro concepto relevante al abordar el envejecimiento mediante las políticas públicas es el paradigma de curso de vida, que integra una mirada multidimensional, multifactorial y contextual sobre el transcurrir de la vida humana. Su importancia radica en la posibilidad de realizar un análisis desde el nacimiento hasta la muerte, a través de las generaciones, lo que permite observar la acumulación de ventajas y desventajas que presentan las personas, así como las situaciones de riesgo, las desigualdades y el bienestar que experimentan a lo largo de su existencia. Además, considera aspectos sociales y económicos que reafirman la postura de que el envejecimiento no se puede limitar solo a una mirada biológica del ciclo de vida.
Así lo refuerzan también el enfoque de los determinantes sociales de la salud, establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2002, y los planteamientos realizados en la estrategia global de la Década del Envejecimiento Saludable en las Américas (2021-2030).
Desafíos y Buenas Prácticas en Políticas Públicas
La amplia diversidad cultural de América Latina y el Caribe precisa desarrollar políticas públicas que visibilicen los aportes de las poblaciones indígenas, que representan un 10% de la población de América Latina, y afrodescendientes, que constituyen un 21% de la población total de la región. Pese a los avances alcanzados en el reconocimiento de sus derechos, estos grupos experimentan los efectos de un racismo estructural y profundas brechas de desigualdad y de injusticia social, que se traducen en marginación, pobreza y discriminación.
La definición de “buena práctica” es una construcción sociohistórica que considera el contexto, los criterios para calificarla y los recursos disponibles. Las buenas prácticas reúnen características que se destacan por generar un impacto positivo en la vida de las personas. La Asamblea General de las Naciones Unidas las define como “iniciativas que han hecho contribuciones sobresalientes a la mejora de la calidad de vida en las ciudades y comunidades”.
Categorías y Avances de Buenas Prácticas
Las buenas prácticas en el ámbito de las políticas públicas sobre envejecimiento, en particular, apuntan a la integración de la perspectiva de los derechos humanos y su armonización con los aspectos de género e interseccionalidad, de manera de contribuir de manera sustantiva al bienestar de las personas. Para identificarlas, resulta pertinente realizar una clasificación que considere cuatro categorías de iniciativas:
- Normativo-administrativas.
- De financiamiento.
- Programáticas.
- De institucionalidad.
El desarrollo de buenas prácticas en el ámbito de las políticas públicas debe considerar cada una de estas categorías, además de garantizar una perspectiva de derechos humanos que permita transitar de una etapa asistencialista a otra en que los derechos de las personas mayores estén en el centro de la política pública. En la región, se han producido avances significativos en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad en materia de políticas públicas dirigidas a las personas mayores.
Se produce un incremento paulatino de las iniciativas normativo-administrativas de la mano de la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y de la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Los aspectos financieros se fortalecen también tras la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, si bien tienen orígenes anteriores a ese hito. Las iniciativas en el ámbito programático presentan un comportamiento acumulativo en cada etapa y la dimensión institucional también va adquiriendo mayor presencia en los países.
Aunque no se presenta un análisis específico por país en este artículo, los aportes de países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, México y Uruguay respecto al desarrollo de buenas prácticas en políticas públicas o acciones que puedan consolidarse como tales, representan un avance sustantivo en América Latina y el Caribe. Se han producido avances significativos en materia normativa, que han incentivado la institucionalización de acciones y buenas prácticas, en un contexto regional de desigualdad estructural y de violaciones a los derechos humanos.
De esta manera, los países han ido priorizando la adopción de un enfoque de derechos humanos y han ido avanzando en la implementación de acciones dirigidas a las personas en su proceso de envejecimiento, en materia normativa, financiera, programática y de institucionalidad. Se observa un incremento de las políticas de protección social que conllevan una ampliación de la seguridad social y económica, y la cobertura en materia de salud y vivienda. La desigualdad económica es la característica común a la que se busca hacer frente mediante las políticas públicas aplicadas.
Es importante destacar en materia normativa y programática la tendencia a la universalización de la atención de salud y los sistemas de pensiones, así como el incremento gradual del presupuesto asignado al desarrollo de políticas de seguridad económica para mejorar los ingresos y la calidad de vida de las personas mayores. En los países analizados, se identifican con claridad políticas de salud dirigidas a las personas mayores. Sin embargo, existen diferencias en lo que respecta a la promoción de la formación profesional en gerontología y geriatría, y de la formación de otros especialistas, así como de una vinculación interdisciplinaria que permita superar la visión meramente clínica.
En cuanto a las políticas de cuidados, cuidados a largo plazo y cuidados paliativos, se destacan buenas prácticas en todos los países analizados. Si bien se han producido avances significativos, aún no se observan enfoques ni procesos homogéneos. Se detectan retos en la implementación a nivel territorial y en lo referente al financiamiento. En algunos países se han logrado avances en materia normativa e institucional, mientras que en otros países estos procesos están aún en etapas muy iniciales.
Otras acciones en materia normativa y programática se han traducido en logros referentes a la promoción de la autonomía de las personas mayores, en el sentido de garantizar la accesibilidad y facilitar la movilidad, a través del desarrollo de entornos adecuados. La adopción de buenas prácticas requiere respaldo presupuestario y diálogo directo con las personas mayores en la formulación de políticas. También es relevante la coordinación intersectorial y multinivel dentro de los países, que permita propiciar la participación de diversos actores para el diseño de políticas públicas desde las perspectivas de derechos humanos, género, interseccionalidad e interculturalidad.
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