La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado de Chile, a través del Servicio Nacional de Menores (Sename), ha sido objeto de graves cuestionamientos. Diversos informes y denuncias han puesto en evidencia una vulneración sistemática de sus derechos, generando una profunda preocupación a nivel nacional e internacional.
Antecedentes y el Impacto del Caso Lissette Villa
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y catalizó la atención de la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia sobre los abusos en los hogares del Sename. Sin embargo, a pesar de esta movilización, la situación no mejoró como se esperaba. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar cifras precisas sobre los fallecimientos en los hogares del Sename motivó a la Fiscalía a iniciar una investigación penal.
Esta investigación quedó a cargo del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien conformó un equipo especial de la PDI con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016.
Informe Lapidario de la PDI (2017-2018)
Hallazgos Alarmantes
En 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI visitar cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives inspeccionaron 240 de las 241 residencias existentes en el país (tanto las administradas directamente por el Sename como las gestionadas por instituciones privadas), con solo una residencia negándose a recibir la visita. El informe resultante, de 257 páginas, resume una extensa investigación de 28 tomos.
Este informe de la PDI, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no hecho público hasta su revelación por el diputado Rene Saffirio, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. Se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares.
El documento indica que, en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename, se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
Detalle de las Vulneraciones
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe policial es categórico al afirmar: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Ubicación de los Maltratos y Abusos
- Buena parte de los maltratos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia.
- En los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Crea), del área de protección, hubo 105 maltratos de adultos hacia menores.
- En hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se registraron otros 137 casos similares.
- En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310 abusos con connotación sexual. De estos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros), y 187 por otros menores (la mayoría en residencias de organismos colaboradores para adolescentes, representando el 62% del total).
Denuncias y Riesgos Vitales
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente habían ocurrido. La mayoría de los directores de los centros informaron que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos, por lo que los datos levantados son casi exclusivamente de ese año. En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename confeccionar un informe con un resumen de sus hallazgos, destacando 40 menores con "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital". Esta lista fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, instándolos a tomar medidas para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
Incumplimiento de Protocolos y Fiscalización
Deficiencias en Protocolos Internos
El Sename había establecido protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, considerados nociones básicas para asegurar un resguardo mínimo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos.
Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no tiene protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto es especialmente grave, ya que la muerte de Lissette Villa fue precisamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Fallas en la Fiscalización
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la responsabilidad de fiscalizar la existencia y cumplimiento de estos protocolos. El informe policial determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, los tribunales de familia deben fiscalizar los centros del Sename al menos cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Problemas de Salud y Suministro de Medicamentos
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: el 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital, y otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
A pesar de estas complejas necesidades de salud:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios sin el perfil necesario. En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
- En 159 centros (el 66,3% del total), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud". A un educador solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, a menudo como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se agrava, considerando que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Reacciones y Desconocimiento Oficial
Tras la denuncia del diputado Saffirio sobre la existencia del informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: "El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio". Larraín señaló tener conocimiento de que se estaba realizando este estudio para un proceso judicial del cual el Ejecutivo no era parte, y que desconocía si ya había concluido o si lo tenía el juez.
A juicio del parlamentario Saffirio, quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo.
La Cadena de Informes Siniestros
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena de reportes elaborados por diversas instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esta cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres. Los hallazgos de este informe dieron pie a múltiples investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
A pesar de estos informes y los anuncios de medidas, sanciones y reformas por parte de las autoridades, la situación de los niños en el Sename continuó siendo crítica.
Transformación del Sename
El Servicio Nacional de Menores (Sename) fue un organismo gubernamental chileno centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Llevó a cabo su gestión conforme a las instrucciones de los diversos tribunales distribuidos a lo largo del país, con todos sus servicios y asistencias ligadas a la justicia.
Desde 2021, el Sename se enfoca exclusivamente en el área de justicia y reinserción juvenil, siendo el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia el continuador legal en materia de protección de derechos. El Sename hoy vive un proceso de cierre y traspaso al Servicio de Reinserción Social Juvenil, el cual se ha desarrollado de forma paulatina:
- Enero de 2024: se trasladó la zona norte.
- Enero de 2025: se trasladará la zona sur.
- 12 de enero de 2026: se trasladará la zona central (regiones de O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana).
Finalmente, el 12 de enero de 2026, las funciones del Servicio Nacional de Menores habrán sido traspasadas completamente a dos servicios especializados creados: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (para la protección) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (para la justicia juvenil).