El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, un organismo estatal encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha sido objeto de graves denuncias y escándalos debido a las sistemáticas violaciones de derechos humanos que ocurren en sus centros. Estas situaciones han conmovido a la opinión pública y han puesto de manifiesto la inoperancia del Estado y la indiferencia de la clase política.
Un sistema en "estado terminal": Los casos de Guillermina y Lissette
La cruda realidad de los centros del Sename se ha evidenciado a través de numerosos casos, entre los que destacan las muertes de Guillermina y Lissette.
El caso de Guillermina: Una muerte que no fue excepción
Guillermina, una adolescente de 16 años, llegó "a medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Sename a las 04:19 de la mañana, traída por un policía. Según la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser calmada y acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o para un chequeo completo. La querella no prosperó y su muerte, en agosto de 2012, fue registrada como un "egreso" más del sistema, equiparable a un escape o una reinserción familiar.
El "factor Lissette": La crisis que detonó las investigaciones
Lissette, de 11 años, pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename. La Justicia decidió desde sus 5 años que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo, y la evaluación del Sename incluía maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. Lissette era conocida por sus episodios de rabia, y en abril de 2016, durante una de estas crisis, se golpeó la cabeza y se desvaneció. Las cuidadoras, sin conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos, no aplicaron ningún protocolo internacional y Lissette falleció. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, lo que le costó el puesto. La muerte de Lissette Villa conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos, pero esto no ocurrió.
El caos estadístico y la falta de transparencia
La información cuantitativa sobre los menores bajo la tutela del Estado es confusa. María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, ha calificado el sistema como "en estado terminal".
- Un informe del Ministerio de Justicia indicó que 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016.
- Un reporte de Unicef reveló que la cifra de fallecimientos durante 2010 era cinco veces mayor a la oficial.
- El gobierno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección".
- Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumando las cifras del Ministerio de Justicia, arrojó un total de 395 fallecimientos.
- El diputado René Saffirio ha denunciado que el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, al no saber cuántos niños hay en sus establecimientos, cuántos han fallecido y cuáles son sus causas.
- Según el informe “Muertes bajo custodia” del Observatorio Para la Confianza, en los últimos 15 años han fallecido 1.836 personas que se encontraban en programas del SENAME. Entre 2018 y septiembre de 2020, se registraron 208 fallecimientos de menores de edad en Sename.
- De los fallecimientos de niños, niñas y adolescentes, el 66% afectó a hombres y un 34% a mujeres. El 55% eran adolescentes de 14 a 17 años, 23% niños y niñas de 0 a 5, y 22% tenían entre 6 y 13 años.
- El 73% murió mientras estaba en programas del área de protección y un 27% en programas del área de justicia juvenil.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, desconfía de las cifras, sugiriendo que la información puede estar replicada, por ejemplo, si un niño que murió había ingresado a distintos programas. La falta de claridad estadística es parte de la complejidad del servicio.
Denuncias de abusos y maltratos sistemáticos
Más allá de los números exactos, las investigaciones han revelado un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación, incluso en primeros auxilios, y donde existen quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
Violencia y condiciones de los centros
- El diputado René Saffirio describió prácticas habituales en los centros que involucran redes de prostitución, violaciones y los más diversos y aberrantes abusos.
- Según el Servicio Médico Legal, las causas de muerte incluyen: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, menores muertos por golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
- Un informe de la PDI de 2017, al que CIPER tuvo acceso, investigó 240 hogares de menores en el país, constatando 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares.
- Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales entre menores.
- El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
- Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Excluyendo residencias para lactantes y discapacitados, la cifra asciende al 76,2%.
- Los testimonios recabados por la Fundación para la Confianza y el INDH relatan brutales formas de contención física y farmacológica, y castigos, incluyendo el uso de la fuerza en un 23,72% de los niños y niñas.
- En el 2023, el informe de la Defensoría de la Niñez evidenció que el 43% de los casos en centros residenciales constatan violencia entre pares. Los centros residenciales tienen una tasa de victimización mayor, registrando 360 víctimas por cada 1.000 atendidos.
- Durante el año 2023 se identificaron un total de 619 víctimas de explotación sexual que son niños, niñas y adolescentes. La región de Magallanes presenta una tasa significativamente alta con 13 víctimas por cada 1.000 atendidas.
Personal sin capacitación y sobremedicación
Los menores en los centros del Sename son cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios. La exdirectora del Sename, Mariela Labraña, mencionó que la institución carece de protocolos y normas de primer nivel, lo que genera un gran problema, ya que no hay un sistema de acreditación ni normativas con altos estándares.
- El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que la menor estaba "sobremedicada" con un fármaco (benzodiazepina) en dosis elevadas, que actuaba como antipsicótico. También estuvo "expuesta a antidepresivos por años".
- Francisco Estrada señaló la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros, con problemas graves de dosificación y sin personal especializado para su administración.
- El senador Alejandro Navarro declaró que el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños sin la debida atención médica especializada.
- El informe de la PDI determinó que el 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica. Un 14,2% presenta alguna patología médica y un 13,9% sufre una enfermedad crónica.
- El 42% de los centros no tienen un encargado de salud, y en el 66,3% de los centros, la administración de fármacos está a cargo de educadores de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud.
- El 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
La falta de protocolos y fiscalización
El informe de la PDI también reveló fallas alarmantes en la aplicación de protocolos y la fiscalización de los centros.
- El 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename.
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no tiene protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
- A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica por parte del Sename, estas supervisiones son "coordinadas de manera previa", lo que sugiere falta de sorpresa y objetividad.
- Los tribunales de familia deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
- La Defensoría de la Niñez ha solicitado información al Ministerio Público, pero incluso la Fiscalía no tiene claridad sobre la cantidad de causas que involucran la victimización de niños al interior de residencias, ni se investiga a quienes, debiendo fiscalizar y prevenir estas vulneraciones, no lo hacen.
Informe del Instituto de Derechos Humanos revela casos de abuso sexual en el Sename
Conectando la vulnerabilidad con la delincuencia
La problemática del Sename no solo se limita a la vulneración de derechos, sino que también se relaciona con la reincidencia delictual en jóvenes.
- Luis Valencia pasó dos tercios de su vida en Sename, ingresando por protección y saliendo como infractor de ley. Su historia da cuenta de cómo a los 9 años comenzó a robar y a los 12 ya recorría las calles con pistola en mano.
- Según un estudio de la Fundación San Carlos de Maipo, uno de cada dos reos de la población penal adulta pasó por un centro de menores. La investigación concluye que más del 50% de los jóvenes egresados de centros de responsabilidad penal juvenil reincidirán antes de los 24 meses.
- Marcelo Sánchez, director de la Fundación San Carlos, afirma que el Sename, sin la intervención terapéutica adecuada, "cataliza estas conductas disruptivas", es decir, "corrompe más que sana".
- Un estudio del Sename de 2012 indicó que de los 20.111 niños que ingresaron por vulneración de derechos y egresaron ese año, 1.600 reingresaron al sistema por ser infractores de ley. El 77% de ellos desarrolló conductas delictuales dentro del sistema que antes no presentaba.
La falta de tratamiento especializado para menores de 14 años
El sistema está al debe con los niños menores de 14 años, ya que la Ley 20.084 no define sanciones ni procedimientos para ellos. Aproximadamente 5.000 menores al año son devueltos a sus familias por ser inimputables, y muchos ni siquiera pasan por tribunales, debido a la falta de oferta técnica especializada para esta franja etaria.
Propuestas de solución y el futuro del Sename
Frente a esta crisis, se han planteado diversas propuestas para la reforma y eventual reemplazo del Sename.
Pilares para una solución definitiva
Según el análisis de Francisco Estrada, una solución definitiva se basa en tres pilares:
- Unidades polivalentes con apoyo psiquiátrico adecuado: Niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que trabaje también con las familias. La falta de psiquiatras infantojuveniles, especialmente en el sector público, es un problema grave.
- Reunificación familiar como objetivo final: Romper el círculo de maltrato y pobreza, entregando herramientas a las familias en lugar de solo internar a los niños. Existe una estigmatización de la pobreza en la internación de menores, ya que no hay niños de los niveles económicos más altos en el Sename.
- Defensa jurídica adecuada: Asegurar que los niños cuenten con representación legal que vele por sus derechos, a diferencia de los "infractores de ley" que sí tienen buenos defensores.
El nuevo Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transitar hacia un nuevo servicio, el Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia, aprobado en 2020. Patricia Muñoz, titular de la Defensoría de la Niñez, considera la medida positiva pero no suficiente, abogando por cambios estructurales, de financiamiento y modelo de intervención, personal con mejores competencias, atención en salud mental y asegurar el derecho a la educación, la cultura y el esparcimiento. Es fundamental coordinar el trabajo con otras instituciones del Estado, apuntando a la prevención para que cada día menos niños deban ser ingresados a una residencia de protección.